Buscarán la creación de una fiscalía internacional para hallar justicia, anuncian los padres de los 43

En el comienzo de la Caravana por la Memoria y la Esperanza, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos informaron que buscarán la creación de una fiscalía internacional, porque “los que están en el poder no se van a castigar solos”.
Volvieron a responsabilizar al Ejército de la desaparición forzada de sus hijos, e insistieron en que falta voluntad del gobierno federal para encontrar la verdad desde el principio, a dos años y casi tres meses de la agresión de agentes del Estado contra estudiantes en Iguala.
En conferencia de prensa en el casco de la Normal Rural de Ayotzinapa informaron de las actividades de fin de año que incluyen la Acción Global por Ayotzinapa, el día 26, con una marcha-peregrinación a la basílica de Guadalupe y una misa celebrada por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos y el obispo activista de Saltillo, Raúl Vera López.
La mamá del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, Cristina Bautista Salvador explicó que “van a ver a la virgen de Guadalupe, la reina de México, para que les siga dando fuerzas a nuestros hijos. Tenemos fe y esperanza de que van a regresar con vida”.
El papá del estudiante José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete Victoriano señaló la falta de voluntad de las autoridades para encontrar a los 43 estudiantes, a pesar de que todas las investigaciones independientes señalan a los agentes del gobierno, como las revelaciones de la periodista Anabel Hernández que hace tres días presentó en la escuela su libro La verdadera noche de Iguala.
Subrayó “estamos aquí para seguir adelante, pidiendo que sigan las recomendaciones de los expertos internacionales, por sí solo el gobierno no tiene voluntad, sí tiene facultades y capacidades pero desde un principio no ha querido dar respuestas”.
La caravana comenzó a las 11:30 de la mañana en la Normal Rural con una conferencia de prensa y una actividad cultural a las 5 de la tarde. Hoy se trasladarán a Iguala, donde fueron los ataques la noche del 26 de septiembre, a las 10 de la mañana y regresarán a la escuela para salir muy temprano el jueves a Taxco.
El padre reconoció la labor de los activistas, organizaciones sociales y medios de comunicación que dan cobertura a su demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para poder continuar esta lucha frente a la simulación de las autoridades responsables de investigar e impartir justicia.
“Este gobierno no tiene corazón, esa voluntad… señala que nuestros jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y no hay un elemento de prueba que incrimine a nuestros hijos”, al contrario, recordó que todas las pruebas de diferentes investigaciones señalan la relación de gobierno y la delincuencia, “es más, ellos (las autoridades) son la delincuencia”, afirmó.
El representante de los padres, tío del normalista desparecido Mauricio Ortega Carlos, Melitón Ortega se refirió a los golpes que desde el gobierno han propinado al movimiento.
“Después de la satanización aquí seguimos, en una alianza de unidad estudiantes, padres y organizaciones sociales para que la llama no se apague, y el próximo año seguir la lucha con una nueva estrategia”, adelantó.
Consideró que el gobierno federal intenta desviar la atención del caso Ayotzinapa y dividir a los actores que los apoyan porque sabe que la Policía Federal y la Ministerial intervinieron en los ataques en Iguala, así como los soldados en la desaparición forzada.

Exigen cárcel para Tomás Zerón y para Enrique Galindo

El vocero Felipe de la Cruz, papá de un alumno sobreviviente de los ataques, señaló que Guerrero está militarizado por una política de terrorismo de Estado para callar las voces de protesta con balas de policías y militares, e imponer las reformas del presidente Enrique Peña Nieto.
Aseguró que eso pasó con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala y mediante documentos oficiales la periodista Anabel Hernández señala una lista nombres con apellidos de los perpetradores, como de los funcionarios que trataron de encubrir los hechos, creando la tesis conocida como “verdad histórica”.
“Definitivamente los que están en el poder no se van a castigar solos. Vamos a buscar los medios para crear una fiscalía internacional que pueda juzgar el caso desde fuera. Los militares no controlan la delincuencia, no frenan los crímenes, al contrario, con ellos en la calle se desata la violencia”.
Como ejemplo mencionó a Acapulco, sede de la Novena Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de una base naval de la Marina de la Armada de México, donde confluyen las autoridades policiacas municipales, estatales y federales, sin embargo se mantiene como un foco rojo de violencia en el país.
Reiteró la demanda de cárcel para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón De Lucio, ahora secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, porque confabuló para crear la “verdad histórica”, que dice que los 43 normalistas fueron entregados por policías municipales al grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, y que ellos los asesinaron y quemaron hasta la cenizas en un basurero en menos de un día. Así como a Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal separado del cargo el 28 de agosto, porque engañó a los padres simulando la búsqueda de los estudiantes.
Con los padres estuvo un representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán de la sección 9 de la Ciudad de México, que acompaña la gira.

