Diputados locales guardan un minuto de silencio al inicio de la sesión de ayer, en memoria de la trabajadora universitaria asesinada el domingo en Acapulco Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Karina Contreras
La trabajadora eventual de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Ivonne Hernández Nava., fue velada en la funeraria Acapulco, ubicada en la colonia Progreso, y sepultada la tarde de este martes en el panteón municipal El Palmar.
Mientras que el delegado sindical de los Laboratorios de Análisis Clínicos, Flaviano Herrera Mejía continúa grave en el hospital de Especialidades del ISSSTE, ubicado en el Centro de Convenciones. Y Ángela Cantú Martínez se encuentra internada en el hospital de El Quemado, aunque no se pudo saber su condición médica.
De acuerdo con información de un familiar, Ivonne Hernández Nava tenía su título de Contadora por el Instituto Tecnológico de Acapulco. Este 26 de abril cumpliría 50 años, y hace algunos años había hecho examen de oposición en la UAG el cual, de acuerdo con el familiar, pasó pero nunca pudo obtener horas.
Agregó el familiar que tenía dos años cubriendo guardias en la universidad. La última fueron las vacaciones de Semana Santa de este año, las cuales concluyeron el 12 de abril, pero todavía no recibía su pago. El familiar dijo que la universidad cubrió los gastos funerarios y el terreno en el panteón de El Palmar.
Al velorio, que se llevó en la funeraria Acapulco ubicada en la calle Durango de La Progreso, acudieron apenas tres universitarios: Roberto Sotelo, trabajador de la Casa de la Cultura, Taurino Castrejón, así como una mujer. Al sepelio se supo que llegó el ex rector Ramón Reyes Carreto.
El feretro salió de la funeraria la 1:30 de la tarde para despedirla de su casa y luego llevarla al panteón El Palmar a la salida de Acapulco. Se observó una corona de flores enviada por el regidor y dirigente de la CTM, Rodolfo Escobar Ávila.
Mientras en una visita a las instalaciones de Laboratorios de Análisis Clínicos de la UAG se vio que las actividades continúan de manera normal, aunque no se observó a pacientes esperando. Se trató de hablar con la responsable de dicho centro de trabajo, pero se informó que no estaba.
En el lugar sólo se observó a una trabajadora, que no quiso dar información y sólo que estaban al pendiente de la salud del secretario de la delegación, Flaviano Herrera Mejía, el único autorizado para dar declaraciones a los medios.
El Laboratorio de Análisis Clínicos de la UAG ofrece sus servicios a bajo costo y además promociones mensuales.
El servicio es abierto al público, no solamente para universitarios y expide certificados médico y de trabajo, resultados de estudios prenupciales, análisis de reacciones febriles, química sanguínea, prueba de embarazo, grupos sanguíneos, prueba de dengue, biometría hemática, antidoping, VIH y VDRL, hemoglobina glicosilada, antígeno prostático, coproparasitoscóspicos, y examen general de orina , entre otros.
Policías de distintas corporaciones afuera de la Coordinación de la Zona Sur de la UAG en la colonia Vista Alegre, donde fueron atacados a balazos trabajadores de la UAG que estaban en plantón Foto: El Sur
Redacción
Una universitaria muerta y otra trabajadora y un trabajador heridos dejó anoche un ataque a balazos a empleados de la Universidad Autonóma de Guerrero (UAG) que estaban en plantón, afuera de las instalaciones de la Coordinación de la Zona Sur, en la colonia Vista Alegre.
También la jornada de violencia de este domingo en Acapulco dejó tres hombres asesinados en diferentes lugares de la ciudad.
A las 7 de la noche se reportó que había una persona herida por arma de fuego en la calle Río Balsas en la colonia Vista Alegre, atrás de la tienda Soriana.
El ataque fue contra trabajadores de la UAG que estaban en plantón afuera de la Coordinación de la Zona Sur. El lunes pasado, trabajadores de Laboratorios de Análisis Clínicos de la UAG cerraron la Coordinación de la Zona Sur para exigir una reunión con el rector Javier Saldaña Almazán, porque dijeron que en la oficina no había funcionarios con capacidad para resolver sus demandas.
