La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, replicó que sí se justifica por “el estado de emergencia” que el gobierno estatal emita lineamientos de construcción, además de que el decreto firmado por la gobernadora Evelyn Salgado fue “consensado” con los ayuntamientos de los municipios costeros de Guerrero.
La secretaria respondió vía telefónica a los señalamientos primero del Grupo ACA, y después del presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado de Guerrero, organismos que adviertieron que la facultad de emitir normas de construcción corresponde a los Ayuntmientos.
Jiménez informó que “se habló con los presidentes municipales y con sus directores o secretarios y se mandó incluso a los colegios, a las cámaras; si hay un colegio que no participó fue porque no quiso.
“Pero esto está consensado, incluso con la Universidad (Autó-noma de Guerrero)”, agregó en una respuesta muy breve sobre las declaraciones del presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero, Alfredo Felipe Avilés, que se publicaron en la edición de este miércoles y en las que señala que el gobierno estatal no tiene facultades en reglamentos de construcción.
En el mismo sentido que Felipe Avilés se expresó el Grupo ACA en un comunicado emitido el viernes pasado, en el que dice que la gobernadora “no tiene facultades legales para emitir lineamientos en materia de construcción”.
La secretaria Jiménez Montiel dijo escuetamente que la mandataria estatal sí está facultada por “el estado de emergencia”, e insistió en que es “un decreto consensado y además porque no se puede permitir que se esté rehabilitando ya Acapulco con los mismos vicios o con las mismas situaciones en las que generaron el fenómeno”.
Se le preguntó si la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial está vigilando la reconstrucción de las edificaciones dañadas por el huracán Otis y contestó: “En este caso es el municipio, nosotros no podemos ir a los municipios y nosotros vigilar; o sea, el municipio y como participó el municipio de Acapulco ellos estarán vigilantes de que no se vuelvan hacer las mismas prácticas”.
“Nosotros tenemos que hacer las actualizaciones de normas, reglamentos y demás, pero eso nos va a llevar un poquito de tiempo, entonces en lo que se hace eso pues se volvería a reconstruir Acapulco de la misma manera y no podemos seguir permitiéndonos eso, entonces esto es por seguridad de todo”.
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo en entrevista para reporteros en la sala de las instalaciones de la ASE Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, confirmó en conferencia de prensa que la ex encargada de despacho de ese órgano fiscalizador, Natividad Pérez Guinto, y su director general de Asuntos Jurídicos, Gabriel Alonso Márquez, emitieron de manera irregular 537 acuerdos de prescripción de cuentas públicas de autoridades municipales que fungieron en el periodo del 2011 al 2017.
Informó que derivado de ello, hay dos procesos contra la ex encargada de despacho y su director general de Asuntos Jurídicos; uno que se sigue por la vía administrativa en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y otro penal en la Fiscalía Anticorrupción.
El auditor ratificó que las cuentas públicas que se cancelaron sumaban observaciones por un total de 12 mil 938 millones 85 mil 822 pesos y los responsables son presidentes municipales, síndicos, tesoreros y directores de obras públicas de los 81 ayuntamientos.
El Sur publicó en su edición de este martes que el 12 de septiembre del año pasado, horas antes de que fuera electo y rindiera protesta ante el Congreso local como nuevo titular de la ASE Marcos César Paris Peralta Hidalgo, la entonces encargada de despacho aprobó los 537 acuerdos de prescripción.
Las fuentes informaron que el Ayuntamiento de Acapulco es el que tiene más observaciones, pues solo del ejercicio fiscal 2015 quedó un monto sin solventar por un millón 937 mil 694 pesos; en 2016 no se aclaró el uso de 403 millones 413 mil 170 pesos; y en 2017 fueron 996 millones 585 mil 543 pesos, generando un total de mil 401 millones 936 mil 409 pesos en ese periodo gobernado por el perredista Evodio Velázquez Aguirre.
Otro municipio que tras las prescripciones dejaron sin solventar montos millonarios están el de Chilpancingo, que de 2017 no aclaró el uso de 638 millones 312 mil 877 pesos en el gobierno del priista Marco Antonio Leyva Mena; y Acatepec, por 48 millones 48 mil pesos 303 pesos.
Sin embargo, ayer, el titular de la ASE informó que los acuerdos de prescripción para dejar sin efecto las cuentas públicas son de los 81 ayuntamientos y de autoridades emanadas de distintos partidos políticos.