La bitácora de la caravana

La Caravana por la Memoria y la Esperanza estará el 23 de diciembre en Xoxocotla, Morelos, los integrantes ofrecerán una conferencia a los medios locales y sostendrán una reunión informativa con representantes de organizaciones sociales, y a las 4 de la tarde en Cuernavaca tendrán una marcha procesión de la glorieta Niño Artillero para concluir con un mitin en el Zócalo.
El 24 en Amilcingo, Morelos, habrá una conferencia de prensa y en Tepoztlán una reunión con organizaciones,
A las 10 de la mañana el 25 se prevé un acto de recepción para recibir a la caravana en la Ciudad de México. El día de la acción global de cada mes, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana la peregrinación será de Peralvillo a la basílica de Guadalupe. Cierran la jornada el 27 de este mes con una ofrenda floral en el lugar de los ataques, en Iguala.

El Estado utiliza a Ejército, policías y al crimen organizado para controlar al pueblo: Raúl Vera

El presidente de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y obispo de Saltillo, Raúl Vera López, denunció ayer que los mexicanos, y particularmente los guerrerenses, se enfrentan a una articulación de la violencia desde el Estado contra el pueblo, para mantenerlo controlado mediante el temor y el terror.
En un mensaje ante unas 500 personas frente a la iglesia de la Asunción de María, en el Zócalo de la capital, dijo que en esta estrategia el gobierno utiliza lo mismo a los militares y a las corporaciones policiacas que al crimen organizado.
Explicó que por eso, casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa o las ejecuciones y levantones, no son investigados ni se resuelven porque al gobierno le conviene mantener el miedo y el terror en el pueblo.
El obispo realiza una vita de dos días a Guerrero en la Caravana por los Caminos del Sur en Busca de la Justicia y la Paz.
Vera López llegó a las 12 y media ayer y encabezó una marcha de unas 200 personas de la alameda Granados Maldonado al Zócalo de la capital. Allí se reunió con otras 300 personas que ya lo esperaban.
En el contingente había dirigentes de organizaciones sociales y víctimas de la violencia, y al final ofició allí mismo una misa asistido por el padre Baltazar Vega.
El obispo llegó resguardado por dos patrullas de la Policía del Estado con unos siete efectivos a bordo en cada una y también se vieron agentes federales vestidos de civil. Durante la reunión y la misa, los uniformados y los civiles se desplegaron por los alrededores mostrando sus armas largas aunque sin obstaculizar el desarrollo de las actividades.
Desde las grades del kiosco, Vera López denunció que “en este momento en nuestro país vivimos una estrategia de violencia para el control de la población” y que mientras tanto “están saqueando a nuestro país, con la transformación de nuestra Constitución están dejando las manos libres a las grandes empresas del mundo que quieren hacer de nosotros y de nuestro país, presa de ganancias”.
Y acusó que lo más triste es que para esa violencia están utilizando tanto a nuestro Ejército y a los cuerpos policiacos como al crimen organizado, “eso explica por qué no hay búsqueda de los desaparecidos, eso explica por qué no hay solución al caso de Ayotzinapa, porque quieren que nosotros vivamos aterrorizados, porque quieren que nosotros vivamos sumidos en la inmovilidad”.
Pero dijo que está ocurriendo todo lo contrario, “gracias a Dios, por lo que está pasando cada día somos más las personas que nos unimos y decimos que este país tiene que salir adelante por la vía de la paz, por la vía de la justicia, por la vía del respeto a la dignidad humana, somos muchos más los que queremos esto”, expresó.
Añadió que a través del Evangelio, “Dios nos indica con una luz lo que es capaz de hacer, “y gracias a Dios vamos a tener dentro de unos días al Papa Francisco y yo les pido que pongan mucha atención a su palabra. Es una palabra de esperanza y de confianza para unirnos como comunidad nacional”.
Antes, había escuchado testimonios de dirigentes sociales y de víctimas de la violencia en la entidad.
De ellos comentó que no escuchó una palabra de víctimas vencidas, “sino la fuerza de personas que están luchando, y que saben que la verdad está con ellos”.
Agregó que Dios quiere que esta tierra se construya en la paz y en el bien, “y esa situación nos hace a nosotros entender que celebrar nuestra fe no es nada más ir a los templos, celebrar nuestra fe es vivirla en la calle, en los valles, vivirla en la familia, eso es ser cristiano, no es una práctica separada de la vida”.
El clérigo, quien recordó que él se ordenó obispo en Guerrero y que estuvo más de ocho años en la entidad, dijo: “aquí estamos hablando de la vida, de la vida que queremos encontrar en los desaparecidos. También estamos hablando de la vida que nos puede dar de nuevo la justicia, de la preocupación porque no queden en la impunidad crímenes que se siguen repitiendo”.
Denunció que las cosas siguen así por la impunidad en la que se dejan todos los casos, “entonces, está claro que lo podemos cambiar a través del pueblo, con un nuevo pacto social, donde el pueblo vuelva a decir sus sentimientos y dictar una nueva Constitución, hemos madurado como país y lo podemos hacer”.
Dijo que ha estado trabajando con un grupo de distintos estados para hacer una asamblea constituyente, “en donde nosotros vayamos dictando nuestra propia Constitución y llegar al final como un pueblo que creció maduramente, en su capacidad política y pasemos con un nuevo pacto a formar un nuevo país, esto está caminando, ya llevamos más de año y medio trabajando y podemos hacer esto”.