Un hombre delgado que vestía playera blanca y pantalón de mezclilla con cubrebocas llegó al plantón la tarde del domingo y sin mediar palabras disparó contra los universitarios, de acuerdo con un reporte de la policía.
Tras el ataque una trabajadora murió al instante y otros dos trabajadores, una mujer y un hombre, quedaron heridos. Los heridos son Ángela Cantú Martínez y el delegado sindical de Laboratorios, Flavio Herrera Mejía, quienes fueron atendidos por parámedicos y luego los trasladaron al hospital general de El Quemado. La universitaria asesinada es Ivonne Hernández, trabajadora eventual en la escuela de Odontología de la UAG.
El reporte policiaco indica que los lesionados argumentaron que el viernes el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, los amenazó, que les dijo que si no se quitaban del plantón se atuvieran a las consecuencias.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontraron siete casquillos percutidos de pistola calibre .09 milímetros.
En un video captado por cámaras de vigilancia, se alcanza a ver a cuatro paristas en el lugar, dos sentados en una mesa en la banqueta frente a la Coordinación y dos en la banqueta contraria.
Se observa al agresor junto a las mujeres que estaban sentadas alrededor de una mesa en la banqueta frente a la Coordinación, entre ellas, la académica de la Facultad de Odontología.
En el momento en que el individuo se disponía a retirarse, disparó contra los paristas que se encontraban afuera de las oficinas y avanzó unos cuantos pasos, antes de voltear y disparar contra los que estaban sentados, luego se retiró caminando, mientras que uno de los paristas corrió lejos del lugar. La acción duró unos 22 segundos.
Los hombres asesinados
Alrededor de las 4 de la tarde se reportó que un hombre fue encontrado asesinado en el Viaducto Diamante, en el sentido a la caseta de La Venta.
El reporte policiaco indica que hombres armados arrojaron el cuerpo del hombre que estaba degollado desde un automóvil en movimiento.
El hecho generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezado por fuerzas federales.
Una hora después, se alertó que en la calle 9 de la colonia Cuauhtémoc, en la parte alta de la avenida Ejido, estaba abandonado un carro. Al llegar policías y revisarlo encontraron que en la cajuela de un taxi azul con blanco estaban los cadáveres de dos hombres degollados.
El Ministerio Público sector Mozimba abrió una carpeta de investigación por el crimen.
Con estos casos suman 24 muertos en lo que va del mes, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con la información publicada en El Sur.
El director de Gobernación del Municipio, Ramón Montiel Mejía, respondió que se van a hacer obras en las comunidades y están en diálogo con los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), para que retiren el plantón que tienen donde se van a construir los tres pozos radiales en Aguacaliente.
Ayer al preguntarle qué hará el municipio para que el Cecop levante el plantón que inició el lunes y permitan que se reinicien los trabajos de construcción de los pozos, respondió que la política del gobierno es dialogar, “no hay política de represión, ni política del garrote, lo que estamos haciendo es dialogando con las personas”.
“Entendemos que los Bienes Comunales no es fácil porque hay muchos rezagos históricos, de muchos gobiernos anteriores que no atendieron las comunidades, entonces hemos ido avanzando, por instrucciones de la alcaldesa (Abelina López) se ha ido atendiendo algunas comunidades, como Cacahuatepec, Huamuchitos, El Cantón”, dijo.
El funcionario explicó que en varias comunidades ya se está trabajando la rehabilitación de sus sistemas de agua potable, también ya se acudió a Bella Vista Papagayo, donde se hizo un proyecto y ya se acordó la fecha de arranque de la obra el próximo año.
“En Salsipuedes este año el gobierno municipal va a pavimentar 1.5 kilómetros de carretera, la carretera que va de la vereda de Amatillo a Aguacaliente ese tramo 1.5 lo va a hacer el estado y nosotros, entonces estamos en contacto a los pueblos y viendo cómo podemos ir avanzando, porque (la construcción de los pozos) es un proyecto de alto impacto que va a beneficiar a varias colonias de Acapulco”, indicó.
Mencionó que los comuneros del Cecop argumentan que en las comunidades hay diferentes necesidades, “nosotros tenemos la mejor disposición de escuchar, de sentarnos, de trabajar y empezar a resolver, esa es la idea, que lo hagamos a través del diálogo, tenemos la disposición, la apertura y estamos haciendo la invitación para tener un diálogo respetuoso en donde nos podamos escuchar todos”.
