El ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, exhortó a las dirigencias nacionales de los partidos de la coalición opositora a tomar en cuenta los perfiles de las personas que encabecen las candidaturas para las diversas candidaturas en las elecciones de 2024.
En entrevista para El Sur, señaló que ese es “el rero” y que espera que “estén a la altura de lo que se requiera en este país y de la elección que viene. Los candidatos, ni impopulares ni impresentables”.
Astudillo Flores señaló que los partidos políticos que componen lo que hasta este martes se llamó Frente Amplio por México (FAM), y ahora Fuerza y Corazón por México “están obligados a integrar a todas las fuerzas políticas” que exieten en cada uno de ellos para ayudar al triunfo de Xóchitl Gálvez y lograr una mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión
“Mi reflexión es ya se repartieron los distritos y los estados para el Senado, ahora tienen que encontrar hombres y mujeres competitivos, hombres y mujeres presentables, hombres y mujeres que no sean impopulares a efecto de que la competencia tenga mayor atractivo”.
Precisó que la competencia por la Presidencia de la República es muy importante rumbo a las elecciones de 2024, pero mantienen el mismo nivel la competencia por las curules y escaños de las cámaras de Dopitados y Senadores.
“Yo comparto la idea de que es importante la Presidencia, pero también es muy importante el Congreso nacional”, pues hay “muchos mexicanos que no están de acuerdo” con las decisiones que se han tomado en el Poder Legislativo.
Astudillo declaró que es necesario que haya contrapesos en el país y se requiere un Congreso autónomo y un Poder Judicial independiente y por eso “se debe evitar politizar la elección de jueces y magistrados. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).
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Confronta la caravana de Acapulco a guardias del Palacio Nacional al buscar entregar petición
Juan Luis Altamirano Uruñuela y Agencia Reforma
Ciudad de México
Los integrantes de la caravana que partió de Acapulco para demandar un mayor presupuesto para la reconstrucción de la ciudad, entregaron su pliego petitorio a las cámaras de Diputados y de Senadores.
La jornada comenzó en las puertas de Palacio Nacional a la misma hora que el presidente Andrés Ma-nuel López Obrador realizaba su conferencia y los gritos de los manifestantes se escuchaban durante la transmisión de la misma.
El grupo pernoctó en la explanada del Zócalo tras llegar el día anterior de Chilpancingo, tras haber salido el domingo de Acapulco.
Entre empujones, jaloneos y gritos de “ábrannos”, integrantes de la caravana intentaron ingresar por una de las puertas de Palacio Nacional, pero les fue negado el acceso.
En una transmisión en vivo realizada por Facebook, se logra ver al ex alcalde Evodio Velázquez y al ex regidor Ramiro Solorio buscando ingresar a Palacio Nacional e incluso golpeando con la mano la puerta. Velázquez dijo que “hasta para entregar un documento nos cierran la puerta, que lamentable, que insensibilidad. Ya basta de tanta indolencia, hasta para entregar un documento nos cierran la puerta”, exclamó el ex diputado local Ramiro Solorio.
Posteriormente detalló que el objetivo de la caravana es solicitar recursos de al menos 300 mil millones de pesos para atender la emergencia, la reconstrucción y el relanzamiento de Acapulco.
Agregó que se les dio la opción de recibir el pliego en la vía pública, a lo que se negaron debido a que estaban buscando que lo hiciera directamente la Oficialía de Partes.
En el Senado, reunión con la Comisión de Turismo
Aproximadamente a las 10 de la mañana un grupo de manifestantes se trasladó al Senado donde dialogó con integrantes de la Comisión de Turismo a quienes entregaron su pliego petitorio.
“Se comprometieron a que Acapulco sea una prioridad nacional y en ese sentido nos vamos atendidos, lo que no hemos tenido por parte del gobierno de la República”, dijo Evodio.
A su salida de la reunión indicó que existe desinterés del presidente y afirmó que por órdenes de la autoridad han sido quemados cadáveres “clandestinamente”.
“Solamente va a escuchar lo que le quieren decir, empezando por la gobernadora. Yo quisiera que el presidente se ponga las botas, se ponga y se moje las pantorrillas, se ensucie los zapatos de lodo y vaya a las calles, que vaya a los lugares de desastre”, mencionó.
Añadió que comentaron a los senadores que además de los estímulos fiscales y apoyo para el pago del predial y luz, se incluya asimismo que no se cobre el peaje de la Autopista del Sol por un año “para poder reactivar la economía”.
“Acuérdense que somos de Guerrero y los guerrerenses sabemos luchar por nuestras convicciones, la historia de México, las grandes batallas se han ganado con guerrerenses al frente”, declaró El ex alcalde Velázquez.
No nos envió Xóchitl Gálvez, responde el cantante Oscar Athié
Diputados del bloque mayoritario de Morena se negaron a recibir a la comisión que llegó al recinto de San Lázaro. La comisión de acapulqueños fue recibida por los coordinadores del Frente Amplio por México, encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, pero no se presentó ningún morenista.
Pese a la gravedad de la emergencia, ni el coordinador Ignacio Mier ni los vicecoordinadores, Leonel Godoy y Aleida Alavez, recibieron a la comisión, como ninguno de los diputados electos por Aca-pulco, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Rosario Merlín.
En conferencia de prensa, representantes de los damnificados pidieron a los legisladores sensibilidad y que demuestren su preocupación por Acapulco, votando a favor del Fondo de Reconstrucción.
El vocero del movimiento Evodio Velázquez lamentó que, así como sucedió en Palacio Nacional que les cerraron las puertas, en la Cámara de Diputados tampoco haya habido interés de los morenistas por escucharlos.
Exigió que Acapulco sea tratado con la misma prioridad con que Cancún fue rescatado, cuando sufrió el embate del huracán Wilma.
“Venimos a hacer lun lamado a sensibilizarlos, al centro de país, a pedir auxilio, a decirles por favor que se acuerden de Acapulco, Acapulco los necesita”.
Explicó que entre sus peticiones está la instalación de una comisión especial que atienda el tema de Acapulco y no se olvide lo que pasó.
