Promueve Salud la partería sólo en la Montaña pese a que es una práctica en todo el estado, denuncian

La región de la Montaña es la única donde la Secretaría de Salud (Ssa) del estado promueve la capacitación de parteras profesionales que identifican pacientes hipertensas y diabéticas, además de registrar embarazos de alto riesgo; sin embargo, los nacimientos asistidos por parteras se dan en todas las regiones de Guerrero, por lo que organizaciones se han pronunciado por una política pública al respecto.
En un comunicado, la Ssa informó que su titular, Carlos de la Peña Pintos, acudió a la Reunión Nacional de Presupuestación 2018, del programa de Salud Materna y Perinatal, donde dijo que se promueve la formación de parteras profesionales para atender a mujeres indígenas en hospitales del estado.
“… están capacitadas para registrar los embarazos de alto riesgo y solucionar aquellos problemas de sus pacientes, asociados con hipertensión y diabetes, además de garantizar una mejor comunicación con ellas, al ser en su mayoría bilingües o bien al contar con traductores de las diversas lenguas que se hablan en el estado”, dice.
Pese a que la partería se practica en todo el estado, sólo en Tlapa hay una escuela especializada que está avalada por la Ssa.
“Ahí nosotros concentramos de nuestras cuatro lenguas originarias, que es náhuatl, amuzgo, mixteco y tlapaneco, ahí abrimos campos clínicos en el hospital de la madre y el niño indígena y el Hospital General de Tlapa, ahí cuando ya les toca hacer prácticas las llevan a cabo bajo la supervisión de médicos ginecólogos y se están capacitando y salen atendiendo partos”, detalla.
Abundó que esto es con el afán de respetar que la mujer le gusta que la atienda una mujer, que además a las parteras especializadas, cuando terminan su formación, las colocan de acuerdo a su lengua originaria en los centros de salud y hospitales comunitarios.
De acuerdo con el registro que tiene la Ssa, hay 2 mil 41 parteras tradicionales en el estado, de estas mil 964 ya fueron capacitadas; las parteras profesionales egresadas de la Escuela de Parteras Profesionales de Tlapa, en total son 44, 19 en la primera generación y 25 en la segunda generación, y de éstas, 24 ya fueron contratadas y ubicadas en unidades de salud donde hablan su lengua, mientras que aún quedan 43 parteras profesionales en formación.
Sin embargo, dijo que por el momento no está planeado un hospital en el que sólo atiendan parteras profesionales, ni abrir escuelas en otras regiones, ya que primero deben fortalecer la de Tlapa, aumentar su tamaño, “porque es un sitio de concentración, ahí tenemos que confluyen la zona Centro, zona de Costa Chica y la Montaña, pero también tenemos gente que viene de la Norte”.
El 3 de mayo en Guerrero inició la campaña Vamos por la partería, impulsada por unas 50 organizaciones y que concluyó el 24 de noviembre; al finalizar exigieron una política pública para fortalecer la partería en el estado, con un enfoque intercultural, de derechos humanos y de género.
Además demandaron que en Guerrero la partería sea reconocida como una profesión, mediante una ley que la proteja y la promueva; que se garanticen modelos de atención alternativos a la salud materna perinatal, y que se incremente el presupuesto para la contratación de parteras tradicionales y profesionales.

Exigen atención médica indígenas de la Montaña ante la suspensión de las caravanas de salud

