En cónclave en Iguala, donde estuvo Aguirre, Murillo Karam fraguó la verdad histórica: FGR

El 3 de Julio de 2014, el secretario de Seguridad Pública en el estado Leonardo Vázquez, el comandante de la Novena Región Militar Martin Cordero Luqueño, el alcalde Luis Walton, el gobernador Angel Aguirre, el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el comandante de la Octava Región Naval Rafael Ojeda Durán, el subdirector de Protección Civil Estatal Raúl Miliani, la secretaria de Desarrollo Social estatal Beatriz Mojica y el comisario de la Policía Federal Omar García Harfuch en la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Foto: Archivo/El Sur

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

En la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) alegó que el ex funcionario federal encabezó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, en el que participó el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, y otros funcionarios federales y estatales, y ahí se fraguó “la verdad histórica”.
El sábado, un día despuués de la aprehensión de Murillo Karam, entre sus alegatos, los fiscales afirmaron que el ex funcionario de Enrique Peña Nieto organizó un cónclave para fraguar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
Señalaron que en esa reunión participó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex delegado de la Policía Federal en Guerrero.
En la diligencia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, se apegó a un criterio de oportunidad, se convirtió en testigo colaborador de la FGR y aportó los videos de las torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos.
La funcionaria dio lectura a unos párrafos de una declaración ministerial de Cano, en la que menciona que hubo una reunión en Iguala entre mandos federales y estatales, encabezada por Murillo Karam.
En ese encuentro también estuvieron Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta –ya procesado–; y Omar García Harfuch, por aquellas fechas delegado de la Policía Federal en Guerrero y luego en Michoacán.
El testigo colaborador declaró que cuando llegó el entonces gobernador, Ángel Aguirre, les pidieron retirarse a la mayoría de los funcionarios y sólo se quedaron en la encerrona los mandos.
Cano salió de ese encuentro y no señala que se hayan planeado ilícitos; sin embargo, la fiscal afirmó que allí se empezó a inventar “la verdad histórica”.
“Sólo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre (de 2014)”, dijo.
En esas fechas, la entonces PGR detuvo a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, sostuvo, fueron torturados por efectivos de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De sus testimonios, se obtuvo información que luego Murillo hizo pública en rueda de prensa, según la imputación.
García Harfuch ya ha sido relacionado en la investigaciones del caso Iguala porque uno de sus números telefónicos estaba en la agenda que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, cuando fue detenido.
También porque un testigo protegido con el nombre clave “Juan” declaró a la FGR que entregó altas sumas de dinero al hoy jefe de la SSC, a cambio de proteger a dicho grupo criminal.
Probará lo que pasó en la investigación, dice Murillo Karam

El sábado, tras una audiencia de 12 horas, el juez federal Marco Antonio Fuerte impuso la prisión preventiva justificada al ex funcionario, razón por la que permanecerá en el Reclusorio Norte por lo menos hasta el miércoles.
El ex procurador Jesús Murillo Karam, prometió presentar pruebas que, aseguró, dejarán en claro lo que sucedió en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Son cosas que se pueden probar claramente, qué pasó y cómo pasó”, dijo la noche del sábado durante su audiencia de imputación en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Javier López García, uno de sus abogados, mencionó que los datos de prueba que ofrecerá el ex funcionario, en la diligencia del próximo miércoles, serán documentos y fotografías.
Incluso, la defensa reprochó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el viernes por error al hermano de Murillo Karam, y el juez ordenó su liberación.
Durante la audiencia del sábado, un día después de que Murillo Karam fue aprehendido en su casa en Las Lomas, que inició a las 9:00 horas, los fiscales federales formularon la imputación contra el ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Asimismo, pidieron a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada, al estimar que cuenta con los recursos y medios suficientes para darse a la fuga.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas argumentó que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, cuenta con un patrimonio de al menos 85 millones de pesos y no tiene arraigo en algún lugar, ya que posee inmuebles en la Ciudad de México, Pachuca y Acapulco.
Al mismo tiempo, manifestó que Murillo Karam tiene relaciones y amistades que le podrían facilitar la fuga y huir a un país sin tratado de extradición con México, como fue el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien es prófugo de la justicia y se encuentra en Israel.
“De permitir que el día de hoy Jesús Murillo Karam salga por la puerta, equivaldría a que no lo volvamos a ver, equivaldría a negar a los padres se los 43 normalistas no llegar a conocer la verdad”, dijo