“Lo quieren minimizar, Acapulco está destruido, hay cientos de muertos, no 46. Hay una gran condición de necesidad al venir aquí y pedirles que puedan votar en lo particular un fondo de ayuda, específico, etiquetado para Acapulco de 300 mil millones para levantarse.
“A Cancún lo recuperan pronto, fue considerado prioridad nacional y Acapulco, ¿por qué no?”, cuestionó Velázquez.
El ex cantante acapulqueño Oscar Athié reclamó que los diputados de Morena no los hayan recibido ni escuchado en su petición de un fondo especial de reconstrucción y aclaró que no hacen politiquería.
“Quiero dejar claro que no nos mandó nadie, nadie nos pidió que viniéramos, ni Xóchitl Gálvez ni Guadalupe Acosta Naranjo, es falso, nos mandó aquí ver el dolor, el hambre, la situación de tristeza y deplorable de Acapulco.
“Me hubiera gustado mucho ver aquí a alguien de Morena, me hubiera gustado mucho hablar a la cara, poder haberles dicho a los ojos ‘voltéanos a ver, porque para eso estás, para eso eres legislador, para eso eres diputado, no estás de oquis ni de adorno, tienes una responsabilidad para con la ciudadanía’.
“Me hubiera encantado ver al señor Mier para decírselo, me hubiera encantado ver a diputados de Morena para decírselos en la cara””, expuso el ex cantante de baladas románticas.
Aseguró que fue una decepción que los legisladores de Morena no los recibieran en la Jucopo, porque son ciudadanos que acudieron a la Cámara de Diputados a pedir ayuda.
Pidió que el presidente López Obrador recorra realmente el puerto y las colonias más afectadas, para que se dé cuenta de las carencias de la población. “En estos momentos de desgracia la mejor política es la del sentido común y la de hacer lo correcto”, resaltó.
Ramiro Solorio agregó que el movimiento Acuérdate de Acapulco es para visibilizar la tragedia y evitar que se minimice, como se ha hecho desde Palacio Nacional.
También reclamó que haya mentiras del presidente como afirmar que visitó tres veces el puerto, que hizo recorridos y que ha hablado con la gente afectada.
Los representantes de los damnificados indicaron que una comisión se va a quedar en la Cámara, en espera de que se apruebe el fondo para Guerrero y la comisión de seguimiento.
Solorio indicó que seguirán “acciones contundentes” si no se aprueba el fondo y que volverán a la capital con más gente.
Una comisión dse mantuvo en mesas de trabajo en la Cámara de Diputados y la de Senadores, en tanto que el campamento que instalaron en el Zócalo se levantó y regresaron a Acapulco.
Critica Evodio a Félix y a Batres
Al salir de la reunión en el Senado, Evodio aseguró que “la presión de este movimiento de sociedad hizo que el presidente fuera a Acapulco a revisar y a lo mejor a jalar orejas y ojalá que así sea, por el bien de Acapulco”.
A pregunta expresa de El Sur de si en la reunión en el Senado se encontró con los representantes de Guerrero, Velázquez Aguirre confirmó un encuentro con Félix Salgado, y aseguró que es el padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien toma las decisiones.
“Solamente pasó y dijo ‘mi corazón está contigo’, y le digo ‘deberían estar tus decisiones y las decisiones del gobierno que tú controlas, que tu diriges’”, comentó.
De igual forma criticó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, quien aseguró que “no deja de ser un porro”, debido a las acciones que se dieron en las puertas de Palacio Nacional.
Protestan trabajadores del PJF en tres municipios contra recorte presupuestal
Zacarías Cervantes / Karina Contreras / Redacción
Chilpancingo / Acapulco / Iguala
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron ayer en centros de trabajo de Chilpancingo, Acapulco e Iguala en contra de la extinción de los fideicomisos que pretende la Cámara de Diputados, porque aseguran que afectaran los salarios y prestaciones laborales.
En Acapulco, durante una hora los trabajadores bloquearon de manera intermitente cada cinco minutos los carriles del bulevar de Las Naciones y en Iguala algunas calles de la colonia Centro.
Los trabajadores de los Juzgados Primero de Distrito, el Séptimo de Distrito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa se manifestaron con pancartas afuera del inmueble que se ubica en la lateral de norte a sur del bulevar Vicente Guerrero (frente a Aurrera), al sur de la capital, de las 8 a las 9 de la mañana.
También salieron a protestar los trabajadores del Juzgado Décimo de Distrito y el Primero y Segundo Tribunal en Materia Civil y de Trabajo, ubicados en la avenida Juan Álvarez, a cuatro cuadras del Zócalo.
Una de las trabajadoras que pidió omitir su identidad informó que también se manifestaron con la finalidad de dar a conocer a la sociedad las funciones del Poder Judicial de la Federación “y contrarrestar las mentiras y difamaciones que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, difunde todos los días en sus conferencias de prensa mañaneras”.
Dijo que según el presidente, los trabajadores del PJF gozan de muchos privilegios indebidos mientras hay un pueblo pobre, “sin embargo no conoce la realidad interna del Poder Judicial federal”, reprochó.
Incluso dijo que hasta ahora no se habían manifestado porque están comprometidos “con la impartición de justicia de calidad”.
“No prestamos un servicio mediocre ni putrefacto como lo dice el presidente, por el contrario, todos los que estamos aquí podemos dar testimonio de una entrega hasta de nuestra propia vida”, dijo.
El lunes los trabajadores colocaron lonas afuera de los juzgados, en las que se leyó: “El PJF garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos”, y “Todos somos PJF Unidad Nacional”.
Durante las protestas de este martes, los trabajadores exhibieron pancartas con consignas como: “No somos privilegios, son nuestros derechos, alto a los ataques”, “Nosotros defendemos tus garantías constitucionales”, e “Independencia Judicial. Libertad Nacional”.
La trabajadora que sirvió de vocera, declaró que con la información que da el República y el partido Morena en contra del personal del Poder Judicial de la Federación “han hecho una campaña mediática de desprestigio a nivel nacional contra los trabajadores, ministros, jueces y magistrados, y el origen de esa campaña es porque no se han aprobado las cosas que se hacen mal en el Ejecutivo, no es por capricho”.
