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Exigen colonos en Palacio Municipal que autoridades cumplan acuerdos de obras

Aurora Harrison

Vecinos de diferentes colonias de la ciudad acudieron al Ayuntamiento para manifestarse porque el gobierno no ha cumplido con el pliego de peticiones que hicieron de agua potable, pavimentación de calles y electrificación de colonias.
A las 11 de la mañana de ayer lunes, unas 30 personas, encabezadas por el gestor social Armando Hernández Nieves, acudieron al Palacio Municipal para pedir que se atiendan sus demandas y es que aseguran no dan seguimiento a los acuerdos de las mesas de trabajo.
Para atender a los vecinos salió el subsecretario de Asuntos Políticos, Sociales y Religiosos, Marcelino Miranda Añorve. Después de dialogar unos minutos en la explanada del Palacio Municipal entró una comisión a su oficina para dar seguimiento a algunos planteamientos.
De acuerdo con los vecinos, dijeron que han hecho varios planteamientos y han tenido varias mesas de trabajo en las que hay acuerdos, sin que les den seguimiento, por lo que se presentaron para demandar que se atienda y se hagan las obras pendientes, y se atienda la petición de agua potable, alumbrado y electrificación.

Se vigilará que los desarrollos acaten las nuevas normas de construcción: Meraza

 

Aurora Harrison

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, Luz María Meraza Radilla, aseguró que se vigilará que los desarrollos tomen en cuenta los nuevos lineamientos de construcción, considerando la intensidad de sismos y vientos de más de 270 kilómetros por hora como los que se tuvo en octubre pasado con el huracán Otis.
En declaraciones la funcionaria dijo que el Ayuntamiento trabaja en las adecuaciones del Reglamento de Construcción y en el Plan Director de Desarrollo Urbano para que ambos consideren las recomendaciones que hizo el gobierno del estado en la publicación del decreto, porque los fenómenos naturales son más recurrentes.
Meraza Radilla indicó que el decreto que emitió el estado es para todos los municipios que se encuentran cerca del litoral costero, incluyendo San Marcos y Coyuca de Benítez, por lo que consideró que lo dicho por algunas asociaciones y colegios es una “interpretación equivocada”, porque el gobierno del estado “ve todo su litoral” y los municipios tienen que adecuar sus reglamentos basado en esas recomendaciones.
“Nosotros estamos trabajando en las adecuaciones del reglamento y somos coincidentes con las del gobierno del estado, que se deben tomar en cuenta antes de diseñar la intensidad de los sismos y de los vientos, en eso estamos”, puntualizó la funcionaria que mencionó que se trabaja con el Reglamento de Construcción y el Plan Director Urbano.
En tanto detalló que la Dirección de Ecología y Medio Ambiente está en la revisión del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, “estamos amalgamando con el Plan Director los usos de suelos, porque se agudizó en la zona Diamante, que es donde mayor problema se tuvo en los inmuebles y estamos trabajando en el reglamento”.
Agregó que los condominios que tienen más de cinco niveles deben de revisar sus estructuras es “obligatorio” que lo hagan, porque los materiales que se usan tienen que soportar los vientos de 270 hasta 300 kilómetros por hora como los que se tuvieron con Otis y es que mencionó que en los inmuebles que se están reconstruyendo tienen que “tener un estudio de laboratorio para ver la verticalidad de su estructura”.
La secretaria dijo que otra de las recomendaciones que se les hará es que los desarrollo deben usar materiales que “no corran peligro para un largo plazo y hacer una revisión de las nuevas condiciones de construcción en las fachadas, vidrios más resistentes, canceles que sean más duraderos para que la persona que compre tenga certeza de que es una buena inversión la que está haciendo y que su patrimonio dure mucho tiempo”.
Por ejemplo, citó que si el vidrio era de 2 pulgadas ahora tendrá que ser de 2.5 o 3, en caso de los sujetadores, si antes tenía dos, ahora tendrán que ser cuatro, “entonces los lineamientos del estado son coincidentes”, porque se “busca que los inmuebles tengan más vida útil y que haya menos daños en lo subsecuente”.
Sostuvo que los fenómenos naturales son más frecuentes por el cambio climático y citó que del huracán Paulina al Ingrid y Manuel pasaron unos 16 años, y de esos últimos a Otis 10 “se recortó el tiempo de un evento catastrófico y va a volver a suceder de esa magnitud o mayor y eso por el cambio climático que los tiempos son más cortos”.

