Sancionar a quienes impidan el acceso a la información del caso, pide la ONU-DH

Víctor Osorio / Agencia Reforma

Ciudad de México

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideró necesario sancionar a quienes hayan impedido el acceso a la información en las indagatorias para esclarecer el caso Ayotzinapa.
En un pronunciamiento con motivo del noveno aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, la instancia refrendó su solidaridad con los familiares.
Destacó el trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), al tiempo urgió a consolidar los avances en las investigaciones.
“Para la ONU-DH es fundamental que los avances se consoliden y expandan, hasta lograr esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes y fortificar las investigaciones y procesos judiciales en curso”, sostuvo.
“Lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no sólo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”.
La ONU-DH recordó que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en julio de este año, advierte sobre la negativa de algunas corporaciones civiles y militares a entregar toda la información disponible sobre el caso.
Sin embargo, remarcó, sólo se alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa.
“Los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza. Por el contrario, es preciso encontrar vías que sostengan y fortalezcan el valioso proceso de diálogo que se ha impulsado entre diversos actores, incluidos los padres y madres de los estudiantes”, afirmó.

 

Ahoga el presupuesto de universidades como la de Guerrero el pago de prestaciones, informa la SEP

El director de Subsidio a Universidades de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Horacio Guillermo Díaz Mora dijo que el cumplimiento de las prestaciones laborales ahoga los presupuestos de universidades como la de Guerrero.
Antes de la clausura del Congreso Nacional de Universidades, De cara a la transparencia y rendimiento de cuentas, que cerró el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, el funcionario federal dijo que las fuentes de financiamiento de las universidades son “endebles” y sus compromisos laborales las están “ahogando”.
Díaz Mora indicó que serán las universidades las encargadas de informar si los gobiernos estatales entregan sus aportaciones, con la finalidad de “invitarlos” a que lo hagan en tiempo y forma, pues tal información debe ser entregada a órganos fiscalizadores que se los exigen.
En su ponencia, Normatividad aplicable al subsidio federal, dijo que el mayor problema en los informes de instituciones públicas, radica en la comprobación por entrega de subsidios que otorgan los gobiernos estatales.
“Los gobiernos de los estados, e incluso la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros nos llamó fuertemente la atención porque no tenían los comprobantes en la recepción del recurso que ellos transferían (…) y se emitió una nueva disposición por parte de la Oficialía Mayor, y ahora los gobiernos de los estados, de manera anticipada la recepción del recurso, tienen que entregar su recibo o factura correspondiente”, señaló en su participación, en un salón del hotel Princess, en la zona Diamante de Acapulco.
Recordó que en 1970 las universidades contaban con subsidios sobrados, “y todavía están sobradas en recursos”, opinó sobre los presupuestos actuales, sin embargo  reclamó que, “lo que hacen las universidades con esos remanentes de no ocupar toda la plantilla académica y administrativa, es pagar las prestaciones que no reconoce la Secretaría, pagar los regímenes de pensiones y jubilaciones, porque el dinero no les alcanza, el dinero no sobra en las universidades ya en este momento, al contrario, falta. Esa fuente de financiamiento endeble está ahogando a las universidades”.
Señaló que la falta de recursos es el cúmulo de los paternalismos que datan de 1970, cuando los gobiernos cumplían a los sindicatos todo lo que exigían, y aún lo hacen. Asimismo, dijo que si no es posible erradicar los vicios, al menos se deben ir acotando.
Dijo que “por indicaciones” y con el fin “de que los convenios de apoyo financiero se cumplan a cabalidad”, se estableció un programa que comenzará a operar en 2018 para dar seguimiento a los recursos federales y que éstos se entreguen de manera oportuna.
“La parte que nos causa dificultades es que el gobierno del estado entregue ese recurso federal a las instituciones, sin embargo no sabemos si la parte estatal la entregan en tiempo y forma no tenemos manera de fiscalizarlo”, señaló Horacio Guillermo Díaz.
“Establecimos un programa… donde las chismosas van a ser las universidades, ‘dime cuándo te llegó tu subsidio federal y el número de CLC… pero ahora también quiero que me digas cuándo te llegó el estatal’. Nosotros no somos fiscalizadores, simple y sencillamente vamos a invitar a que se cumpla; y que si los órganos fiscalizadores nos piden información, contemos con ella”, puntualizó.
Reflexionó acerca de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para que no solamente invite a cumplir a las instituciones con la ley, sino a que destacó que una contraparte está en personas que cada vez se exigen más, se quejan y están hartas.
Consideró que en el corto plazo, todas esas leyes que exigen mayor transparencia van a surtir el efecto que la población desea, y “el ingreso se va a aplicar en lo que realmente debe aplicarse”, lo que generará ahorros y una fortaleza financieramente hablando en el país.

Son las jubilaciones un “problema fuerte” igual que las clausuras, indica Saldaña Almazán

En su mensaje de clausura, el rector Javier Saldaña dijo que las jubilaciones son un “problema fuerte” para la UAG, al igual que las clausuras son gastos que representan perdidas a las instituciones a las escuelas y a los padres de familia.
Saldaña Almazán expresó que las jubilaciones en la universidad están limitadas y se hacen efectivas sólo en personas que tienen problemas de salud, porque no hay dinero para jubilar ni para pensionar.
“Afortunadamente, este año nos aprobaron 700 millones en el presupuesto, que eso nos va a ayudar mucho”, dijo, aunque no especificó en qué.
El rector advirtió que con los sindicatos seguirá haciendo conciencia y racionalizando los recursos.
“Es el tema que está agobiando y que algunas universidades las van a cerrar, es el tema de las jubilaciones. Las prestaciones a los sindicatos, algunas universidades no van a aguantar este tema y tiene que haber un cambio, un acuerdo entre las universidades y los sindicatos, porque definitivamente tenemos que cambiar. No puede el subsidio universitario estar solamente orientado a pagar prestaciones salariales”, indicó.
Pugnó porque se apliquen los descuentos por faltas a los trabajadores, y puso como ejemplo 200 faltas de maestros de la Unidad Académica de Contaduría que no se hicieron efectivas.
También dijo que han prohibido las clausuras, y que si algún director decide hacerla sabrá cómo pagarla, puesto que la universidad no ejercer recursos para actividades “suntuosas”.
Mencionó que durante distintas reuniones en materia de transparencia a las que acudió acompañado por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, ha sido testigo de la presentación de proyectos de ley relacionados con la educación y la rendición de cuentas.

