Como parte de las medidas de austeridad que anunció el gobierno del estado en sus 20 compromisos por la estabilidad y el desarrollo de Guerrero, unos 155 policías estatales que se encuentran asignados a labores de escoltas con funcionarios o particulares, de un total de aproximadamente 4 mil elementos, serán reasignados en sus funciones.
Por lo menos otros 180 elementos están asignados a vigilancia de particulares que tienen medidas cautelares.
En cuanto a la Policía Ministerial, de los 800 agentes que integran la corporación, 200 agentes están habilitados como escoltas de funcionarios y unos 150 se encuentran incapacitados.
Datos proporcionados por mandos medios aseguraron, sin embargo, que hasta este jueves aún no contaban con información oficial precisa respecto a cuándo y a qué funcionarios se les va a retirar la vigilancia, pues recordaron que en algunos casos el gobierno está obligado por ley a garantizar la seguridad de algunos servidores públicos.
Mientras tanto, la coordinadora de la comisión que fue designada por el gobernador Héctor Astudillo Flores para dar seguimiento al cumplimiento de los 20 compromisos, la ex perredista y ahora del PVEM Ruth Zavaleta, declaró que hasta ayer no se había incorporado formalmente a sus funciones porque no ha sido invitada formalmente y que sólo recibió una “invitación pública”.
También el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, dijo que hasta este jueves todavía no tenía información ni un diagnóstico con datos precisos de cuántos agentes, tanto de la Policía Ministerial como de la Policía Estatal, están comisionados como escoltas y serán reasignados a sus funciones.
También dijo que desconoce el número de vehículos asignados a funcionarios que les serán retirados como parte de las medidas de austeridad que anunció el gobernador Astudillo Flores el domingo pasado.
En las 20 acciones de austeridad que anunció el gobierno del estado está la reducción de escoltas y choferes a los mandos superiores y cancelar éstos a mandos medios.
Asimismo, vender los activos “innecesarios”, como instalaciones, terrenos y vehículos propiedad del gobierno del estado.
Pero hasta este jueves, cuatro días después del anuncio, no existía un diagnóstico con datos precisos de cuántos policías ministeriales o estatales que están asignados como escoltas de funcionarios serían reasignados a sus funciones.
Tampoco se encontraron datos del parque vehicular con el que cuenta el gobierno del estado y menos el número de vehículos que podrán ponerse a la venta.
Mandos medios de la Policía Ministerial informaron que unos 350 agentes de un total de 800 no están incorporados a los operativos porque 200 están comisionados y fungen como escoltas de funcionarios del gobierno estatal y hasta de particulares.
Aunque explicaron que el número varía, de acuerdo a la necesidad del servicio, pues “de repente algún funcionario avisa que se trasladará a algún lugar de riesgo y en vez de mandarle dos agentes se le mandan cuatro o cinco”, explicó un jefe policiaco, quien evadió detallar quiénes son los funcionarios que cuentan con escoltas.
Informó que otros 150 agente no están en activo pero porque se encuentran con incapacidad o son mayores de edad y han sido retirados de los operativos.
En cuanto a la Policía Estatal, fuentes de la dependencia informaron que de los cuatro mil elementos, 155 en promedio están asignados para la seguridad de funcionarios estatales, mientras que otros 180 aproximadamente están comisionados al otorgamiento de medidas cautelares de seguridad a particulares a petición de organismos locales e internacionales de derechos humanos.
La fuente recordó que hay funcionarios que por ley tienen que contar con seguridad y que en ese caso no podrían ser retirados los elementos de su comisión, como tampoco los que están comisionados para otorgar medidas cautelares.
Consultada sobre a cuantos y a qué funcionarios se les retiraría la seguridad de los agentes ministeriales y estatales, la ex delegada de Venustiano Carranza en la Ciudad de México por el PRD, Ruth Zavaleta Salgado, a quien designó el gobernador como coordinadora de la comisión para dar seguimiento al cumplimiento de los 20 compromisos, dijo que todavía no asume esa responsabilidad y que la invitación del gobernador solamente fue “pública” cuando se presentaron los 20 compromisos el domingo pasado.
“Yo apenas voy a recibir la información de cada secretario, respecto a la cantidad de vehículos, dinero, el ahorro y el destino, quien tiene que darlo es el secretario de Finanzas, es su facultad”, dijo la también diputada federal que se hizo famosa porque no se movió de su lugar de vicepresidenta de la mesa directiva de la cámara cuando tomó posesión como presidente Felipe Calderón, mientras sus compañeros protagonizaban una batalla campal para impedir el acto.
La nacida en Tepecoacuilco explicó que en la reunión de evaluación de funcionarios del miércoles pasado no alcanzó a llegar, “lamentablemente ni siquiera pude llegar a la reunión, entiendo que sólo era para presentarse y ver qué responsabilidad tendría cada quien. Se hizo una reunión previa con los funcionarios a los que se le iba a pedir la información, y para eso era la reunión de ayer (el miércoles)”, informó.
Zavaleta dijo asimismo, que no sabe cuándo será la otra reunión y que está esperando no solamente que el gobernador le informe, sino que también le haga la invitación formal para que participe en esa comisión.
Dijo que hasta ayer no le habían dado ningún contrato, ni le han definido horario, “por eso no tengo claro toda la información ni cómo se va a destinar hacia los medios. Incluso se hablaba de un vocero que informe de este tema, pero aún no se acuerda nada”.
A su vez, el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, tampoco cuenta con datos al respecto.
Informó que apenas hablaría con el secretario de Seguridad Pública, con el fiscal y con el secretario de Finanzas para que le informaran en detalle cuántos agentes hay comisionados como escoltas y cuántos y a quiénes se les retirarían.
Asimismo, dijo que también carecía de datos respecto al parque vehicular que sería puesto en venta, como lo establece uno de los 20 compromisos del gobierno del estado.