Líderes de opinión y sociedad civil solicitaron que se cumpla lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que el 90 por ciento del Jardín del Puerto no se construirá “será área verde”, y que se demuelan los locales que están donde antes había un restaurante.
Ayer en conferencia de prensa, el urbanista Domitilo Soto, acompañado del líder social, Adolfo Plancarte Jiménez, dijo que la ciudad requiere de más áreas verdes y que también se necesita mover la parada del Acabús para que se respete la ventana ecológica.
“Queremos que se consolide la expresión de la presidenta que 90 por ciento será área verde y que el Jardín del Puerto sea respetado el auditorio para expresión artística y cultural, que los locales donde será la billetería del Marinabús, sean respetados”, declaró.
Agregó que la petición a las autoridades de los tres órdenes de gobierno es que demuelan los otros locales para que tengan el área verde con pasto, plantas, jardines y los andadores con bancas para el disfrute de acapulqueños y de los turistas que visitan la ciudad.
Explicó que lo que pretenden es que se garantice la “ventana ecológica”, por ello el llamado a la presidenta Abelina López Rodríguez para que en Cabildo se legalice el uso de suelo de 90 por ciento área verde del jardín, a la gobernadora Evelyn Salgado la petición es que “se demuela el paradero del Acabús, porque eso obstruye la ventana ecológica”.
“Pedimos que donde están las mamparas están los locales viejos, eso es lo que pedimos que se demuelan”, dijo el urbanista que aclaró que no se está haciendo ninguna propuesta arquitectónica, ni tampoco están buscando trabajo, sino que sean ellos lo que modifiquen el proyecto para el uso y goce de las personas”, mencionó.
Por otra parte, reconoció la labor de la ambientalista Kay Mendieta por su labor en la defensa del Jardín del Puerto, que “estaba concesionado a un particular”.
En tanto Adolfo López Plancarte dijo: “la presidenta ya dijo que no solo no será 80 por ciento, sino será el 90 por ciento el área verde el Jardín del Puerto y tiene que tener árboles, plantas, con adecuado mantenimiento y lo que pedimos es que se respete y que se adecuen las construcciones que se hicieron de Fragata Azul, otros locales comerciales, pero además fracasaron”.
Areas verdes son utilizadas como estacionamiento en la playa Tamarindo en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Jacob Morales Antonio
Desde el lunes prestadores de servicios turísticos y franeleros estacionan de forma irregular automóviles de visitantes en una área verde de playa Tamarindos, sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente intervengan.
En un recorrido este domingo, los prestadores y franeleros ofrecen a los visitantes que llegan con sus automóviles y camionetas un espacio bajo las palmeras por un costo de 100 pesos, y a quienes no entregan ningún tipo de boleto, pero se comprometen a cuidar los vehículos.
Al preguntar a uno de los franeleros que se encontraba en el lugar, indicó que debido a la necesidad de los visitantes, la falta de estacionamientos en la avenida Costera, y a que en el lugar está descuidado y sin plantas, hay espacio para estacionar los automóviles y las camionetas.
El área verde federal está entre el restaurante La Bella Italia y Las Palmas, donde el suelo antes del huracán Otis tenía pasto, y hay una docena de palmeras que dan sombra.
Pasado el mediodía en el lugar había 12 automóviles y camionetas estacionadas, y cuyos propietarios y sus familias estaban disfrutando de la playa Tamarindos, que tenía muchos bañistas, pero no estaba a su máxima capacidad.
Según las normas oficiales para el uso, goce y disfrute de la zona federal quien haga uso, deberá de tener un permiso o concesión, y pagar los derechos e impuestos en la Zofemat que está a cargo del municipio, mientras la Profepa y Semarnat, son las instancias encargadas de vigilar el cumplimiento de los reglamentos.
En la misma área, pero en la Costera, el jueves la dirección de Vía Pública retiró 90 objetos, entre sillas, cubetas, y troncos que eran usado por los franeleros para apartar espacios y cobrar a los visitantes 100 pesos por dejar sus automóviles en la vía pública.
El plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Tras 11 días de plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo y nueve meses en el parque Los Cántaros, de Tlapa, las autoridades no han dado solución a los vecinos que denuncian el problema ambiental provocado por un grupo de comerciantes en esa área verde.