Pobladores na savi, nahuas y me’phaa de los municipios de Atlixtac, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Zapotitlán Tablas y Alcozauca exigieron atención médica y medicamentos porque tienen meses sin el servicio.
Autoridades de varias comunidades exigieron al jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, región Montaña, de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Morales Alvarado, que reponga los servicios de las caravanas que suspendieron sin avisar.
El comisario de la comunidad me’phaa de Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, Misael Bruno Arriaga informó que la Ssa suspendió seis caravanas que atendían a vecinos de 49 comunidades de seis municipios, “por falta de presupuesto”, se quejó.
Los indígenas llegaron alrededor de las 2 de la tarde a la Jurisdicción para plantear sus reclamos; ahí fueron atendidos por Morales Alvarado, quien les prometió que tendrán atención médica a partir de mayo en caravanas del IMSS-Prospera, con el que el gobierno del estado firmó un convenio luego de desaparecer las seis rutas de caravanas de la Secretaría de Salud estatal.
Los asistentes pidieron que los acuerdos se pusieran por escrito para formalizarlos, porque “las palabras se pierden”, y donde les informaran de la desaparición de las caravanas en sus comunidades.
El comisario de la comunidad de Xochimilco, municipio de Olinalá, Nemorio Pascual dijo que acudió porque les quitaron la caravana sin informarles y porque hay varios vecinos enfermos.
En la reunión hubo autoridades de las comunidades de Almolonga, municipio de Alcozauca; Xochimilco, municipio de Olinalá; y El Tepeyac, La Lucerna y La Soledad, del municipio de Malinaltepec.
Todos coincidieron en que el gobierno quita los recursos a las zonas más pobres y manda gente que iba a prestar sus servicios sin paga, “y por eso hacen mal su trabajo”.
También se quejaron de la falta de medicamentos en las casas de salud, o de que los mandan caducados, y reclamaron la falta de información oportuna sobre el retiro de las caravanas, “porque así más o menos sabemos los días de atención, y ahora nos dicen que tenemos que bajar a los centros de salud donde ni nos atienden y quedan lejos”.
Mostraron su desacuerdo con el servicio de IMSS-Prospera, “con caravanas luego nos atendían mal o faltaba medicamento, y ahora con éste no traen nada, ni equipo ni medicamento, estaremos peor y cuando quieran nos lo quitan”,
Dijeron que discutirían la información en sus comunidades para exigir el derecho a la salud, “no vendremos a pedir, vendremos a exigir que se cumpla”, advirtieron.
Aceptaron confiar en la palabra del jefe jurisdiccional, a quien le pidieron que reinstale las caravanas de salud, porque no confiaban en las del IMSS-Prospera, que empezarán desde cero y “no traen medicamento”, insistieron.

Ya tiene la Codehum el expediente completo de la denuncia por la falta de maestros en Cochoapa

El delegado regional de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en la región Montaña, Celso Vázquez  informó que el expediente de la falta de siete maestros en un preescolar y una primaria de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, ya se entregó a las oficinas centrales, y se espera que en, máximo, mes y medio se obtenga la resolución.
El 8 de diciembre, después de la denuncia de la falta de maestros, acudió a la comunidad el coordinador auxiliar de la Codehum en la Montaña, Iván Nochebuena Bravo, para escuchar las quejas de los padres, profesores, y autoridades municipales, que dijeron que no se está garantizando el derecho a la educación. Después se desahogaron las pruebas para emitir recomendaciones a las instituciones implicadas, como la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
En consulta telefónica, el delegado regional de la Montaña dijo que el 16 de enero se entregó la resolución del expediente a las oficinas centrales en la capital del estado, y se espera la resolución a favor de los habitantes de El Coyul para luego notificar a la SEG. Dijo que este proceso durará no más de mes y medio.
En El Coyul, precisó que, para el Centro de Educación Preescolar Indígena 30 de Abril, donde estudian 100 niños, se requieren dos profesores; mientras que en la Escuela Primaria Federal Bilingüe Ignacio Manuel Altamirano, se requieren cinco maestros.

Desesperada por su proceso penal detenido, anuncia Nestora nueva huelga de hambre

 

