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Pide diputado que se exhorte a la CFE a reducir cuotas por servicio en Guerrero

Israel Flores

Ciudad Altamirano

El diputado federal Reynel Rodriguez Muñoz solicitó que se ordene a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aplicar un descuento especial por los siguientes dos bimestres a familias de Tierra Caliente y la región Norte del estado en sus recibos de energía eléctrica, considerando el gasto que tuvieron debido a las tres ondas de calor que se sufrieron recientemente.
Este viernes se publicó en la gaceta oficial de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de punto de acuerdo propuesto por Rodríguez Muñoz.
El diputado informó que se realizó la propuesta luego de las peticiones de diferentes sectores de la población que le expresaron su preocupación por el gasto excesivo que tuvieron en la energía eléctrica, con el uso de ventiladores y aires acondicionados, debido al calor que se presentaó por encima de los 40 grados, y que en Tierra Caliente alcanzó los 45.
Consultado vía telefónica, el diputado dijo que en este momento la Cámara de Diputados se encuentran en receso, pero que opera la Comisión Permanente que está integrada por diputados y senadores, y por tal motivo ya se presentó el acuerdo y se publicó a través de la gaceta para convertir en un tema oficial que tendrá que ser votado, para que se autorice una mejor tarifa para estas regiones de Guerrero de manera temporal y como un caso especial.

 

Los diputados pueden debatir al menos si se legaliza o no la amapola, dice Huicochea

 

El presidente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, dijo que aunque no es facultad del Congreso local la aprobación del cultivo de la amapola con uso medicinal, sí se pueden realizar foros y una iniciativa de ley que se envíe al Congreso de Diputados.
Consultado vía telefónica respecto a la respuesta que dio el diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, de que no es facultad del Congreso Local regular el cultivo de la amapola, al llamado que hizo de hacer foros de análisis para elaborar una iniciativa de ley, Huicochea Vázquez dijo que el diputado tiene razón, que es facultad del Congreso de la Unión.
Sin embargo, insistió que se pueden hacer foros, “buscar una ruta que ayude a desviar o aminorar el tema de la violencia, a controlar esos sucesos, eso es lo importante, además la regulación tiene que ver con el uso medicinal”.
Las iniciativas pueden ser elevadas al Congreso de la Unión a través de los diputados federales o del Congreso local, agregó.
Expuso que no ha hablado con los diputados del PRI acerca de cómo dar seguimiento a la iniciativa para regular el cultivo de la amapola con uso medicinal, de la que en un primer momento habló el gobernador Héctor Astudillo y que recientemente retomó el alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena que la ve como una salida a la grave crisis de violencia que sufre la capital del estado.
En el próximo Consejo Político se instalará una Comisión Temática y de Dictamen en la cual se hablará del tema y “por consenso político vamos a sugerirle a la Cámara de Diputados federal o local darle seguimiento a este y otro tipo de iniciativas”, adelantó Huicochea. Se revisará además la agenda legislativa de los diputados del PRI.
Enfatizó que el tema es plural, que todos, incluidos los diputados de los diferentes partidos, deben de poner sobre la mesa y trabajar en ello. Añadió que el que sea facultad del Congreso federal no impide que se elabore la iniciativa, se hagan foros y debates en lo local.
Sostuvo que los diputados del PRI “pueden ellos no tomarlo como una prioridad en este momento porque no corresponde a sus atribuciones, pueden cooperar y avanzar, no es una facultad local el hecho de poder regular”.