Acapulco
En Acapulco, cerca de 100 trabajadores del PJF protestaron en el bulevar de Las Naciones y cerraron las oficinas en rechazo a la extinción de 13 de los 14 Fideicomisos en el proyecto de la mayoría de Morena.
De 8 a 9 de la mañana los trabajadores bloquearon intermitentemente cada cinco minutos los carriles mientras gritaban diversas consignas como: “No son privilegios, son derechos”, “Nosotros trabajamos no hacemos mañanera”, El Poder Judicial es imparcial” y “El Poder Judicial no se toca”.
Los manifestantes portaban mantas en las que se leía: “Pedimos respeto a nuestros derechos laborales”, “El PJF garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos”, “Exigimos cese a la intromisión al PJF porque afecta la impartición de justicia” y “Respeto a la división de poderes, independencia judicial”.
En declaraciones a reporteros, el secretario general de la sección 4 de Acapulco del Poder Judicial, Martín Bernal Aburto, dijo que la reducción al presupuesto afectará muchos derechos laborales de los trabajadores y es algo que no van a permitir.
Dijo que con organización esa manifestación pacífica para que la “ciudadanía conozca que en algún momento determinado con las acciones que ha emprendido el gobierno federal podemos ser afectados en nuestros derechos laborales. Seremos afectados con esta pretensión que el gobierno ha emprendido”.
Bernal Aburto dijo que están en contra de la reducción que se pretende hacer al presupuesto que se otorga al Poder Judicial de la Federación porque la afectación será grave pues por mínima que sea pega en los bolsillos de los trabajadores y las familias.
Indicó que de los 13 fideicomisos dos de ellos afectan principalmente a la base trabajadora en su totalidad en cuanto a prestaciones, como servicios médicos, ahorros individualizados, apoyos a lentes, entre otros.
Precisó que la sección 4 de Acapulco tiene aproximadamente un poco más de 500 agremiados y se manifestaron para que la ciudadanía se entere de que hay problemas y graves ante las decisiones que toma el gobierno federal.
Iguala
En Iguala, los trabajadores del Juzgado Quinto de Distrito y del Juzgado Noveno de Distrito se sumaron al paro nacional, marcharon y bloquearon de manera intermitente las principales calles del centro.
Alrededor de las 9 de la mañana, los inconformes con lonas y pancartas en mano gritaron consignas como: “El Poder Judicial no se toca” y “No son privilegios, son nuestros derechos”, igual que en Acapulco y Chilpancingo.
Los trabajadores protestaron afuera del Juzgado Noveno de Distrito, ubicado en la calle Matamoros, y en Juzgado Quinto de Distrito, localizado en la calle Joaquín Baranda y García, del primer cuadro de la ciudad.
En su recorrido, los manifestantes realizaron bloqueos intermitentes en cada esquina de las avenidas para manifestar a la población que la eliminación de los fideicomisos afectará las prestaciones y salarios de los trabajadores y no a los de los magistrados, jueces y ministros.
Tendrá Guerrero apenas 1% de aumento en el proyecto de presupuesto federal para 2024
Ramón Gracida Gómez
Acapulco
Los recursos federales transferidos a Guerrero aumentarán en 2024 apenas en uno por ciento en términos reales, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de presupuesto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el último año de su sexenio.
Las participaciones federales del Ramo 28 crecen un casi nulo 0.1 por ciento al descontar el efecto de la inflación y las aportaciones federales del Ramo 33 un 0.8 por ciento. Destaca también la reducción del 24.3 por ciento en términos reales de los recursos ejercidos directamente por la federación para la construcción de carreteras.
El Ejecutivo federal entregó el pasado 8 de septiembre el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2024 a la Cámara de Diputados y el CEFP realizó un documento por estado para identificar los recursos federales por ramo administrativo y programa presupuestario que se pretende destinar a cada uno.
El CEFP es una instancia de la Cámara de diputados de análisis y consulta permanente en materia de finanzas públicas y economía, y el documento Recursos Identificados para el estado de Guerrero en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, fue publicado el 21 de septiembre en su página de internet.
Consiste en el análisis del gasto federalizado identificados en el PPEF 2024 y su comparativo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado en 2023.
En la primera parte se menciona que el total del gasto federalizado aprobado para Guerrero en 2023 fue de 76 mil 586.2 millones de pesos y en 2024, de acuerdo con el proyecto aún en discusión, será de 81 mil 94.7 millones de pesos, es decir, 4 mil 508.5 millones de pesos más.
Sin embargo, en términos reales, es decir, descontando la inflación, que en 2023 es 4.64 por ciento en la tasa anual, el aumento de más de 4 mil millones de pesos se reduce a uno por ciento.
Ramo 28
Dentro del gasto federalizado se encuentran las participaciones federales del Ramo 28, que son los recursos transferidos a los estados y los municipios correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos, y no están etiquetados; es decir, “no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales”, explica la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP).
Las participaciones federales del Ramo 28 para Guerrero suben de 27 mil 611.4 en 2023 a 28 mil 975.2 millones de pesos en 2024, o sea, mil 363.8 millones de pesos más, pero 0.1 por ciento en la variación real.
Dentro de las participaciones federales se encuentra el Fondo General de Participaciones, cuyo presupuesto pasa de 21 mil 282.7 millones a 21 mil 970.4 millones de pesos, es decir, 687.7 millones de pesos más, pero descontando la inflación el aumento se revierte a un decrecimiento de 1.5 por ciento.
El mayor aumento real se concentra en el concepto Otros incentivos económicos con un 899.7 por ciento, pues el proyecto de presupuesto en 2024 es de 5 mil 897.7 millones de pesos, 5 mil 334.7 millones más que los 563 millones aprobados en 2023. El Fondo de Fomento Municipal tiene un crecimiento real de 8.2 por ciento, al subir de 951.2 millones en 2023 a mil 78.1 millones de pesos el siguiente año, 126.9 millones más.
Ramo 33
Las aportaciones federales del Ramo 33 son los recursos para que los gobiernos de los estados y los municipios atiendan las demandas de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa.
En el caso de Guerrero, estas aportaciones federales suben de 45 mil 498.8 millones de pesos aprobados en 2023 a 48 mil 76.8 millones de pesos proyectados para 2024, una variación absoluta de 2 mil 578 millones de pesos, que en términos reales es de sólo 0.8 por ciento.
