Etiqueta: funciones

Se ha dado de baja a 260 trabajadores que faltaron por participar en manifestaciones, dice la SEG

Desde que inició su administración a la fecha, unos 260 maestros y trabajadores administrativos fueron dados de baja definitiva por haber participado en manifestaciones convocadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y en consecuencia incumplieron con sus labores, informó el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero.
Consultado luego de la reunión que tuvo con padres de familia y maestros de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el centro de la cabecera municipal de Tixtla, al respecto de la situación en el sector debido al inicio de la huelga nacional a la que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en contra de la reforma educativa y para exigir la reinstalación de las mesas de diálogo con el gobierno federal, González de la Vega Otero dijo que “no quisiera de ninguna manera ni ofenderme ni retar”, pero hay normalidad en las clases y con esto “no quiero decir que se alboroten más”.
Informó que hay movimiento en las oficinas centrales en la capital, las alternas, pero “se han respetado las aulas” y reconoció esa actitud de los cetegistas, aunque no está de acuerdo con su lucha magisterial; precisó que sólo 8 de las 12 mil 300 escuelas de nivel básico en el estado están cerradas, pero por situaciones administrativas que no están relacionadas con la huelga y que ya son atendidas por la SEG.
A pregunta de si habrá sanciones para los maestros y trabajadores administrativos agremiados en la CETEG que acudieron a la Ciudad de México, para participar en las acciones nacionales, contestó “sí las hay, sí hay descuentos, luego por eso nos andan tomando oficinas y luego por eso entran. Sí las hacemos, de hecho yo he estado firmando cada trimestre alrededor de setenta y tantas bajas, o sea no nada más sanción de descuento (salarial), baja definitiva”.
Recordó que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone) ya no lo manejan los gobiernos estatales, “hoy por hoy la educación tiene un gran porcentaje de centralismo, en ese sentido sí los haremos (los descuentos)”. Precisó que a la fecha hay unas 260 bajas definitivas, es decir despidos y los implicados tuvieron la oportunidad de defenderse, pero perdieron ante las instancias correspondientes.
Por otra parte, al respecto de las manifestaciones de padres de familia y maestros para pedir mejores instalaciones y docentes que hacen falta en las escuelas, informó que se reunió el martes en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, quien se comprometió a apoyar el sector indígena para el que se otorgarán 50 plazas los profesores de nuevo ingreso, a pesar de que no resulten idóneos en la evaluación correspondiente.
Manifestó que el sector indígena es donde más maestros hacen falta y el caso del preescolar Niños Héroes, de Zitlala, se enviarán los que hacen falta este lunes. Lamentó que lleguen cuando el ciclo escolar está a punto de concluir, pero “lo bueno” es que se quedarán en la escuela para el siguiente ciclo. Añadió que de las lenguas originarias que se hablan en Guerrero, que son ñomndaa, na savi, mepha y náhuatl, hay unas 36 variantes y son pocos los maestros que las dominan, por eso es complicado cubrir los espacios vacantes en las escuelas.
En el caso de las escuelas que fueron dañadas por los sismos de septiembre pasado y que están en proceso de reconstrucción, González de la Vega Otero dijo que a tres meses de que se cumpla un año de esa situación, hay buenos avances y la mayoría de los planteles serán entregados al inicio del ciclo escolar 2018-2019.

 

 

Toma la CETEG oficinas en la capital y una caseta en Tecpan; policías retienen la caravana en Cdmx

El contingente de la CETEG fue retenido por policías federales antimotines casi una hora en la entrada a Cdmx Foto del perfil de la CETEG en Facebook