“No es penoso, es político”, dijo cuando fue aprehendido

“Es político”, le dijo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que lo aprehendió el viernes.
En videos de la captura se observa cómo agentes ministeriales se acercan al ex funcionario afuera de su domicilio, en Lomas de Chapultepec.
“A sus órdenes”, les dice Murillo Karam en actitud tranquila.
–Buenos días, le responde el agente, “permítame, hágame el favor… nos pasamos para acá. Buenas tardes ¿Su nombre es Jesús Murillo Karam?”, pregunta.
–A sus órdenes, repite el ex procurador.
El miembro de la AIC se presenta, informa a Murillo que existe un mandamiento judicial en su contra y le anuncia la lectura de sus derechos.
–Es penoso, le dice el agente, aparentemente apenado por aprehender al ex Procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
–No es penoso, es político, le responde Murillo en voz baja.
Una familiar de Murillo se acerca y aclara a los agentes federales que el ex funcionario no se va ir, y pide que no obstruyan el paso vehicular por los vecinos.
El agente que lleva la orden de aprehensión le dice a Murillo que tiene derecho a estar informado de su detención y a consultar a un abogado.
“Tortura, contra la adm… tortura, contra la administración de la justicia, desaparición forzada”, lee el agente en alusión a los delitos que la FGR le imputa a Murillo.
El ex procurador, siempre en actitud tranquila, es conducido a una camioneta. Una familiar pregunta que si lo puede acompañar, pero sólo sube el médico del hidalguense.
–¿Una pregunta, me puede decir a dónde lo va llevar, por favor@, cuestiona la familiar de Murillo.
–Al juzgado del Reclusorio Norte, si me pueden seguir no hay ningún impedimento”, le responden.
–Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor –pide la mujer antes de que la camioneta se vaya.

Su defensa

Un grupo de cuatro abogados, entre ellos defensores de Raúl Beyruti El Rey del outsourcing y de Juan Collado, llegaron el sábado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la audiencia de imputación de Jesús Murillo Karam.
José Javier López García, abogado de Collado, fue el primero en llegar a las 8:15 horas y cinco minutos después lo hizo Antonio López Ramírez, quien también defiende a Beyruti. Casi enseguida llegaron otros dos litigantes que no se identificaron.
Ninguno de ellos hizo comentarios a la prensa, al entrar por la caseta del centro de justicia.
Minutos antes del arribo de los abogados llegó Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañado de dos padres de estudiantes desaparecidos.

La verdad histórica involucra abuso de poder y violaciones a los derechos humanos

La denominada “verdad histórica” del caso Iguala, término que acuñó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido, acredita abuso de poder y configura al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dichas violaciones son privación de la libertad, homicidio y participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado.
Asimismo, negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
“En las investigaciones del Caso Ayotzinapa se generó una narrativa a conveniencia, fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas –estudiantes– fueron revictimizadas y estigmatizadas”, señala el Informe.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y, por tanto, dar una resolución sobre el caso”, agrega.
Es decir, indica el documento presentado el jueves por la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue una construcción desde el gobierno federal para crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y “legitimar socialmente” la supuesta verdad de los hechos.
“Limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal”.
“Sin considerar la participación de las Fuerzas Armadas en la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos, para posteriormente ceder a una estrategia de neutralidad, responsabilizando a las autoridades locales”, concluye.
La “verdad histórica” se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, Iguala, por parte de Guerreros Unidos.
“En ésta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”, se analiza en el documento.

Estuvo Aguirre en cónclave en Iguala donde Murillo Karam fraguó la verdad histórica: FGR

En cónclave en Iguala, donde estuvo Aguirre, Murillo Karam fraguó la verdad histórica: FGR

Según un testigo, también estuvo Omar García Harfuch, revelaron los fiscales en la audiencia de imputación al ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. El juez federal impuso la prisión preventiva justificada al ex procurador

El 3 de Julio de 2014, el secretario de Seguridad Pública en el estado Leonardo Vázquez, el comandante de la Novena Región Militar Martin Cordero Luqueño, el alcalde Luis Walton, el gobernador Angel Aguirre, el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el comandante de la Octava Región Naval Rafael Ojeda Durán, el subdirector de Protección Civil Estatal Raúl Miliani, la secretaria de Desarrollo Social estatal Beatriz Mojica y el comisario de la Policía Federal Omar García Harfuch en la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Foto: Archivo/El Sur

