Luis Daniel Nava

Chilapa

Ayer se informó que Ranferi Hernández, su esposa, suegra y ahijado fueron torturados y ejecutados, según los dictámenes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“Han pasado ocho años del asesinato y aún con la llegada de los gobiernos de la cuarta transformación se encuentra en total impunidad”, pronunciaron familiares en un emotivo mitin.
Activistas, defensores de derechos humanos, maestros y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos coincidieron en que hay un sistemático exterminio de dirigentes sociales por parte del Estado.
El caso más reciente es el asesinato de Marco Antonio Suastegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), cometido en abril pasado en Acapulco.
Este martes se cumplieron ocho años del asesinato del ex diputado local, ex presidente del PRD y ex dirigente social, Ranferi Hernández Acevedo (64 años); su esposa Lucía Hernández Dircio (60 años); su suegra, Juanita Dircio Barrios (94 años) y su ahijado Antonio Pineda Patricio (27 años).
El punto de reunión fue en la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo cerca de la comunidad de Nejapa, donde la noche del 14 de octubre de 2017 los cuerpos de las cuatro víctimas fueron halladas dentro de una camioneta incendiada.
En las cruces les fueron dejadas flores de cempasúchil, calabaza, tlaxcales dulces de maíz y elotes hervidos.
Lo que parecía ser una conmemoración con pocos participantes se convirtió en una exigencia de justicia de más de 100 almas, en una zona marcada por la violencia criminal.

Hay una clara colusión de autoridades y criminales, señala Diana Hernández

Diana Hernández Hernández, hija del dirigente social, pronunció que han pasado ocho años del asesinato de sus familiares y que aún con la llegada de gobiernos de la cuarta transformación que enarbolan un discurso de justicia social, el multi homicidio se encuentra en la total impunidad.
A nombre de la Organización Campesina Vicente Guerrero, que fundó su padre, indicó que la Montaña baja es una región donde los crímenes tienen marca registrada y que hay una clara colusión de autoridades con los criminales.
“Es una zona gris donde se cometen asesinatos y desapariciones forzadas sin que nadie investigue nada, y tampoco hay ninguna autoridad ni fuerza de seguridad que busque frenar esta situación”.
Indicó que desde la década de 1960 hay violencia contra los movimientos de resistencia en Guerrero, para eliminar a los luchadores sociales que alzan la voz contra la explotación, el saqueo de los recursos naturales y los poderes caciquiles.
Mencionó los crímenes contra Miguel Ángel Mesino, Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez Flores, Rocío Mesino Mesino, Luis Olivares Enríquez, Arnulfo Céron Soriano y Marco Antonio Suástegui Muñoz, todos asesinados.
De la investigación del caso de sus familiares informó que abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) los dictámenes de estudios traumático de evidencia biológica y no biológica, ampliación del dictamen de antropología forense, examen médico legal relativo al protocolo de autopsia y el dictamen de hallazgos del vehículo.
“Los resultados prueban que nuestros familiares fueron torturados y que fueron ejecutados extrajudicialmente. Muestran el grado de crueldad con la que actuaron los perpetradores de este deleznable crimen de Estado, quienes se sienten impunes ante gobiernos”.
Llamó a los gobiernos estatal y federal, así como a la FGE a actuar y frenar la impunidad.
Abel Barrera Hernández, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, dijo que a los guerrerenses los une el dolor y la tragedia, pero también la indignación y la dignidad”.
Recordó que Ranferi Hernández enfrentó a los caciques, “se forjó a la buena y a la mala, hecho y derecho, cabrón, celoso de la ley y ante todo aguerrido”.
También se dirigió a la nueva clase política:
“La regresión democrática nos está carcomiendo la dignidad de ciudadanos y ciudadanas”.
“Ranferi también se ilusionó de que probablemente los cambios iban a cimbrar a los cacicazgos, las estructuras del poder, que la Fiscalía se iba a sacudir de esa corrupción, pero nada fue tocado, todo el sistema de prebendas, cochupos y de corruptelas está intacto”.
“Se cambió de camiseta, de discurso y de narrativa, pero el dolor sigue, el abandono sigue, la violencia sigue, los caídos siguen”.
El cambio, remató, fue de nuevos buitres en el poder.
Abel López, dirigente de la Organización Campesina Vicente Guerrero, que fundó Ranferi en 2015, señaló que Rubén Figueroa nunca perdonó la lucha de Ranferi Hernández para deponerlo de la gubernatura tras la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, en 1995.
Mencionó que Marco Antonio Suástegui en ese mismo lugar de Chilapa azotó su machete para pedir justicia para Ranferi, y ahora están pidiendo justicia por él.
“Los asesinatos selectivos contra dirigentes sociales no son cosa del pasado, sino una realidad que se sigue padeciendo”.
La líder de la emblemática Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino expresó su solidaridad a la familia y a la organización.
Dijo que tras la masacre de 17 campesinos de Aguas Blancas en 1995, Ranferi no dudo de estar del lado de las víctimas, familiares, sobrevivientes y desplazados.
“No permitamos que gane el olvido en estos actos de impunidad”, pidió.
Estuvieron el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez Adame; la activista y viuda del diputado local Armando Chavarría, Martha Obezo Cázares.
Bernabé Abraján Gaspar, en representación de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; Raymundo Díaz Taboada, coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en Acapulco, familiares de las víctimas e integrantes de la Organización Campesina Vicente Guerrero, que fundó Ranferi Hernández en su municipio, Ahuacuotzingo.
Además, Heriberto Procopio Salazar, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) acompañado de una comitiva de maestros; Gonzalo Martínez Villagrán, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el morenista Antonio Pérez Díaz.
En el acto se repartieron copias de un grabado del artista David Juvenal. En el gráfico aparecen en una especie de fotografía de retrato Ranferi, Lucía, Juanita y Antonio.