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) cerraron oficinas alternas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en la capital y tomaron la caseta del libramiento de Tecpan, como parte de la huelga nacional a la que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para exigir la reinstalación del diálogo con la Secretaría de Gobernación.
Con estas protestas se sumó la CETEG a las actividades convocadas por le CNTE, y un contingente participó en la marcha en la Ciudad de México, peo ayer no se informó de escuelas o grupos en paro laboral.
En la capital, trabajadores de oficinas centrales de la SEG de la delegación D-III-(16)-02, encabezados por el secretario general, Jorge Cisneros Salinas, desalojaron al personal de las áreas de Programas de Educación Básica, Control de Plazas, Jurídico, Dirección de Preescolar, Dirección de Educación Física, Dirección de Educación Indígena, Dirección General de Administración de Personal, Registro y Certificación, Planeación, Innovación e Investigación Educativa, y de Digitalización, que laboran en sedes alternas, ubicadas en distintas zonas de la ciudad.
Cisneros Salinas informó a los trabajadores de la dependencia que las instalaciones se cerrarán de manera indefinida o hasta que los manifestantes regresen para abrirlas; mientras tanto, les pidió que se unan al movimiento magisterial en contra de la reforma educativa y para exigir la reconstrucción de las oficinas centrales de la SEG, ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa.
Dijo que en la capital hay unas 60 oficinas alternas, cuya renta le cuesta a la SEG unos 10 mil pesos mensuales en promedio; sin embargo, las autoridades argumentan que no hay recursos para pagar la reconstrucción de las oficinas centrales, por lo que es necesaria la unidad de los trabajadores.
En la región Costa Grande, los cetegistas tomaron la caseta de cobro del libramiento de Tecpan, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del día.
Los manifestantes colocaron una manta en la que expusieron su rechazo a la evaluación del Servicio Profesional Docente, que consideran “punitiva”, y a la reforma educativa; además pidieron la reincorporación de los maestros cesados en el país y alto al “terrorismo de Estado”.
En la protesta participaron unos 25 maestros, quienes pidieron cooperación voluntaria a los automovilistas. Dijeron que los recursos son para apoyar a los maestros disidentes, que se mantienen en las movilizaciones con campamentos de Guerrero en la Ciudad de México. Asimismo, informaron que piden maestros faltantes en los municipios de Atoyac y Zihuatanejo.
A pesar de las manifestaciones en el estado, en las escuelas de nivel básico de Chilpancingo hubo clases de manera normal y no se reportó ningún paro laboral en los planteles, sólo se dijo que comisiones participaron en la caravana motorizada que se trasladó a la Ciudad de México, para participar en la marcha nacional.
A las 10 de la mañana, en el perfil oficial de Facebook de la CETEG, la Comisión de Prensa y Propaganda hizo una transmisión en vivo, para denunciar que la caravana que partió de Guerrero a la Ciudad de México fue retenida por policías federales que portaban equipo antimotines; antes, compartió fotografías de los agentes en distintos puntos y alertó al magisterio de posibles agresiones en su contra, aunque no hubo enfrentamientos. Aproximadamente una hora después el contingente de la CETEG pudo entrar a la Cdmx y participó en la marcha de la CNTE.
Vía telefónica un maestro informó que de Guerrero salieron unos 20 autobuses, es decir, cerca de 800 manifestantes participaron en la acción nacional y fueron encabezados por el secretario general, Arcángel Ramírez Perulero, quien estuvo en una conferencia de prensa en la que profesores de Puebla denunciaron que su caravana también fue retenida.

 

Termina el paro en Ciencias Agropecuarias; otorgan puestos de trabajo al STTAISUAG

Agremiados al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) levantaron su paro de labores y liberaron por la mañana las dos sedes de las facultades de Ciencias Agropecuarias y Ambientales.
Las escuelas se mantenían tomadas desde el lunes y fueron entregadas tras el acuerdo de que se asinarán los nombramientos y cambios solicitados a Rectoría, entre éstos, los de personal de confianza que fue ingresado bajo la modalidad de becario.
En declaraciones ofrecidas por la noche, la secretaria general de la delegación de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Magaly Sotelo Real, dio a conocer que desde la noche del martes y hasta las 6 de la mañana realizó una asamblea con representantes del comité seccional y los paristas, en el que analizaron el pliego de peticiones y se acordó levantar el paro y liberar las instalaciones a las 7 de la mañana, tras llegar a acuerdos.
Del pliego de peticiones que habían presentado, dio a conocer que les aprobaron la contratación de dos compañeros, de los cuales harán las propuestas a Rectoría.
De los dos trabajadores que pedían su separación inmediata, Ulises Martínez Alonso y Manuel Hernández, que fueron ingresados como becarios en 2014, se les dio a conocer que ya fueron basificados, por lo que no pueden ser separados. Sólo se acordó que dejarán de hacer funciones administrativas, al igual que los policías auxiliares que realizaban actividades fuera de su función.
Dio a conocer que en su caso y de su compañero Néstor Carreón Carreón, de quienes piden su incorporación a sus funciones correspondientes, de acuerdo con su nueva categoría, fue aprobado y sólo quedó pendiente que se les entregue por escrito, así como que se les asignen sus nuevas tareas.
Declaró que de la lista de cinco personas que señalaban que habían entrado como becarios, pero que hacían funciones administrativas como personal de confianza, se les dio a conocer que dos de ellos sí son becarios y los demás dejarán de hacer funciones administrativas que les corresponden a los sindicalizados.
Informó que el acuerdo fue que a partir de este miércoles se empezaría a dar cumplimiento a las demandas y las demás se harán de forma progresiva, para que se concluya con el cumplimiento de todas a más tardar en agosto.
La representante sindical dijo que se dejó la advertencia de que en caso de que haya incumplimiento, se harán otras acciones de protesta.