Después de que se cancelaron por sexta vez sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga de hambre a costa de su salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz.
Ante la violencia en aumento en todas las regiones y la permanencia en la cárcel de líderes del movimiento por la seguridad que se expandió en Guerrero de 2012 a 2013, consideró que el pueblo se está acostumbrando a vivir con la criminalidad.
Desde la torre médica de la prisión de Tepepan en la Ciudad de México, donde está recluida desde mayo luego de casi dos años en el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad, y consideró que México “no puede ser un país de agachados”.
Dijo que los mexicanos “tenemos el poder, como pueblo, de organizarnos, y no podemos conformarnos a vivir con esto. Nos merecemos una vida digna, ya basta de este gobierno corrupto y represor”.
Vía telefónica anoche, la luchadora social dijo que por los activistas que la visitan ha conocido la violencia e inseguridad que parece acrecentarse en Guerrero, y que se agrava en la región Montaña.
Por ejemplo Chilapa, por el conflicto entre dos bandas de narcotraficantes, y hace dos días en el municipio vecino de Zitlala, que sumó cuatro personas degolladas a la larga lista de muertes en la entidad.
“Es muy fuerte, es algo inaceptable, yo siento que nos hace falta más lucha, por eso nos falta más unidad, unificarnos en este tema por lo que está pasando, que no sólo es en el estado, (también) Oaxaca, Chiapas, somos muchos los que estamos en la lucha por esta paz, por esta justicia. Cómo me gustaría que los estados, las organizaciones se unifiquen, no debemos, no podemos permitirnos ni darnos el lujo de quedarnos sentados o callados”, expuso.
Nestora Salgado se unió al movimiento de seguridad ciudadana que surgió en Olinalá en octubre de 2012, tras la desaparición de un taxista que se pensaba secuestrado, y las extorsiones y cobros de piso que mantenían en zozobra a la población. En 2013 el grupo de seguridad de Olinalá se unió a la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Detenida desde agosto de 2013, consideró que hay “tibieza” en la defensa de los presos políticos, “no solamente por mí, somos muchos los que estamos encerrados injustamente, esto es imparable y debemos detenerlos. Los pueblos podemos”.
Anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad. La primera fue en mayo y principios de junio de este año, durante un mes, de acuerdo con la información que transmitió por medio de sus representantes y familiares.
Después de que se cancelaran por sexta ocasión sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga a costa de su propia salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz. Hace diez meses, su condición física deteriorada motivó la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su traslado del penal de máxima seguridad a la torre médica de Tepepan.
Mencionó que su salud fue tema recientemente en una mesa de trabajo de gobierno y organismos que la acompañan, pero la nueva jornada es por su libertad y la de sus compañeros de la CRAC y otros presos injustamente en México.
Denunció que en la última audiencia de testigos y víctimas que la acusaron de secuestro, ninguno se ha presentado a los careos, pese a los citatorios del Poder Judicial. Ayer se informó que la parte ofendida no se presentó a la primera serie de audiencias programadas en el Juzgado 67 de Santa Martha Acatitla, y que habría diligencias del lunes a este miércoles, y lunes y martes de la siguiente semana.
Desde la cárcel, denunció que sus acusadores no se presentaron, “¡porque las autoridades no lo han exigido, ni su gente que se supone que secuestré!, no estoy dispuesta a seguir siendo la burla y el símbolo de la represión. Estoy cansada, si tengo que morir por eso, lo voy a hacer; no quiero seguir dando el gusto de seguirme usando”.
Dice que la inasistencia de sus acusadores a los careos confirma que fueron usados para llevarla a prisión, porque en un estado machista se castiga a la mujer que deja su hogar para unirse a un movimiento; “confié en que esto le daría fuerza a las mujeres para una lucha necesaria por la paz, por la humanidad, por el respeto a los derechos y la dignidad”.
Reveló que la consejera de la CRAC, Felicitas Martínez Solano la visitó para refrendar el respaldo de la organización, pero opinó que hace falta más trabajo por los presos. “Sé que ha habido muchas divisiones que lejos de ayudarnos nos están perjudicando, no sólo en la Coordinadora, en muchas organizaciones que se están desviando, y hago un llamado a cada padre con un hijo injustamente encerrado a que hagan conciencia de lo que está pasando, no podemos permitir que el gobierno siga haciendo detenciones arbitrarias”.
Al gobernador Héctor Astudillo Flores, le dijo que él no buscó este problema, pero tiene que resolverlo y darse cuenta de que el gobierno anterior se equivocó, que los integrantes de la CRAC presos en cárceles de Chilpancingo, Ayutla y la Ciudad de México actuaron en el marco de la ley y no cometieron los delitos de los que los acusan.
A familias con desparecidos, como a los padres de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, pidió que sigan luchando. “Es la parte dolorosa y vergonzosa, cuando toco ese tema para mí es lo más desgarrador en lo emocional, es una gran vergüenza, atroz, que no debió pasar, ni palabras tengo para describir emociones y sentimientos, como madre, hermana, hija, sé que en estos momentos (de fin de año) es tremendo para los familiares, pero les puedo pedir que no dejen de luchar, que sigamos, podemos avanzar”.
Informó que ayer le permitieron una comida con sus familiares, a propósito de la Navidad, en la que estuvo en director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Ante ellos, ratificó que emprenderá una nueva huelga de hambre por todos los presos y sus compañeros, “si tengo que dar la vida, lo haré, estoy decidida; mi familia cree que es algo así como una presión nada más, pero estoy decidida”.
Pasó dos años de fiestas de Navidad y Año Nuevo en la prisión de máxima seguridad de Tepic, y este año en la cárcel estatal de Tepepan, que tampoco la ilusiona; “estas fechas son de soledad, encierro, la tristeza de no estar con la familia, la cárcel es horrible”.
Aunque dijo que en la torre médica hay mejores condiciones que en el penal federal y entre la población penitenciaria de Tepepan, donde ha recibido como visitas a decenas de activistas sociales de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Jalisco, e incluso del extranjero, de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Costa Rica.
Lamentó que la solidaridad nacional e internacional no diga nada a las autoridades que la mantienen en prisión, “yo estoy en contra de la violencia, pero creo que necesitamos ser un poco más fuertes, tenemos que hacer más presión y el único medio al alcance es la huelga, no puedo hacer más, mi única arma soy yo”.

