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Confirman 23 expertos que es imposible cremar 43 cuerpos en el basurero de Cocula

Para incinerar a los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta borrar su ADN se habrían necesitado alrededor de 15 toneladas de madera, en el mejor de los casos, concluye un nuevo estudio científico sobre hogueras a cielo abierto.
Aun así, habría quedado alguna materia orgánica, acotan 23 expertos que participaron en una investigación publicada en la revista Fire safety journal, diario oficial de la Asociación Internacional de Ciencias de Seguridad contra Incendios.
“En condiciones ideales –cuerpos pequeños y alimentación continua de combustible– es necesario un mínimo de cinco veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica”, refiere el estudio.
Esto significa que para quemar a los 43 estudiantes al grado que indicó la Procuraduría General de la República (PGR), se habrían requerido 15 mil 50 kilogramos de madera, si cada joven pesara 70 kilos.
Según la hipótesis central de la PGR, los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y, debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético.
En la investigación titulada Estudio experimental sobre los requisitos de combustible para la degradación térmica de cuerpos por medio de la cremación de pira abierta, se encontró también que la presencia de múltiples cuerpos no favorece al fuego, sino que lo apaga.
“Es menos eficiente quemar una multitud de cadáveres que un cuerpo individual”, sostiene.
Los expertos, coordinados por Luis Yermán, y entre los que se encuentra el peruano José Torero, hicieron, con apoyo de la Universidad de Queensland, en Australia, seis diferentes piras, con uno o hasta cuatro cerdos en cada una de ellas.
“La relación entre el nivel de destrucción de un cuerpo y la eficiencia de quemado, la intensidad y la duración de los posibles incendios debe demostrarse para inferir la validez de una hipótesis de cremación”, indica el estudio.
“Un ejemplo de alto perfil donde esta correlación se convirtió en clave para establecer la validez de una hipótesis forense se relaciona con lo que se ha denominado la ‘verdad histórica’ en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa”, agrega al referirse a los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Los especialistas en Australia continuaron el trabajo que dejó pendiente el grupo de peritos consensado entre la PGR y GIEI, en el que al final se advirtió la necesidad de una prueba a gran escala.
“El grupo de expertos en fuego ha convenido realizar más pruebas en las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos, los resultados de esas pruebas serán dados a conocer en su momento”, señaló entonces Ricardo Damián Torres, pero eso nunca ocurrió.

 

Defraudó el Estado a los padres de los 43; reunirse con autoridades será improductivo, dice Abel Barrera

 

