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Hay denuncia penal contra la ex encargada y el ex director jurídico de la ASE, recuerdan

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo en entrevista para reporteros en la sala de las instalaciones de la ASE Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, confirmó en conferencia de prensa que la ex encargada de despacho de ese órgano fiscalizador, Natividad Pérez Guinto, y su director general de Asuntos Jurídicos, Gabriel Alonso Márquez, emitieron de manera irregular 537 acuerdos de prescripción de cuentas públicas de autoridades municipales que fungieron en el periodo del 2011 al 2017.
Informó que derivado de ello, hay dos procesos contra la ex encargada de despacho y su director general de Asuntos Jurídicos; uno que se sigue por la vía administrativa en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y otro penal en la Fiscalía Anticorrupción.
El auditor ratificó que las cuentas públicas que se cancelaron sumaban observaciones por un total de 12 mil 938 millones 85 mil 822 pesos y los responsables son presidentes municipales, síndicos, tesoreros y directores de obras públicas de los 81 ayuntamientos.
El Sur publicó en su edición de este martes que el 12 de septiembre del año pasado, horas antes de que fuera electo y rindiera protesta ante el Congreso local como nuevo titular de la ASE Marcos César Paris Peralta Hidalgo, la entonces encargada de despacho aprobó los 537 acuerdos de prescripción.
Las fuentes informaron que el Ayuntamiento de Acapulco es el que tiene más observaciones, pues solo del ejercicio fiscal 2015 quedó un monto sin solventar por un millón 937 mil 694 pesos; en 2016 no se aclaró el uso de 403 millones 413 mil 170 pesos; y en 2017 fueron 996 millones 585 mil 543 pesos, generando un total de mil 401 millones 936 mil 409 pesos en ese periodo gobernado por el perredista Evodio Velázquez Aguirre.
Otro municipio que tras las prescripciones dejaron sin solventar montos millonarios están el de Chilpancingo, que de 2017 no aclaró el uso de 638 millones 312 mil 877 pesos en el gobierno del priista Marco Antonio Leyva Mena; y Acatepec, por 48 millones 48 mil pesos 303 pesos.
Sin embargo, ayer, el titular de la ASE informó que los acuerdos de prescripción para dejar sin efecto las cuentas públicas son de los 81 ayuntamientos y de autoridades emanadas de distintos partidos políticos.
Explicó que posiblemente se mencionaron sólo esos dos ayuntamientos y los nombres de los dos ex alcaldes por la importancia de los municipios o por los montos de las observaciones.
El auditor general Peralta Hidalgo estuvo acompañado en la conferencia de prensa por la auditora especial de órganos autónomos y entidades paraestatales, Simona Núñez Arcos; el auditor especial de desempeño, Antonio Orozco Guadarrama; el titular del órgano interno de Control, Javier Curtidor Méndez; el director general de asuntos jurídicos, César Velázquez; el secretario técnico de la ASE, Carlos Villalpando; y el auditor especial del sector Gobierno, Javier López Basilio.
Resaltó su presencia “porque para nosotros este tema es de la mayor importancia”, declaró a los medios de comunicación.
Explicó que, en efecto, el 12 de septiembre del 2022, mientras lo estaban eligiendo como auditor en el Congreso local, se firmaron los convenios de prescripción y posteriormente los fueron a dejar a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Congreso del estado.
“Se firmaron de recibido (los acuerdos) a las 3:37 de la tarde cuando yo ya había sido electo, y me tomaron protesta a las cinco de la tarde”.
Explicó que con ello, la anterior administración omitió realizar los procesos de fiscalización en términos de la Ley de la materia 564 y 1028 de la ASE, “llegando a la conclusión que lo procedente era prescribir o caducar los procedimientos de los procesos de fiscalización respecto a los ejercicios fiscales 2011-2017”.
Para el actual auditor, determinar la prescripción y caducar los procedimientos para el no fincamiento de la responsabilidad resarcitoria y los procesos de fiscalización “es una omisión grave”.
Destacó la magnitud de problema: “Se habla (en la nota periodística) solo de dos personajes por el monto y por la fuerza que tienen o la importancia que tienen los municipios; Acapulco y Chilpancingo, pero son 537 nombres, es decir, 537 cuentas públicas de las administraciones municipales del 2011 al 2017.