Protestan cetegistas en Chilpancingo y Acapulco contra la evaluación y la represión en Oaxaca

Unos 100 integrantes de la CETEG oficial, encabezados por el secretario general Ramos Reyes Guerrero, bloquearon 40 minutos el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas, Ruffo Figueroa y René Juárez Cisneros, en Chilpancingo, para repudiar los ataques a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca.
En Acapulco, por la tarde los dirigentes de la CETEG opositora, en conferencia de prensa recriminaron los actos de los policías enviados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para reprimir las protestas contra la evaluación docente, y anunciaron su plan de acción paralela a la de la CETEG oficial, que contempla la movilización de maestros a la sede alterna del examen.
La protesta fue de las 12:20 a la 1 de la tarde. Los maestros, que portaban lonas y mantas con mensajes en contra de la reforma educativa y la evaluación del servicio profesional docente, se instalaron sobre las avenidas e informaron que el Estado le sigue apostando a la represión a los trabajadores que se oponen a la ley que atenta contra sus derechos laborales.
En el bloqueo, Ramos Reyes declaró que la CETEG se preparará para rechazar la evaluación en el estado, y condenó los ataques a los maestros en Oaxaca, que ponen en alerta al magisterio disidente, pues podría ocurrir una situación similar en Acapulco, donde se aplicará el examen el 3 de diciembre.
Al concluir el bloqueo, los maestros se trasladaron al edificio de la CETEG, ubicado frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), donde se llevó a cabo la Asamblea Estatal Representativa, a la que asistieron 190 representantes de las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Norte.
La asamblea, que inició cerca de la 1 de la tarde y concluyó a las 5, fue para organizar la jornada de lucha contra la evaluación que iniciará el 2 de diciembre con una marcha en la capital, se acordó instalar la Asamblea Estatal Representativa permanente, luego de la primera protesta, para determinar las acciones que se llevarán a cabo en Acapulco.
De acuerdo con la CETEG oficial, por acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, los maestros evitarán confrontarse con la Policía Estatal y la Policía Federal, que resguardarán las sedes donde se aplicará el examen.
Fuentes de la CETEG informaron que durante la asamblea se discutió la situación de Oaxaca, en donde los integrantes de la sección 22 de la CNTE aseguraron que fueron infiltrados enviados del gobierno quienes iniciaron la agresión; sin embargo, en Guerrero se vigilarán todas las actividades para evitar una confrontación con los policías.