El Estado defraudó a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y a la comunidad internacional al reactivar la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien acompaña legalmente a los familiares de las víctimas.
En el cierre del periodo de sesiones de la CIDH en Washington los comisionados se refirieron al caso Ayotzinapa que se abordó en la sesión del 17 de marzo, y confirmaron que hubo una ruptura entre los familiares de las víctimas y el Estado mexicano, a la que siguió una reunión de trabajo “bastante difícil” donde hubo diálogo, dijo la comisionada Esmeralda Arosamena Troitiño.
Ayer en consulta telefónica, Barrera Hernández informó que en este momento no se van a reunir con las autoridades porque “será improductivo”, los padres van a esperar la mesa de trabajo con los comisionados de la CIDH en México, prevista para abril.
Denunció que la postura del Estado, que dio el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián de considerar válida la tesis del basurero de Cocula, “fue abiertamente a la defensiva” y desconcertó a las mismas instancias internacionales que, en la sede de la Comisión, se haya desacreditado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con pruebas científicas descartó la tesis oficial del Estado.
Barrera Hernández añadió que hay 130 detenidos, y de ellos no más de 16 están vinculados con los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y no están acusadas de desaparición forzada, sino de delincuencia organizada a pesar de que hay videos y testimonios de que estuvieron involucrados policías y militares.
Además de las irregularidades en el proceso de investigación, donde se presumen actos de tortura, detenciones que no están relacionadas con este caso, el gobierno sigue sosteniendo que es la versión más consolidada.
En el informe del Estado también se informó que se había atendido el 94 por ciento de las recomendaciones del GIEI, y el defensor aseguró que también es una falacia, porque no han entregado resultados.
Las autoridades “le apostaron a dar un informe, dieron datos vacuos para sobrellevar 20 minutos que le tocaban y el último minuto para reivindicar su postura dura del caso Ayotzinapa, para seguir administrando el caso políticamente, y es lo más perverso”.
Aclaró que lo que las víctimas pelean a las autoridades encargadas de la investigación de delitos, es que las actuaciones estuvieron viciadas para fabricar culpables.
“Hay una postura política que ha defraudado a los padres y ha defraudado a la comunidad internacional, cuando en la sesión pública vuelve reivindicar la hipótesis del basurero de Cocula como la más consolidada. Tiran todo el trabajo riguroso, científico, de alto profesionalismo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y desautorizan la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
Para el gobierno, por encima de todo ese trabajo está su versión que construyó desde diferentes instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, denunció.
Ahora queda esperar la reunión con la CIDH y el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa en la Ciudad de México, con integrantes del equipo técnico.
De esta visita precisó que va más allá de que el gobierno declare que tiene disposición a seguir las líneas de investigación propuestas por el GIEI, sino que exprese apertura y voluntad, en la vía de los hechos, con resultados.
Mencionó que en la CIDH los padres y representantes hicieron solicitudes concretas: saber en qué fechas van a proceder contra los policías de Huitzuco y los policías federales implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuándo van a enviar los citatorios a los militares, en qué tiempo van a tener los resultados del análisis de la telefonía celular de los estudiantes desaparecidos y de los implicados, así como de la identificación de El Patrón y de El Caminante señalados en la investigación del GIEI, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los normalistas.
“Más allá de decir ‘sí queremos avanzar’, de manera concreta deben decir en qué tiempo habrá resultados en estos puntos”. Después, que se renueve el compromiso del gobierno de que hay una decisión firme del gobierno de llegar a la verdad.
Mientras tanto, dijo que los padres y madres están recibiendo información más completa de lo que significa la posición política que asumió el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para tener una valoración objetiva y al mismo tiempo puedan tener entrevistas y reuniones que serán en abril.
“El punto de la crisis está precisamente en que la PGR ha perdido credibilidad por estos manoseos, formas de investigar más centradas en el manejo faccioso de la escena de los hechos, creo que ese es el punto de discusión de fondo, y la importancia de que este mecanismo internacional ayude a desmantelar estos vicios de las investigaciones”, agregó.
“La ayuda internacional radica en que se obligue a las autoridades a corregir las inconsistencias, la falta de voluntad, porque sigue anclado a su verdad histórica, porque es la que más le acomoda a un gobierno que no quiere desarraigar la corrupción y los vicios de proteger a los responsables”, explicó.

 

Desechar la versión del basurero, pide en primera visita al país el mecanismo del caso Ayotzinapa

El Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo ayer su primera visita al país, y presentó su plan de trabajo para atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El presidente de la CIDH, James Cavallaro llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a desechar de una vez por todas la hipótesis de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, e insistió en que se entreviste al Ejército, en particular a los soldados del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche de los ataques a los normalistas en Iguala.
Durante la presentación el comisionado Enrique Gil Botero, relator para México y coordinador del mecanismo, advirtió que existen recomendaciones técnicas específicas emitidas por el GIEI que aún están pendientes de ser cumplimentadas.
“Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia”, dijo.
James Cavallaro agregó que precisamente llegar a la verdad sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es la principal deuda del Estado mexicano con los estudiantes, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
“El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula”, mencionó.