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

En la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) alegó que el ex funcionario federal encabezó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, en el que participó el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, y otros funcionarios federales y estatales, y ahí se fraguó “la verdad histórica”.
El sábado, un día despuués de la aprehensión de Murillo Karam, entre sus alegatos, los fiscales afirmaron que el ex funcionario de Enrique Peña Nieto organizó un cónclave para fraguar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
Señalaron que en esa reunión participó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex delegado de la Policía Federal en Guerrero.
En la diligencia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, se apegó a un criterio de oportunidad, se convirtió en testigo colaborador de la FGR y aportó los videos de las torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos.
La funcionaria dio lectura a unos párrafos de una declaración ministerial de Cano, en la que menciona que hubo una reunión en Iguala entre mandos federales y estatales, encabezada por Murillo Karam.
En ese encuentro también estuvieron Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta –ya procesado–; y Omar García Harfuch, por aquellas fechas delegado de la Policía Federal en Guerrero y luego en Michoacán.
El testigo colaborador declaró que cuando llegó el entonces gobernador, Ángel Aguirre, les pidieron retirarse a la mayoría de los funcionarios y sólo se quedaron en la encerrona los mandos.
Cano salió de ese encuentro y no señala que se hayan planeado ilícitos; sin embargo, la fiscal afirmó que allí se empezó a inventar “la verdad histórica”.
“Sólo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre (de 2014)”, dijo.
En esas fechas, la entonces PGR detuvo a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, sostuvo, fueron torturados por efectivos de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De sus testimonios, se obtuvo información que luego Murillo hizo pública en rueda de prensa, según la imputación.
García Harfuch ya ha sido relacionado en la investigaciones del caso Iguala porque uno de sus números telefónicos estaba en la agenda que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, cuando fue detenido.
También porque un testigo protegido con el nombre clave “Juan” declaró a la FGR que entregó altas sumas de dinero al hoy jefe de la SSC, a cambio de proteger a dicho grupo criminal.
Probará lo que pasó en la investigación, dice Murillo Karam

El sábado, tras una audiencia de 12 horas, el juez federal Marco Antonio Fuerte impuso la prisión preventiva justificada al ex funcionario, razón por la que permanecerá en el Reclusorio Norte por lo menos hasta el miércoles.
El ex procurador Jesús Murillo Karam, prometió presentar pruebas que, aseguró, dejarán en claro lo que sucedió en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Son cosas que se pueden probar claramente, qué pasó y cómo pasó”, dijo la noche del sábado durante su audiencia de imputación en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Javier López García, uno de sus abogados, mencionó que los datos de prueba que ofrecerá el ex funcionario, en la diligencia del próximo miércoles, serán documentos y fotografías.
Incluso, la defensa reprochó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el viernes por error al hermano de Murillo Karam, y el juez ordenó su liberación.
Durante la audiencia del sábado, un día después de que Murillo Karam fue aprehendido en su casa en Las Lomas, que inició a las 9:00 horas, los fiscales federales formularon la imputación contra el ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Asimismo, pidieron a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada, al estimar que cuenta con los recursos y medios suficientes para darse a la fuga.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas argumentó que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, cuenta con un patrimonio de al menos 85 millones de pesos y no tiene arraigo en algún lugar, ya que posee inmuebles en la Ciudad de México, Pachuca y Acapulco.
Al mismo tiempo, manifestó que Murillo Karam tiene relaciones y amistades que le podrían facilitar la fuga y huir a un país sin tratado de extradición con México, como fue el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien es prófugo de la justicia y se encuentra en Israel.
“De permitir que el día de hoy Jesús Murillo Karam salga por la puerta, equivaldría a que no lo volvamos a ver, equivaldría a negar a los padres se los 43 normalistas no llegar a conocer la verdad”, dijo

“No es penoso, es político”, dijo cuando fue aprehendido

“Es político”, le dijo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que lo aprehendió el viernes.
En videos de la captura se observa cómo agentes ministeriales se acercan al ex funcionario afuera de su domicilio, en Lomas de Chapultepec.
“A sus órdenes”, les dice Murillo Karam en actitud tranquila.
–Buenos días, le responde el agente, “permítame, hágame el favor… nos pasamos para acá. Buenas tardes ¿Su nombre es Jesús Murillo Karam?”, pregunta.
–A sus órdenes, repite el ex procurador.
El miembro de la AIC se presenta, informa a Murillo que existe un mandamiento judicial en su contra y le anuncia la lectura de sus derechos.
–Es penoso, le dice el agente, aparentemente apenado por aprehender al ex Procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
–No es penoso, es político, le responde Murillo en voz baja.
Una familiar de Murillo se acerca y aclara a los agentes federales que el ex funcionario no se va ir, y pide que no obstruyan el paso vehicular por los vecinos.
El agente que lleva la orden de aprehensión le dice a Murillo que tiene derecho a estar informado de su detención y a consultar a un abogado.
“Tortura, contra la adm… tortura, contra la administración de la justicia, desaparición forzada”, lee el agente en alusión a los delitos que la FGR le imputa a Murillo.
El ex procurador, siempre en actitud tranquila, es conducido a una camioneta. Una familiar pregunta que si lo puede acompañar, pero sólo sube el médico del hidalguense.
–¿Una pregunta, me puede decir a dónde lo va llevar, por favor@, cuestiona la familiar de Murillo.
–Al juzgado del Reclusorio Norte, si me pueden seguir no hay ningún impedimento”, le responden.
–Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor –pide la mujer antes de que la camioneta se vaya.