Le propusieron a Astudillo hacer foros sobre la Ley 701 pero no respondió: Marcos Matías

Los ex secretarios de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, actual asesor del Congreso de la Unión, y Carlos de Jesús Alejandro, actual integrante de la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, denunciaron que le propusieron al gobernador Héctor Astudillo colaborar en su administración para hacer foros sobre la reforma a la Ley 701 pero no hubo disposición de su parte.
Este martes la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán denunció que la Comisión Coordinadora que formaron el gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para analizar y elaborar el proyecto de la reforma de la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, no ha sido llamada a ninguna actividad.
Al respecto Matías Alonso y De Jesús Alejandro consideraron que fue erróneo de parte de las autoridades y los universitarios no incluir en la Comisión Coordinadora a la CRAC ni a organizaciones de pueblos originarios para que contribuyeran en los trabajos de la reforma que finalmente los regirá.
En una llamada a la Redacción, Matías Alonso dijo que representantes de pueblos originarios hablaron a principios del año pasado con el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, el diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo, a quien le propusieron una iniciativa de proyecto a la reforma de la ley 701 inspirada en la nueva Constitución del estado, y en la declaración de las Naciones Unidas.
Dijo que no tuvieron respuesta y que es lamentable que se haya formado una Comisión Coordinadora, en la que sólo participan el gobierno estatal y la UAG, excluyendo al Congreso local y a las organizaciones de pueblos originarios,.
“Varios compañeros estamos sorprendidos porque nos dimos cuenta de que el gobierno del estado solamente se fue con el esquema académico, con el esquema universitario, y un esquema de esa naturaleza está condenado al fracaso con anticipación porque no incluye al Congreso local ni a los pueblos indígenas”, consideró.
Dijo que cuando comenzó la administración de Astudillo le propusieron un formato amplio para discutir el tema en reuniones conjuntas, pero no respondió.
De Jesús Alejandro dijo que el planteamiento se le hizo al gobernador de manera formal mediante un oficio, pero “no tuvimos suerte y nunca encontramos eco, o quizá no hubo voluntad política”.
Señaló que pese a que la 61 Legislatura del Congreso local prolongó la reforma a la Ley 701 hasta marzo de 2017, en tres meses no pueden llevarse a cabo los foros de consulta necesarios para elaborar una propuesta, de acuerdo a las necesidades de los pueblos.
Contó que cuando se otorgó la prórroga se reunieron con Astudillo “de manera muy rápida”, que ya se había formado una comisión para hacerse cargo de la reforma, pero lo cierto es que no supieron de ninguno foro o alguna otra actividad que se llevara a cabo para discutir el tema.

 

Hablarán del caso Ayotzinapa padres de los 43 hoy ante diputados en el Congreso de la Unión

 

Diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos, de Pueblos Indígenas y la creada para el caso Ayotzinapa escucharán a 10 padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, en el salón Legisladores de la República del Congreso de la Unión.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra habló del formato de la reunión que se concretó después de un plantón de cuatro días afuera del recinto legislativo, en octubre, porque los diputados no respondieron a la petición formal de los padres de subir a la tribuna del recinto legislativo a hablar de las irregularidades en el caso, que presentaron desde abril.
Vía telefónica, indicó que la reunión va a comenzar hoy a las 10 de la mañana y la presidenta de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, la panista Guadalupe Murguía dará la bienvenida, luego siete padres tendrán una intervención de 5 minutos, seguido de la posición de las fracciones de los ocho partidos que también será de 5 minutos.
Para el cierre tres padres de familia tendrán otra intervención antes de las palabras de clausura.
De la posición de los padres respecto al premio Belisario Domínguez que el Senado entregará el jueves -un día después de la visita de los padres a la Cámara de Diputados- al señor Gonzalo Rivas Cámara, fallecido por los eventos del 12 de diciembre de 2011 cuando fueron asesinados dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, respondió que ese es un tema distinto.
Precisó que los padres van a hablar de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 perpetrado por fuerzas del Estado, donde fueron desaparecidos de manera forzada 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas, 15 más fueron heridas de bala y tres de estas aún se encuentran graves.
Consideró que otorgar este reconocimiento post mortem, es una decisión unilateral del Senado, y ni padres ni abogados van a caer en el juego de meter en el mismo saco todas las violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la Normal de Ayotzinapa, y que la desgracia de la gasolinera se quiera usar como una provocación, sin embargo, “podemos coincidir que (la decisión del Senado) evidencia que Ayotzinapa ha sido objeto de criminalización sistemática”.
De la investigación aclaró que los padres no han tenido acercamientos ni comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR), pero mediante los abogados coadyuvantes se da un seguimiento puntual del caso.
Señaló que siguen en la búsqueda, análisis de telefonía celular, se sigue requiriendo información del quinto camión, “digamos que se sigue trabajando en esas líneas, no al ritmo que quisiéramos, pero se está en ellos”.
De la última petición para que la PGR investigue al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar Hamid García Harfuch por sus probables vínculos con la banda criminal Guerreros Unidos, reveló que respondieron que son analizados los puntos de la solicitud, y que serán respondidos favorablemente.
Entre las peticiones de los padres está que García Harfuch comparezca en la investigación, y se rastree la libreta de direcciones del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado que liga al mando policiaco con los narcotraficantes, y que fue excluida de la investigación.