El plan de trabajo

El plan de trabajo del mecanismo de seguimiento contempla visitas oficiales a México de los comisionados de la CIDH en abril, junio y noviembre del próximo año.
Adicionalmente, en el mismo lapso, el equipo técnico que trabajará en el caso realizará otras cuatro visitas al País, además de que se realizarán sesiones públicas en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH.
Durante cada visita a México, tanto el quipo técnico como los comisionados tendrán la facultad de reunirse con los padres de los normalistas y sus representantes, así como con otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
También podrán sostener reuniones de alto nivel con representantes del Estado, y acceder al expediente del caso o cualquier otra fuente de información.
El Mecanismo Especial de Seguimiento se regirá por cuatro objetivos específicos: monitorear el avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los desaparecidos, asegurar la atención integral a las víctimas y familiares, e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
El mecanismo seguirá las recomendaciones del GIEI que más obstáculos han enfrentado del gobierno federal.
James Cavallaro destacó “la necesidad de unificar las investigaciones, de no seguir con la fragmentación y de investigar de forma integral”, dijo.
“Hay que seguir y conseguir las declaraciones testimoniales pendientes, hay muchos integrantes, por ejemplo, del Batallón 27 (del Ejército), hay que seguir buscando esas declaraciones”, demandó.
Resaltó la necesidad de continuar indagando los celulares de los normalistas que siguieron activos después del 26 de septiembre de 2014 y abundar en la línea de investigación del quinto autobús, relacionada con el tráfico de heroína a Estados Unidos.
La tortura que pudieron haber sufrido al menos 60 detenidos que mostraron lesiones corporales y el patrimonio de los presuntos responsables, fueron otros temas mencionados por Cavallaro.
“Hay que seguir investigando sobre la obstrucción de las investigaciones, el tema de qué pasó el día 28 de octubre de 2014, un día antes de que descubrieran los restos de uno de los normalistas”.
“¿Qué estaban haciendo agentes de la PGR (Procuraduría General de la República) un día antes sin registrar el hecho?, ¿qué está haciendo Tomás Zerón con un detenido que tenía varias lesiones corporales? Hay que investigar, tiene que haber consecuencias para ese tipo de actuación, ese es un tema que vamos a seguir?, adelantó.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao informó que para garantizar el funcionamiento del mecanismo, proyectado para operar hasta noviembre del próximo año, el Estado mexicano aportó 565 mil 236 dólares, recursos con los que se podrá contratar peritos especializados de acuerdo con las sugerencias del equipo técnico, que estará integrado de cinco personas adscritas a la Secretaría Ejecutiva del organismo.
El funcionario de la CIDH destacó que tras una revisión del expediente, la próxima semana “se estará enviando a las autoridades mexicanas las primeras observaciones de diligencias que se requieren hacer, y el Estado mexicano estará obligado a dar una respuesta sobre la realización de esas acciones”.
También destacó que entre las solicitudes de información que el Mecanismo de Seguimiento enviará al Estado mexicano se encuentra “por qué no hay una determinación oficial de la investigación que se abrió a Tomás Zerón”.
Abrao presentó un cronograma de actividades que iniciaron este jueves con el encuentro con las autoridades y la prensa, para continuar este viernes 11 con una visita a la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde presentarán el plan de trabajo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

“¿Habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?”, pregunta Cavallaro de los detenidos

El comisionado presidente de la CIDH consideró fundamental cambiar la narrativa oficial y dejar de buscar formas de reforzar la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No hay que seguir hablando de diversas líneas de investigación, hay que hablar de líneas factibles, esa no es factible”, expuso.
“Lo que entendemos nosotros es que no se ha, en todos los espacios del Estado, descartado de forma definitiva esta hipótesis, y nuestra posición es la posición del GIEI, una posición basada en estudios científicos que demuestra la imposibilidad (de la incineración de los jóvenes en el basurero)”.
De no descartar esta teoría, dijo que se reduce la urgencia de investigar por qué seis detenidos, quienes además presentaban signos de tortura, declararon algo falso.
“Si eso no pasó corresponde la pregunta ¿por qué seis personas dieron declaraciones en ese sentido?, ¿qué habrá pasado? Bueno, varias de esas personas sufrieron lesiones corporales, graves en algunos casos.
“¿Por qué?, ¿habrá habido presiones?, ¿habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?, ¿y si se siguieran esas líneas de investigación se pudiera llegar a la posible obstrucción de justicia y a nuevas teorías de por qué habría interés en no seguir ciertas líneas?”, planteó.
Enrique Gil Botero quien coordinará el mecanismo de seguimiento destacó que entre los puntos mencionados por Cavallaro se concentran más de 200 líneas de investigación pendientes de explorar.
“O sea que hay mucho material probatorio en ciernes o que abre hipótesis probatorias que no se han explorado”, explicó.