Dentro del Ramo 33 destaca la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que aumenta 5.9 por ciento en términos reales al pasar de 22 mil 6.4 millones a 24 mil 412.3 millones de pesos, es decir, 2 mil 405.9 millones de pesos más. Las Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) tienen un aumento real de 3.1 por ciento, en 2023 se aprobaron 6 mil 464.1 millones de pesos y en el siguiente año se proyectan 6 mil 984.3 millones de pesos, o sea, 520.2 millones de pesos más.
Convenios de Descentralización; aumento de 11 por ciento
Los Convenios de Descentralización forman parte del gasto federalizado porque son los recursos transferidos a los estados para la ejecución de funciones, programas o proyectos federales. Para el 2024 se prevé un aumento real de 11 por ciento pues pasan de 3 mil 476 a 4 mil 42.7 millones de pesos, o sea, 566.7 millones de pesos más.
La segunda parte del documento del CEFP reporta los recursos federales del Gasto Centralizado identificados entre 2023 y 2024, y que son distribuidos a través de programas de subsidios y proyectos de inversión. Dichos recursos son ejecutados de manera directa por las delegaciones y representaciones del gobierno federal en los estados y municipios.
Dentro de este rubro se encuentra el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef), cuyo presupuesto en 2023 fue de 6.3 millones de pesos y en 2024 sería de 6.6 millones de pesos, o sea, un nulo aumento real.
El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa sube de 30.7 a 41.9 millones de pesos, 11.2 millones más que representan un aumento real de 30.4 por ciento; y las becas de posgrados y apoyo de calidad del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) no tienen un crecimiento real, pues pasan de contar con un presupuesto de 87.1 millones de pesos en 2023 a 91.3 millones en 2024.
Infraestructura: recorte
El presupuesto de los programas y proyectos de inversión en infraestructura, comunicaciones y transportes se reduce en un 24.3 por ciento en términos reales, los recursos pasan de 3 mil 988.6 millones de pesos a 3 mil 162.7 millones de pesos, es decir, 825.9 millones menos.
La disminución proviene de la falta de recursos asignados a la carretera Acapulco-Zihuatanejo en 2024, en el presente año fueron aprobados 200 millones. Asimismo, el presupuesto de la modernización de la carretera que cruza la Costa Chica cae de 2 mil 704.1 millones a mil 434.2 millones de pesos, mil 269.9 millones de pesos menos que representan una disminución real de 49.4 por ciento. Y el programa para los caminos artesanales repite en ambos años un presupuesto de mil 84.5 millones de pesos.
El presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero sube de 82 millones a 208.7 millones de pesos, 126.7 millones de pesos que representan un aumento real de 142.9 por ciento. Y el presupuesto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se concentra en la construcción del nuevo hospital de Acapulco valuada en 2 mil 523.4 millones de pesos.
El documento del CEFP precisa que los recursos para los conceptos salud pública y el Ramo 23 no son reportados por estado, pero conforme avance el ejercicio presupuestal se darán a conocer los montos distribuidos geográficamente. Los Fondos de Aportaciones Múltiple (FAM) y el de Seguridad Pública (FASP) del Ramo 33 Aportaciones Federales tampoco presentan distribución de recursos por entidad.
En diversas ocasiones se ha expuesto que alrededor del 97 por ciento de los ingresos con los que cuenta Guerrero provienen de los recursos que le entrega la federación porque el estado recauda muy poco.
Más de mil 300 maestros están en edad de jubilarse, pero no hay dinero: STAUAG
Karina Contreras
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes, dijo que al menos mil 300 maestros están en edad y tiempo para jubilarse, por lo que calificó como grave que no haya dinero para sus pensiones.
En declaraciones telefónicas, el dirigente sindical indicó que desde el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto y en los que van de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la federación no ha dado recursos extraordinarios para pagar jubilaciones y es una situación que se vive en todas las universidades.
Recordó que hace un año fueron a la Cámara de Diputados, para reunirse con miembros de las comisiones del área educativa y previsión social, para empujar la propuesta, “en ese momento nos dijeron que no había, que ellos estaban priorizando, como gobierno y como cámara, el apoyo a los programas de asistencia social, en este caso, el apoyo a los sectores de la tercera edad y estudiantes”.
En esa ocasión, les manifestaron que se buscaría una vía para obtener esos recursos, pero hasta la fecha no ha habido una respuesta, por lo que es un problema bastante grave que es general en el país y en los sindicatos de la UAG, donde el rector que esté lo “debe tener en la agenda”.
El rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea, dijo que por recortes federales heredará pasivos por 300 millones de pesos al próximo rector, Javier Saldaña Almazán. Agregó que en medio de esta situación financiera, el 40 por ciento de los casi 6 mil trabajadores ya están en edad de jubilarse, pero no hay dinero para el pago de su pensión.
Al dirigente sindical se le preguntó sobre esta situación y manifestó que es grave, que por eso en el congreso ordinario del sindicato, en diciembre pasado, se acordó impulsar “una lucha para buscar recursos, para darle solución a esta situación”.
Señaló que el rector habla del total de trabajadores, pero que ellos tienen alrededor de mil 300 maestros que ya tienen “la edad laboral y, por qué no decirlo, hasta biológica de jubilarse, pero no hay dinero”.
Añadió que hay maestros que le han dicho que ya se quieren retirar, porque ya se cumplió su edad laboral y años, que el ISSSTE sí los va pensionar, pero la indemnización que se tiene en el contrato colectivo de trabajo no se va a pagar de inmediato. “El problema está en que algunos maestros y maestras tienen una edad avanzada, ya se les dificulta para ir a cumplir con sus tareas académicas y eso implica que la UAG pueda tener también un rezago académico. Es un problema que debemos tomar en cuenta”.
Agregó que es un problema grave, pero no nada más en la UAG sino en todas las universidades públicas, porque el gobierno federal no ha dado el dinero. Dijo que antes se otorgaba una bolsa económica, en la cual se concursaba en una serie de proyectos y cuando esa bolsa de más de 2 mil millones de pesos se repartía, se dedicaba para situaciones como éstas, pero en esta ocasión no ha habido. “Es un problema grande que hay, porque no se tiene dinero para pagar las jubilaciones”.