En conferencia de prensa, los vecinos del barrio San Diego, en Tlapa, quienes este jueves cumplieron 11 días con su protesta en las escalinatas del Recinto Estatal, informaron que van a continuar el tiempo necesario hasta que los reciba la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o las autoridades retiren de los locatarios del parque.
“Sólo queremos rescatar el área verde que se ubica en el barrio San Diego, en la plazuela de Los Cán-taros”, dijo la representante del Comité de Defensa del Parque Los Cántaros, Verónica Ureiro.
El área que defienden no es cualquier lugar, la plazuela Los Cántaros es un espacio con historia y cultura. Ahí, hace más de 30 años, artesanos alfareros de las comunidades aledañas a Tlapa elaboraban sus artesanías en barro y acudían cada domingo a la plazuela, a vender sus productos.
La presidenta del Comité de Defensa del parque Los Cántaros de Tlapa, Verónica Ureiro, habla en la conferencia de prensa. La flanquean Zacarías Noriega, y Aidé Saldivar Foto: Jessica Torres Barrera Integrantes del Comité de Defensa del parque Los Cántaros de Tlapa, en conferencia en el plantón que mantienen desde hace 11 días, afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo en la gráfica Zacarías Noriega, la presidenta del comité de rescate Verónica Ureiro y Aide Saldivar. Foto: Jessica Torres Barrera
“Siempre fue un lugar de recreación”, explicó Ureiro Castañeda, quien subrayó que por eso se le conoce como la plazuela de Los Cántaros.
Pero después, comerciantes ven-dedores de alimentos, que estaban instalados en el zócalo fueron reubicados ahí temporalmente por el presidente municipal en turno, con el compromiso de que luego serían reubicados a otro lugar, pero con el tiempo ya no quisieron moverse.
La representante de los vecinos del barrio San Diego explicó que quienes venden ahora ya no son los comerciantes originales que llegaron, sino que son hijos o nietos, incluso muchos de los que llegaron primero ya vendieron sus espacios.
“Estamos hablando de que los comerciantes han lucrado con el área verde, que es un espacio público”, denunció.
Ureiro Castañeda informó que el 19 de febrero pasado trajeron a la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero (Propeg), a cargo de Carlos Toledo Manzur, las pruebas que tienen del daño que se está provocando a los árboles, de más de 100 años de vida.
“Tenemos fotos donde se ve que han clavado en los tallos de los árboles las mufas y medidores de la luz, también los utilizaron de soportes para sus techos, y los tienen completamente sellados con espuma industrial para que no se filtre el agua y no se mojen”, denunció.
Declaró que personal de la Propeg fue a Tlapa el 11 de marzo, a inspeccionar, y confirmó que hay delito que perseguir, por daño ambiental. El 21 de marzo fue de nuevo personal de la dependencia, a colocar sellos de clausura. Sin embargo, no cerró la entrada, porque según les dijo el titular Toledo Manzur, los comerciantes tenían que respetar los sellos.
“Pero fue evidente que no le hicieron caso a la Propeg, pues siguen teniendo actividades comerciales, sabiendo que el daño que provocan día a día es irreversible para los árboles”.
Ureiro Castañeda denunció que después de que no respetaron los sellos de clausura, la dependencia envió un oficio al Ayuntamiento, para que se encargara de la vigilancia, “pero como el presidente municipal, Gilberto Solano Arreaga, es cómplice de los comerciantes, hizo caso omiso”.
Denunció que, incluso, los comerciantes con el apoyo del alcalde, quien se reeligió en el cargo, intentaron el 6 de enero derribar todos los árboles para construir 17 locales comerciales, pero los vecinos del barrio San Diego lo impidieron y cerraron el lugar.
Sin embargo, la representante de los vecinos, denunció que el propio alcalde apoyó a los comerciantes para que volvieran a entrar e invadir el lugar para sus actividades.
Insistió en que por el apoyo que tienen del alcalde, los comerciantes nunca respetaron los sellos de clausura que colocó la Propeg y quienes se están apropiando del espacio no han sido sancionados por la violación de los sellos.