La PGR ha cumplido 93% de las recomendaciones del GIEI, informa el gobierno federal

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián afirmó que hay plena disposición del gobierno federal para trabajar con el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa.
En la Segob el funcionario dijo que así se lo hicieron saber a Gil Botero y James Cavallaro.
Comentó que los objetivos específicos serán profundizar las labores de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, avanzar en la investigación ministerial y en las tareas de atención a las víctimas.
“Sabemos que es un elemento importante porque significa esperanza para los padres (de las víctimas) y por ello lo vemos con toda seriedad en el gobierno de México”, añadió.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la PGR se señaló que en la primera reunión de trabajo entre el coordinador del mecanismo el comisionado Gil Botero, y representantes de “alto nivel”, se informó que “hasta el momento la Procuraduría ha dado cumplimiento a 93% de las recomendaciones que en su momento hiciera el GIEI, y que la indagatoria continúa siguiéndose en todas las líneas de investigación, sin excluir ninguna de ellas”.
Según la comunicación oficial, se notificó al relator de México sobre “el uso de tecnologías avanzadas para la realización de nuevos operativos de búsqueda, y las medidas tomadas hasta ahora para atender integralmente a las víctimas”.
Se indica que en el encuentro “se reafirmó la voluntad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo para continuar trabajando en la atención del presente caso, sino también en lo que se refiere al seguimiento a las recomendaciones de la CIDH que resultaron de su visita en 2015, así como a otros casos pendientes ante la Comisión, con miras a identificar aquellos susceptibles de solución en el mediano plazo, de conformidad con los estándares internacionales”.
Las dependencias sostuvieron en su comunicado que la primera visita del mecanismo de seguimiento “es una muestra no sólo del compromiso para fortalecer la cooperación con la Comisión y con el relator Gil Botero, sino también para atender de manera efectiva el caso Iguala, privilegiando la interlocución que el gobierno de la República ha establecido con los familiares de las víctimas y sus representantes”.

Piden 11 organizaciones internacionales a Peña Nieto cooperar con la CIDH

Once organizaciones internacionales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto la cooperación plena del Estado mexicano con el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
“Creemos que es de suma importancia que el mecanismo cuente con la plena cooperación del Estado mexicano para que no enfrente obstáculos en su trabajo como los que experimentó el GIEI durante su mandato”, dicen en la misiva.
“El mecanismo especial es una oportunidad más para que el gobierno mexicano demuestre su compromiso con la verdad y justicia en el caso”, afirmó Maureen Meyer, coordinadora del programa para México de WOLA.
“Mientras México no resuelva el caso Ayotzinapa a través de una investigación profesional, seria y confiable, la atención mundial seguirá puesta sobre la voluntad y capacidad del gobierno mexicano para encontrar a los estudiantes y sancionar a los responsables”, advirtió.
Las organizaciones entre las que se encuentran la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el Robert F. Kennedy Human Rights, demandaron que se investigue a fondo a funcionarios que pudieron participar en la obstrucción de justicia.

Piden al gobierno alemán que incluya la desaparición forzada en la agenda de la visita del presidente Peña

 

En vísperas de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Berlín, el 11 y el 12 de abril, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exigió que en su agenda incluya la desapareción forzada y, como ejemplo emblemático, el caso de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En una carta abierta fechada en Stuttgart, Alemania, los firmanes exigieron al presidente Joachim Gauck, y la canciller federal Angela Merkel, que en la visita del presidente de México incluyan en la agenda a los derechos humanos.
Indicaron que la crisis de derechos humanos “ha adquirido dimensiones catastróficas en este país, pues cifras oficiales mencionan que se desconoce el paradero de casi 27 mil personas”.
Sin embargo, denunciaron que las autoridades casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes, por ejemplo, de la “inacción” gubernamental señalaron el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre del 2014.
Recordaron que la desaparicion forzada de 43 normalistas reveló la colaboración entre las autoridades estatales y el crimen organizado, y “desató un gran desconcierto en México y a nivel internacional”.
Pero precisó que el caso es, “sólo la punta del iceberg” de este grave problema, y sólo ante la presión internacional las autoridades mexicanas comenzaron una investigación con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), subsdidiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Destacaron que el Grupo presentó una serie de resultados que refutaron la tesis principal de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el destino de los normalistas, que sigue sin ser aclarado.

