La investigación de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es deficiente, inició tarde y se ha manejado de manera irresponsable sin que se dirija a determinar la verdad de lo sucedido, advierte Amnistía Internacional, en su informe Un trato de indolencia: la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, que presentó en la Ciudad de México el jueves pasado.
La organización internacional considera que la impunidad que está prácticamente garantizada a las personas responsables de estos delitos, “es un fuerte incentivo para que se sigan cometiendo”.
El organismo presentó el informe la mañana del jueves en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, en el que además del caso de los normalistas, incluyó el de la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde hay más de 350 desaparecidos; ahí estuvieron padres de los desaparecidos.
En ambos casos, el organismo afirmó que las autoridades se limitan a algunas acciones “con poca utilidad” en la investigación, porque sólo se trata de “un formalismo que parece destinado, de antemano, a ser infructuoso”.
El caso de los hechos ocurridos en Iguala, donde policías detuvieron y desaparecieron a estudiantes de Ayotzinapa fue incluido porque Amnistía Internacional consideró que muestra las magnitudes hasta las que puede llegar la desaparición forzada en el país, las formas de reacción del Estado mexicano y las afectaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Sobre el caso de los normalistas, que es considerado internacionalmente como “de alto perfil”, consideran que las autoridades mexicanas han dado muestras de incapacidad para dar respuestas solidas e institucionales que garanticen encontrar la “verdad y justicia”, porque sigue sin asumir su responsabilidad de buscar exhaustivamente a los desaparecidos.
En este caso consideraron en el informe que la investigación es deficiente y las autoridades han mostrado resistencia para incorporar todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hizo un análisis técnico de la investigación, a pesar de que en muchos de los casos de desapariciones, las víctimas fueron vistas por última vez cuando eran detenidas por la policía o el Ejército.
Sin embargo, en México no hay un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y “lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas”, se lee en el documento.
Además, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales, por lo que la búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza o nunca llega a ponerse en marcha, y en las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados, concluye Amnistía Internacional.
En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, afirman que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial y se empeñó en seguir una sola línea de investigación, la de que los estudiantes habían sido detenidos por la Policía Municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero de basura local.
La versión del basurero de Cocula fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.
Amnistía Internacional señala que “la deficiente investigación” no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad, los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental.
Las “ineficiencias” de las autoridades obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a los desaparecidos.
Amnistía Internacional consideró que los defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas, porque están sobrepasadas de casos que les resulta inmanejable, además de la continua rotación del personal.
De los dos casos abordados en el informe, Amnistía Internacional considera que deben ser reconocidos por el Estado y las víctimas deben recibir una reparación integral que les restituya en la medida de lo posible los derechos violados, pero de manera contraria el organismo encontró que las autoridades dan un trato “deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos”.
Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América afirmó que las autoridades han manejado con total irresponsabilidad la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con lo que “ponen de manifiesto el desprecio absoluto por la dignidad y los derechos humanos”.

Exigen que la anunciada ley general de desapariciones vaya más allá de la sanción penal y abarque la asistencia a las familias

En el informe, apuntan que una madre de un desaparecido definió el trato recibido como de indolencia, “de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan”.
Amnistía Internacional abunda que los familiares de los desaparecidos enfrentan “serias dificultades” materiales y deben asumir una serie de cambios en su forma de vida, incluyendo nuevas actividades, tomar otros empleos para poder sostenerse, o dejar sus empleos u otras actividades económicas para poder dedicarse a la búsqueda de su familiar desaparecido, e incluso se ven forzadas a cambiar de lugar de residencia por miedo a represalias de los probables perpetradores de la desaparición.
Por los problemas económicos que enfrentan las familias de las personas desaparecidas están en constante riesgo de perder su patrimonio, incluyendo su vivienda, sin que la legislación actual garantice la protección de sus derechos.
En la presentación del informe exigieron que la anunciada ley general sobre desapariciones que regulará la actuación de todas las autoridades mexicanas (federales, estatales y municipales) contemple la complejidad del fenómeno y que vaya más allá de la sanción penal y abarque medidas de asistencia a las familias, una declaración de ausencia para proteger a la persona desaparecida y su familia, y medidas de reparación integral, entre otras.
Apuntan que la comunidad estudiantil de la Normal es afectada por la desaparición forzada de sus compañeros de estudio, lo que ocasionó “un profundo impacto”, principalmente a los sobrevivientes de los ataques que son víctimas directas.
Por lo que consideran que es fundamental que el Estado mexicano reconozca dicha calidad de víctimas y establezca medidas de reparación integral que tomen en cuenta las necesidades y particularidades de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Las recomendaciones

En el informen proponen tipificar, conforme a los más altos estándares internacionales, la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos autónomos en la ley general sobre desaparición, de modo que se garantice que todas las denuncias por desaparición se investiguen exhaustivamente, con independencia de quién sea el presunto autor y que el delito de desaparición forzada sea investigado y sancionado cuando haya indicios de implicación de agentes estatales.
Así como reconocer la obligación de iniciar de oficio y sin dilación alguna la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a través de un procedimiento establecido en consulta con expertos, organizaciones de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas. Se deberán activar métodos específicos para reaccionar lo antes posible dentro de las primeras 72 horas de la desaparición, pero la búsqueda deberá continuar hasta establecer plenamente la suerte o paradero de la víctima.
También investigar de forma “pronta, exhaustiva e imparcial” todos los casos de desaparición y desaparición forzada de personas en el país, y reconocer y permitir la participación de familiares de desaparecidos en las investigaciones, proporcionándoles información actual y veraz sobre la misma, y permitiendo que aporten información, sugieran líneas de investigación y pidan probanzas.
Que las autoridades no deben trasladar a la familia la carga de la investigación del caso.
Adoptar disposiciones legales detalladas con respecto a la declaración de ausencia y a la extensión de derechos de las personas desaparecidas, que tenga efectos claros en la protección de la personalidad jurídica y otros derechos de la persona desaparecida y la protección de su patrimonio y el de su familia.
Una vez iniciado el proceso de declaración de ausencia se deberían suspender las obligaciones a cargo de la persona desaparecida, incluyendo la generación de intereses por deudas de cualquier especie, a su favor.
Que los proceso y todos los trámites sean sencillos, accesibles y gratuitos, garantizar reparaciones integrales a las víctimas, que tomen como base estándares internacionales y consideren la particularidad de las víctimas, incluyendo medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición, derecho a la verdad y a la memoria histórica.
En el informe, recuerdan que en 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) creó una fiscalía especializada para casos de personas desaparecidas; pero aún no se han asegurado los recursos necesarios para garantizar su efectividad y que sus funcionarios rindan cuentas periódicamente sobre su actuación.
Apuntan que, del registro de desapariciones forzadas que tienen, el 46.5 por ciento de los casos reportados han ocurrido bajo la actual administración presidencial, 3 mil 425 sólo en 2015.