Su defensa

Un grupo de cuatro abogados, entre ellos defensores de Raúl Beyruti El Rey del outsourcing y de Juan Collado, llegaron el sábado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la audiencia de imputación de Jesús Murillo Karam.
José Javier López García, abogado de Collado, fue el primero en llegar a las 8:15 horas y cinco minutos después lo hizo Antonio López Ramírez, quien también defiende a Beyruti. Casi enseguida llegaron otros dos litigantes que no se identificaron.
Ninguno de ellos hizo comentarios a la prensa, al entrar por la caseta del centro de justicia.
Minutos antes del arribo de los abogados llegó Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañado de dos padres de estudiantes desaparecidos.

La verdad histórica involucra abuso de poder y violaciones a los derechos humanos

La denominada “verdad histórica” del caso Iguala, término que acuñó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido, acredita abuso de poder y configura al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dichas violaciones son privación de la libertad, homicidio y participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado.
Asimismo, negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
“En las investigaciones del Caso Ayotzinapa se generó una narrativa a conveniencia, fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas –estudiantes– fueron revictimizadas y estigmatizadas”, señala el Informe.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y, por tanto, dar una resolución sobre el caso”, agrega.
Es decir, indica el documento presentado el jueves por la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue una construcción desde el gobierno federal para crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y “legitimar socialmente” la supuesta verdad de los hechos.
“Limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal”.
“Sin considerar la participación de las Fuerzas Armadas en la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos, para posteriormente ceder a una estrategia de neutralidad, responsabilizando a las autoridades locales”, concluye.
La “verdad histórica” se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, Iguala, por parte de Guerreros Unidos.
“En ésta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”, se analiza en el documento.

 

 

Ordenó ocultar el paradero de los 43, dice la acusación de la FGR a Murillo Karam

En forma premeditada, el entonces procurador general de la República ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, alegaron los fiscales en la audiencia de imputación contra el ex funcionario detenido