 

Enviará López Rosas al Congreso de la Unión solicitud para bajar tarifas de luz

Reunión con el Frente de Consumidores y el superintendente

La próxima semana se instalará una mesa de trabajo para revisar denuncias contra CFE

Karina Tejada

La próxima semana será instalada una mesa de trabajo para revisar las denuncias de cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ésta participará la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y personal del Ayuntamiento porteño con el fin de que los resultados no sean en base sólo al “criterio de la CFE”.

En una reunión de integrantes del Frente Amplio de Consumidores que se organizó en el poblado Kilómetro 30 con funcionarios de la CFE, encabezados por el superintendente, Gabriel Pérez Pérez, el alcalde Alberto López Rosas se comprometió a enviar los oficios necesarios al Congreso de la Unión para solicitar un cambio de tarifa acorde con la zona y las condiciones económicas de los núcleos poblacionales.

Sobre el Derechos de Alumbrado Público (DAP) señaló que este será cobrado solamente a las personas que cuenten con el servicio, y, a las que no, se les reembolsará en un cien por ciento. Pero no aceptó retirar el cobro de 21 pesos bimestrales que se hace por ese servicio.

Los recibos son impagables

La reunión con el alcalde López Rosas y los funcionarios de la CFE y Hacienda comenzó alrededor de las 12:30 horas. Las quejas de los integrantes del Frente fueron en una sola línea: los excesivos cobros de la CFE, el hostigamiento a sus dirigentes con denuncias ante la PGR, la prepotencia y extorsión de la que son objeto por los empleados de la empresa y la insensibilidad de Gabriel Pérez para darles solución.

López Rosas durante más de media hora escuchó las quejas de los integrantes del Frente Amplio de Consumidores, en su mayoría personas de bajos recursos, quienes le solicitaron su intervención para que la CFE les haga cobros justos.

Asimismo, los inconformes pidieron la condonación de los pagos a personas de la tercera edad, ya que no es justo que paguen recibos hasta de ocho mil pesos. Pidieron más sensibilidad, pues, están dispuestos a pagar el servicio siempre que sea de acuerdo a lo que consumen. Una y otra vez se escuchó que los recibos son “impagables”.

En su intervención, el alcalde Alberto López Rosas dijo a los integrantes del Frente que también ellos han sido víctimas de la misma situación y que los entendía.

Se comprometió a la instalación de una mesa de revisión con personal de la Profeco, Ayuntamiento y CFE para que si el cobro es arbitrario se haga la corrección.

Señaló López Rosas que esta revisión no tiene que ser nada más a través del criterio de la CFE, ya que debe predominar la idea de que servicio que no sea prestado, no tiene porque cobrarse.

López Rosas comentó que se ha dado cuenta de que en las comunidades rurales, a las personas les llegan los recibos de 2 mil pesos, y, sin duda, hay una desproporción, ya que esas cantidades muchas veces significan los de seis meses de trabajo.

Por otro lado, se comprometió hacer un planteamiento al Congreso de la Unión –quien aprueba las tarifas, ya que la CFE sólo las aplica– para que las tarifas se apliquen de acuerdo a la zona y a las condiciones económicas de los sectores poblacionales. Manifestó que esto podría ser a más tardar en un mes y medio.