Hay denuncias administrativa y penal

El auditor general resaltó que la actual administración de la ASE, “como entidad basada en normas, procedimientos y leyes, apelamos de manera inmediata” e informó que a su llegada, derivado de una investigación procedieron de manera legal.
Informó que actualmente existen dos procesos; uno de responsabilidad administrativa por las 537 prescripciones ante el TJA que se presentó el 23 de enero del 2023 mismo que está en espera de que la Sala Superior dicte acuerdo de admisión de pruebas, debido a que los presuntos responsables interpusieron un juicio de amparo.
El segundo es un procedimiento de responsabilidad penal y está abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción, por una denuncia que presentó la ASE el mismo 23 de enero del 2023.
En este caso “la citación” para el desahogo de prueba testimonial sería el 24 de octubre pero se difirió porque se declaró día inhábil por el huracán Otis.
El desahogo de prueba testimonial fue el 15 de noviembre pasado pero se ofrecerán más testimonios y pruebas por lo que se está en espera de una nueva “citación” para continuar con el desahogo de las mismas.
En esta misma carpeta de investigación, la ASE incluyó una denuncia en contra de los ex titulares del órgano por sus autoliquidaciones que también fueron de manera irregular, de acuerdo al auditor Marcos César Paris,
“Recibieron malamente liquidaciones a las que no tenían derecho, tenían derecho a un finiquito mas no a una liquidación”, explicó que las cantidades que se auto asignaron son montos por arriba del derecho que tenían, en más de un 300 por ciento.
El auditor no informó en este caso cuantos y quienes de los ex funcionarios de la ASE recibieron de manera irregular las autoliquidaciones y sólo mencionó a la ex encargada de despacho, Natividad Pérez Guinto.
Con respecto a las consecuencias de los 537 acuerdos de prescripción, declaró que con ello impidieron que siguiera la fiscalización en contra de las ex autoridades municipales observadas.
Pero advirtió que ni los funcionarios municipales beneficiados, ni los que firmaron los acuerdos de prescripción están absueltos porque falta que resuelva la Sala Superior del TJA, explicó que en esa instancia “persiguen” la anulación y la no validez de esos acuerdos para que la ASE pueda proseguir con los procesos de fiscalización.
En tanto que en la Fiscalía Anticorrupción buscan la sanción penal a los servidores públicos de la ASE que firmaron los acuerdos.
Peralta Hidalgo dijo que lo que se hizo con estos acuerdos de prescripción de las cuentas públicas, “es como quien tiene deuda en el banco y va a preguntar cuanto debe pero le responden que ya no me debe nada”.

 

Niegan amparos a ex funcionarios de la ASE acusados de dejar prescribir cuentas públicas

