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Pide Human Rights Watch a René Juárez retomar la iniciativa de las ONG sobre desaparición forzada

 

 El comisionado para América Latina del organismo internacional no gubernamental defensor de los derechos humanos, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en un documento dirigido el lunes pasado al gobernador, expresó su preocupación porque la iniciativa de René Juárez Cisneros sobre la desaparición forzada de personas “no incluye elementos fundamentales propuestos por la sociedad civil”.

La opinión de Human Rights Watch plasmada en un documento de tres cuartillas, que fue enviada también al Congreso del Estado, considera que la ley especial promovida por la Red Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, contiene mecanismos fundamentales para asegurar que el Estado cumpla con sus deberes frente a este fenómeno.

“Creemos que Guerrero necesita una ley que no sólo criminalice la desaparición forzada, sino que aliente y obligue a los funcionarios del estado a investigar los casos de desapariciones forzadas, enjuiciar a los responsables y facilitar información a los familiares sobre el paradero de sus seres queridos”, indica el documento.

Miguel Vivanco exhortó al gobernador de Guerrero a fortalecer su iniciativa con la propuesta de la sociedad civil y colaborar estrechamente con los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, para diseñar una legislación compatible con el derecho internacional y abordar la naturaleza de “este constante problema en Guerrero”.

Deficiencia grave, la falta de ley contra la desaparición: Amnistía Internacional

 * Apoya la propuesta de la Codehum y la Red

 Amnistía Internacional, organización no gubernamental con sede en Londes, se manifestó por la aprobación en Guerrero de una ley especial contra la desaparición forzada, como la propusieron al Congreso del Estado la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y la Red Guerrerense de Derechos Humanos.

En una carta dirigira al gobernador, René Juárez Cisneros, con fecha 12 de marzo, la directora del Programa Regional para América, Susan Lee, plantea que “Amnistía Internacional ha documentado casos de desaparición forzada

en el estado de Guerrero desde los años 70 hasta los últimos tiempos” y que en este trabajo, “ha identificado la falta de legislación adecuada a nivel federal o estatal para prevenir o sancionar tales delitos como una deficiencia grave que ha dejado casi la totalidad de estos delitos en la impunidad, y ha favorecido la continuación de esta práctica aberrante por parte de algunos funcionarios públicos, así como de otros individuos que actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de aquellos”.

En particular, se refiere al caso de la desaparición del señor Faustino Jiménez Alvarez, documentado en la recomendación de la Codehum 19/2002, y en el informe de junio 2002 de Amnistía Internacional titulado La desaparición: un delito permanente.

En la carta, se hace un reconocimiento a la iniciativa del gobernador de reformar el artículo 133 bis del Código Penal de Guerrero, para tipificar el delito de la desaparición forzada.

Sin embargo, la organización considera que la penalización de la desaparición forzada en el estado de Guerrero debería llevarse a cabo mediante una ley especial y no con reformas limitadas a algunos artículos del Código Penal.

Plantea la necesidad de que la penalización de esta grave violación de los derechos humanos, sea conforme a las normas internacionales contraídas por el Estado mexicano a través de la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y que resulte congruente con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992.

Advierte que si la ley contra la desaparición forzada no se apega a estas disposiciones, se corre el riesgo de que las víctimas de este crimen y los afectados no gocen de una apropiada protección y que la impunidad se mantenga.

Señala las características que de acuerdo con los instrumentos internacionales debe tener la ley, entre las que destacan que debe penalizar la desaparición forzada como un delito autónomo e independiente; debe señalar, en cuanto a la autoría del delito, a servidores y autoridades públicos así como a otro tipo de personas o grupos de personas que actúen directa o indirectamente con la autorización, apoyo o aquiescencia de aquellos; debe establecer sanciones no sólo a los autores, sino a los cómplices y encubridores.

Otra característica es que las acciones penales por el delito de desaparición forzada y las penas que se impongan no están sujetas a prescripción, y que toda desaparición forzada sea considerada delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o el paradero de la víctima.

También, que el delito sea juzgado por tribunales ordinarios, con exclusión de toda jurisdicción militar, y que no admita como eximente a la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores, pues toda persona que reciba órdenes de desaparecer a una persona tiene el derecho y el deber de no obedecerlas.

Señala que la ley debe asegurar que las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares obtengan la debida reparación, lo cual supone el derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada.

Amnistía Internacional sugiere al gobernador que apoye el proyecto de ley propuesto por la Codehum y las organizaciones de la Red, porque considera que esta propuesta recoge los principios normas internacionales en la materia.

Urgen defensores de derechos a legislar contra la desaparición forzada en Guerrero

*  Cartas de WOLA al gobernador y a los diputados

 * La organización con sede en Washington apoya la iniciativa de una Ley Especial propuesta por la Codehum y la Red Guerrerense de Derechos Humanos

 La organización no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en ingés), pidió a los diputados locales de Guerrero y al gobernador, René Járez Cisneros, aprobar una ley especial para prevenir y sancionar la desaparición forzada.

“Es escandaloso que la desaparición forzada no sea un delito en el estado de Guerrero”, declaró Laurie Freeman, representante de WOLA. “Hay que ir mucho más allá de meramente tipificarla como delito en el código penal. El gobierno debe aprobar una ley especial que establezca medidas eficaces para investigar y sancionar esta abominable práctica”.

