La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó su postura de acompañar a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, al tiempo que el expresidente del organismo, James Cavallaro cuestionó al Estado mexicano por la falta de sanción a Tomás Zerón de Lucio por obstruir las indagatorias.
En la audiencia pública de revisión del Mecanismo de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, durante el 165 periodo de sesiones de la CIDH en Montevideo, Uruguay, la jamaiquina May Macaulay, quien presidio la audiencia, y el colombiano Luis Ernesto Vargas sostuvieron su respaldo a los padres de los 43, representados por Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez y Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, quienes manifestaron su confianza en el organismo.
Fue Navarrete quien llevó a la audiencia el tema de Tomas Zerón, al mostrar una impresión magnificada de una nota periodística sobre las declaraciones del actual secretario técnico de Consejo de Seguridad Nacional (CSN), tras la última visita del Mecanismo a cargo de la comisionada Esmeralda Arozamena en agosto pasado.
En esas declaraciones, Zerón de Lucio insiste en que a tres años de la desaparición de los estudiantes, las investigaciones de la PGR no muestran una línea distinta a la versión oficial, en cuya elaboración él participó mientras estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.
“¿Qué es para ustedes ese señor?, ¿qué han hecho para callarlo?, ¿están de acuerdo con él o qué influencia tiene en la Procuraduría?”, lanzó Navarrete ante los representantes del Estado mexicano, encabezados por los subsecretarios de la Cancillería y de Gobernación, Miguel Ruiz Cabañas y Roberto Campa Cifrián.
El representante de los 43 padres de familia reprochó que admitir las declaraciones de Tomás Zerón es una burla para ellos y la CIDH, “es querer pasar por encima de la investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)… no existen evidencias que sustenten su supuesta ‘verdad histórica’”, además de que con ello se causa daño a los padres y madres de las víctimas.
Tras expresar su empatía con las víctimas, Macaulay pidió a los padres confiar en que la CIDH “va a seguirlos acompañando en su lucha” por encontrar a sus hijos, en tanto que advirtió en tomar medidas ante las declaraciones de Zerón, ya que “lo que se publica en medios exacerba a los familiares”.
El estadunidense James Cavallaro, ex presidente de la CIDH y promotor del GIEI, fue más allá al cuestionar la permanencia de Zerón de Lucio en la administración de Enrique Peña Nieto, pese a que persisten sospechas sobre su actuación irregular en el caso, pues se presume que sembró pruebas para sostener la versión de que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos.
Al preguntar a los representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre las evidencias encontradas por el GIEI de malos tratos y tortura a 77 por ciento de los detenidos por el caso Ayotzinapa, el comisionado recordó que en la investigación del visitador César Chávez, quien fuera cesado por la PGR, se advertía la virtual responsabilidad de Tomás Zerón en sustraer de manera irregular a un detenido que presentaba “40 lesiones corporales”, en el operativo del río San Juan, el 28 de octubre de 2014, no registrado judicialmente.
Para Cavallaro el esclarecimiento de los casos de tortura podría dar luz sobre el destino de los estudiantes, situación que funcionarios del Estado mexicano han pretendido ocultar.
El comisionado Luis Ernesto Vargas lamentó que “el GIEI haya tenido más claridad, haya aportado más elementos jurídicos que el Estado que, o no quiere investigar o es por incompetencia”, ya que es inconcebible que después de tres años no se conozca el grado de responsabilidad de elementos de la fuerza pública.
Vargas, quien forma parte del Mecanismo de Seguimiento, reiteró a los representantes de los padres de las víctimas que “la CIDH no los va abandonar, es un desvelo de toda la comisión, vamos a estar presentes, porque es inconcebible que a estas alturas no sepamos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública, a tres años y unas semanas que no sepamos su grado de responsabilidad”.
En tanto la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño solicitó “al menos” el mapa de fosas clandestinas ubicadas en Guerrero con tecnología LIDAR, y recordó que había requerido en su última visita a México, en agosto pasado, el mapa de las fosas de todo el país, o por lo menos de las entidades donde el problema de desapariciones es más grave.