Indicó que actualmente los guerrerenses están padeciendo los desastres naturales, como los huracanes, ciclones y tormentas, “por el daño ambiental que estamos ocasionando”.
Dijo que derivado de ello las autoridades “están atendiendo las consecuencias de algo que se puede prevenir, ¿y cómo como lo vamos a prevenir? Protegiendo nuestras áreas verdes, cuidando nuestros árboles y el medio ambiente”, pero insistió que en este caso las autoridades están siendo omisas.
La representante de los plantonistas denunció que es evidente que no sólo hay complicidad del alcalde de Tlapa, sino también corrupción, “porque, por supuesto que también se iba a beneficiar”.
Informó que el área pública que defienden es de un terreno de unos 50 por 30 metros.
Recordó que los vecinos siempre han defendido este espacio como área verde, que en 1996, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo falló a favor de los vecinos de ese barrio y el espacio fue declarado oficialmente como un área verde, un lugar de recreación.
Dijo que en el mismo fallo se establece que no puede ser vendido, donado, enajenado ni utilizarse para algo distinto.
Este lunes, trabajadores de las direcciones municipales de Gobernación y Desarrollo Urbano de Zihuatanejo, pretendieron retirar un comedor comunitario de un área verde en la colonia El Limón; vecinos de ese núcleo poblacional y de la colonia Paraíso-Limón, acudieron a expresar sus opiniones a favor y en contra del establecimiento.
El comedor comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo de la voluntaria Graciela Martínez León, quien construyó un cuarto con madera de palma y lámina galvanizada en un área verde, a unos metros del arroyo El Limón, explicó que hizo esa construcción porque le pidieron la casa donde antes funcionaba el comedor comunitario, y su promotora, de nombre Elda, le exigió que abriera el comedor o de lo contrario se llevaría ese apoyo al municipio de La Unión.
Dijo que en promedio, diariamente, junto con más mujeres voluntarias, dan de comer a 160 personas, menores de edad, mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes y adultos mayores de escasos recursos.
Ayer por la mañana fue el primer día que abrió el comedor en el área verde, adonde llegaron trabajadores de Gobernación y Desarrollo Urbano municipal, así como la encargada del parque ecológico El Limón; el presidente de dicha colonia, Antonio Campos Portillo, y de la colonia Paraíso-El Limón, José Alfredo Lino Silva, para pedirle que busque otro espacio para que funcione “antes de que intervenga la Comisión Nacional del Agua”.
También acudieron algunos beneficiarios del comedor, quienes exhibieron pancartas en apoyo a que éste se quede en ese sitio, “tenemos necesidad de un comedor comunitario”; Graciela Martínez comentó que en la misma franja donde ella colocó la endeble construcción, hay negocios, como taquerías, que están invadiendo el área verde y no son molestados.
Después de casi una hora, los representantes del Ayuntamiento acordaron que darán tres meses para que las voluntarias del comedor busquen un lugar adecuado para reubicarlo, pues observaron la postura de los beneficiarios, quienes coincidieron en manifestar que gracias a este comedor pueden alimentarse “aunque sea” dos veces al día. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).
Trabajadores del área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento capitalino ejecutaron la orden de desmantelamiento de la casa construida en un área verde del Fraccionamiento Río Azul, a petición de vecinos.
Este martes, en la mañana trabajadores llegaron a la zona señalada para iniciar el desmantelamiento de la vivienda hecha con una estructura de metal ligero y paredes de triplay.
Los trabajadores no hablaron sobre la orden que se cumplía tras la denuncia de vecinos.
La semana pasada, vecinos del fraccionamiento Río Azul denunciaron que el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno intervino para que no se desalojara a una vecina que había invadido un área verde. La vivienda estaba siendo preparada para introducir servicios de agua potable y drenaje, y en unos días le iban a instalar el medidor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ayer la responsable de la invasión estaba en el lugar revisando que el material retirado fuera colocado en camionetas para su protección.
Vecinos del fraccionamiento Río Azul al oriente de Chilpancingo denunciaron que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno intervino para que no desalojaran a una vecina que invadió un área verde en dicho asentamiento, pese que la mujer tiene otro lugar donde vivir.