El caso Ayotzinapa y las armas alemanas exportadas ilegalmente

Aunque no lo precisan, el caso Ayotzinapa también fue vinculado a la exportación ilegal de armas de Alemania, que policías usaron contra estudiantes de Ayotzinapa en un desalojo en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011, con un saldo de dos estudiantes muertos, y en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecidas 43.
Se trata de la entrada de 9 mil 652 fusiles de asalto G36 alemanes a Guerrero, entregados a policías entre 2006 y 2009, pese a las prohibiciones de venta de este tipo de armas a estados en conflicto, ante las constantes violaciones a los derechos humanos.
Investigaciones alemanes han dado cuenta del uso de estas armas para reprimir movimientos sociales y estudiantiles, y señalaron el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, encontrado con el rostro desollado pocas horas después de los ataques del 26 de septiembre.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México señaló que, tras los hechos de Iguala, en México se perdió la confianza en las instituciones estatales, porque las desapariciones, afirmó, “no únicamente” están relacionadas con el crimen organizado.
Afirmaron que también las fuerzas estatales de seguridad “son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México”.
Informaron que la corrupción, “alcanza niveles más altos en la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.
También denunció detenciones arbitrarias y tortura ejercidas por policías y soldados, “so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.
Señalaron que, a través de la tortura se consigan las confesiones de delitos, y así se agilizan las averiguaciones; y los polícias y militares que torturan no temen a ser acusados porque, en la mayoría de los casos, la víctima permanece en la cárcel, a pesar de la falta de evidencias del delito.
Señalaron que a partir de la presión internacional, el gobierno mexicano presentó un bosquejo de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas, que no corresponden con los estándares internacionales, y rechaza las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y Comités de las Naciones Unidas, para la mejora de la situación de derechos humanos en México.
Así, se atacó y difamó a expertos como el Relator Especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez, y a los integrantes GIEI, que señalaron irregularidades de la administración estatal.
Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Peña Nieto promociona la inversión de mercados internacionales y promueve nuevas leyes en áreas de energía, minería, extración de gas y petróleo, que tendrán repercusiones considerables en unas 32 mil comunidades agrícolas en México, y en las casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales.

No hay en México mecanismos de protección a periodistas y defensores, acusan

Asimismo, informaron que defensores de derechos humanos y periodistas, que señalan las irregularidades y exigen cambios, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato, y no existen mecanismos de protección suficiente a periodistas amenazados como indican los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos.
De acuerdo con la clasificción mundial de la libertad de prensa, de Reporteros sin Fronteras, México es el quinto país en asesinatos de periodistas, y la organización Artículo 19 tiene a la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero como las entidades mas peligrosas para ejercer el oficio de informar.
Asimismo, exigeron que Alemania pida mejoras de la situación de derechos humanos a Peña Nieto, y en particular en la creación de leyes para que las iniciativas contra la tortura y desapariciones forzada correspondan con los estándares internacionales, y que se disponga de mecanismos efectivos de participación y monitoreo de la sociedad civil, y de las asociaciones de víctimas en la realización y aplicación de estas leyes.
De igual manera, solicitaron que en la práctica se garantice el derecho a las comunidades indígenas de su consentimiento, libre, previo e informado en la planeación y desarrollo de megaproyectos, como está establecido en el Convenio 169 de la OIT, y que se fortalezca el Mecanismo de Protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, basándose en las recomendaciones de la sociedad civil.

Es irresponsable y no busca la verdad, dice Amnistía Internacional de la investigación sobre Ayotzinapa