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

Jesús Murillo Karam fue el artífice de un montaje llamado “verdad histórica” en el caso Iguala, pues en forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Así lo afirmó la Fiscalía General de la República (FGR) al formular la imputación por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia contra Murillo Karam, quien la noche del sábado se convirtió en el primer ex procurador de la República en ser encarcelado.
“Usted presentó una versión de la verdad histórica de los hechos que frustró y desvió otras líneas de investigación, contribuyendo al ocultamiento del paradero de los 43 normalistas”, dijo Lidia Bustamante Vargas, fiscal del caso en la audiencia inicial en la que el ex funcionario fue imputado.
“Usted ordenó ocultar el paradero de los estudiantes por 5 aspectos: uno, por su responsabilidad directa en la investigación; dos, por su actuar como superior jerárquico de Tomás Zerón de Lucio; tres, por el control que tenía usted sobre los detenidos en sus instalaciones; cuatro, por el control de la escena del crimen y de las evidencias halladas en el lugar de los hechos; y cinco, por el modus operandi como superior jerárquico y su falta de debida diligencia”.
Lo que la Fiscalía llama peyorativamente “verdad histórica”, frase tomada de una conferencia de prensa de Murillo Karam, es la versión de que los estudiantes fueron detenidos por agentes municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los incineraron en el basurero de Cocula y luego trasladaron los restos al río San Juan.
La FGR sostuvo que la tortura y los delitos contra la administración de la justicia imputados a Murillo Karam, entre los que se incluyen la siembra, manipulación y desaparición de evidencias, ocurrieron entre el 6 de octubre de 2014 y el 27 de enero de 2015, mientras que la desaparición de los estudiantes es un ilícito continuado desde el 26 de septiembre de 2014 a la fecha.
De acuerdo con la fiscal Bustamante, la construcción de una versión paralela de los hechos, la “verdad histórica”, tuvo tres finalidades.
Frenar la percepción ciudadana que había sobre Murillo Karam y que cesara la movilización social por la indignación que ocasionó la desaparición de los estudiantes; pero también, debilitar políticamente a los padres de los normalistas, dando a conocer avances relevantes de la investigación dos días antes de que se reunieran con el presidente Enrique Peña Nieto, el 29 de octubre de 2014.
La fiscal reveló que hay tres testimonios clave en la investigación contra Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, a quien señaló como el ejecutor de las ilegalidades del ex titular de la otrora PGR para ajustar una versión concluyente sobre la indagatoria de los desaparecidos.
Uno de esos testimonios, el de Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), apunta contra el ex funcionario que desde la noche del viernes 19 duerme en el Reclusorio Norte.
La fiscal dio detalles de la declaración rendida el 31 de diciembre de 2021 por Doretti, quien narró a la Fiscalía que la mañana del 27 de octubre de 2014 viajó con Murillo Karam en un helicóptero a la zona donde ocurrieron los hechos.
En el sobrevuelo sobre el río Cocula, el entonces procurador le comentó que en ese sitio seguramente iban a encontrar restos de los estudiantes, como si ya supiera de información que no habían obtenido y que oficialmente proporcionarían cuatro detenidos hasta el día siguiente.
El hecho es que ese mismo día por la tarde, a las 16:00 horas, Murillo Karam dio una conferencia de prensa con Zerón en la sede de la PGR y dieron a conocer la captura de cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron haber recibido y vigilado el traslado de los 43 normalistas, la noche en que fueron plagiados.
Aunque no mencionó los nombres de los detenidos, se trataba de Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato; Darío Morales Sánchez, El Comisario, y Agustín García Reyes, El Chereje.
Al día siguiente, Zerón trasladó a El Chereje de la Ciudad de México al río San Juan para una diligencia de inspección que las autoridades califican de ilegal, porque no estaba autorizada por el Ministerio Público y el detenido no tenía abogado.
El 29 de octubre, buzos de la Marina descubrieron en el río dos bolsas con restos de algunos estudiantes, entre los cuales se logró identificar plenamente un hueso del normalista Alexander Mora Venancio.
El testimonio de Doretti y lo sucedido en las 48 horas posteriores a que se subió al helicóptero con Murillo, hacen suponer a los fiscales que el ex procurador tenía planeado hallar evidencias que las mismas autoridades habrían manipulado.
Otro hecho de gravedad imputado a Murillo es que supuestamente conoció y consintió las torturas de las que fueron víctimas los cuatro detenidos el 27 de octubre de ese año.
Según la FGR, Murillo habría usado en la rueda de prensa de esa fecha la información que proporcionaron los 4 torturados, cuando formalmente fueron puestos a disposición del Ministerio Público después de las 22:30 horas y rindieron su declaración ministerial hasta el día siguiente.
Además, el 7 de noviembre de 2014 Murillo Karam ofrecería otra conferencia de prensa en la que presentaría nuevos avances, con base en un video de El Chereje en el que ahora la Fiscalía asegura que fue grabado bajo torturas.
Según la fiscal Bustamante, Doretti declaró que ese 7 de noviembre el entonces titular de la PGR le pidió que le ayudara a redactar un informe para la conferencia en el que se insistía en que los huesos hallados en el río San Juan estaban relacionados con las evidencias encontradas en el basurero de Cocula, y la antropóloga argentina no aceptó.
A pesar de que los delitos imputados son penados en conjunto con 54 y hasta 90 años de prisión, esas conductas no prevén la prisión preventiva de oficio. No obstante, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia le dictó la prisión preventiva justificada, el sábado 20 en el interior del Reclusorio Norte.

Testigos colaboradores

La FGR dio a conocer que dos de los testimonios rendidos en el expediente contra Murillo Karam provienen de testigos colaboradores que recibieron un criterio de oportunidad, aunque no mencionó imputaciones directas contra el ex procurador.
Se trata de Bernardo Cano Muñozcano, ex secretario particular de Zerón en la AIC, y Érika Ramírez Ortiz, ex agente del Ministerio Público federal de la Unidad Antisecuestros de la entonces SEIDO.
De acuerdo con Bustamante, Cano videograbó las sesiones de interrogatorios y presuntas torturas a los sospechosos de pertenecer a Guerreros Unidos y proporcionó todas las grabaciones a la Fiscalía del caso.
“Dichas entrevistas eran irregulares, por no estar presente un defensor y que en ese momento pensé que era regular, pero ahora entiendo que me engañaron. Estaba el Ministerio Público, verdaderamente creía que estábamos haciendo algo bueno para llegar a la verdad”, dijo el testigo colaborador, según la fiscal.