Explicó que la construcción de los tres pozos radiales van a sustituir el sistema Papagayo II, que es una bocatoma de agua del río Papagayo y que por eso se tiene problemas de turbiedad y se tienen que apagar los equipos para evitar que se dañen y “es un sistema obsoleto que tiene más de 50 años, estos pozos que se pretenden construir van a sustituir y es lo que le explicamos porque parece que había confusión, la gente pensaba que íbamos incrementar la sustracción de agua, y no es así, una vez que los pozos en los que trabaja Conagua estén terminados se van a cancelar los que ya están”.
De la petición que haya funcionarios federales en la reunión, Ramón Montiel precisó que en las reuniones ha estado Conagua, que es la responsable de la construcción de los pozos y se está atendiendo a los vecinos.
Supervisores de escuelas telesecundarias de municipios de la Costa Chica en la protesta en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Supervisores, directores y padres de familia de telesecundarias en municipios de Costa Chica instalaron un plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, para demandar que se les autoricen 31 maestros que les hacen falta en esa región.
Los alrededor de 30 representantes de las escuelas que se manifestaron, pertenecen al Frente Unido de Supervisores de Telesecundarias de Costa Chica.
El presidente del frente, Luis Eleno Celestino, informó que desde el inicio del ciclo escolar anterior están exigiendo que les autoricen esas 31 vacantes, sin embargo, no les han resuelto. Por lo que ahora piden una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) encargados de tramitar la autorización de los maestros.
A las 11 de la mañana, los supervisores, directores y padres de familia, se instalaron afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.
“Estamos en demanda de que se nos cubran los maestros que, de acuerdo con la estructura ocupacional que emite la Subsecretaría de Planeación, después del proceso de cambios y permutas que se hizo entre el término del ciclo escolar anterior y el inicio del presente, no se han cubierto”, declaró el representante de los supervisores.
Dijo que las autoridades saben “perfectamente” que en las escuelas de Costa Chica hay muchas vacantes, sin embargo, no se han cubierto.
Luis Eleno Celestino informó que el 3 de septiembre iniciaron un “proceso de gestión” con el jefe del Departamento de Telesecundarias, a quien le plantearon la necesidad de que se cubrieran esos lugares y de que les dieran cobertura con las demás autoridades, en una mesa de trabajo.
Pero, a pesar de que el jefe del departamento les aceptó el documento y les prometió que les iba a dar seguimiento, no hizo nada.
Agregó que el 21 de octubre acudieron para ver el avance de su solicitud, pero se dieron cuenta de que estaba archivad, “estuvimos en la Dirección de Personal y en Planeación, definitivamente vimos que no hubo seguimiento a nuestra petición”, denunció el representante de los supervisores.
Entonces, enviaron una nueva petición a la Secretaría Técnica de la SEG y el 29 de octubre entregaron de manera física el documento, pero tampoco les han dado respuesta. Incluso, según el supervisor, los funcionarios no les contestan las llamadas y los mensajes los dejan “en visto”.
Por ello, este martes acudieron con directores y padres de familia de las escuelas, de varias zonas escolares de Costa Chica, para pedir una mesa de diálogo en la que piden que estén presentes el Director de Personal, Julio Alejandro Lucas Secundino; el director de Planeación, Víctor Rodríguez Orozco; la directora de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Silvia Guillermo Tecoapa; el director de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, y el director de Finanza, Alejandro Moreno Lira.
Informó que en casi todos los municipios de la región hay vacantes en las telesecundarias, de acuerdo con la estructura ocupacional que las autoridades de la SEG emiten, “es decir, es una necesidad que ellos conocen”.
Informó que hay escuelas que están siendo atendidas con uno o dos docentes solamente, “ellos conocen esta necesidad, pero simplemente no nos han dado respuesta”.
De acuerdo con el representante, las autoridades de la SEG les han dicho que no han autorizado a los maestros porque no hay nuevas contrataciones.