La recepción

El obispo Vera fue recibido por dirigentes de organizaciones sociales y de derechos humanos. Estuvo el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete; dirigentes del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), encabezados por Alfredo Ramírez, y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) que encabeza Nicolás Chávez. Estuvo un representante del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Odón Rodríguez Mendoza.
Acudieron dirigentes de la sección 17 del Sindicato de Mineros de Taxco en huelga, encabezados por Roberto Hernández Mojica; representantes de la agrupación Sentimientos del Sur por el Rescate de Guerrero; de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la casa matriz de San Luis Acatlán; sobrevivientes de la masacre de El Charco, Ayutla, y representantes de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Lo acompañaron en una marcha que partió de la alameda Granados Maldonado al Zócalo de la ciudad, en donde se escuchó la consigna: “Obispo amigo, Guerrero está contigo”, mientras el prelado caminaba a paso rápido con cadenas de cempasúchil que le colgaron en el cuello.
La marcha llegó al kiosco de la plaza Primer Congreso de Anáhuac y allí escuchó denuncias y testimonios de dirigentes sociales y víctimas de la violencia en los últimos años en la entidad, después de que el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame le dio la bienvenida.
El dirigente del Sutcobach, Alfredo Ramírez dijo que la Constitución ha sido violada y reformada para satisfacer los intereses del gran capital y no para beneficiar a los ciudadanos. Citó el caso de la “mal llamada” reforma educativa que mantiene en la incertidumbre a los trabajadores de la educación porque mantiene en riesgo su empleo.
Pidió la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, alto a la criminalización de la lucha social, respeto a los grupos de autodefensa, el esclarecimiento de los asesinatos del diputado Armando Chavarría y del dirigente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona.
El dirigente de los mineros de Taxco demandó la intervención del obispo para que el gobierno federal ponga fin al conflicto laboral que lleva ya 10 años.
En representación de la casa matriz de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, el ex coordinador Pablo Guzmán expresó su rechazo a las mineras extranjeras que pretenden entrar a las regiones de la Montaña y Costa Chica. Se manifestó en contra de la impunidad y la violencia, y añadió que ante esta realidad que vive Guerrero es importante el mensaje del obispo.
Además pidió la intervención del prelado para la libertad de los presos de la CRAC, y para que haya justicia para todas las víctimas de la violencia en la entidad.
A su vez, el presidente de la Coddehum, Ramón Navarrete Magdaleno dijo al obispo que los asistentes allí eran fieles testimonios de tanta injusticia que se comete en Guerrero y que están en espera de que la justicia llegue. Le dijo que su presencia en esta entidad congratula a las víctimas de la violencia y la injusticia porque les da fe y esperanza.
También habló el ex comisionado de la desaparecida Comisión de la Verdad (Converdad), Nicomedes Fuentes quien le dijo a Vera López que Guerrero es un estado carente de justicia y desarrollo humano desde la década de la guerra sucia por la corrupción, la impunidad y la falta de atención a los ciudadanos.