La investigación de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es deficiente, inició tarde y se ha manejado de manera irresponsable sin que se dirija a determinar la verdad de lo sucedido, advierte Amnistía Internacional, en su informe Un trato de indolencia: la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, que presentó en la Ciudad de México el jueves pasado.
La organización internacional considera que la impunidad que está prácticamente garantizada a las personas responsables de estos delitos, “es un fuerte incentivo para que se sigan cometiendo”.
El organismo presentó el informe la mañana del jueves en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, en el que además del caso de los normalistas, incluyó el de la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde hay más de 350 desaparecidos; ahí estuvieron padres de los desaparecidos.
En ambos casos, el organismo afirmó que las autoridades se limitan a algunas acciones “con poca utilidad” en la investigación, porque sólo se trata de “un formalismo que parece destinado, de antemano, a ser infructuoso”.
El caso de los hechos ocurridos en Iguala, donde policías detuvieron y desaparecieron a estudiantes de Ayotzinapa fue incluido porque Amnistía Internacional consideró que muestra las magnitudes hasta las que puede llegar la desaparición forzada en el país, las formas de reacción del Estado mexicano y las afectaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Sobre el caso de los normalistas, que es considerado internacionalmente como “de alto perfil”, consideran que las autoridades mexicanas han dado muestras de incapacidad para dar respuestas solidas e institucionales que garanticen encontrar la “verdad y justicia”, porque sigue sin asumir su responsabilidad de buscar exhaustivamente a los desaparecidos.
En este caso consideraron en el informe que la investigación es deficiente y las autoridades han mostrado resistencia para incorporar todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hizo un análisis técnico de la investigación, a pesar de que en muchos de los casos de desapariciones, las víctimas fueron vistas por última vez cuando eran detenidas por la policía o el Ejército.
Sin embargo, en México no hay un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y “lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas”, se lee en el documento.
Además, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales, por lo que la búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza o nunca llega a ponerse en marcha, y en las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados, concluye Amnistía Internacional.
En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, afirman que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial y se empeñó en seguir una sola línea de investigación, la de que los estudiantes habían sido detenidos por la Policía Municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero de basura local.
La versión del basurero de Cocula fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.
Amnistía Internacional señala que “la deficiente investigación” no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad, los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental.
Las “ineficiencias” de las autoridades obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a los desaparecidos.
Amnistía Internacional consideró que los defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas, porque están sobrepasadas de casos que les resulta inmanejable, además de la continua rotación del personal.
De los dos casos abordados en el informe, Amnistía Internacional considera que deben ser reconocidos por el Estado y las víctimas deben recibir una reparación integral que les restituya en la medida de lo posible los derechos violados, pero de manera contraria el organismo encontró que las autoridades dan un trato “deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos”.
Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América afirmó que las autoridades han manejado con total irresponsabilidad la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con lo que “ponen de manifiesto el desprecio absoluto por la dignidad y los derechos humanos”.

Exigen que la anunciada ley general de desapariciones vaya más allá de la sanción penal y abarque la asistencia a las familias

En el informe, apuntan que una madre de un desaparecido definió el trato recibido como de indolencia, “de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan”.
Amnistía Internacional abunda que los familiares de los desaparecidos enfrentan “serias dificultades” materiales y deben asumir una serie de cambios en su forma de vida, incluyendo nuevas actividades, tomar otros empleos para poder sostenerse, o dejar sus empleos u otras actividades económicas para poder dedicarse a la búsqueda de su familiar desaparecido, e incluso se ven forzadas a cambiar de lugar de residencia por miedo a represalias de los probables perpetradores de la desaparición.
Por los problemas económicos que enfrentan las familias de las personas desaparecidas están en constante riesgo de perder su patrimonio, incluyendo su vivienda, sin que la legislación actual garantice la protección de sus derechos.
En la presentación del informe exigieron que la anunciada ley general sobre desapariciones que regulará la actuación de todas las autoridades mexicanas (federales, estatales y municipales) contemple la complejidad del fenómeno y que vaya más allá de la sanción penal y abarque medidas de asistencia a las familias, una declaración de ausencia para proteger a la persona desaparecida y su familia, y medidas de reparación integral, entre otras.
Apuntan que la comunidad estudiantil de la Normal es afectada por la desaparición forzada de sus compañeros de estudio, lo que ocasionó “un profundo impacto”, principalmente a los sobrevivientes de los ataques que son víctimas directas.
Por lo que consideran que es fundamental que el Estado mexicano reconozca dicha calidad de víctimas y establezca medidas de reparación integral que tomen en cuenta las necesidades y particularidades de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Las recomendaciones