Dijo que, en efecto, saben que hubo muy pocas contrataciones, pero que en el caso de Costa Chica no fue beneficiada con ninguna, “ni con interinatos, mucho menos con maestros de base”.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), se instalaron en plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para demandar una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Encabezados por su dirigente, Jesús Plácido Galindo, unos 20 indígenas ñu savi del municipio de San Luis Acatlán y nahuas de Chilapa, instalaron su plantón a las 9:30 de la mañana.
Plácido Galindo informó que piden la reunión con la gobernadora para solicitarle su intervención, a fin de que sean censados para que reciban apoyo del gobierno federal las familias de esos dos municipios, que sufrieron daños por el huracán John.
Agregó que también piden que se frene la violencia que sufren en las comunidades de Chilapa por el crimen organizado, que de 2015 a este 2024 ha dejado 63 asesinatos y 22 desaparecidos.
Por la tarde, el gobierno estatal informó en un boletín de prensa que el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, se reunió con la representación de los indígenas, “con el objetivo de dar continuidad y atención a sus diferentes demandas relacionadas a temas de salud, educación y rehabilitación de carreteras en las diversas comunidades de la Montaña”.
Sin embargo, el dirigente de la agrupación Plácido Galindo, declaró por teléfono que no hubo acuerdos con el funcionario porque “no resolvió ninguna de nuestras demandas” y adelantó que este martes continuarán con su protesta en esta capital, aunque no precisó si será nuevamente afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo o en otro lugar.
Minutos después de que instalaron el plantón, el dirigente informó que les ofrecieron una mesa de diálogo con Rodríguez Cisneros, pero que con él se han reunido muchas veces y no les ha solucionado sus demandas, por lo que insistirían que la reunión sea con la gobernadora.
El dirigente indígena informó que son al menos 18 comunidades, del municipio de Chilapa, en la Montaña, y el ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, región de la Costa Chica, que no han recibido apoyos del gobierno federal por los daños del huracán John.
Reprochó que las familias de estas comunidades que resultaron afectadas, tampoco han sido censadas.
Dijo que muchas de ellas no les han arreglado ni si quiera sus caminos, citó el caso de la carretera Buenavista a San Luis Acatlán, la cabecera municipal. Así como el tramo de Atzacoaloya, municipio de Chilapa a Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
Informó que en esta zona de Chilapa, los gobiernos federal y estatal tampoco han resuelto el grave problema de violencia que viven las localidades generada por el grupo delictivo de Los Ardillos.
Al respecto, en un escrito al que dieron lectura durante su mitin, denuncian “la complicidad de los tres órdenes de gobierno con los grupos de narco-paramilitares que asesinan, desaparecen y aterrorizan nuestras comunidades con total impunidad”.
Placido Galindo indicó, en entrevista, que también en estas localidades, que suman 17 donde tiene presencia el Cipog-EZ, tampoco les han resuelto demandas añejas que tienen que ver con el arreglo de sus caminos, centros de salud, escuelas y una Casa de la Cultura en Alcozacán, obras con las que se comprometieron los gobiernos federal y estatal para resarcir los daños que les ha dejado la violencia.
“Nos ignoran y desprecian, salvo en tiempos de elecciones, cuando nos recuerdan únicamente para manipularnos y pedir nuestros votos. Cada seis años valemos para sus intereses, pero cuando exigimos nuestros derechos, como tierra, salud, educación, justicia y paz, nos niegan sistemáticamente”, reprocha el Cipog-EZ en el documento que uno de sus integrantes leyó en el mitin.
En el escrito critican que el gobierno de la Cuarta Transformación “se burla de nosotros en sus conferencias de prensa mañaneras, diciendo que primero los pobres y fingen reconocer a nuestros pueblos indígenas, pero son palabras vacías, promesas de programas sociales y simulación”.
Por ejemplo, refieren que este gobierno no ha cumplido su promesa de pavimentar las carreteras de las localidades Zacapexco, Alcozacán y Tula, del municipio de Chilapa, y se quejan que el diálogo con las autoridades sólo sirve “para ganar tiempo y no resolver nuestras demandas”.
“En 2019 prometieron carreteras artesanales para conectar nuestras comunidades, y en junio pasado el ingeniero Martín Vega, titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) dijo que no había los recursos, lo cual es una burla”.