Por su parte, el superintendente de la CFE, Gabriel Pérez Pérez, dijo que la CFE ha mantenido la postura de atender y escuchar todos los casos de inconformidad sobre los recibos de luz; agregó que cuando se tiene que enmendar un error lo hacen y si es lo contrario explican cuantas veces sea necesario al usuario.

Sobre la mesa de trabajo propuesta por el Ayuntamiento dijo que no importa, ya que lo que hacen internamente lo pueden hacer a los ojos de quien guste, pues, ellos cumplen con su trabajo y atienden las inconformidades.

Sobre las tarifas insistió que la CFE no tiene nada que ver, ya que se designan a niveles de junta de gobierno y ellos sólo las aplican de acuerdo a la ley de Ingresos de la Federación.

Hizo un llamado para que los usuarios denuncien a los trabajadores que los amenazan o extorsionan para que la CFE pueda actuar ante esas irregularidades.

Al finalizar la reunión, a Gabriel Pérez Pérez se le cuestionó sobre si la CFE tiene pensado retirar la demanda contra los dirigentes del Frente Amplio de Consumidores que interpuso ante la PGR por privación ilegal de la libertad y daños a la institución, a lo que respondió: “En ese aspecto son acciones de oficinas centrales, y, en aspectos jurídicos, nosotros no tenemos injerencia. Nosotros lo único que sabemos es que tenenemos una reunión con el Frente y no sabemos que iban a plantear”.

El secretario general del Frente, Valentín Luján Ramírez, al finalizar la reunión, comentó que estaban escépticos con los resultados de la reunión, ya que esperaban que el alcalde López Rosas se comprometiera más y tomará la bandera de su lucha. Pero dijo que es una esperanza y tendrán que esperar a ver resultados de lo pactado.

Piden a legisladores locales aprobarla ley contra la desaparición forzada

   * Escrito de la diputada federal Eliana García

La diputada federal perredista de la 59 Legislatura del Congreso de la Unión, Eliana García Laguna, en un escrito dirigido a los legisladores del Congreso local, Cuauhtémoc Salgado Romero, Carlos Sánchez Barrios, Juan José Castro Justo y a Rómulo Reza Hurtado, como presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados, los exhortó “de la manera más respetuosa, a que aprueben sin restricciones y a la brevedad posible, la propuesta de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas en el estado”.

En el escrito, que llegó a la redacción de El Sur vía e-mail, con fecha 4 de marzo, García Laguna expresa que dicha propuesta, además de establecer pautas claras de definición del delito, retoma los criterios que, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, debe contener una normatividad que pretenda erradicar esta práctica que constituye un delito aberrante y de lesa humanidad.

“Lo anterior sitúa la propuesta en mención como un precedente importante y significa la posibilidad de que la normatividad del estado de Guerrero se armonice con las principales Convenciones y Pactos Internacionales que se han desarrollado en materia de derechos humanos”, manifiesta en el documento, con copia para el gobernador René Juárez Cisneros.

La legisladora federal expresa que tienen conocimiento que en Guerrero siguen sucediendo casos de desaparición forzada, como lo demuestra la existencia de la recomendación 19/2002 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por nueve casos de desaparición forzada acaecidas en el año 2002. Agrega que la ausencia de una legislación adecuada para prevenir esta violación a los derechos humanos facilita que estos hechos se sigan dando con total impunidad.

Destaca que el problema de la ausencia de una normatividad no se limita al estado de Guerrero sino que, como lo demuestran los hechos que está investigando la Fiscalía Especial para los crímenes políticos del pasado, es un problema nacional, razón por la cual también trabajan en la preparación de un proyecto de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada a nivel federal.

Por lo anterior, explica, y con el objetivo de armonizar las acciones que a nivel federal se pretenden instrumentar con la labor legislativa de las entidades federativas, es que acude a los legisladores locales para manifestarles, en principio, su beneplácito por tener en sus manos un proyecto de ley de avanzada, por cuanto hace a su contenido y apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y en segundo para exhortarles, de la manera más respetuosa, a que aprueben sin restricciones y a la brevedad posible, la propuesta.