Debaten diputados por reforma que disminuye facultades al Trife; morenistas dividen opiniones
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En la sesión del pleno del Congreso local, los diputados debatieron por la iniciativa de reforma constitucional que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
A pesar de que priistas, perredistas y morenistas se manifestaron en contra de la propuesta, los ánimos se exacerbaron porque algunos de Morena subieron a tribuna a defender al presidente y a su partido, asumiendo que se trataba de posturas en contra del Andrés Manuel López Obrador.
El tema se discutió en el Congreso local después de que los grupos parlamentarios de Morena, PT y el PVEM, y los opositores PAN, PRI y PRD en conjunto hablaron de la reforma constitucional que limita las facultades del Trife.
La reforma constitucional –que ha encontrado el rechazo de diputadas de los principales partidos– fue propuesta inicialmente por los coordinadores de Morena, PRI, PAN, PRD, PT y PVEM y rechazada solamente por Movimiento Ciduadano, aunque ayer los panistas retiraron su apoyo.
Y ayer, en el Congreso local, la priista Gabriela Bernal dijo que “de nueva cuenta” en México “existe un riesgo de ataque democrático”. Se refirió a la iniciativa “que pretende alterar al Tribunal electoral”.
Dijo que el país ha tenido “que resistir frente al intento de Palacio Nacional de reformar la Constitución para, literalmente, desaparecer al INE como lo conocemos. En eso, la ciudadanía fue vital para que los partidos de oposición mantuvieran el rechazo a lo que fue un Plan A, hoy sepultado”.
Se refirió a la aprobación de la reforma electoral la cual promovieron una acción de inconstitucionalidad, “lo que Morena no sabía, es que la llegada de una ministra íntegra, de carrera y a todas luces garante de la Constitución, pondría a la Suprema Corte en un espacio de verdadera autonomía para cumplir con su función. Así, la época de la ministra Norma Lucía Piña comenzó con el pie derecho y, con el ministro Javier Laynez, se ha logrado la suspensión de este Plan B tramposo y antidemocrático”.
Consideró que es extraño que “otra vez México tenga que estar en otro capítulo de esta novela denominada Amor por el Pasado protagonizada por Morena”, aunque reconoció que también diputados de oposición la promueven.
Gabriela Bernal dijo que entre las reformas al tribunal, la que más preocupa es que “le arrebata facultades para poder garantizar acciones afirmativas”, por lo que llamó a los diputados federales a defender a la democracia y “detener esta aberración constitucional”.
Llamó a defender al INE y al Tribunal y a que “rechacen las ambiciones desenfrenadas de poder y abracen las aspiraciones democráticas de la ciudadanía en movimiento”.
Después Carlos Cruz López subió a tribuna. Recordó a los ahora partidos de oposición “todas las reformas que a modo fueron haciéndole a la constitución para mantenerse por más de 80 años en el poder”, y dijo que los árbitros como el INE y el Tribunal son los que los ayudaron a mantener el poder político, como si la propuesta de reforma fuera del presidente y de Morena.
También reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mejor que ha tenido México y concluyó. En seguida el grupo parlamentario de Morena empezó a corear: “¡Es un honor estar con Obrador!”, por lo que desde su curul la priista Alicia Zamora pidió a la presidenta de la Mesa Directiva una moción de orden.
“No es un evento político, es una sesión del pleno del Congreso del estado” reclamó Alicia Zamora, a lo que la morenista María Flores Maldonado le contestó también desde su curul: “¡hay libertad de expresión!”, pero en un tono más elevado la priista le ordenó, “¡no señora!, ‘¡váyase a la calle! ¡váyase a la calle!”, mientras con su dedo índice señalaba la salida.
Gabriela Bernal pidió la palabra por alusiones personales y reprochó que no hayan entendido su participación y que no conozcan la iniciativa de reforma, y les recordó que no es una propuesta que tenga el respaldo sólo de Morena, sino que la apoyan diputados de oposición.
Dijo que su intervención es en defensa del su género no de un partido político: “las mujeres estamos exigiendo ‘¡no a un retroceso de más de 20 años a nuestros derechos!’”, y destacó que otros sectores que serán afectados son los pueblos indígenas y afromexicanos, las personas con discapacidad, y de la diversidad sexual.
Otra diputada que intervino fue la perredista Patricia Doroteo. Dijo que esa propuesta “rompe todo principio y derecho ganado hasta ahora, lo que representa un retroceso y una violación al principio de progresividad de los derechos humanos que se deben observar”.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, participo también en ese tema para precisar que la postura de Gabriela Bernal es en contra de la reforma que va en contra de los derechos de las mujeres y de las minorías: “es una iniciativa de reforma que a todas luces es inconstitucional” y no es en contra de Morena.
Invitó a los diputados a leer porque en esta se plantean facultades “elevadas al rango constitucional a las dirigencias partidistas para que libremente puedan hacer la designación de candidaturas y prácticamente quedan eliminados de facto los juicios de derechos políticos ciudadanos”.
La morenista Beatriz Mojica Morga subió a hacer precisiones a partir de la postura de Carlos Cruz López que, en el contexto de la intervención de Gabriela Bernal, subió a tribuna a manifestarse contra los partidos de oposición y a favor del presidente y de Morena.
Mojica Morga se pronunció en contra de esta reforma porque atenta contra los derechos de las mujeres y otros sectores vulnerables, pero pidió ser cuidadosos en el debate porque aún es un tema que no está en la discusión de la Cámara de Diputados, además de que las mujeres deben estar unidas ante propuestas como esa.
“Lo podemos lograr sin descalificaciones, porque tenemos que dejar muy claro, esta reforma no tiene nada que ver con el Plan A ni con el Plan B, ni con ninguna propuesta que venga del Ejecutivo, es una propuesta que los coordinadores de las fracciones en lo oscurito se pusieron de acuerdo, todas, para poder hacer esta reforma”. En ese mismo sentido intervino el morenista Antonio Helguera Jiménez.
Después la morenista María Flores intervino. Apuntó que estaba en la tribuna en representación de los ciudadanos que votaron por ella y que nadie la puede mandar a la calle para hablar de diferentes temas entre ellos actos de corrupción de gobiernos pasados, y presuntas irregularidades cometidas por la ministra Norma Piña, lo que generó gritos y reclamos de priistas y perredistas que desde sus curules demandaron que se centrara en el tema.