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ex funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) recurrieron a amparos para evitar procedimientos administrativos y penales, por dejar prescribir 537 cuentas públicas del mismo número de municipios, y por sus autoliquidaciones; sin embargo, éstos fueron negados o desechados.
Las liquidaciones que los titulares de cuatro auditorías especiales se autorizaron, presuntamente de forma irregular, por más de 4 millones de pesos; así como el acuerdo con el que dejaron prescribir 537 cuentas públicas de municipios, fueron denunciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el auditor Marcos César Paris Peralta Hidalgo.
Los procesos administrativos y penales podrían tener sanciones, que van desde amonestaciones, multas económicas y hasta la inhabilitación para trabajar en el servicio público de uno hasta 20 años.
En entrevista en la ASE, el titular del órgano interno de control Francisco Javier Curtidor Méndez, detalló que las autoliquidaciones irregulares fueron “de todo el staff de primera línea que tenía la encargada” de la ASE, Natividad Pérez Guinto, por lo que se tomó la decisión de atacar el problema por la vía administrativa y penal.
Los mismos procesos se iniciaron contra los acuerdos de prescripción de 537 procesos de fiscalización, del mismo número de cuentas públicas de municipios.
En el caso de las liquidaciones, comentó que los ex funcionarios también apelaron el acuerdo de la unidad sustanciadora, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa, pero el tribunal valida el inicio del procedimiento en su contra.
También estos funcionarios recurrieron al amparo para evitar este procedimiento.
Si este procedimiento concluye en que los ex funcionarios sí cometieron una irregularidad al autoasignarse las liquidaciones, tendrían que regresar a la ASE “el excedente”, porque tenían derecho a un finiquito pero “es mucha la diferencia”, comentó el contralor interno.
De confirmarse la irregularidad, el propio tribunal podría emitir otras sanciones para quienes autorizaron estos pagos, como “multas o la inhabilitación”.
Se trata de la ex titular Natividad Pérez y los ex directores generales de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas.
En el caso de los 537 expedientes, Curtidor Méndez comentó que durante el proceso legal se generan “ralentizaciones”, porque después de que se inicia la etapa de investigación, se radica en la unidad investigadora de la ASE y después pasa a la unidad sustanciadora, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa.
En esta segunda unidad ya se citó a los ex funcionarios que autorizaron estas prescripciones, donde se detuvo porque los presuntos responsables solicitaron juicio de amparo, argumentando que “no se habían valorado todas las pruebas y que no había suficientes elementos para poder iniciar el proceso de responsabilidades”.
Los ex funcionarios impugnaron este procedimiento ante el TJA, donde promovieron “un recurso de queja”, pero este tribunal determinó que la iniciación del procedimiento es correcta, por lo que los señalados deciden presentar un juicio de amparo, que se radicó en el juzgado sexto de distrito, pero fue desechado por lo que los ex funcionarios recurrieron a “la queja”.
En este caso de los 537 expedientes que presuntamente se dejaron prescribir, ya se “celebró la audiencia” ante la unidad sustanciadora y se integró el expediente, desde donde se notificó a los ex funcionarios y se turnó al tribunal a mediados de julio.
El TJA determinará si toma como buenas las pruebas o las desechan, luego escuchará a las partes, la ASE y los ex funcionarios “presuntos responsables”.
Tras esta valoración, el tribunal dictaría una resolución de responsabilidad administrativa o regresaría la carpeta para que se vuelva a integrar, también, podría desechar el caso como totalmente concluido, si no encuentra elementos suficientes para sancionar. Esto ocurriría entre octubre y noviembre.
Se trata de dos ex funcionarios, el que era director jurídico y la ex encargada Natividad Pérez, que emitieron estos acuerdos de prescripción y quienes podrían ser sancionados con inhabilitación, de “un año y un día, hasta 20 años”.
El auditor Marcos César Paris comentó que se trabaja en las propuestas que plantearán al Congreso local, para la reforma a la ley de fiscalización, “hemos notado que son demasiados tiempos de oportunidad, hay artículos que deben ser reformados”.
Comentó que el secretario técnico de la ASE, Carlos Alberto Villalpando Milián, realizó ya un análisis de la ley de fiscalización para tener propuestas que presentar al Congreso del Estado.

 