 

Corresponde a los grupos multidisciplinarios evaluar el cumplimiento de la AVGM: activistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La representante y la integrante de organizaciones peticionarias de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida y de agravio comparado, Marina Reyna Aguilar y Lourdes Juárez Díaz, coincidieron en que estos mecanismos de emergencia deben representar avances en un plazo y no son permanentes.
Por lo tanto, reconocieron la intención del gobierno estatal de emprender acciones para ir levantando las medidas que atiendan la emergencia que se señala cada Alerta.
Sin embargo, señalaron que la calificación de cumplimiento depende de la valoración que realicen los Grupos Interinstitucionales Multidisciplinarios (GIM) de cada AVGM, coordinados por la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
La integrante de Obvio Guerrero, Lourdes Juárez, adelantó que, con el primer informe de esta administración sobre el cumplimiento de las medidas de la Alerta por agravio comparado, que envío en enero de 2023, Guerrero todavía no cumple con los indicadores para resarcir el agravio comparado sobre el aborto.
Este jueves, la directora estatal para Prevenir la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, informó que hay buenas expectativas para levantar medidas de las 13 de agravio comparado y 21 de la violencia feminicida, con el segundo informe que las instituciones responsables del cumplimiento, presentarán este mes a la Conavim. No precisó cuántas.
Reyna Aguilar, peticionaria de la Alerta por agravio comparado que se declaró en 2017, reconoció que la intención es buena “porque la alerta no es eterna”. Pero sí se levantan, será porque el GIM ha valorado un avance importante de cumplimiento, aclaró.
Señaló que la Alerta por violencia feminicida es más compleja y tiene más instituciones responsables de la atención. Además de que hay medidas que van relacionadas con otras.
Las dos activistas forman parte de cada GIM, como peticionarias de los mecanismo.
Reyna Aguilar y Juárez Díaz recordaron que la única medida que ha sido levantada a la fecha, de la AVGM por agravio comparado, es resultado del movimiento amplio de mujeres que empujó la reforma sobre la despenalización del aborto que se concretó en mayo de 2020.
Insistió en que la Secretaría de Salud evalúe y dé seguimiento al personal que tiene la obligación de dar seguimiento a la norma.
“Como parte del GIM nosotras no podemos hablar de las reuniones de evaluación. La información es institucional, pero se puede decir que habrá una revisión minuciosa, para determinar si las acciones del informe que envié el estado, ya responde a los indicadores que valorará el GIM, y ver si es viable el levantamiento de las medidas”.
La representante y directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim) aclaró que su postura no es que la alerta se estanque, sino que haya avances.
Y añadió que “es una pena que en seis años no hubo cumplimiento de ninguna medida, pese a los recursos humanos y financieros que se destinaron a ellos, ¿cómo es posible que no haya resultados en los indicadores de cumplimiento?, al final no hubo resultado favorable, ni impacto de ese recurso”.