Explicó que posiblemente se mencionaron sólo esos dos ayuntamientos y los nombres de los dos ex alcaldes por la importancia de los municipios o por los montos de las observaciones.
El auditor general Peralta Hidalgo estuvo acompañado en la conferencia de prensa por la auditora especial de órganos autónomos y entidades paraestatales, Simona Núñez Arcos; el auditor especial de desempeño, Antonio Orozco Guadarrama; el titular del órgano interno de Control, Javier Curtidor Méndez; el director general de asuntos jurídicos, César Velázquez; el secretario técnico de la ASE, Carlos Villalpando; y el auditor especial del sector Gobierno, Javier López Basilio.
Resaltó su presencia “porque para nosotros este tema es de la mayor importancia”, declaró a los medios de comunicación.
Explicó que, en efecto, el 12 de septiembre del 2022, mientras lo estaban eligiendo como auditor en el Congreso local, se firmaron los convenios de prescripción y posteriormente los fueron a dejar a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Congreso del estado.
“Se firmaron de recibido (los acuerdos) a las 3:37 de la tarde cuando yo ya había sido electo, y me tomaron protesta a las cinco de la tarde”.
Explicó que con ello, la anterior administración omitió realizar los procesos de fiscalización en términos de la Ley de la materia 564 y 1028 de la ASE, “llegando a la conclusión que lo procedente era prescribir o caducar los procedimientos de los procesos de fiscalización respecto a los ejercicios fiscales 2011-2017”.
Para el actual auditor, determinar la prescripción y caducar los procedimientos para el no fincamiento de la responsabilidad resarcitoria y los procesos de fiscalización “es una omisión grave”.
Destacó la magnitud de problema: “Se habla (en la nota periodística) solo de dos personajes por el monto y por la fuerza que tienen o la importancia que tienen los municipios; Acapulco y Chilpancingo, pero son 537 nombres, es decir, 537 cuentas públicas de las administraciones municipales del 2011 al 2017.
Hay denuncias administrativa y penal
El auditor general resaltó que la actual administración de la ASE, “como entidad basada en normas, procedimientos y leyes, apelamos de manera inmediata” e informó que a su llegada, derivado de una investigación procedieron de manera legal.
Informó que actualmente existen dos procesos; uno de responsabilidad administrativa por las 537 prescripciones ante el TJA que se presentó el 23 de enero del 2023 mismo que está en espera de que la Sala Superior dicte acuerdo de admisión de pruebas, debido a que los presuntos responsables interpusieron un juicio de amparo.
El segundo es un procedimiento de responsabilidad penal y está abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción, por una denuncia que presentó la ASE el mismo 23 de enero del 2023.
En este caso “la citación” para el desahogo de prueba testimonial sería el 24 de octubre pero se difirió porque se declaró día inhábil por el huracán Otis.
El desahogo de prueba testimonial fue el 15 de noviembre pasado pero se ofrecerán más testimonios y pruebas por lo que se está en espera de una nueva “citación” para continuar con el desahogo de las mismas.
En esta misma carpeta de investigación, la ASE incluyó una denuncia en contra de los ex titulares del órgano por sus autoliquidaciones que también fueron de manera irregular, de acuerdo al auditor Marcos César Paris,
“Recibieron malamente liquidaciones a las que no tenían derecho, tenían derecho a un finiquito mas no a una liquidación”, explicó que las cantidades que se auto asignaron son montos por arriba del derecho que tenían, en más de un 300 por ciento.
El auditor no informó en este caso cuantos y quienes de los ex funcionarios de la ASE recibieron de manera irregular las autoliquidaciones y sólo mencionó a la ex encargada de despacho, Natividad Pérez Guinto.
Con respecto a las consecuencias de los 537 acuerdos de prescripción, declaró que con ello impidieron que siguiera la fiscalización en contra de las ex autoridades municipales observadas.
Pero advirtió que ni los funcionarios municipales beneficiados, ni los que firmaron los acuerdos de prescripción están absueltos porque falta que resuelva la Sala Superior del TJA, explicó que en esa instancia “persiguen” la anulación y la no validez de esos acuerdos para que la ASE pueda proseguir con los procesos de fiscalización.
En tanto que en la Fiscalía Anticorrupción buscan la sanción penal a los servidores públicos de la ASE que firmaron los acuerdos.
Peralta Hidalgo dijo que lo que se hizo con estos acuerdos de prescripción de las cuentas públicas, “es como quien tiene deuda en el banco y va a preguntar cuanto debe pero le responden que ya no me debe nada”.