En el informen proponen tipificar, conforme a los más altos estándares internacionales, la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos autónomos en la ley general sobre desaparición, de modo que se garantice que todas las denuncias por desaparición se investiguen exhaustivamente, con independencia de quién sea el presunto autor y que el delito de desaparición forzada sea investigado y sancionado cuando haya indicios de implicación de agentes estatales.
Así como reconocer la obligación de iniciar de oficio y sin dilación alguna la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a través de un procedimiento establecido en consulta con expertos, organizaciones de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas. Se deberán activar métodos específicos para reaccionar lo antes posible dentro de las primeras 72 horas de la desaparición, pero la búsqueda deberá continuar hasta establecer plenamente la suerte o paradero de la víctima.
También investigar de forma “pronta, exhaustiva e imparcial” todos los casos de desaparición y desaparición forzada de personas en el país, y reconocer y permitir la participación de familiares de desaparecidos en las investigaciones, proporcionándoles información actual y veraz sobre la misma, y permitiendo que aporten información, sugieran líneas de investigación y pidan probanzas.
Que las autoridades no deben trasladar a la familia la carga de la investigación del caso.
Adoptar disposiciones legales detalladas con respecto a la declaración de ausencia y a la extensión de derechos de las personas desaparecidas, que tenga efectos claros en la protección de la personalidad jurídica y otros derechos de la persona desaparecida y la protección de su patrimonio y el de su familia.
Una vez iniciado el proceso de declaración de ausencia se deberían suspender las obligaciones a cargo de la persona desaparecida, incluyendo la generación de intereses por deudas de cualquier especie, a su favor.
Que los proceso y todos los trámites sean sencillos, accesibles y gratuitos, garantizar reparaciones integrales a las víctimas, que tomen como base estándares internacionales y consideren la particularidad de las víctimas, incluyendo medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición, derecho a la verdad y a la memoria histórica.
En el informe, recuerdan que en 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) creó una fiscalía especializada para casos de personas desaparecidas; pero aún no se han asegurado los recursos necesarios para garantizar su efectividad y que sus funcionarios rindan cuentas periódicamente sobre su actuación.
Apuntan que, del registro de desapariciones forzadas que tienen, el 46.5 por ciento de los casos reportados han ocurrido bajo la actual administración presidencial, 3 mil 425 sólo en 2015.

No son de normalistas los cuerpos hallados en Cocula por la Unidad Especializada para Ayotzinapa, informan

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informaron que, con base en información extraoficial que se les dio a conocer, los dos cuerpos que fueron hallados cerca del basurero de Cocula por la Unidad Especializada de Investigación del caso Ayotzinapa, son de una mujer y a un hombre mayor, que habrían sido asesinados e inhumados hace aproximadamente dos años.
En estas páginas se dio a conocer que el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra informó que entre el 11 y el 13 de diciembre, cerca del basurero de Cocula, en un sitio conocido como Canal Grande, integrantes de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa encontraron restos de dos cuerpos en cuya identificación participa el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Consultado sobre este hallazgo, un integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala dio a conocer que fuentes extraoficiales les confirmaron del hallazgo de los dos cuerpos por la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa.
Informó que de los cuerpos hallados uno corresponde a una mujer y el otro a un hombre mayor, y que ambos tenían cerca de dos años de haber sido inhumados, por lo que no se descarta que sean de familiares de miembros del Comité de Los Otros Desaparecidos.
Confirmó que esos dos cuerpos no están entre los cinco que ellos hallaron y que fueron exhumados de tres fosas por peritos y antropólogos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Barranca de la Carnicería, ubicada a 1 kilómetro y medio del basurero de Cocula, exhumaciones del 5 y el 12 de enero.
Solo informó que el Canal Grande está cerca de la zona del basurero y la Barranca de la Carnicería de Cocula, pero los hallazgos realizados por ellos son diferentes a los hechos por la Unidad Especializada para el caso Ayotzinapa.
El 5 de enero, la PGR exhumó de dos fosas cuatro cuerpos en la Barranca de la Carnicería, y el 12 de enero recuperó un cuerpo más a sólo unos metros de los anteriores hallazgos.
En casi 14 meses, familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala han hallado unas 90 fosas clandestinas de las que la PGR ha exhumado 121 cuerpos, y de los que sólo 15 han sido identificados y entregados a sus familiares.