Baja la participación en el foro Estudios sobre Guerrero por inconformidades, informa Cocytieg

El director del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (Cocytieg), Víctor Hugo González Torres, informó que hubo una baja participación en la convocatoria del 22 Foro de Estudios sobre Guerrero, debido a inconformidades de investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), quienes denunciaron la mala administración de la dependencia.
La convocatoria para participar en el foro se publicó en agosto pasado, los académicos de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Gloria Fernández Tilapa y Adolfo Román Román, consideraron que el consejo no cumple con sus funciones, establecidas en la ley 76, además de que el gobierno estatal no aporta recursos ni apoyos para los trabajos y sus publicaciones.
Criticaron que las comisiones internas del consejo no se reúnen de manera regular y no se presenta un informe transparente de los recursos que manejan; además, señalaron que la dependencia no ha sido dirigida por un investigador, sino por distintos funcionarios y políticos.
En conferencia de prensa en el restaurante La Finca, en la capital, González Torres dijo que el foro se llevará a cabo hoy en Acapulco, en el Fórum Mundo Imperial, donde se presentarán 126 trabajos en 73 modalidades de exposición oral, de cinco áreas de investigación, y 53 trabajos en la modalidad de exposición por cartel.
Respecto de la queja de los universitarios, González Torres reconoció que este año hubo una menor participación por parte de los investigadores del estado, en comparación con otras presentaciones, debido a las inconformidades que trascendieron en agosto pasado.
Señaló que este año hubo menos trabajos en el área de Ciencias Químico Biológicas, pero consideró que esto permitió que se impulsaran otras materias, como las que se presentarán en las cinco mesas: alimentos, desarrollo humanístico, educación, modernización tecnológica y desarrollo regional, y medio ambiente y recursos naturales.
Explicó que la Junta de Gobierno es la encargada de analizar las actividades y dictaminar al respecto, en pro de la investigación de manera anual. Aseguró que las comisiones se reúnen regularmente y que no hay recursos a disposición del consejo, sino que éstos se gestionan ante los gobiernos estatal y federal.
Añadió que solicitó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) un programa específico de apoyo a la investigación, el cual está en proceso.
Dijo que uno de los propósitos del consejo es que se consigan apoyos reales para los 500 investigadores del estado, como material para laboratorios, equipo de cómputo y otros que les sirvan para desarrollar sus investigaciones.

Exigen representantes de PRD, Morena y MC la remoción de los siete consejeros del IEPC