Los testimonios

La viuda del diputado Armando Chavarría Barrera, asesinado el 20 de agosto del 2009, Martha Obeso expuso el caso de la ejecución de su esposo. Mencionó que después del crimen de Chavarría Barrera han ocurrido muchos casos más y que, por igual, lo común ha sido la impunidad, la injusticia y la indiferencia del gobierno para esclarecerlos y castigar a los responsables.
Comentó que por eso, en su caso ha acudido junto con el obispo Vera López hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar el caso.
Asimismo, la señora Bladina Diéguez Castro, esposa del dirigente indígena desaparecido desde el 22 de junio de 2012, Longino Vicente Morales, denunció que desde esa fecha ha venido exigiendo justicia e información del paradero de su esposo pero que la respuesta ha sido “el frío trato de las autoridades”, la indiferencia, la simulación e impunidad.
Diéguez Castro demandó la intervención del obispo para que la vincule con forenses independientes para que realicen pruebas de unos restos que encontró la Fiscalía General del Estado (FGE), y que dice son de su esposo, para que haya una segunda opinión.
También la viuda de Arturo Hernández Cardona, Sofía Mendoza denunció la impunidad con que se mantiene el caso de la ejecución del líder de Unidad Popular de Iguala, cuyo cuerpo fue encontrado el 3 de junio de 2013, después de que Hernández Cardona había sido levantado junto con otros siete dirigentes de su organización en Iguala, y de cuyos hechos se señaló al ex alcalde José Luís Abarca Velázquez, quien actualmente se encuentra preso por el ataque y desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Un campesino de Cocula, Mauro Corona denunció que en su caso vivió el asesinato de su hijo, Miguel Ángel Corona Sandoval y después la desaparición de su nieto y que tampoco ha encontrado justicia.
A su vez, Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César Mondrágón, el estudiante de la Normal de Ayotzinapa que fue encontrado muerto después de los ataques la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, denunció que a más de 16 meses de los hechos apenas están comenzando las diligencias para corroborar que su sobrino fue torturado antes de ser ejecutado. Al respecto se quejó de que en Guerrero no se vive realmente un estado de derecho y que no ve voluntad para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.
El obispo Vera López se trasladó por la tarde al puerto de Acapulco, en donde dormirá, y hoy por la mañana se trasladará a Tecoanapa, donde encabezará una marcha del arco de la entrada de la cabecera municipal al Zócalo, en donde se reunirá con dirigentes de organizaciones sociales, de derechos humanos y de pueblos originarios.
En esta población el presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad se reunirá con un grupo de padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que son de los municipios de Ayutla y Tecoanapa. Asimismo, se reunirá con familiares y sobrevivientes de la masacre de El Charco, así como con coordinadores de la CRAC de la casa matriz de San Luis Acatlán y de grupos de autodefensa como el FUSDEG.
Después del mediodía regresará a Acapulco de donde volará de regreso a Saltillo, Coahuila.

No han dado casas a damnificados de la sierra de Chilpancingo: APPG

A más de dos años de los daños provocados por el la tormenta Manuel y el huracán Ingrid los gobiernos federal y estatal no han estregado viviendas a los damnificados a pesar de que están en el padrón, denunciaron ayer.
En conferencia de prensa el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que son más de 3 mil familias damnificadas de comunidades de la sierra de Chilpancingo a quienes no les han entregado las viviendas que les prometió el gobierno federal, mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y el 28 de enero iniciarán acciones de protesta.
Dijo que la comunidad con más familias damnificadas es San Vicente, a quienes el gobierno federal les prometió reubicarlos en el paraje conocido como Coapanguito, pero a más de dos años no ha ocurrido y las familias que se han instalado han construido sus viviendas con sus propios recursos.