Cuestionó que no se tengan resultados efectivos en el tema de telefonía celular, una vez que “ya se identificó que al menos los equipos de nueve muchachos siguieron activos, si se siguera al menos esa ubicación, seguramente se tendrían datos de qué pasó con los chicos”.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre resaltó que la PGR “fracasó en hacerle rendir cuentas (a Zerón de Lucio), pues si bien el proyecto de visitador concluía con una trascendencia penal, (César Chávez) fue separado de su cargo y se emitió una resolución que convalida las irregularidades”.
Al destacar que ante el juicio de amparo iniciado por los padres por la resolución de la PGR, esta dependencia ha litigado en contra del instrumento, Aguirre mencionó que el cargo de Zerón es un nombramiento presidencial.
Ha analizado más de 5 mil líneas telefónicas e identificado 276 sitios en los que podría haber fosas clandestinas, responde el Estado
La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías citó el comunicado de prensa 231/2017, en el que se señala que, sobre el tema Ayotzinapa, “el único canal de comunicación es la PGR”, en tanto que de las decenas de detenidos sólo 39 accedieron a que se les aplicara el Protocolo de Estambul para confirmar actos de tortura, de los que “sólo dos han resultado positivos y el resto negativos”.
El responsable de la Oficina Especial para el caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal aseguró que se ha hecho análisis a más de 5 mil líneas telefónicas, entre ellas las de funcionarios públicos y policías, en tanto que se han identificado 276 sitios en los que podría haber fosas clandestinas.
Higuera Bernal dijo que debido a los daños que el sismo del 19 de septiembre causó al edificio de la PGR, el trabajo de investigación se complicó, aunque continuaron los interrogatorios.
En la Ciudad de México el director del Centro Prodh, Mario Patrón reprobó que el Estado mexicano recurra a los efectos del sismo del mes pasado para tratar de justificar la falta de avances en la investigación.
“Mientras que no haya policías de Huitzuco y policías federales detenidos, o no se conozca el grado de participación de miembros del Ejército en los hechos, no se puede hablar de avances”, alertó.
El Estado administra el caso con fines políticos y encubre a funcionarios, señala Tlachinollan
Después de la audiencia el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña en la defensa legal a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, consideró que “el Estado Mexicano sigue administrando el caso con fines políticos ajenos a los afanes de justicia de las víctimas, dado que en cada audiencia o reunión dosifica la información y los avances que presenta”.
En un boletín de prensa dice que “tenemos la convicción de que la Procuraduría encubre a funcionarios que obstruyeron la investigación como Tomás Zerón de Lucio, cuando otros funcionarios como el fiscal electoral son sancionados sin más por la PGR”, dice en referencia a la destitución de Santiago Nieto Castillo.
Informa que los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos rechazaron que exista un avance del 70 por ciento en las investigaciones del caso, como dice la PGR, y demandaron al Estado mexicano que deje de mentir y de burlarse de los familiares de los jóvenes, durante la tercera audiencia pública del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa.
Afirma que en la reunión se demostró que el caso Ayotzinapa sigue estancado, pues “el Estado no ofreció mayores avances en las indagatorias. De acuerdo a un cronograma que el mismo Estado entregó a la CIDH en anteriores reuniones, en octubre de este año deberían estar dilucidados los once temas allí establecidos”.
Menciona que estos temas comprenden las cuatro líneas de investigación que planteó el GIEI y que los padres y madres de los 43 exigen esclarecer.
“Sin embargo en la audiencia quedó evidenciado que el Estado mexicano no ha detenido a ningún policía de Huitzuco ni de la Policía Federal, no ha responsabilizado a ningún militar, ni ha avanzado en fincar responsabilidad a las autoridades de Guerrero”, señala.
Informa que la Comisión mostró su preocupación por los pocos avances en las investigaciones, urgió al Estado a investigar y sancionar a los funcionarios que incurrieron en actos de tortura a los detenidos.
Blanca Luz Nava, madre de Jorge Álvarez, narró durante su participación que viven con desesperación e impotencia y criticó la postura del gobierno quien el pasado 26 de septiembre dijo que había un avance del 70 por ciento, lo que tachó de mentira, “si así fuera ya estuvieran diciendo el paradero, ya tuvieran cuando menos la pista de dónde podrían estar… se han burlado desde un principio, cada mentira que sacan es destruirnos más a la familia, no se tientan el corazón para decir una mentira, nos están matando poco a poco”, se lee en la misiva.
