Félix Salgado ya está alejado de la lucha social, afirman Norma Mesino y Diana Hernández

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las activistas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino y de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Diana Hernández Hernández, hija del luchador social asesinado, Ranferi Hernández Acevedo, criticaron que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, haya propuesto al senador Félix Salgado Macedonio para entregarle un reconocimiento como luchador social, puesto que no lo es.
Aunque el senador declaró el jueves que ya “les dijo que no, con todo cariño”, rechazando con ello el homenaje anunciado por el rector, las dos activistas coincidieron que este tipo de propuestas desvirtúa el movimiento social.
Norma Mesino declaró que es pura “idolatría” del rector hacia el senador, “yo creo que un luchador social no busca un reconocimiento, un verdadero luchador social busca justicia; hay que separar lo que es ser un activista o un defensor de derechos humanos, de un gestor y un político”.
Entrevistada por teléfono, la dirigenta de la OCSS declaró que quienes luchan “no buscamos reconocimientos, tampoco vengan-za, sino justicia, esa es la diferencia”.
Por ejemplo, dijo, el reconocimiento de scada año al maestro Lucio Cabañas, el 2 de diciembre, es del pueblo organizado, los artis-tas, los activistas, los familiares, y es igual el homenaje al profesor Genaro Vázquez Rojas, que son verdaderos luchadores sociales”.
Mesino dijo que Félix Salgado es un político que ha ostentado el poder durante muchos años, “pero no es un luchador social”, expresión que se ha “manoseado” en los últimos tiempos.
Explicó que los políticos creen defender la lucha social y al pueblo, “pero solamente es propaganda política para conseguir que el electorado los apoye cuando buscan el voto, pero después se olvidan de sus compromisos, se olvidan de que se deben al pueblo, se olvidan que a ellos les paga el pueblo y que todo lo que gastan son recursos públicos de nuestros impuestos y por ello no tenemos nada que agradecerles”.
Insistió: “Félix Salgado, más que luchador social, es un político y el rector también es un político al interior de la universidad y ambos se buscan y se apoyan”.
Precisó: “El político lucha por sus intereses políticos y de control del poder, y eso no es ser un luchador social, son cosas muy diferentes”.
La dirigente de la OCSS criticó, de paso, que en los últimos años ha visto una universidad “muy callada”, a diferencia de otras instituciones como la de Veracruz y Michoacán, “donde los jóvenes están al frente del movimiento social en contra de las injusticias. Tal vez se deba al cacicazgo que hay en la Universidad”.
Diana Hernández, quien es parte de la agrupación Hacer Pueblo, a la que pertenece la hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas Ayala, e hija del luchador social asesinado en 2017 Ranferi Hernández, compañero de Salgado Macedonio en el Grupo ProAMLO que apoyó a Andrés Manuel López Obrador, reconoció que, en sus inicios, Félix Salgado “caminó al lado de los pueblos, junto con mi papá, tengo fotografías de ello”.
Pero aclaró que caminar con el pueblo por un determinado momento, “no te convierte en gente de izquierda ni en un luchador social. Un luchador social se distingue por no abandonar el pueblo, y debe seguir las causas de los pueblos, combatir las injusticias”.
Siguió: “Un luchador social se distingue por estar siempre con las causas del pueblo, no abandonar la lucha ni las causas justas. Un luchador social no se puede calificar solamente de nombre, es en los hechos”.
Sin embargo, declaró que el rector Saldaña Almazán está en su derecho de homenajearlo, “pero es nomás un distintivo para quedar bien con el gobierno del estado”.
Explicó que la lucha social no es cuestión de protagonismos, “a Félix yo ya lo veo muy distante de la lucha social, es muy populacho y sencillo, pero ya no lo veo en las marchas en defensa de las causas sociales”.
Agregó: “Félix Salgado ya no es parte del movimiento social, decidió irse por otro camino, por la ruta del partido, del poder, y se sirvió de las causas que en su momento encabezó”.
Diana citó un ejemplo de que al senador no les interesan las causas sociales. Dijo: “No se cuantos millones destinó para Perritos Felices, que es una buena acción, pero pudo invertir ese dinero en un albergue para personas mayores o en un centro comunitario para la gente en condición de calle donde tuviera qué comer, sería de mejor provecho, pero decidió lo otro sólo porque tiene todo el poder. No creo que esa sea una postura de un compañero del movimiento social”.

Exigen ejidatarios de Xitopontla, Ahuacuotzingo, un fallo a su favor en un conflicto con Olinalá

Pobladores del ejido nahua de San Martín Obispo Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, mediante un comunicado exigieron que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) falle a su favor para recuperar mil 300 hectáreas de tierra que se apropiaron pobladores de Olinalá.
En el documento, autoridades agrarias del ejido compuesto por 17 comunidades, y la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero explican que desde 1988 comenzaron una lucha por la restitución de tierras de las que se apropiaron pobladores de Olinalá.
Señalaron que han recuperado 942 hectáreas. En 2002 recuperaron 878 hectáreas y este año 64 hectáreas.
Recordaron que, desde 2013 el TUA falló a su favor para la recuperación de las 64 hectáreas, sin embargo hasta el 5 de enero pasado les restituyeron las tierras. Refieren que aún están pendientes dos juicios que les permitirían recuperar mil 300 hectáreas.
Explicaron que las 17 comunidades viven en pobreza y cada año, pobladores migran a estados del norte del país y a Estados Unidos para sostener a sus familias.
“Por nuestros abuelos sabemos que las tierras nos pertenecen, pero que nos fueron arrebatadas, ya que diferentes pequeños propietarios se aprovecharon de ellos porque no hablaban español y no sabían leer ni escribir; y, mediante el alcohol, engaños y amenazas les obligaron a ceder el uso de estas tierras. Todo ello con la protección y apoyo de las autoridades estatales y federales”, detalla el comunicado.
Finalmente, exigieron a las autoridades agrarias y al gobierno del Estado que actúen conforme a derecho en los dos juicios que faltan.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.