Rechaza Amnistía Internacional el peritaje al basurero de Cocula; no prueba nada, asegura

La organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) rechazó el peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el fuego en Cocula, y aseguró que “no prueba absolutamente nada” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con los resultados que dio a conocer sobre el peritaje forense sobre fuego el gobierno federal “sólo juega con el sufrimiento de las familias, negándoles su derecho a la verdad y la justicia”, y lo peor es que “se ha atrevido a llamar estos hallazgos ‘conclusivos’”, puntualizó en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
“Lo único que este peritaje de fuego prueba es que en algún punto en la historia, hubo un fuego o una serie de fuegos en el basurero de Cocula. Durante meses se ha sostenido que en ese lugar habrían sucedido eventos de fuego durante casi una década. Maquillar esos resultados para presentarlos como algo innovador es un enfoque totalmente burdo”, subrayó.
“El mundo tiene derecho a saber la verdad sobre este caso”, demanda.
Las declaraciones de Guevara-Rosas se dan luego de que el viernes 1 la PGR anunció los hallazgos de peritos nombrados para presentar un nuevo peritaje sobre el destino de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzadamente en el estado de Guerrero en septiembre de 2014.
Ese peritaje de fuego fue realizado por las autoridades después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó resultados que sólidamente refutaron la teoría gubernamental, de que los cuerpos de los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
El GIEI censuró la divulgación de hallazgos preliminares y consideró roto el acuerdo para colaborar con el gobierno en este aspecto de la investigación forense, concluye AI.

Desesperada por su proceso penal detenido, anuncia Nestora nueva huelga de hambre

 