Los representantes del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que se agilice la demanda que presentó en marzo pasado el representante de Morena para la remoción de los siete consejeros, por graves y reiteradas violaciones a la ley, omisión de sus responsabilidades, negligencia y opacidad en el manejo de los recursos asignados al organismo.
En conferencia de prensa en las oficinas de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), a las 3 y media de la tarde de este miércoles, los representante del PRD, Nicanor Adame Serrano; de Morena, Sergio Montes Carrillo, y de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, también cuestionaron los altos sueldos que perciben, que, en el caso de la presidenta Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 pesos y los consejeros 237 mil 564 mensuales.
“Son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero, que establece que ningún servidor público debe ganar más que el gobernador”, dijo en su caso el perredista Adame Serrano.
El representante de Morena, Montes Carrillo, presentó el 2 de marzo pasado ante el INE, a través de su vocalía local, una demanda de remoción de los siete consejeros del IEPC, que se recibió con el número de queja 26/72 y una vez radicada en la unidad responsable del INE le asignaron el número de expediente 05/2017, por diversas violaciones a la ley, omisiones de la presidenta y los consejeros del organismo electoral.
Pero Montes Carrillo se quejó de que a más de cuatro meses de que presentó la denuncia no han tenido respuesta, y tampoco el INE ha realizado ninguna acción en contra de los consejeros, ni ha hecho ninguna petición o aclaración a él como promovente, a pesar de que aseguró que ha estado presentado las pruebas supervenientes necesarias para fortalecer el expediente.
Tapia Iturbide, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la exigencia del representante de Morena, para que el INE “le dé respuesta ya” a su demanda y explicó que la denuncia que presentó el representante de Morena en contra de los consejeros fue por realizar una promoción ilegal de funcionarios electorales, explicó que personas que no contaban con el perfil y los lineamientos que establece el INE fueron promovidos a cargos y sueldos superiores.
Mencionó dos ejemplos: el de Margarito Cortés, quien de auxiliar lo ascendieron a titular de la oficialía electoral. Otro caso fue el de Norma Liliana Ramírez Eugenio, quien habiendo sido candidata suplente del PAN en 2012, fue nombrada titular de una unidad técnica del IEPC.
Al respecto, Montes Carrillo explicó que después de que se presentó la denuncia ante el INE, los dos funcionarios electorales que habían sido ascendidos fueron removidos y liquidados, lo que también fue presentado como pruebas supervenientes en el desarrollo del expediente.
Consideró que es importante que el INE resuelva ya la denuncia que presentó, “porque no podemos ir al proceso electoral de 2018 con consejeros señalados de omisiones en sus funciones”.
Asimismo, dijo que los consejeros nombraron a personas que no cumplen con los requisitos que señala el lineamiento del INE para ocupar un cargo de titular de una unidad técnica del IEPC, aunque de éstos no precisó a quienes.
Otra de las causales que planteó Morena en su demanda es la “notoria negligencia en el desempeño de sus funciones, con lo que violaron los principios rectores del organismo electoral”.
Explicó que en diversos órganos distritales en el proceso electoral de 2014-2015, como en los distritos 14, 16, 18 y 28 se cometieron una serie de irregularidades “que quedaron plenamente acreditadas en los expedientes donde se impugnaron las elecciones municipales o distritales”.
Dijo que ante esa situación el órgano electoral nunca hizo nada para sancionar a sus funcionarios, reprochó el representante de MC.
Añadió que esa negligencia está ocasionando que en el nuevo proceso de ratificación y nombramiento de consejeros distritales muchos de ellos se inscribieran, aunque al respecto los representantes de los partidos ya expresaron su oposición, concretamente en contra de algunas personas y los tres representantes partidistas advirtieron que impedirá que no pasen, por haber cometido irregularidades que violentaron la ley en el proceso electoral anterior.
“No podemos iniciar el nuevo proceso electoral con la incertidumbre de que algunos consejeros electorales del máximo órgano local tengan alguna imputación de haber cometido ilegalidades y que conserven el cargo para seguir desempeñando sus funciones”, dijo en su momento el representante de MC.
