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Imposible, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, resuelve otro tribunal

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

Impugnarán padres de los 43 la resolución; la decisión final será de la Suprema Corte: ONG

Las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 impugnarán la resolución de un magistrado federal, que consideró jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad para investigar los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
En un comunicado, Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de Sabino Pérez García.
El magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR) que considera que no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“La decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión”, dicen las organizaciones, adelantando que impugnarán la resolución.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, agregó.
Para las organizaciones la decisión del magistrado lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso, la cual se había recuperado con la sentencia del Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy (ayer) muestra que aún tenemos en México un poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, advierten.
También consideran que la negativa a la creación de la Comisión de la Verdad responde a una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto”, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos, “presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, plantean.
“Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
La respuesta de las organizaciones se da aunque la resolución no ha sido notificada a las víctimas. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay una decisión política para no resolver el caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional

Las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal contra la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa demuestran que existe una decisión política para no resolver el caso, consideró la organización Amnistía Internacional (AI).
Hoy al resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, resolvió que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordenaba crear la comisión.
Para Erika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, el gobierno federal ha hecho todo lo posible para impedir la creación de esa comisión.
“El gobierno tomó más de 100 acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”, comentó en un comunicado.
“Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, señala.
Guevara menciona que el tribunal colegiado que ordenó la creación de la comisión consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y pruebas fabricadas.
“El gobierno debe de dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, llama. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

 

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).