En cartas enviadas al gobernador y a los diputados de las comisiones de Gobierno, Derechos Humanos, Seguridad Pública y Justicia, firmadas por la directora ejecutiva, Joy Olson, y la representante Laurie Freeman, WOLA manifiesta su especial preocupación por la ejecución de este tipo de prácticas en el estado de Guerrero, y afirma que lejos de ser un problema del pasado, en Guerrero la desaparición forzada es una práctica todavía vigente.

Plantea que “la desaparición forzada de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos tipificado por el derecho internacional como crimen de lesa humanidad”.

Recuerda que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra más elevada de desapariciones forzadas durante el transcurso de la guerra sucia en México proviene del estado de Guerrero, y en la actualidad, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) documentó 17 casos de desaparición forzada tan sólo entre 1999 y 2003.

WOLA se refiere en particular a la desaparición forzada del señor Faustino Jiménez Álvarez el 17 de junio del 2001 por miembros de la Policía Judicial del Estado, y señala que este caso sirve como ejemplo para ilustrar el continuo uso de dicha práctica. El señor Jiménez fue sacado de su casa sin orden de aprehensión y hasta la fecha no se sabe más de su paradero.

Plantea que la desaparición forzada persiste porque no hay la legislación adecuada para investigar y sancionar a los agentes que la cometen, y reconoce que por su propia naturaleza, las desapariciones forzadas hacen que la investigación de dichos casos por parte del sistema de justicia sea sumamente difícil.

La representante de WOLA dio a conocer un boletín de prensa y los textos de las cartas enviadas ayer a dichas autoridades, en las que expresa su “firme convicción en el sentido de que la aprobación por parte de la legislatura de una ley especial para prevenir y sancionar la desaparición forzada sería un paso importante para la protección efectiva de los derechos de los guerrerenses”.

Laurie Freeman dice que WOLA se suma a la iniciativa de la Ley Especial para Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada en Guerrero, que fue presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso el 14 de enero del presente año por organismos civiles y públicos de derechos humanos, incluyendo la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos en la que participan el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la Comisión de Derechos Humanos de La Voz de los sin Voz, el Centro de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Sembrador de la Esperanza.

WOLA es una organización no gubernamental sin fines de lucro que promueve el respeto a los derechos humanos, la democracia y la justicia social y económica en América Latina y el Caribe.

Dos iniciativas en el Congreso

En la carta a Juárez Cisneros, WOLA compara las dos iniciativas que se han presentado al Congreso local, una enviada por el gobernador y otra promovida por las organizaciones de derechos humanos oficiales y no gubernamentales.

“Temos conocimiento que su administración ha impulsado una propuesta para tipificar el delito de la desaparición forzada mediante una reforma al artículo 133 bis del Código Penal del Estado de Guerrero. Valoramos la voluntad de su administración de promover la tipificación de la desaparición forzada, sin embargo consideramos de vital importancia que la penalización de esta grave violación de los derechos humanos, sea conforme a las normas internacionales.

“Existe otra iniciativa para tipificar este delito mediante una Ley Especial para Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada en Guerrero, la cual fue presentada ante el Honorable Congreso del Estado por organismos civiles y públicos de defensa de los derechos humanos. Consideramos que la misma comprende los estándares de mayor protección para la ciudadanía al incorporar las figuras e instituciones jurídicas del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, respetuosamente sugerimos que su administración apoye dicha propuesta de Ley Especial”.

Piden a legisladores locales aprobarla ley contra la desaparición forzada

   * Escrito de la diputada federal Eliana García

La diputada federal perredista de la 59 Legislatura del Congreso de la Unión, Eliana García Laguna, en un escrito dirigido a los legisladores del Congreso local, Cuauhtémoc Salgado Romero, Carlos Sánchez Barrios, Juan José Castro Justo y a Rómulo Reza Hurtado, como presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados, los exhortó “de la manera más respetuosa, a que aprueben sin restricciones y a la brevedad posible, la propuesta de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas en el estado”.

En el escrito, que llegó a la redacción de El Sur vía e-mail, con fecha 4 de marzo, García Laguna expresa que dicha propuesta, además de establecer pautas claras de definición del delito, retoma los criterios que, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, debe contener una normatividad que pretenda erradicar esta práctica que constituye un delito aberrante y de lesa humanidad.

“Lo anterior sitúa la propuesta en mención como un precedente importante y significa la posibilidad de que la normatividad del estado de Guerrero se armonice con las principales Convenciones y Pactos Internacionales que se han desarrollado en materia de derechos humanos”, manifiesta en el documento, con copia para el gobernador René Juárez Cisneros.

La legisladora federal expresa que tienen conocimiento que en Guerrero siguen sucediendo casos de desaparición forzada, como lo demuestra la existencia de la recomendación 19/2002 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por nueve casos de desaparición forzada acaecidas en el año 2002. Agrega que la ausencia de una legislación adecuada para prevenir esta violación a los derechos humanos facilita que estos hechos se sigan dando con total impunidad.

Destaca que el problema de la ausencia de una normatividad no se limita al estado de Guerrero sino que, como lo demuestran los hechos que está investigando la Fiscalía Especial para los crímenes políticos del pasado, es un problema nacional, razón por la cual también trabajan en la preparación de un proyecto de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada a nivel federal.

Por lo anterior, explica, y con el objetivo de armonizar las acciones que a nivel federal se pretenden instrumentar con la labor legislativa de las entidades federativas, es que acude a los legisladores locales para manifestarles, en principio, su beneplácito por tener en sus manos un proyecto de ley de avanzada, por cuanto hace a su contenido y apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y en segundo para exhortarles, de la manera más respetuosa, a que aprueben sin restricciones y a la brevedad posible, la propuesta.