Después de que se cancelaron por sexta vez sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga de hambre a costa de su salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz.
Ante la violencia en aumento en todas las regiones y la permanencia en la cárcel de líderes del movimiento por la seguridad que se expandió en Guerrero de 2012 a 2013, consideró que el pueblo se está acostumbrando a vivir con la criminalidad.
Desde la torre médica de la prisión de Tepepan en la Ciudad de México, donde está recluida desde mayo luego de casi dos años en el penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad, y consideró que México “no puede ser un país de agachados”.
Dijo que los mexicanos “tenemos el poder, como pueblo, de organizarnos, y no podemos conformarnos a vivir con esto. Nos merecemos una vida digna, ya basta de este gobierno corrupto y represor”.
Vía telefónica anoche, la luchadora social dijo que por los activistas que la visitan ha conocido la violencia e inseguridad que parece acrecentarse en Guerrero, y que se agrava en la región Montaña.
Por ejemplo Chilapa, por el conflicto entre dos bandas de narcotraficantes, y hace dos días en el municipio vecino de Zitlala, que sumó cuatro personas degolladas a la larga lista de muertes en la entidad.
“Es muy fuerte, es algo inaceptable, yo siento que nos hace falta más lucha, por eso nos falta más unidad, unificarnos en este tema por lo que está pasando, que no sólo es en el estado, (también) Oaxaca, Chiapas, somos muchos los que estamos en la lucha por esta paz, por esta justicia. Cómo me gustaría que los estados, las organizaciones se unifiquen, no debemos, no podemos permitirnos ni darnos el lujo de quedarnos sentados o callados”, expuso.
Nestora Salgado se unió al movimiento de seguridad ciudadana que surgió en Olinalá en octubre de 2012, tras la desaparición de un taxista que se pensaba secuestrado, y las extorsiones y cobros de piso que mantenían en zozobra a la población. En 2013 el grupo de seguridad de Olinalá se unió a la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Detenida desde agosto de 2013, consideró que hay “tibieza” en la defensa de los presos políticos, “no solamente por mí, somos muchos los que estamos encerrados injustamente, esto es imparable y debemos detenerlos. Los pueblos podemos”.
Anunció que prepara una segunda huelga de hambre, el primero de enero, por su libertad. La primera fue en mayo y principios de junio de este año, durante un mes, de acuerdo con la información que transmitió por medio de sus representantes y familiares.
Después de que se cancelaran por sexta ocasión sus careos con quienes la acusan, porque no acuden a la diligencia, se dijo desesperada y dispuesta a comenzar otra huelga a costa de su propia salud, porque no tiene otra opción para alzar la voz. Hace diez meses, su condición física deteriorada motivó la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su traslado del penal de máxima seguridad a la torre médica de Tepepan.
Mencionó que su salud fue tema recientemente en una mesa de trabajo de gobierno y organismos que la acompañan, pero la nueva jornada es por su libertad y la de sus compañeros de la CRAC y otros presos injustamente en México.
Denunció que en la última audiencia de testigos y víctimas que la acusaron de secuestro, ninguno se ha presentado a los careos, pese a los citatorios del Poder Judicial. Ayer se informó que la parte ofendida no se presentó a la primera serie de audiencias programadas en el Juzgado 67 de Santa Martha Acatitla, y que habría diligencias del lunes a este miércoles, y lunes y martes de la siguiente semana.
Desde la cárcel, denunció que sus acusadores no se presentaron, “¡porque las autoridades no lo han exigido, ni su gente que se supone que secuestré!, no estoy dispuesta a seguir siendo la burla y el símbolo de la represión. Estoy cansada, si tengo que morir por eso, lo voy a hacer; no quiero seguir dando el gusto de seguirme usando”.
Dice que la inasistencia de sus acusadores a los careos confirma que fueron usados para llevarla a prisión, porque en un estado machista se castiga a la mujer que deja su hogar para unirse a un movimiento; “confié en que esto le daría fuerza a las mujeres para una lucha necesaria por la paz, por la humanidad, por el respeto a los derechos y la dignidad”.
Reveló que la consejera de la CRAC, Felicitas Martínez Solano la visitó para refrendar el respaldo de la organización, pero opinó que hace falta más trabajo por los presos. “Sé que ha habido muchas divisiones que lejos de ayudarnos nos están perjudicando, no sólo en la Coordinadora, en muchas organizaciones que se están desviando, y hago un llamado a cada padre con un hijo injustamente encerrado a que hagan conciencia de lo que está pasando, no podemos permitir que el gobierno siga haciendo detenciones arbitrarias”.
Al gobernador Héctor Astudillo Flores, le dijo que él no buscó este problema, pero tiene que resolverlo y darse cuenta de que el gobierno anterior se equivocó, que los integrantes de la CRAC presos en cárceles de Chilpancingo, Ayutla y la Ciudad de México actuaron en el marco de la ley y no cometieron los delitos de los que los acusan.
A familias con desparecidos, como a los padres de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, pidió que sigan luchando. “Es la parte dolorosa y vergonzosa, cuando toco ese tema para mí es lo más desgarrador en lo emocional, es una gran vergüenza, atroz, que no debió pasar, ni palabras tengo para describir emociones y sentimientos, como madre, hermana, hija, sé que en estos momentos (de fin de año) es tremendo para los familiares, pero les puedo pedir que no dejen de luchar, que sigamos, podemos avanzar”.
Informó que ayer le permitieron una comida con sus familiares, a propósito de la Navidad, en la que estuvo en director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Ante ellos, ratificó que emprenderá una nueva huelga de hambre por todos los presos y sus compañeros, “si tengo que dar la vida, lo haré, estoy decidida; mi familia cree que es algo así como una presión nada más, pero estoy decidida”.
Pasó dos años de fiestas de Navidad y Año Nuevo en la prisión de máxima seguridad de Tepic, y este año en la cárcel estatal de Tepepan, que tampoco la ilusiona; “estas fechas son de soledad, encierro, la tristeza de no estar con la familia, la cárcel es horrible”.
Aunque dijo que en la torre médica hay mejores condiciones que en el penal federal y entre la población penitenciaria de Tepepan, donde ha recibido como visitas a decenas de activistas sociales de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Jalisco, e incluso del extranjero, de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Costa Rica.
Lamentó que la solidaridad nacional e internacional no diga nada a las autoridades que la mantienen en prisión, “yo estoy en contra de la violencia, pero creo que necesitamos ser un poco más fuertes, tenemos que hacer más presión y el único medio al alcance es la huelga, no puedo hacer más, mi única arma soy yo”.