La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva que estaba a cargo de la sesión, la morenista Leticia Castro Ortiz, pidió respeto a Flores Maldonado y que dejaran de hacer comentarios que alteraran la participación de la oradora. En ese momento, la mayoría de los diputados del PRI y del PRD estaban exigiendo a gritos que se centrara al tema.
La presidenta de la Mesa llamó al orden y aprovechó para recordar a priistas y perredistas que “muchos de ustedes se han estado manifestando en la tribuna y no han hecho llamados a centrarse en el tema”.
Desde su curul, el morenista Alfredo Sánchez dijo que se estaba discriminando a la diputada, mientras Castro Ortiz amenazaba con aplicar “las medidas de apremio”.
La priista Flor Añorve Ocampo subió a tribuna dónde sugirió a la vicepresidenta de la Mesa Directiva Leticia Castro que leyera la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para dirigir correctamente una sesión, porque de acuerdo a lo dicho por la morenista, en tribuna se puede “decir lo que uno quiera”.
Y reiteró que las posturas no son contra Morena sino contra la iniciativa que en conjunto presentaron la mayoría de los partidos.
La sesión
El Pleno del Congreso del Estado exhortó a las secretarías estatales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a los 80 ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que implementen acciones tendientes a la disminución de incendios forestales y la explotación irracional de los recursos naturales, la propuesta fue diputada María Flores Maldonado.
El pleno del Congreso aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de símbolos patrios de las entidades federativas, como son los himnos, escudos y banderas, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y la identidad de cada estado de la República Mexicana.
Anuncia Amílcar comisión para investigar vínculos del ex presidente Calderón con el crimen
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El diputado federal guerrerense Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros anunció la presentación de un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en el que se busca la creación de una Comisión Especial para investigar posibles vínculos del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa con grupos del narcotráfico.
Mediante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Sandoval junto a diputados de Morena, señaló que se busca que la Comisión en cuestión tenga como función el recibir información que resulte trascendental para presentar denuncias y el inicio de procesos judiciales contra Calderón.
“Que sirva para recibir información que resulte pertinente, para presentar las denuncias e iniciar los procesos judiciales contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y los funcionarios encargados de la seguridad pública y procuración de justicia durante su gobierno, por su probable participación en hechos de corrupción y conductas constitutivas de delito”, expresó Pablo Amílcar Sandoval.
El diputado mornista añadió que dicho punto de acuerdo es firmado por 259 diputados y diputadas, lo que representaría una mayoría de los integrantes de la Cámara, además de que los firmantes, pertenecen a distintos Grupos Parlamentarios.
Aseguró que no es la primera ocasión en la que se señala a Felipe Calderón de tener vínculos con el narcotráfico. Indicó que en 2012, Édgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie, declaró que Calderón buscó tener un acuerdo con los grupos, mediante una negocación dirigida por el general Mario Arturo Acosta Chaparro.
“Esta no es la primera vez que el ex presidente Calderón es acusado de tener vínculos con el narcotráfico. En 2012, el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, señaló que Felipe Calderón deseaba tener un acuerdo con todos los grupos de la delincuencia organizada, para la cual se llevaron reuniones donde el general Mario Arturo Acosta Chaparro, buscó negociar con los carteles”, puntualizó el diputado.
Criticó que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), defiendan al ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna y calificó como irrelevante si pertenecía a dicho partido, sino que era parte de la toma de decisiones del país.
Reiteró que la Comisión que se propone, deberá servir para recabar información y dar seguimiento a las investigaciones que se lleguen a derivar, además de asegurar que no buscan intervenir en las facultades y atribuciones a lo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Esta Comisión Especial que hoy proponemos, debe servir para recabar la información necesaria y dar seguimiento a las investigaciones que se deriven sobre probables hechos de corrupción y participación en actos constitutivos de delito por parte del expresidente Felipe Calderón” precisó Sandoval Ballesteros.
Declaró que se busca que se realicen investigaciones y no sean “dichos y gritos que hacen los panistas en tribuna”, además de exhortar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la instauración de la Comisión en cuestión.
“Hemos solicitado a la Junta de Coordinación Política, valore instaurar esta Comisión Especial que contribuya a la búsqueda de la verdad y la justicia tan necesaria a la luz de los resultados de la mal llamada Guerra contra el narcotráfico” señaló.
El énfasis debe ponerse en el regreso paulatino de los militares a los cuarteles, plantea Tlachinollan
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el matiz que gobernadores están dando a la Guardia Nacional, para que sus mandos sean civiles, es un avance.
Subrayó no obstante que el énfasis debe ponerse en regresar paulatinamente a los militares a sus cuarteles y fortalecer a las corporaciones policiacas –como recomiendan la ONU y al CIDH–, pues con el nuevo cuerpo se afianza a los soldados en las tareas de seguridad.
Lamentó que en el debate sobre la Guardia Nacional que promovió la Cámara de Diputados, se hayan excluido a los organismos civiles de derechos humanos.
Este martes 8 de enero, varios gobernadores, entre ellos Héctor Astudillo Flores de Guerrero, participaron en la primera audiencia en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional, para apoyar su integración con soldados, marinos y policías federales, con la condición de que el mando sea civil y recaiga en la Secretaría de Seguridad Pública y no en la de Defensa Nacional como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También rechazaron que la Guardia Nacional propuesta tenga facultades de investigación, como plantea la iniciativa presidencial, pues ésta es una tarea que corresponde al Ministerio Público.
En consulta telefónica, Barrera Hernández, ratificó que legalizar la Guardia Nacional deja la puerta abierta a la permanencia de los militares en los cuerpos de seguridad pública.
Señaló que se habla de que van a crear nuevos grupos de seguridad “desde una perspectiva militar, y creemos que en términos del modelo de seguridad, no cumple con estándares internacionales que señala Naciones Unidas y varios organismos internacionales”.
Recordó que los organismos de derechos humanos han reiterado que en gobiernos democráticos “el ejército no puede por ningún motivo suplantar a cuerpos policiales, sino, no tendrían razón de ser las corporaciones policiacas ni su función de prevenir el delito, proteger el patrimonio de las personas, su integridad física y garantizar el orden”.
