La organización civil Siempre Vivos, integrada por familiares de personas desaparecidas en Chilapa, anunció que pedirá ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la falta de resultados del Estado mexicano en la búsqueda y localización de al menos 60 personas desaparecidas que ha registrado la organización.
Ayer, este grupo que se formó en mayo después de que civiles armados irrumpieron en la ciudad de Chilapa durante seis días, y a quienes acusan de llevarse al menos a 16 personas en ese lapso, realizó una reunión con sus integrantes.
El coordinador de Siempre Vivos, el profesor José Díaz Navarro declaró a reporteros que hacieron el acuerdo de acudir a la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantear los casos de sus familiares desaparecidos ante la falta de resultados de las autoridades del gobierno del estado y de la federación, así como por la falta de atención en los últimos meses.
El activista, de quien cinco familiares fueron desaparecidos y posteriormente encontrados calcinados en noviembre de 2014, considera que la crisis de violencia que vive el estado de Guerrero no se resolverá a corto plazo y criticó la designación de la diputada local Érika Alcaraz Sosa como coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local.
“Vemos como está Acapulco, Chilpancingo, Iguala, que han implementado operativos sin éxito, por ello no ayuda en nada esos cambios que se están dando en el Congreso porque son representantes del crimen organizado quienes están tomando las riendas de los partidos políticos como del Congreso del estado”, expresó.
Por separado, la organización y el Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) emitieron un comunicado de prensa donde condenaron la actuación del gobierno del estado y de las autoridades federales por permitir que un “grupo armado” al que responsabilizan de la desaparición de sus familiares haya regresado a la ciudad la madrugada del pasado 23 de marzo para exigir la devolución de armas y el suministro de gasolina.
El grupo de pobladores armados que provenían de Ayahualulco pertenecen a la agrupación Comunitarios por La Paz y la Justicia, según su representante legal, Jesús Escobedo González.
“Es preocupante que el gobierno pretenda reconocer como un grupo legítimo a la asociación civil de policías Comunitarios por la Paz y la Justicia como representante de los pueblos, quienes en un principio negaron la relación con un grupo armado que secuestró Chilapa por una semana, cometiendo delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada”, indica el escrito.