La experiencia de la Universidad Baja Autónoma de Baja California

La experiencia de la Universidad Autónoma de Baja California en materia de transparencia y rendición de cuentas, fue expuesta por la encargada de ese departamento, Olga Minerva Castro Luque, quien hizo una exposición desde sus inicios hasta los resultados en la actualidad, como primera institución de educación pública con resultados en ese rubro.
Señaló que la transparencia es un ejercicio de “voluntad”, y sugirió establecer una Unidad de Transparencia, romper las resistencias y fomentar una cultura de buenas prácticas.
Castro Luque también habló del necesario compromiso del representante de las universidades para fortalecer las áreas de transparencia, a partir de la publicación de los informes a los cuales está obligado.
“La transparencia no trastoca la autonomía de las instituciones. Podemos seguir siendo ejemplo de fortaleza”, sostuvo.
A pregunta de uno de los asistentes de cuáles serian las consecuencias en materia de seguridad y la participación de los departamentos de información, la funcionaria respondió que tales institutos deben ser áreas de apoyo, aunque aclaró que no será responsabilidad de la Unidad de Transparencia el alcance de la información, además de que el área de donde se originará la información decidirá qué información proporcionar.
Habló de la necesaria conformación de un órgano colegiado en transparencia en las instituciones de educación para tomar decisiones, entre otras, designar a quién le corresponde proporcionar información solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai).
“El área encargada de proveer la información, establecerá el nivel de información que proporcionará, y que el Comité de Transparencia decida por qué se negará la información o será proporcionada”, dijo.

Insuficiente, la ley de transparencia y acceso a la información: periodista

* Conferencia de Rogelio Hernández, de Milenio

* Detiene esta legislación el que no tenga injerencia en temas de seguridad nacional, señala * Invitado por Radio UAG, critica la posición de “juez” que asumen algunos medios de información

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo *

Con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información “hemos tenido cosas buenas, pero es insuficiente porque no tiene injerencia sobre los órganos de seguridad nacional”, lamentó el columnista de Milenio Diario, Rogelio Hernández López, y criticó la actitud de “juez” que asumen los medios ante determinada información.

Ante unos 200 asistentes, Hernández López, en la conferencia magistral Ley Federal de Transparencia y el Papel de los Medios –que convoco radio XEUAG– precisó que la legislación se hizo con el fin de “amarrarle las manos a los políticos y tratar de poner orden a nivel federal”

Precisó que actualmente 15 estados cuentan con esta ley de transparencia, “aunque en distintos momentos de trance, ya que en algunos lados fue promulgada por el Congreso local y el gobierno estatal se opone, hay otros donde las fracciones parlamentarias la mantienen rezagada”.

Con el libre acceso a la información –aseguró– “hemos tenido cosas buenas, pero es insuficiente porque la ley federal no alcanza a los estados, sólo a la federación, tampoco a otros poderes como el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni tiene injerencia sobre órganos de seguridad nacional como la Procuraduría General de la Republica, la Secretaría de la Defensa Nacional y la                     Secretaría de Marina”.

Hernández López indicó: “no especifica cuáles con los asuntos reservados o restringidos, ya que a pesar de que la ley federal obliga a que la información sea emitida al público, se deben omitir aquellas cosas que atenten contra las personas, datos personales, asuntos de seguridad nacional, de estabilidad financiera y económica, así como la vigilancia de nuestra fronteras”.

Citó el caso de Guerrero, donde hay “grandes casos de corrupción por abuso de poder, por abuso del uniforme y por abuso de las circunstancias en que trabaja el Ejército Mexicano, pero tenemos que enterarnos sobre lo que hace”.

Una Ley de Acceso a la Información en Guerrero –consideró Hernández López– “serviría como instrumento para vigilar las manos de los políticos y tener credibilidad, ayudaría a transparentar las relaciones”, aunque en ese sentido los servidores públicos también deben “profesionalizar su actitud para informar”

En la ronda de preguntas intervino el diputado local del PAN, David Tapia Bravo, quien le pidió orientarlos para que la Ley de Acceso a la Información que esa fracción impulsa en el Congreso del Estado sea aprobada. A ello Hernández López respondió que debido a “los tiempos electorales esto será muy difícil porque se va a politizar”, pero sugirió organizar foros con especialistas para discutir la viabilidad.

En cuanto al papel de los medios de información, el también promotor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información criticó la actitud de “juez” que asumen los informadores ante un hecho, y citó los casos de “Brozo y Joaquín Lopez Doriga, quienes se llevaron las más monumentales mentadas de madre en el Zócalo de la ciudad de México por exponer los videos que denuncian actos de corrupción en el PRD”.

Hernández López refirió que “nosotros delatamos, denunciamos y condenamos sin ser ninguna autoridad”. Dijo que existe el                     Código Civil, el cual en su apartado sobre Delitos de Honor está la difamación, “pero no se aplica porque no hay ningún juez que quiera aventarse el boleto o que quiera echarse encima a un medio”