Mientras los policías son agentes de atención y proximidad a la población, la formación de los soldados encuadra en la lógica de la guerra, de combatir al enemigo. En este contexto comparó el uso de soldados en actividades de seguridad pública, como un médico que atiende no sólo personas, sino a todo ser viviente, “aquí es como torcer mucho la figura de una Guardia Nacional que se quiere decir civil, con militares”.
Insistió en que con la Guardia Nacional se quiere imponer una mezcolanza, particularmente en Guerrero, donde los militares han asumido antes tareas de seguridad con una visión de contrainsurgencia, que ve a los ciudadanos organizados como rivales o enemigos, “es una visión maquiavélica de que quien actúa críticamente es un peligro para la estabilidad social”.
Advirtió que esa línea dura de usar las leyes para castigar a luchadores sociales y defensores de derechos humanos, que llevó a la cárcel a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, actual senadora por Morena, Nestora García a la cárcel, tiene como punto de quiebre la participación del Ejército en tareas de seguridad.
No hay policía corrupto, si no que hay político corrupto
De los altos índices de violencia, que parecen incrementarse todos los días, y la corrupción de las corporaciones policiacas que argumentaron para mantener a soldados en la calles durante dos sexenios, el defensor aclaró eso es negar que la figura del policía sí se puede profesionalizar.
Aclaró que la fecha no hay un programa que verdaderamente apueste al fortalecimiento de las corporaciones policíacas, “el punto más corroído del sistema de seguridad”, sin embargo, añadió que “no hay policía corrupto, sino hay político corrupto”.
Estimó que no se puede colocar en el banquillo de los acusados sólo a policías, que sí forman parte del engranaje de la corrupción, mientras no rindan cuentas los mandos de corporaciones policías como los funcionarios de gobierno.
El defensor insistió en una reforma que devuelva la confianza a los ciudadanos en los policías.
Por otro lado, confirmó que la vía de los hechos Guardia Nacional ya está operando en Guerrero. Indicó el Ejercito comenzó a tener control de la información de seguridad, porque todos los alcaldes de la región Montaña están entregando informes diarios en el 98 batallón de Tlapa, y se reúnen semanalmente con los responsables de la seguridad municipales.
Confirmó que los organismos están excluidos del análisis de la seguridad en el nuevo gobierno “porque sabemos que es una perspectiva que debilita gravemente al sistema de seguridad estatal, federal y va en detrimento del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, que son parte de nuestro sistema democrático”.
Llaman diputados del PRI al INE a que revise de forma “exhaustiva” el expediente de Nestora Salgado
Agencia Reforma
Ciudad de México
El PRI en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados pidió que el Instituto Nacional Electoral (INE) que revise en forma exhaustiva el expediente de la candidata al Senado de la coalición Juntos Haremos Historia, Nestora Salgado.
Mediante un punto de acuerdo la bancada de diputados planteó evitar que se presente como candidata una persona que no cumple los requisitos constitucionales y legales, para ocupar un cargo en la Cámara de Senadores.
La propuesta firmada por la diputada Martha Sofía Tamayo a nombre de la fracción, acusa que Salgado cometió fraude a la ley por no informar a la autoridad electoral que tenía la ciudadanía estadounidense.
“Es un hecho público que Nestora Salgado para hacer frente a las acusaciones penales que se hicieron en su contra y obtener su libertad, alegó frente a las autoridades judiciales mexicanas que, en su momento, no contó con la asistencia consular correspondiente, puesto que era ciudadana norteamericana al estar casada con una persona de ciudadanía estadounidense”, se argumenta en la propuesta.
“Siendo este el caso, es evidente que para obtener su libertad la candidata Nestora Salgado alegó convenientemente ante las autoridades judiciales su calidad de ciudadana norteamericana, más cuando llegó el momento de solicitar su registro como candidata al Senado de la República, estimó conveniente presentarse sólo como mexicana por nacimiento, omitiendo revelar ante la autoridad electoral su ciudadanía norteamericana, situación que constituye un fraude a la ley por simulación”.
En el texto se advierte que de acuerdo con la Constitución, el cargo de senador de la República es sólo para ciudadanos mexicanos por nacimiento, lo que implica que quien además de la ciudadanía mexicana haya adquirido otra nacionalidad, no podría contender ni aspirar a ser electo como miembro de la Cámara Alta.
Tamayo plantea que el fraude a la ley puede cometerse mediante la simulación de su cumplimiento, es decir, bajo la apariencia de que se actúa bajo el amparo de una disposición jurídica, cuando lo que en realidad se busca es evadir el cumplimiento de otra norma.
En cualquier caso, con esa práctica se trasgreden de forma artera no sólo las disposiciones jurídicas que de forma dolosa se pretenden incumplir, sino también los principios que las dotan de sentido, expone la diputada en la propuesta presentada ayer en la sesión de la Comisión Permanente.
Agrega que es evidente que Nestora Salgado aprovechó el marco normativo que incumbe a su calidad de ciudadana estadounidense para obtener su libertad en los procesos penales que se instauraron en su contra.
La simulación para cometer un fraude a la ley, añade, es motivo suficiente para que Salgado no pueda presentarse como candidata en el proceso electoral federal en curso.
Sin respeto a los derechos humanos no puede haber seguridad, dice la ONU en foro sobre militarización
Sin el pleno respeto a los derechos humanos no puede haber seguridad, afirmó el representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jesús Peña Palacios, sobre la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tras escuchar a víctimas y deudos de una violación, de casos desaparición forzada y de un asesinato cometidos por militares en Guerrero.
Ayer en el foro Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía, organizaciones civiles y víctimas rechazaron la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior que se encuentran en el Senado y la Cámara de Diputados, para legalizar y ampliar las facultades de las fuerzas armadas en las calles, propiciando un estado de excepción donde el Ejército no rinda cuentas de sus acciones, no obstante las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos que pesan contra estas corporaciones.
El representante de la ONU señaló que si bien el tema debe de ser analizado en el Congreso de la Unión, no se deben inhibir espacios de diálogo y es pertinente (dado los antecedentes), que se discuta en Guerrero.