También recordaron en su pronunciamiento que el subsecretario de gobierno, Francisco Rodríguez, prometió atender sus demandas después de las elecciones, “nos aseguró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda nos recibiría. Hoy, como siempre, llegan con excusas. Nos mienten. Nos ignoran. Nos desprecian. Mientras tanto, la guerra contra nuestros pueblos no cesa. Se intensifica la militarización, el despojo, la contrainsurgencia y la persecución de quienes defendemos la tierra, el agua y la vida”.
Ante ello, advierten que “no permaneceremos arrodillados frente a este insulto e injusticia. No venimos a pedir caridad ni permisos, venimos a exigir lo que nos pertenece como pueblos y el respeto que merecen nuestras comunidades”.
En el boletín del gobierno estatal que se difundió por la tarde, se informó que “con el objetivo de dar continuidad y atención a sus diferentes demandas relacionadas a temas de salud, educación y rehabilitación de carreteras en las diversas comunidades de la Montaña alta, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, llevó a cabo una reunión con integrantes del Cipog-EZ”
Agregó que “se presentaron acuerdos favorables por parte de la diferentes autoridades del gobierno del Estado, las cuales darán la atención correspondiente”.
Sin embargo, consultado por teléfono, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo, declaró que sí los recibieron, pero que “ni siquiera se firmó una minuta porque no nos dieron ninguna respuesta”.
Indicó que convinieron que este martes van a seguir con “la gestión”.
Adelantó que este día van a continuar con su protesta en Chilpancingo, pero no precisó dónde será, pues este lunes por la tarde se habían retirado de la entrada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo y se encontraban afuera de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en donde pernoctarían.
En el boletín se informó que en la reunión participaron el director general de CICAEG, Martín Vega González; el director general de Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Benjamín Guinto Nava; la coordinadora de Vinculación con Instancias Públicas y de la Sociedad Civil de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Lilia Taquillo López, y la subdirectora de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Nancy Karina Martínez Osorio.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero en conferencia de prensa en la entrada principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
Este lunes, vecinos de la colonia Lomas Diamante, en Zihuatanejo, cumplieron 10 días en plantón frente a brecha que atraviesa el terreno que colinda con la unidad habitacional Infonavit El Hujal, por donde cruzan para llegar a sus domicilios, para esperar que la alcaldesa Lizeth Tapia Castro acepte entablar un diálogo.
La colonia Lomas Diamante es un núcleo poblacional asentado en tierras ejidales, en una extensión de poco más de mil metros lineales y colinda con la unidad habitacional Infonavit El Hujal y Vaso de Miraflores.
Una parte de las familias, asentadas en el lado poniente de la colonia, unas 30 de ellas, hace seis años usaban como paso de servidumbre un terreno que es propiedad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, (CAPAZ), pero les prohibieron seguir usándolo, porque la paramunicipal rentó ese predio a una compañía de telefonía celular.
Ante la necesidad de llegar a sus domicilios por ese mismo lado, como lo habían venido haciendo, pues los dos únicos accesos a ese núcleo poblacional les quedan a una distancia de alrededor de 800 a mil metros, los vecinos se organizaron y construyeron dos escaleras de madera, para pasar por encima de la barda que delimita un terreno que colinda con el que es propiedad de la CAPAZ, pero que tiene rentado.
La parte de la barda que los vecinos escalaban se cayó, aunque no precisaron cuándo ocurrió, pero aseguraron que ellos no tuvieron nada que ver en su caída. De ahí que el pasado 1 de noviembre, al lugar llegaron trabajadores de la CAPAZ, acompañados de policías municipales armados, para levantar la barda e impedirles el paso por ese lugar.
Desde ese día, los habitantes se organizaron para plantarse en ese lugar. Este lunes cumplieron 10 días, pues pretenden impedir que se construya hasta que primero tengan un diálogo con la alcaldesa Lizette Tapia Castro, “su esposo nunca nos quiso atender, ni escuchar. Durante los últimos seis años le estuvimos enviando oficios, solicitándole una reunión, pero jamás nos quiso escuchar ni atender”, dijo una de las vecinas que permanecen en el plantón.