Niega Ángel Aguirre haber participado en reunión para construir la “verdad histórica”

Dice el ex gobernador que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, intentó involucrarlo “a toda costa como miembro de la delincuencia organizada”

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero negó haber participado en la reunión convocada por el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, para la construcción de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
Además, Aguirre Rivero recordó que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, intentó involucrarlo “a toda costa como miembro de la delincuencia organizada”.
En un comunicado de este domingo, el ex mandatario estatal, quien no concluyó su periodo y pidió licencia a su cargo como gobernador a casi un mes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirmó que no fue parte de los mencionados 18 funcionarios federales y estatales, quienes se reunieron y configuraron la construcción de la “verdad histórica”, en la que concluyeron que los 43 normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Aguirre Rivero se pronunció sobre “algunas notas periodísticas, donde se hacen interpretaciones sesgadas” del informe presentado por el gobierno federal, y consideró necesarias algunas precisiones, entre ellas, que “nunca tuve reunión alguna con el licenciado Jesús Murillo Karam, para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’. Son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, afirmó.
Entonces, recordó que el ex funcionario federal, y ahora prófugo, Tomás Zerón “intentó involucrarme, a toda costa, como miembro de la delincuencia organizada”, de eso dijo que hay constancia en las declaraciones del ex procurador del estado Iñaky Blanco y su entonces secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
Destacó lo ampliamente declarado por Iñaki Blanco, respecto a que “todas las investigaciones y acciones que realizó la entonces Procuraduría de Justicia, se mantienen firmes, toda vez que quienes fueron detenidos por esta instancia permanecen en la cárcel y no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales”.
Abundó que incluso “el gobierno federal cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero”.
Se refirió también a las 83 órdenes de aprehensión giradas por FGR, de las cuales 20 son contra mandos militares y personal de tropa; cinco contra autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 contra policías municipales de Huitzuco, seis contra policías municipales de Iguala, una contra policía de Cocula, 11 contra policías estatales y 14 contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Mientras que de las 33 solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión, que mencionó en su informe el subsecretario Alejandro Encinas, son contra funcionarios federales, funcionarios municipales y miembros de la delincuencia organizada, “no hay mención para funcionarios estatales” destacó el ex gobernador.
Ángel Aguirre dijo, en su comunicado, que “no es momento de especular sobre el curso de las investigaciones que realiza la FGR, mucho menos de ‘fabricar culpables’ a través de publicaciones periodísticas”. Reiteró que “nunca tuve reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’. Nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala o en ninguna otra parte. Resulta absurdo lo que hoy se publica a ese respecto”.
Aguirre señaló que esta “verdad histórica” fue desechada, porque “fue fabricada” y que ahora “es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia”.
También informó que cuando concluyó el informe “tomé contacto” con Alejandro Encinas, “para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión. Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec. No me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”.
Ángel Aguirre dijo que está “tranquilo y con la disposición de enfrentar siempre, con una gran dignidad y decoro, cualquier señalamiento que se me haga. Siempre he sostenido que se pueden perder muchas cosas en la vida, pero si pierdes tu dignidad, entonces estás perdido”.

No me sumaré al coro de linchamiento anticipado contra Murillo Karam, dice Ricardo Monreal

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

El senador de Morena Ricardo Monreal urgió ayer a respetar la presunción de inocencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y anunció que no se sumará a ningún “coro de linchamiento” anticipado en contra del priista.
“Lo que sí deseo como abogado y maestro universitario es que no se altere el debido proceso y que tampoco se altere un principio que debemos de cuidar todos: la presunción de inocencia, yo ahí sí soy muy estricto”, expresó.
“Porque no estoy de acuerdo y no me voy a sumar a ningún coro de linchamiento anticipado, no voy a ser un juez de acusación y no voy a actuar de manera desmedida frente a estas detenciones que se festinan en varias partes, no”.
De gira por La Paz, Baja California, subrayó que lo que debe haber es justicia.
“Y que no haya impunidad, pero que se respete el principio de presunción de inocencia y el debido proceso”, recalcó.

Se demuestra que hay justicia: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum consideró que con la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, el actual gobierno está demostrando que hay justicia.
“Hay un esclarecimiento y una verdad de los hechos y es muy importante para las víctimas, las familias, para la no repetición de estos actos, el reconocimiento de que es un crimen de Estado y al mismo tiempo la justicia que se muestra en esta primera detención del (ex) procurador Murillo Karam”, indicó.