Inauguraron la actividad los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron que soldados del 27 Batallón de Infantería y policías de los tres niveles de gobierno intervinieron en los ataques, asesinatos y desaparición forzada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y es su exigencia al gobierno federal que los devuelva con vida.
Compartieron su testimonio Tita Radilla, hija del líder campesino de Atoyac Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido desaparecido en un retén militar en 1974, en la época llamada de la guerra sucia cuando el Ejército sitió gran parte de ese municipio.
También Valentina Rosendo Cantú, quien fue violada sexualmente por militares a los 17 años, ambos casos llegaron a sentencias contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además el sobreviviente de la masacre de El Charco ejecutada por soldados que asesinaron a 11 indígenas, Bernardino García Francisco, y el hermano de José Rubio Villegas, muerto en un ataque a balazos de militares a un autobús del servicio público, luego de cruzar un retén en el crucero de Huamuxtitlán.
Que las fuerzas armadas no participen en la investigación del delito, y el regreso gradual a sus tareas, propone la CNDH
En su intervención el coordinador de asesores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Silva, señaló el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública “no fue la decisión más apropiada”.
Señaló que los militares se apartaron de una debida conducta de servidor público y hace diez años, que se incluyeron en la política para contrarrestar al narcotráfico, las violaciones cometidas por sus efectivos se incrementaron. Señaló que antes de 2006, el promedio de las denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en la CNDH era de dos cada año por cada institución, ahora es de 12 cada una.
Propuso, opuesto a la que plantean el PAN y el PRI en las cámaras, entre otros puntos, que se deseche la posibilidad de que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación del delito, y que estas funciones no sean incluidas en su esquema de atribuciones.
Además, establecer su regreso gradual y verificable “a las tareas que le sean propias”, y prevenir que se afecte en cualquier forma el ejercicio de la libre manifestación de la sociedad civil.
Defensores rechazan la exención y primacía para los militares que se plantea en la Ley de Seguridad Interior
Del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortés Morales habló del marco jurídico que justifica la presencia de los militares en materia de seguridad pública para coadyuvar con las autoridades civiles, y denunció que en los hechos la intervención militar en los estados ha tenido primacía.
Recordó que en 2008 cuando el problema de la delincuencia organizada incrementó su complejidad se creó la Policía Federal con una base de militares, a partir de 2006, comenzó el uso intensivo de las fuerzas armadas en temas de seguridad y desde 2011 se planteó por primera vez la intención de dar un marco legal a los soldados en materia de seguridad pública, en la Ley de Seguridad Interior.
Añadió que la movilización de organismos civiles y gubernamentales de derechos humanos evitó que se incluyera este capítulo en la legislación, llamó a la sociedad a estar alerta para que la iniciativa no se apruebe a espaldas de la población a finales del actual periodo de sesiones que concluye en abril.
El abogado, Jesús Robles Malof señaló que en los estados democráticos las leyes se crean para establecer límites y controles en el ejercicio de la función pública, y el problema de la Ley de Seguridad Interior es que comienza por construir excepciones para militares, “en el mundo del revés, donde las excepciones se convierten en regla”.
Por ejemplo, señaló que una iniciativa plantea que en cuestiones de inteligencia militar las fuerzas armadas pueden hacer uso de cualquier método para lograr su objetivo, y cualquier autoridad debe colaborar en esta tarea. Dijo que hasta organismos autónomos como la CNDH estarían obligados a colaborar con los militares cuando señalen problemas de seguridad interior.
También los exenta de acatar las leyes creadas, como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dirigida a los funcionarios públicos en caso de faltas, irregularidades o abusos.
Los legisladores responden a la exigencia de la Sedena, dice el Centro Prodh
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre señaló que las iniciativas de ley son la respuesta de varios legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados a la exigencia de las fuerzas armadas de legalizar sus acciones en el campo, a pesar de que la estrategia de seguridad con soldados no ha dado resultados.
Denunció que la violencia se incrementó y eso debe de ser tomado en cuenta en el análisis en el Congreso, pero en lugar de que los legisladores llamen a los mandos militares, los generales los citaron en las instalaciones militares para exponer “no sus peticiones sino sus exigencias”.
Señaló que, entre otras, la recomendación de los organismos internacionales para México es que se fortalezcan las capacidades de las corporaciones policiacas, particularmente en investigación en macrocriminalidad, y se retire de forma paulatina a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández denunció que el Ejército acabó de forma brutal con los movimientos subversivos de la década de 1970 y no regresó a los cuarteles, se quedó en las calles.
Después de la guerrilla, los militares llevaron semilla de amapola y mariguana a las regiones apartadas del estado, primero se pensó que le daban una oportunidad a las familias de atender demandas y necesidades, ahora, saben que fue el pretexto para justificar su intervención en las comunidades.
Opinó que el nivel sanguinario a que han llegado los pleitos por las plazas entre narcotraficantes no serían posibles si la maquinaria institucional no estuviera engrasada por la corrupción.
“Insistimos en que hay de alguna manera complicidad muy fuerte con la delincuencia organizada, si no, no entendemos como en enero del año pasado en Chilapa se anunció un fuerte operativo conjunto (militar y policiaco), y hoy se mantiene la alta criminalidad”, expuso.
Finalmente el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández precisó que la Ley de Seguridad Interior no está dirigida a las elites económicas ni a las transnacionales, sino a los que se organizan, a los que demandan y exigen justicia y respeto a los derechos humanos.
Exigió que en el centro de la discusión de la legislación se coloque a las víctimas, sus historias cruentas y sus luchas, “queremos una ley para fortalecer el paradigma de los derechos humanos, no el paradigma de la militarización”.
Señaló que Guerrero es el lugar más inseguro y violento, Acapulco es el centro económico más importante y está desmantelado por la delincuencia, Chilpancingo es el centro político y de la criminalidad, Iguala después de los ataques del 26 de septiembre de 2014 evidenció la complicidad de autoridades y narcotraficantes, y siguen siendo un municipio violento.
Urgió a los diputados a legislar para las víctimas una Ley General de Tortura y la Ley General de Desaparición Forzada, en lugar de obedecer a los militares con la Ley de Seguridad Interior.