Agregó que, en estos días, han recurrido a los regidores de Morena para que les ayuden a gestionar una reunión con Tapia Castro, “pero nos han dicho que ella nos manda decir que para nosotros no tiene tiempo. Pero estamos seguros que eso es porque la persona que se dice presidenta de la colonia, Angela, tiene mucho que ver, porque esto no es más que una revancha política, porque en la campaña, los que vivimos en esta parte de la colonia no quisimos darle la copia de nuestra credencial”.
“Nosotros confiamos en la madurez política de la presidenta municipal, porque ella como gobernante, es presidenta de todos los ciudadanos de este municipio, no sólo de los de su partido. Mientras ella consigue hacerse tiempo para atendernos, aquí vamos a permanecer, porque es un derecho constitucional el que tenemos, de poder pasar a nuestros domicilios por este terreno, que ha estado baldío desde hace más 35 años”.
El plantón que colonos de la Lomas Diamante instalaron para evitar que les quiten la entrada a su colonia Foto: El Sur
Brenda Escobar
Zihuatanejo
Vecinos de la colonia Lomas Diamante, en Zihuatanejo, denunciaron que el gobierno municipal, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ), pretende quitarles la entrada que hay llegar a sus viviendas, que ocupan desde hace seis años, por lo que mantienen un plantón permanente para evitarlo.
La colonia Lomas Diamante, es un núcleo poblacional asentado en tierras ejidales, en una extensión de poco más de mil metros lineales y colinda con la unidad habitacional Infonavit El Hujal y con Vaso de Miraflores.
Para entrar a esa colonia por su lado oriente, los vecinos pueden hacerlo por un acceso que se ubica en los límites de la colonia El Hujal y la unidad habitacional Fovissste, como referencia, por el Colegio Zihuatanejo y también por el parque de la unidad habitacional Infonavit El Hujal, pero los habitantes, que son unas 25 familias, que están en el lado poniente de la colonia no tienen manera de entrar más que caminando por el acceso que ahora quiere quitarles el Ayuntamiento.
Un grupo de habitantes de esta colonia manifestaron que el viernes 1 de noviembre, un grupo de trabajadores de la CAPAZ llegó al lugar por donde pasan desde hace seis años, luego de que el Ayuntamiento rentó el predio, donde está un tanque de almacenamiento de agua, propiedad de la CAPAZ, para que fuera colocada una antena de telefonía celular y por eso ya no los dejaron pasar por ahí, pues en su momento se opusieron a que la antena fuera colocada en ese lugar.
Ante la necesidad de un paso de servidumbre, los vecinos improvisaron escaleras de madera para saltar la barda del terreno que colinda con el tanque de agua propiedad de la CAPAZ, que es donde está la antena de telefonía celular, para poder pasar, pero “a un mes de que tomó posesión la nueva presidenta municipal, vinieron a querer taparnos el paso”.
Una de las vecinas comentó que llevan seis años enviando oficios al gobierno municipal, para instalar una mesa de negociación y encontrar una solución a la necesidad que tienen ellos, de poder pasar a sus domicilios por ese lugar, pues los dos accesos que tiene la colonia les quedan a más de 800 metros, “incluso, es hasta absurdo que tengamos que caminar 800 metros para ir a dejar la basura hasta ese lugar donde llega el camión recolector. Porque hasta acá no llega, por indicaciones de la presidenta de la colonia”.
Los vecinos atribuyen este conflicto a una revancha política por parte de la presidenta de la colonia, a quien identificaron con el nombre de Ángela, de militancia priista y cercana a la alcaldesa Lizette Tapia Castro, “como nosotros no coincidimos con la presidenta de la colonia, hasta acá no nos llega el servicio de la recolección de basura, ni la pavimentación de la calle principal, ni el alumbrado público. Nada, todos los beneficios que llegan ella los ha acaparado”.
Agregaron que por ese motivo decidieron permanecer en un plantón permanente, las 24 horas del día, para evitar que les tapen el paso, “no todos los vecinos tienen carro, imagínese con este sol, venir del centro y caminar más de un kilómetro cargando las bolsas del mercado. Por eso estamos aquí, resistiendo hasta que la alcaldesa nos escuche”, al tiempo que hicieron un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “para que vengan a vernos y vean que tenemos la necesidad de tener este espacio para poder pasar”.