“Falta Peña Nieto”, escribe en Twitter Félix Salgado

El senador Félix Salgado Macedonio señaló, luego de la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, que “falta Peña Nieto” en referencia al ex presidente priista.
En un breve párrafo, escrito en su Twitter, el senador preguntó a quienes critican la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, “qué dicen ahora, con el nuevo informe que presentó el jueves el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas”.
“Para aquellos que critican la política de seguridad de @lopezobrador_de ‘abrazos no balazos’ ¿qué dirán ahora con lo de Ayotzinapa? ¿Quién da la orden a las policías y al Ejército de actuar? Falta Peña Nieto.¡La mentira histórica! Crimen de Estado”. (Jacob Morales Antonio).

 

Marchan mil 500 docentes en la capital por el Día del Maestro y contra la reforma educativa

Unos mil 500 maestros de educación básica, agremiados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), acompañados de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, marcharon en la capital para conmemorar el Día del Maestro.
Durante la movilización, los manifestantes bloquearon durante media hora los dos sentidos de la Autopista del Sol, frente a la 35 Zona Militar, e hicieron un mitin en el Palacio de Gobierno, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el esclarecimiento de los ataques en Iguala y en contra de la reforma educativa.
A las 11:40 de la mañana, los manifestantes partieron desde el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, hacia el Palacio de Gobierno.
En el recorrido corearon consignas como “el maestro luchando también está enseñando”, “alumno que saca diez, seguro maestro es”, “aquí y ahora con la coordinadora” y “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Aunque los dirigentes de las organizaciones magisteriales no acudieron a la manifestación, porque participaron en la marcha nacional de la Ciudad de México, los maestros reprocharon a las autoridades que el asesinato del profesor jubilado, Claudio Castillo Peña, quien falleció durante el desalojo violento el 24 de febrero de 2015 en Acapulco, continúa impune.
Al llegar a la 35 Zona Militar, los maestros decidieron bloquear de manera total los dos sentidos de la Autopista del Sol, para exigir el esclarecimiento de los ataques en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los manifestantes colocaron retratos de los rostros del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, frente a la 35 Zona Militar, colocaron pintura roja para simular sangre y escribieron “+43”.
Dos maestras se colocaron delante de la entrada a la 35 Zona Militar portando dos pancartas en las que se leyó: “¿Cuál de los 43 iba a ser maestro de nuestros hijos?” y “en defensa de la educación pública y los derechos laborales”.
La marcha transcurrió sin incidentes, aunque fue vigilada de cerca por patrullas de la Policía Federal del sector caminos y agentes de Tránsito municipal.
En el Palacio de Gobierno, unos 40 policías estatales resguardaban las instalaciones en las escalinatas, que a su vez estaban protegidas con vallas para impedir el acceso de los manifestantes, quienes denunciaron que los agentes deberían garantizar la seguridad en el estado y no “estar pendientes de las manifestaciones”.
Los maestros realizaron un mitin en el que expresaron que todos los profesionistas, antes de especializarse tienen que tener una educación básica, pero las autoridades no reconocen la labor de los docentes y en cambio, atentan en contra de sus derechos laborales con la reforma educativa.
Exigieron la reinstalación de las mesas de diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal, para resolver las demandas del magisterio disidente, como la reinstalación de todos los maestros cesados en el país por manifestarse en contra de la reforma educativa y la incorporación al Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) de todos los trabajadores.
Además, los maestros reclamaron que la inseguridad pone en riesgo a los docentes y a todos los guerrerenses en el estado. Repudiaron el asalto a siete reporteros de medios locales e internacionales, que ocurrió el 13 de mayo en Acapetlahuaya, por lo que exigieron a las autoridades que garanticen la integridad de todos los guerrerenses.
Al concluir la manifestación, los manifestantes entonaron el himno Venceremos y concluyeron con las acciones por el Día del Maestro, a la vez que advirtieron que no dejarán de movilizarse para rechazar la reforma educativa y defender los derechos laborales de los trabajadores.