En el fraccionamiento Río Azul, unos vecinos encabezados por el presidente de la colonia, Eduardo Mendoza Acosta mostraron el área verde que fue invadida por la mujer que tiene su casa de material frente a dicha zona.
Eduardo Mendoza informó que desde hace tres meses la señora de quien desconoce el nombre empezó a construir en el lugar destinado como área verde y se le informó que no podía pero no hizo caso.
Indicó que los vecinos acudieron a Desarrollo Urbano Municipal de Chilpancingo y los trabajadores acudieron a notificarle a la mujer y clausuraron la obra, sin embargo no le importó y continúo con la construcción.
Precisó que la casa de madera y lámina ya tiene drenaje, piso de material y pronto se introducirá energía eléctrica.
Manifestó que este jueves le hablaron los del Ayuntamiento y le dijeron que se cancelaría el desalojo para este viernes porque la señora giró un oficio de la Codehum por parte de Ramón Navarrete quién la apoya para que no la desalojen.
Los vecinos dijeron que en el fraccionamiento habitan 325 familias quienes quieren el área verde para sembrar árboles frutales y tener espacios para sus hijos “pero la señora se adueñó del lugar”, recriminó Eduardo Mendoza.
Expresó que desconoce el motivo por el cual el presidente de la Codehum apoya para que la vecina no sea desalojada ya que ella ya tiene una casa de material en frente de donde construye la otra.
El presidente de la colonia responsabilizó al Ayuntamiento de Chilpancingo y al titular de la Codehum, Ramón Navarrete de que si la señora no quita su casa dentro de las 24 horas los vecinos se apropiarán de las 7 áreas verdes.
Los colonos pidieron al Ayuntamiento que haga el desalojo porque el lugar fue donado para área verde. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Karina Contreras Colonos de Renacimiento protestaron contra la pretensión de construir una cantina en un área que –aseguran– es parte de la plaza cívica del lugar, y la cual fue invadida por personas que dicen compraron en 1997 al Fideicomiso Acapulco (Fideaca).
Alrededor de 30 vecinos pidieron la intervención del gobernador René Juárez Cisneros y del alcalde Alberto López Rosas, pues los “invasores están siendo apoyados por el regidor perredista Germán Farías”.
Los colonos con pancartas protestaron en donde trabajadores estaban rompiendo el concreto de lo que, a simple vista, se ve que es una plazoleta. Con gritos los inconformes se enfrentaron a los supuestos dueños del predio, encabezados por Mariano Acevedo Cortés.
El predio en disputa está ubicado en el eje central Vicente Guerrero, esquina con Eduardo Neri. Los vecinos mostraron un plano –original, según ellos– donde se estipula que esa predio está destinado como área verde desde hace 24 años.
El vecino, Hubert Cortés Morales, dijo que el parque fue invadido por la familia Acevedo Cortés, y que ahora se dicen dueños cuando, desde la fundación de Renacimiento, el predio fue destinado como área verde.
Acusó que si esa familia tiene documentos, seguramente son falsos, comprados a la mala y vendidos por autoridades corruptas. Pidió la intervención de López Rosas para que atienda el problema, pues ellos no van a dejar que les quiten esa área verde.
Acusó a la familia Acevedo de haber invadido el andador Aries, y los vecinos no dijeron nada, pero que ahora si no van a permitir que les quiten casi siete metros del parque.
Acusó al regidor Germán Farías de apoyar las invasiones en las áreas verdes de las colonias, por lo que dijo que no es posible que se tenga ese tipo de autoridades; al Fideicomiso le pidió que deje de andar vendiendo las áreas verdes de las colonias.
En tanto, Mariano Acevedo Cortes dijo que el compró el predio por 26 mil pesos al Fideicomiso Acapulco en 1997, luego de que años antes invadiera una parte, y que en 2000 le entregó las escrituras el director de esa dependencia, Antonio Pizá Soberanis.
Negó que el área que ocupa sea un área verde, y pidió a las autoridades que lo verifiquen si quieren. Informó que en el lugar no se va a construir una cantina, sino que será un autolavado, aunque la licencia de uso de suelo entregada es para casa-habitación.