Padres de familia de la primaria Ambrosio Figueroa, en la localidad Quetzalapa, municipio de Huitzuco, cumplieron su advertencia de no volver a clases, así como mantener la toma del plantel y de la Supervisión Escolar 127, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
La protestao es para exigirle a la SEG el envío de dos profesores que les hacen falta, mientras que el resto de las escuelas de esta zona escolera sí regresaron a las clases.
De acuerdo con información ofrecida por padres de familia de esta escuela, a las 9 de la mañana se instalaron de nuevo en plantón afuera de la primaria, mientras que otro grupo tiene tomada la oficina de la SEG, ubicada en la colonia Centro de la cabecera municipal de Huitzuco.
Un padre de familia informó, vía telefónica, que mantendrán la toma de la escuela por tiempo indefinido, hasta que las autoridades educativas envíen a los docentes que hacen falta, para los grupos de tercero y sexto grado, cuyos nombramientos sean definitivos y no como comisionados o provisionales, como les ofrecieron al inicio de este conflicto, luego de que pararon labores desde el martes de la semana pasada.
Este lunes, las diez escuelas que conforman la zona escolar 127 de Huitzuco se sumaron al paro de labores, con el apoyo de docentes y padres de familia, para exigir a la SEG la reposición de directores, docentes y personal administrativo que falta en cada plantel.
El martes, en Chilpancingo hubo una reunión con funcionarios de la SEG y las comisiones de las diez escuelas, en la que se les ofreció iniciar las gestiones para la reposición de los trabajadores donde haga falta, sin que les hayan dado un plazo o fecha para esta asignación.
Luego de este ofrecimiento, la mayoría aceptó la propuesta y este jueves volvieron a las aulas, pero no así la primaria Ambrosio Figueroa, en Quetzalapa, que fue la iniciadora del movimiento, porque exigen el cumplimiento a su petición, por lo que 76 alumnos siguen sin clases.
Ante la negativa de diálogo por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, los vecinos que defienden el área verde de la plazuela Los Cántaros, en Tlapa, que se encuentran en plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La presidenta del Comité de Defensa del parque Los Cántaros, en la colonia San Diego,Verónica Ureiro Castañeda, informó que la queja la presentaron el martes pasado, cuando les habían ofrecido por oficio una audiencia con la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, pero se las cancelaron.
A partir de ese día, los plantonistas colocaron lonas con reclamos en contra de la gobernadora Salgado Pineda.
Una de las lonas que fueron colocadas al frente del edificio gubernamental, dice: “Gobernadora, ¿este es el amor con el que nos paga? No sea cómplice de un ecocidio. Solución inmediata a la plazuela de Los Cántaros, Tlapa”.
En otra se lee: “¿Cuántos días más gobernadora? Audiencia inmediata”.
El plantón de los vecinos de la colonia San Diego, que piden la clausura definitiva de 17 locales comerciales que invaden un área verde del parque Los Cantaros, cumplió este viernes 19 días.
Informó que la reunión a la que los había convocado, para el 8 de octubre, la encargada de despacho de la Secretaría de Gobierno, se las cancelaron un día antes, “por la inseguridad que había en Chilpancingo”.
Informó que hasta este viernes todavía no les habían programado una próxima reunión. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
El plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Tras 11 días de plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo y nueve meses en el parque Los Cántaros, de Tlapa, las autoridades no han dado solución a los vecinos que denuncian el problema ambiental provocado por un grupo de comerciantes en esa área verde.
En conferencia de prensa, los vecinos del barrio San Diego, en Tlapa, quienes este jueves cumplieron 11 días con su protesta en las escalinatas del Recinto Estatal, informaron que van a continuar el tiempo necesario hasta que los reciba la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o las autoridades retiren de los locatarios del parque.
“Sólo queremos rescatar el área verde que se ubica en el barrio San Diego, en la plazuela de Los Cán-taros”, dijo la representante del Comité de Defensa del Parque Los Cántaros, Verónica Ureiro.
El área que defienden no es cualquier lugar, la plazuela Los Cántaros es un espacio con historia y cultura. Ahí, hace más de 30 años, artesanos alfareros de las comunidades aledañas a Tlapa elaboraban sus artesanías en barro y acudían cada domingo a la plazuela, a vender sus productos.