Atiende las denuncias de tortura en el caso Ayotzinapa, responde la PGR a la ONU-DH

 

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que las denuncias sobre la posible comisión del delito de tortura en el caso Ayotzinapa, son atendidas “y se encuentran en investigación e integración en la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la misma institución, en donde con estricto apego a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás leyes aplicables, serán determinadas”.
Por medio de un comunicado la PGR mencionó que la resolución del agente del Ministerio Público Visitador “se realizó con estricto apego al ámbito de competencia que le confiere la Ley Orgánica de la Institución y su Reglamento, así como en cumplimiento a las disposiciones que regulan la valoración de la prueba y la calificación de las conductas, en apego irrestricto a Derecho”.
La PGR se refiere a los señalamientos vertidos en la resolución realizada por la Visitaduría General de la PGR sobre una investigación interna que llevó a cabo a raíz de las diligencias hechas en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sobre el caso Iguala.
En dicha resolución, el visitador determinó imputar responsabilidades administrativas al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), actual secretario técnico de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, así como a nueve peritos y ministerios públicos.
Además responde al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DErechos Humanos (ONU-DH), que este miércoles señaló que al inicio de la investigación se documentaron “graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas, ligadas a la integración del caso”, como tortura, detenciones arbitrarias y transgresiones al debido proceso
“Cabe señalar que se llevan a cabo los Protocolos de Estambul, por lo que serán elementos técnicos y objetivos los que determinen la existencia de tortura”, agrega.
En su edición 2090, Proceso publicó que en la investigación que realizó la Dirección de Asuntos Internos de la PGR sobre las acciones irregulares cometidas en octubre de 2014 por Tomás Zerón de Lucio, a la cabeza de la AIC, en las indagatorias del caso Ayotzinapa, en primer lugar se evidencia el comportamiento ilícito del funcionario pero, más importante, queda claro que los testimonios de los presuntos ejecutores de los 43 normalistas, pilar de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam denominó “verdad histórica”, fueron obtenidos mediante tortura.

 

Diputados de la comisión para Ayotzinapa se reunirán con Murillo y expresarán si apoyan que siga el GIEI

El próximo 6 de abril la comisión especial sobre el caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados se reunirá en privado, fuera de las instalaciones de San Lázaro, con el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, para hablar de la actuación de la dependencia federal.
Durante la sesión ordinaria de la comisión especial que preside la panista Guadalupe Murguía se notificó la fecha del encuentro, y se aclaró que será una “reunión de trabajo”, debido a que no están facultados para llamar a comparecer a funcionarios o ex funcionarios, como Murillo Karam.
El encuentro será en un lugar “rentado” y no se permitirán grabaciones ni el ingreso de celulares.
Ayer también se decidió que el mismo 6 de abril, en reunión extraordinaria, los miembros de cada partido político externen si apoyan la idea de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) continúe en México por un periodo más.
La diputada de Morena, Araceli Damián aclaró que la permanencia o no del GIEI no va aparejada con la disolución de la comisión especial, pues esa instancia, explicó, es para “dar seguimiento” a las recomendaciones de los expertos, “y muchas de ellas aún no se han cumplido”.
Si los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) logran la mayoría de votos para no brindarle apoyo al GIEI, puntualizó, “ello no va a significar de modo alguno la desaparición de la comisión especial”.
Por otro lado, los representantes de partidos afines al gobierno de Enrique Peña Nieto propusieron que la comisión especial “votara” si acepta o no el uso de la tribuna de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La legisladora de Morena calificó de “absurdo” ese hecho, debido a que –subrayó– es la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que debe aceptar o rechazar la petición de los padres de familia.
En enero pasado la Jucopo señaló que la petición del uso de la tribuna debe surgir de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, y no como propuesta del poder Legislativo.
Ese mes, 22 de los 43 padres solicitaron el uso de la tribuna de San Lázaro en un documento que fue entregado a la comisión especial para que lo remitiera a la Jucopo. Ahora la comisión tiene una nueva petición con la firma de los 43 padres, quienes desean exponer desde la “máxima tribuna” los hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ayer el PRI buscó que la comisión especial “votara” de una vez si se les daba la tribuna, pero finalmente el tema se trasladó para la siguiente semana. Y dado que fue la propia Jucopo la que determinó desde un inicio el mecanismo, es esa instancia la que debe aceptar o rechazar la demanda de los 43 padres.
Ayer cuando los coordinadores parlamentarios abordaron el tema y presentaron la carta con la firma de los 43 padres de familia, el priista César Camacho, quien encabeza la Jucopo, dijo que es “inviable jurídicamente” que “comparezcan” en la Cámara de Diputados para exponer su posición respecto de los avances en las indagatorias del caso Ayotzinapa. Añadió: “Se buscará el mecanismo” para que se pueda llevar a cabo un encuentro con los padres, “pero no a manera de comparecencia”.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.