Obvio Guerrero

En consulta por separado, Juárez Díaz aclaró que la última reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, que permitió la actualización de las alertas el año pasado, creo otros escenarios de cumplimiento para la actual administración. Ahora se pueden ir levantando medidas de manera individual.
De la reforma para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Guerrero, que permitió el levantamiento de una medida de la Alerta por Agravio Comparado, subrayó que fue resultado del pronunciamiento de este derecho que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la exigencia de activistas.
Indicó que todavía falta que sea una realidad en el estado, aunque en algunas unidades médicas han atendido estos casos, no todos los centros garantizan la atención.
Además de las resistencias del personal médico a realizar aborto voluntarios o legales, añadió que todavía no hay protocolos de actuación en el sector salud.
Confirmó que los trabajos de atención a la alerta continúan en la secretaría de Salud, porque el TSJ ya informó que no hay mujeres privadas de la libertad por el delito de aborto, aunque algunas organizaciones refieran casos clasificados como homicidio en razón de parentesco, por hechos de aborto.
Consideró que no debería hacer una postura triunfalista de las autoridades sobre su segundo informe de las alertas, después de que recibieron exhortos, observaciones para atender el mecanismo.
Asimismo, dijo que señalar que ya no existe agravio comparado en Guerrero por el levantamiento de la medida principal, “es aventurarse porque con eso es como decir, esto ya pasó a la historia, es parte de un sueño terrible. No es una postura real”.
Dijo que organizaciones nacionales como Mexfam e Ipas, siguen realizando capacitaciones en el estado, con argumentos jurídicos sobre la autonomía reproductiva o aborto que emanan de la SCJN.
Reconoció la postura del secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de trabajar con organizaciones civiles.

Piden informe a la fiscal sobre el cumplimiento a leyes de protección a mujeres de la violencia

La diputada del PRI Julieta Fernández Márquez en su participación en la sesión del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La diputada local priista Julieta Fernández Márquez, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos, para que presente al Congreso local un informe por escrito sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, y la de Protección, Atención y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos delitos en Guerrero, luego de que aumentaron los casos en la entidad.
La propuesta fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y Justicia. En tribuna Julieta Fernández dijo que es necesario que el Congreso conozca la información sobre el cumplimiento a esta ley, y justificó que la intención es la de unir esfuerzos para implementar acciones y estrategias para prevenir y sancionar este delito.
La priista dijo que de acuerdo a informes de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos, en Guerrero siguen desaparecidas 117 mujeres, además de que tienen documentadas 363 personas desaparecidas no denunciadas y que por su propia cuenta han localizado 70 personas con vida e identificado 55 cuerpos que han sido entregados a sus familiares.
“Tan solo en el 2022 han reportado el hallazgo de 37 cuerpos no identificados y cientos de fragmentos óseos. El parque nacional del Veladero y el río de la Sabana son los lugares donde se han rescatado la mayoría de los cuerpos, gracias al empeño y compromiso de las familias, quienes con sus propios recursos han evidenciado el gran número de personas desaparecidas. Las mismas familias han constatado el incremento en un 30 por ciento las desapariciones de niñas de 13 a 16 años, sobre todo del mes de mayo a la fecha”, dijo Julieta Fernández.
En este exhorto se solicita también que se incluya un informe sobre sobre el delito de trata de personas, cuántos ministerios públicos están operando para atender esta materia y cuántos refugios, albergues y casas de medio camino para víctimas, ofendidos y testigos de estos delitos.

La sesión

La Mesa Directiva informó leyó los oficios enviados por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por los cuales envió iniciativas de reforma y adiciones al Código Penal, a la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, la Ley de Hacienda. También a la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, a la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria.
En la sesión, el diputado morenista Joaquín Badillo Escamilla presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política federal para integrar la extorsión en el catálogo de delitos que cuentan con medida cautelar de prisión preventiva, para que quienes lo cometan permanezcan privados de su libertad mientras transcurre el proceso penal, garantizando la seguridad de las víctimas.
La diputada morenista Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discrimi-nación y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se considere como discriminación y violencia el prohibir, limitar o restringir a las mujeres el acto de lactancia materna en espacios públicos, y garantizar así los derechos y libertades de quienes deciden ser madres.
También de Morena el diputado Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero, para que el gobierno estatal y los municipales den a conocer los padrones de beneficiarios de programas y acciones sociales.