La presidenta del Comité de Defensa del parque Los Cántaros de Tlapa, Verónica Ureiro, habla en la conferencia de prensa. La flanquean Zacarías Noriega, y Aidé Saldivar Foto: Jessica Torres Barrera Integrantes del Comité de Defensa del parque Los Cántaros de Tlapa, en conferencia en el plantón que mantienen desde hace 11 días, afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo en la gráfica Zacarías Noriega, la presidenta del comité de rescate Verónica Ureiro y Aide Saldivar. Foto: Jessica Torres Barrera
“Siempre fue un lugar de recreación”, explicó Ureiro Castañeda, quien subrayó que por eso se le conoce como la plazuela de Los Cántaros.
Pero después, comerciantes ven-dedores de alimentos, que estaban instalados en el zócalo fueron reubicados ahí temporalmente por el presidente municipal en turno, con el compromiso de que luego serían reubicados a otro lugar, pero con el tiempo ya no quisieron moverse.
La representante de los vecinos del barrio San Diego explicó que quienes venden ahora ya no son los comerciantes originales que llegaron, sino que son hijos o nietos, incluso muchos de los que llegaron primero ya vendieron sus espacios.
“Estamos hablando de que los comerciantes han lucrado con el área verde, que es un espacio público”, denunció.
Ureiro Castañeda informó que el 19 de febrero pasado trajeron a la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero (Propeg), a cargo de Carlos Toledo Manzur, las pruebas que tienen del daño que se está provocando a los árboles, de más de 100 años de vida.
“Tenemos fotos donde se ve que han clavado en los tallos de los árboles las mufas y medidores de la luz, también los utilizaron de soportes para sus techos, y los tienen completamente sellados con espuma industrial para que no se filtre el agua y no se mojen”, denunció.
Declaró que personal de la Propeg fue a Tlapa el 11 de marzo, a inspeccionar, y confirmó que hay delito que perseguir, por daño ambiental. El 21 de marzo fue de nuevo personal de la dependencia, a colocar sellos de clausura. Sin embargo, no cerró la entrada, porque según les dijo el titular Toledo Manzur, los comerciantes tenían que respetar los sellos.
“Pero fue evidente que no le hicieron caso a la Propeg, pues siguen teniendo actividades comerciales, sabiendo que el daño que provocan día a día es irreversible para los árboles”.
Ureiro Castañeda denunció que después de que no respetaron los sellos de clausura, la dependencia envió un oficio al Ayuntamiento, para que se encargara de la vigilancia, “pero como el presidente municipal, Gilberto Solano Arreaga, es cómplice de los comerciantes, hizo caso omiso”.
Denunció que, incluso, los comerciantes con el apoyo del alcalde, quien se reeligió en el cargo, intentaron el 6 de enero derribar todos los árboles para construir 17 locales comerciales, pero los vecinos del barrio San Diego lo impidieron y cerraron el lugar.
Sin embargo, la representante de los vecinos, denunció que el propio alcalde apoyó a los comerciantes para que volvieran a entrar e invadir el lugar para sus actividades.
Insistió en que por el apoyo que tienen del alcalde, los comerciantes nunca respetaron los sellos de clausura que colocó la Propeg y quienes se están apropiando del espacio no han sido sancionados por la violación de los sellos.
Indicó que actualmente los guerrerenses están padeciendo los desastres naturales, como los huracanes, ciclones y tormentas, “por el daño ambiental que estamos ocasionando”.
Dijo que derivado de ello las autoridades “están atendiendo las consecuencias de algo que se puede prevenir, ¿y cómo como lo vamos a prevenir? Protegiendo nuestras áreas verdes, cuidando nuestros árboles y el medio ambiente”, pero insistió que en este caso las autoridades están siendo omisas.
La representante de los plantonistas denunció que es evidente que no sólo hay complicidad del alcalde de Tlapa, sino también corrupción, “porque, por supuesto que también se iba a beneficiar”.
Informó que el área pública que defienden es de un terreno de unos 50 por 30 metros.
Recordó que los vecinos siempre han defendido este espacio como área verde, que en 1996, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo falló a favor de los vecinos de ese barrio y el espacio fue declarado oficialmente como un área verde, un lugar de recreación.
Dijo que en el mismo fallo se establece que no puede ser vendido, donado, enajenado ni utilizarse para algo distinto.