Preparan protesta para sede alterna a Acapulco del examen

Representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) opositora, informaron que el 2 de diciembre iniciarán las acciones contra la evaluación que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 3 al 6 de diciembre.
Las acciones serán paralelas a las de la CETEG oficial de Ramos Reyes Guerrero. En conferencia de prensa a las 5:40 de la tarde en las oficinas de la delegación de servicios escolares Acapulco-Coyuca de Benítez, los representantes de las regiones Centro, Antonia Morales; Acapulco, Walter Emanuel Añorve; Costa Grande, Manuel Salvador Rosas; Costa Chica, Pastor Mojica; Tierra Caliente, Jesús Rivera Bailón; y Norte, Arturo Nava Torres.
Los maestros llamaron a sus compañeros a unirse a las protestas y a la manifestación masiva en la delegación de servicios escolares de Acapulco a partir del 2 de diciembre, para iniciar la jornada de lucha. Además, indicaron que los maestros de la CETEG de las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente se movilizarán a la ciudad alterna donde se aplicaría la evaluación, si no fuera en Acapulco.
Los dirigentes reiteraron que no están contra la evaluación, sino contra las sanciones que aplica el gobierno, y reiteraron el llamado a una evaluación formadora de maestros.
Llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a organizaciones no gubernamentales a estar atentos a lo que ocurra en el estado con la llegada de policías federales, como se hizo en Oaxaca, donde las protestas fueron reprimidas.
Los dirigentes recriminaron y lamentaron los actos de represión contra sus compañeros de Oaxaca. Acusaron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores del despilfarro de dinero que se gastará en el hospedaje de los maestros en el Hotel Resort Mundo Imperial.
Señalaron que ese dinero se puede ocupar en infraestructura de las escuelas donde hay muchas necesidades. Los cetegistas indicaron que los maestros que no acudan a la evaluación no podrán ser despedidos porque la ley no es retroactiva; sin embargo, si aceptan la evaluación, la nueva ley sancionadora será aplicable, pero sostuvieron que no permitirán que el gobierno despida a maestros.
Insistieron en que la ley los amparará y que está a favor de los trabajadores, y en que a nivel nacional la CNTE ya prepara una estrategia legal para enfrentar al gobierno.

Toman trabajadores de la Ssa la jurisdicción sanitaria en Tlapa

* Exigen el cumplimiento de una minuta

* Participan unos 150 trabajadores de los 17 municipios de La Montaña

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Trabajadores de la Secretaría de Salud de los 17 municipios de la región de La Montaña tomaron ayer las instalaciones de la jurisdicción sanitaria con sede en Tlapa en demanda del cumplimiento de una minuta de acuerdos firmada por la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra en marzo pasado.

Los empleados de Salud se solidarizan también con un paro laboral que mantienen desde hace ocho días trabajadores del hospital de Acatepec en demanda de la dotación de medicamentos y equipo, incremento de personal médico y el cumplimiento del rol de enfermeras.

Uno de los dirigentes de los trabajadores, Eduardo Méndez Luna, dijo que en la toma de las instalaciones de la jurisdicción sanitaria que inició a las ocho y media de la mañana de ayer lunes participan cerca de 150 trabajadores de los 17 municipios quienes protestan por el incumplimiento de una minuta de acuerdos firmada por Muñoz Parra.

La minuta de acuerdos contiene la petición de destitución del jefe de la jurisdicción sanitaria, Genaro Juárez Silva y su rechazo a que se designe como coordinador de enlace a Armando Viviano García.

Al primero lo acusan de presuntos desvíos de recursos y del segundo desconocen su representación ante los trabajadores.

Méndez Luna informó que Muñoz Parra se comprometió en el mes de marzo pasado a que daría una respuesta a sus demandas a más tardar en un mes, pero que han pasado dos y que no les ha resuelto nada por lo que ayer decidieron realizar acciones de protesta.

Dijo que con su movimiento apoyan también la toma de las instalaciones del hospital de Acatepec por los trabajadores quienes exigen la dotación de equipo y de medicamentos, ambulancias y la remodelación de sus instalaciones para que puedan prestar un mejor servicio.

Los empleados de ese hospital también demandan que se cumpla con el rol del personal de enfermería y que este sea rotativo. Los trabajadores de Acatepec cumplieron ayer ocho días en paro laboral sin que hayan sido atendidos en sus demandas, según dijo Méndez Luna.