 

Termina el paro en Ciencias Agropecuarias; otorgan puestos de trabajo al STTAISUAG

Agremiados al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) levantaron su paro de labores y liberaron por la mañana las dos sedes de las facultades de Ciencias Agropecuarias y Ambientales.
Las escuelas se mantenían tomadas desde el lunes y fueron entregadas tras el acuerdo de que se asinarán los nombramientos y cambios solicitados a Rectoría, entre éstos, los de personal de confianza que fue ingresado bajo la modalidad de becario.
En declaraciones ofrecidas por la noche, la secretaria general de la delegación de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Magaly Sotelo Real, dio a conocer que desde la noche del martes y hasta las 6 de la mañana realizó una asamblea con representantes del comité seccional y los paristas, en el que analizaron el pliego de peticiones y se acordó levantar el paro y liberar las instalaciones a las 7 de la mañana, tras llegar a acuerdos.
Del pliego de peticiones que habían presentado, dio a conocer que les aprobaron la contratación de dos compañeros, de los cuales harán las propuestas a Rectoría.
De los dos trabajadores que pedían su separación inmediata, Ulises Martínez Alonso y Manuel Hernández, que fueron ingresados como becarios en 2014, se les dio a conocer que ya fueron basificados, por lo que no pueden ser separados. Sólo se acordó que dejarán de hacer funciones administrativas, al igual que los policías auxiliares que realizaban actividades fuera de su función.
Dio a conocer que en su caso y de su compañero Néstor Carreón Carreón, de quienes piden su incorporación a sus funciones correspondientes, de acuerdo con su nueva categoría, fue aprobado y sólo quedó pendiente que se les entregue por escrito, así como que se les asignen sus nuevas tareas.
Declaró que de la lista de cinco personas que señalaban que habían entrado como becarios, pero que hacían funciones administrativas como personal de confianza, se les dio a conocer que dos de ellos sí son becarios y los demás dejarán de hacer funciones administrativas que les corresponden a los sindicalizados.
Informó que el acuerdo fue que a partir de este miércoles se empezaría a dar cumplimiento a las demandas y las demás se harán de forma progresiva, para que se concluya con el cumplimiento de todas a más tardar en agosto.
La representante sindical dijo que se dejó la advertencia de que en caso de que haya incumplimiento, se harán otras acciones de protesta.

Protestan universitarios de Enfermería en Chilpancingo; piden la basificación de cinco docentes

Maestros y trabajadores de la Escuela Superior de Enfermería 1, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se manifestaron en la Rectoría para exigir la basificación de cinco docentes.
Cerca de las 12 del día, una comisión llegó a la sede de la Administración Central de la UAG, donde sería atendida por la Comisión Mixta Paritaria de Administración y Promoción; sin embargo, las autoridades no se presentaron a la hora acordada.
Los inconformes colocaron lonas en las que se leyó: “Exigimos cumplimiento a la minuta de acuerdos del 18 de enero de 2018, respeto al contrato colectivo de trabajo, alto a la presión y acoso laboral de la directora a los trabajadores de la Escuela Superior de Enfermería 1” y “no a la imposición de la Comisión Mixta de Juan Alberto Gómez Santos, viola los derechos laborales de docentes de mayor antigüedad en la Escuela Superior de Enfermería 1”.
El maestro Apolinar Ramos García recordó que en enero los opositores a la directora María del Pilar Pastor Durán, tomaron las instalaciones para exigir basificaciones para los trabajadores con mayor antigüedad y aunque las autoridades atendieron sus demandas, no han cumplido los acuerdos.
Señaló que ahora las autoridades pretenden imponer a Gómez Santos, quien es cuñado de Pastor Durán, como maestro con 20 horas de base en Enfermería 1, a pesar de que no cuenta con el perfil adecuado pues pertenecía a la Facultad de Economía.
Expresó que las autoridades han mostrado disposición para resolver las demandas de los universitarios “sólo en el proceso de negociación”, pero no cumplieron con la entrega de los dictámenes correspondientes.
Los manifestantes se quejaron de que la Administración Central permite que Pastor Durán viole los derechos de los trabajadores y contrata a personal que no hace falta, ni cuenta con el perfil para impartir clases en la escuela, que “se supone” está dentro de las certificadas como de calidad y por lo tanto, no se deberían permitir este tipo de arbitrariedades.
Por la tarde se instaló la mesa de diálogo con las autoridades, en la que representantes de la Rectoría se comprometieron a emitir los dictámenes correspondientes a la basificiación de los trabajadores con mayor antigüedad; sin embargo, los opositores a Pastor Durán advirtieron que volverán a protestar si no se cumple con el acuerdo.