Exigió al INE que resuelva la denuncia que presentó Morena para iniciar un proceso electoral, “tal y como lo marca la ley, protegiendo siempre los principios rectores que establece la ley electoral”.
Por su parte, el representante del PRD, Adame Serrano, igual que el de Morena y de MC se sumó a la exigencia de que el INE remueva a los consejeros electorales, porque dijo que comparte las causales de remoción.
Pero además añadió que no se puede ir a un proceso electoral “con un órgano que constantemente está violando la legalidad”, como dijo que lo hace con los altos sueldos y prestaciones que perciben. Dijo que en el caso de la presidenta, Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287 mil 457 y los consejeros 237 mil 564 mensuales, “son salarios que están por arriba de lo que establece el artículo 191 de la Constitución del estado de Guerrero”, cuestionó.
Agregó que también violentan el artículo 189 de la ley electoral local, que en su fracción séptima dice que las atribuciones de la consejera presidenta son proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, de los directores ejecutivos, de los titulares de las unidades técnicas del IEPC; sin embargo, denunció que en las direcciones y unidades técnicas la presidenta ha nombrado a puros encargados, “porque no quiere que el consejo general se los cuestione”.
Acusó a la presidenta de que con ello está incurriendo en ilegalidad y clara violación a la ley electoral, porque ya dejó pasar mucho tiempo con puros encargados en las áreas del organismo.
Mencionó que otra violación es que asuntos que le competen al Consejo General, la presidenta los traslada a la Junta Estatal, en donde tiene a puros encargados y por consecuencia tiene el control, “por eso los lleva allí”.
Destacó que otra irregularidad es la opacidad en el manejo de los recursos, sobre todo, dijo, el relacionado con la nómina.
Por ejemplo, informó que en la nómina de honorarios para los trabajadores eventuales en el presupuesto de 2017, el Consejo General aprobó 18 millones 668 mil 535 pesos, que divididos entre 12 meses, resulta 1 millón 555 mil 711 pesos, “pero esa nómina no sabemos porqué no aparece en la página de Transparencia”. Lo que pasa, explicó, es que en esta nómina la presidenta y los consejeros meten a sus recomendados.
También denunció que los mandos directivos tienen un salario de 132 mil 989 pesos que son los más altos, pero que lo que aparece en la página del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, no coincide con el presupuesto que se aprobó en 2016, donde se asignan los salarios, prestaciones y honorarios.
“En lo que no estamos de acuerdo es que se diga que se bajaron el sueldo por un proceso de austeridad, cuando en el presupuesto de egresos de 2016 y 2017, la presidenta y los consejeros se aumentaron considerablemente sus prestaciones y sólo se bajaron el 10 por ciento en el salario base”, denunció.
Explicó: “Se bajaron el sueldo nominal, pero se lo aumentaron en prestaciones y ese es un engaño, porque al público le dicen que se bajaron sus sueldos, pero en los hechos se lo aumentaron, vía prestaciones para evadir impuestos”.
Agregó que los consejeros también incurrieron en la ilegalidad, porque en enero y febrero otorgaron financiamiento a los partidos Nueva Alianza y a Encuentro Social, a pesar de que en las elecciones de 2015 perdieron su registro. Recordó que la ley señala que los partidos que no alcanzan el 3 por ciento de la votación pierden el registro.
Además, acusó que la presidenta y los consejeros no presentaron el proyecto de dictamen de pérdida de registro de esos partidos, como lo establece la ley electoral, “entonces no sólo no presentaron el dictamen, sino que les dieron financiamiento en enero y febrero”, dijo e informó que el organismo electoral erogó por ese concepto 806 mil 581 pesos por los dos partidos en esos dos meses.
Informó que el organismo les suspendió el financiamiento hasta que los partidos políticos recurrieron a los organismos jurisdiccionales, para que se corrigiera esta ilegalidad.
El representante del PRD aseguró que todas las ilegalidades e irregularidades en que ha incurrido la presidenta las han denunciado en las sesiones, pero que no se corrigen los señalamientos.
“En conclusión, es muy grave que saque el proceso electoral este consejo, cuando su presidenta maneja el instituto como su empresa particular y los consejeros son sus cómplices por omisión”, se quejó.

