Carmen González Benicio
Tlapa
Las 28 personas que atienden el Programa de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de la Mujer (Semujer), permanecen en paro laboral porque aún les deben dos meses y dinero del ejercicio fiscal de 2024.
Trabajadoras de la Estrategia y del Centro de Justicia reconocieron la disposición del gobierno estatal para pagar, por lo que urgieron a que lo completen para que puedan reanudar los servicios que necesitan las mujeres indígenas de la región Montaña.
El personal que integra este programa lleva nueve días sin dar los servicios de acompañamiento legal, psicológico, trabajo social de traducción, de información y capacitación, ante la falta de recursos que debe liberar la Secretaría de Finanzas para que la Semujer les pague.
El 4 de diciembre, las 16 trabajadoras del Centro de Justicia para las Mujeres informaron del cierre de las instalaciones, porque les adeudaban ocho meses de salario y el dinero del funcionamiento anual.
Ese día, también, las 12 trabajadoras de la estrategia integral para la justicia y el bienestar de las niñas y mujeres, mencionaron que les debían seis meses.
Ante eso, pidieron al secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que atendieran sus exigencias, ante el cierre del año, por considerarlo violencia laboral, económica e institucional.
Al respecto, la trabajadora Lucero Rosendo, de la estrategia integral para la justicia y el bienestar de las niñas y mujeres, recordó que son 12 trabajadoras distribuidas en las regiones Montaña, Costa Chica y Centro.
Explicó que en la primera semana de su movilización les pagaron dos meses y el pasado 9 de diciembre les depositaron otros dos meses, por lo que ahora están tienen pendientes dos meses: noviembre y diciembre.
Agregó que siguen insistiendo con su petición de tener una audiencia con la gobernadora, para tener respuestas no sólo respecto a sus pagos sino al pliego petitorio, porque el trabajo que hacen es importante para prevenir matrimonios de menores de edad y protección de niñas en zonas indígenas.
Reconoció que “si bien es cierto que ya nos están resolviendo, todavía no nos han pagado nada de los gastos de viáticos a nosotras, como trabajadoras de la estrategia”.
La directora del Centro de Justicia, Yuridia Victoria León, informó que a nueve días de manifestarse públicamente, de parar labores y cerrar el centro, las autoridades estatales les pagaron, los primeros días de diciembre, el pago de dos meses y el día 9, cuatro meses, por lo que están pendientes dos meses.
Aunque sobre los gastos de enero a la fecha, para su operación, no les han dado nada.
Recordó que mientras, estuvieron resolviendo las operaciones con gastos propios, gestiones y con recursos de un programa del gobierno federal, así como generaron deudas que pretenden atender en cuánto les depositen.
Dijo que esperan que el gobierno estatal los atienda, porque se han comunicado con ella en estos días las directoras de las instancias municipales de Cochoapa el Grande, Tlalixtaquilla, Alcozauca, Olinalá, Metlatónoc, Copanatoyac, Atlamajalcingo del Monte, Tlapa, Huamuxtitlán y Cualac, por sus servicios.
Agregó: “Nos están mandando oficios para preguntar a dónde pueden llevar a sus víctimas de violencia, ahora que está cerrado el Centro de Justicia para las Mujeres de la Región Montaña”.
La postura de las servidoras del Centro de Justicia para Mujeres es que reanudarán labores cuando les paguen la totalidad de sus salarios y los gastos de operación, así como programar la audiencia con la gobernadora.
La estrategia se desarrolla en los municipios Atlamajalcingo del Monte, Tlapa, Alcozauca, Metlatónoc, Cochoapa el Grande y Xalpatláhuac, y en Costa Chica, Igualapa, Tlacoachistlahuaca y San Luis Acatlán.