Unos 155 policías estatales y 200 ministeriales, los que serán retirados de funciones de custodia

 

Como parte de las medidas de austeridad que anunció el gobierno del estado en sus 20 compromisos por la estabilidad y el desarrollo de Guerrero, unos 155 policías estatales que se encuentran asignados a labores de escoltas con funcionarios o particulares, de un total de aproximadamente 4 mil elementos, serán reasignados en sus funciones.
Por lo menos otros 180 elementos están asignados a vigilancia de particulares que tienen medidas cautelares.
En cuanto a la Policía Ministerial, de los 800 agentes que integran la corporación, 200 agentes están habilitados como escoltas de funcionarios y unos 150 se encuentran incapacitados.
Datos proporcionados por mandos medios aseguraron, sin embargo, que hasta este jueves aún no contaban con información oficial precisa respecto a cuándo y a qué funcionarios se les va a retirar la vigilancia, pues recordaron que en algunos casos el gobierno está obligado por ley a garantizar la seguridad de algunos servidores públicos.
Mientras tanto, la coordinadora de la comisión que fue designada por el gobernador Héctor Astudillo Flores para dar seguimiento al cumplimiento de los 20 compromisos, la ex perredista y ahora del PVEM Ruth Zavaleta, declaró que hasta ayer no se había incorporado formalmente a sus funciones porque no ha sido invitada formalmente y que sólo recibió una “invitación pública”.
También el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, dijo que hasta este jueves todavía no tenía información ni un diagnóstico con datos precisos de cuántos agentes, tanto de la Policía Ministerial como de la Policía Estatal, están comisionados como escoltas y serán reasignados a sus funciones.
También dijo que desconoce el número de vehículos asignados a funcionarios que les serán retirados como parte de las medidas de austeridad que anunció el gobernador Astudillo Flores el domingo pasado.
En las 20 acciones de austeridad que anunció el gobierno del estado está la reducción de escoltas y choferes a los mandos superiores y cancelar éstos a mandos medios.
Asimismo, vender los activos “innecesarios”, como instalaciones, terrenos y vehículos propiedad del gobierno del estado.
Pero hasta este jueves, cuatro días después del anuncio, no existía un diagnóstico con datos precisos de cuántos policías ministeriales o estatales que están asignados como escoltas de funcionarios serían reasignados a sus funciones.
Tampoco se encontraron datos del parque vehicular con el que cuenta el gobierno del estado y menos el número de vehículos que podrán ponerse a la venta.
Mandos medios de la Policía Ministerial informaron que unos 350 agentes de un total de 800 no están incorporados a los operativos porque 200 están comisionados y fungen como escoltas de funcionarios del gobierno estatal y hasta de particulares.
Aunque explicaron que el número varía, de acuerdo a la necesidad del servicio, pues “de repente algún funcionario avisa que se trasladará a algún lugar de riesgo y en vez de mandarle dos agentes se le mandan cuatro o cinco”, explicó un jefe policiaco, quien evadió detallar quiénes son los funcionarios que cuentan con escoltas.
Informó que otros 150 agente no están en activo pero porque se encuentran con incapacidad o son mayores de edad y han sido retirados de los operativos.
En cuanto a la Policía Estatal, fuentes de la dependencia informaron que de los cuatro mil elementos, 155 en promedio están asignados para la seguridad de funcionarios estatales, mientras que otros 180 aproximadamente están comisionados al otorgamiento de medidas cautelares de seguridad a particulares a petición de organismos locales e internacionales de derechos humanos.
La fuente recordó que hay funcionarios que por ley tienen que contar con seguridad y que en ese caso no podrían ser retirados los elementos de su comisión, como tampoco los que están comisionados para otorgar medidas cautelares.
Consultada sobre a cuantos y a qué funcionarios se les retiraría la seguridad de los agentes ministeriales y estatales, la ex delegada de Venustiano Carranza en la Ciudad de México por el PRD, Ruth Zavaleta Salgado, a quien designó el gobernador como coordinadora de la comisión para dar seguimiento al cumplimiento de los 20 compromisos, dijo que todavía no asume esa responsabilidad y que la invitación del gobernador solamente fue “pública” cuando se presentaron los 20 compromisos el domingo pasado.
“Yo apenas voy a recibir la información de cada secretario, respecto a la cantidad de vehículos, dinero, el ahorro y el destino, quien tiene que darlo es el secretario de Finanzas, es su facultad”, dijo la también diputada federal que se hizo famosa porque no se movió de su lugar de vicepresidenta de la mesa directiva de la cámara cuando tomó posesión como presidente Felipe Calderón, mientras sus compañeros protagonizaban una batalla campal para impedir el acto.
La nacida en Tepecoacuilco explicó que en la reunión de evaluación de funcionarios del miércoles pasado no alcanzó a llegar, “lamentablemente ni siquiera pude llegar a la reunión, entiendo que sólo era para presentarse y ver qué responsabilidad tendría cada quien. Se hizo una reunión previa con los funcionarios a los que se le iba a pedir la información, y para eso era la reunión de ayer (el miércoles)”, informó.
Zavaleta dijo asimismo, que no sabe cuándo será la otra reunión y que está esperando no solamente que el gobernador le informe, sino que también le haga la invitación formal para que participe en esa comisión.
Dijo que hasta ayer no le habían dado ningún contrato, ni le han definido horario, “por eso no tengo claro toda la información ni cómo se va a destinar hacia los medios. Incluso se hablaba de un vocero que informe de este tema, pero aún no se acuerda nada”.
A su vez, el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, tampoco cuenta con datos al respecto.
Informó que apenas hablaría con el secretario de Seguridad Pública, con el fiscal y con el secretario de Finanzas para que le informaran en detalle cuántos agentes hay comisionados como escoltas y cuántos y a quiénes se les retirarían.
Asimismo, dijo que también carecía de datos respecto al parque vehicular que sería puesto en venta, como lo establece uno de los 20 compromisos del gobierno del estado.