Busca la ASE revertir la prescripción de 537 procesos de cuentas municipales

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta Hidalgo, informó que presentó denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción para revertir la decisión de este órgano que en la administración anterior dejó prescribir 537 procesos de fiscalización del mismo número de cuentas públicas de municipios.
Ayer el auditor acudió al Congreso a entregar un informe del estado que guarda la solventación que realizan los entes fiscalizables que tienen observaciones (pliegos de responsabilidades) en sus cuentas públicas de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 de diferentes entes como ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados (OPDs), de los cuales no dio detalles.
En declaraciones a su salida de una reunión protocolaria en la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu, Peralta Hidalgo dijo que “antes se negaba información al Congreso del estado” y que particularmente estos informes de los procesos de solventación no se entregaban.
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) afirmó que se están atendiendo todos los procesos de fiscalización para que estos no prescriban “estamos moviendo los expedientes y enviando notificaciones a los presidentes municipales, secretarios, o directores generales”.
A pregunta hecha dijo que en la ASE encontraron que la administración pasada dejó que prescribieran 537 cuentas públicas, por lo que en enero pasado la ASE presentó las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción.
Explicó que la ASE dio parte a ambas instituciones para que estas determinen si estas prescripciones proceden o no, es decir si fue correcto que estos procesos de fiscalización quedarán sin concluir porque los plazos establecidos en la ley se agotaron.
“La ley dice que es inactividad procesal, entonces se supone que hubo inactividad procesal en 537 expedientes en igual número de municipios” que son desde el 2011 hasta el 2017.
Marco César Paris Peralta explicó que la ley le impide a la ASE revocar los propios procedimientos que realizó el órgano fiscalizador por lo que tendría que ser otra instancia la que dé marcha atrás a las prescripciones determinadas por la pasada administración.
Entre estas 537 están las prescripciones de las cuentas públicas 2016 y 2017 de municipios como Acapulco y Chilpancingo.

 

Observaciones de la ASF a 15 municipios por mal manejo de recursos durante 2021

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Además del Ayuntamiento de Acapulco, al que le realizó observaciones superiores a 64 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en las cuentas de los gobiernos municipales de Zihuatanejo, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez; además de Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tlapa, Teloloapan, Pilcaya, La Unión, General Heliodoro Castillo, Cuautepec y Cocula.
Les demandó aclarar el uso de 74 millones 821 mil 161 pesos, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
Las observaciones de la ASF son porque los gobierno municipales no acreditaron el pago de servicios, contratos de recolección de basura, programas de pinta de fachada, compra de software, arrendamiento de maquinaria, adquisición de productos químicos, de materiales, útiles, equipos de oficina, material de limpieza, así como por el arrendamiento de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, entre otros.
En la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, que publicó en febrero de este año la ASF, detalla que el gobierno municipal de Ajuchitlán del Progreso, que preside el priista Víctor Hugo Vega Hernández, debe aclarar tres millones 853 mil 532.25 pesos, que gastó en “materiales y suministros” y “servicios generales” con recursos económicos que recibió del Ramo 28, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública. El alcalde gobernó en el periodo 2018-2021.

Los ayuntmientos

Al gobierno municipal de Arcelia, presidido por el priista Bulmaro Torres Berrúm, la ASF le pide aclarar la ejecución de 345 mil 779 pesos, que gastó en “materiales y suministro”, pero del que no da más detalles.
En el caso del gobierno de Chilapa, que preside el priista Aldy Esteban Román, deberá aclarar el gasto de 22 millones 411 mil 806 pesos, ya que no comprobó la ejecución de un gasto en “servicios personales”.
De acuerdo con la ASF, el gobierno municipal de Chilpancingo, encabezado por la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, deberá aclarar siete millones 936 mil 790 pesos, que ejecutó como “servicios generales e inversión pública”, y es que argumentó, el ayuntamiento no entregó evidencia documental suficiente de “servicios prestados” establecidos en siete contratos, ni acreditó el pago de otros tres, en los que utilizó recursos económicos federales del ramo 28.
El gobierno de Cocula, que preside Carlos Alberto Duarte Bahena, de Morena, deberá aclarar 264 mil 322 pesos, porque no acreditó el pago de cinco pólizas de “materiales y suministros”.
El gobierno de Coyuca de Benítez, presidido por el morenista, Ossiel Pacheco Salas, debe aclarar dos millones 659 mil 500 pesos, ya que no entregó la documentación suficiente parar comprobar el gasto en un programa de mejoramiento denominado la “pinta de fachadas”, así como por la “implantación, desarrollo y soporte de aplicaciones y base de dato, capacitación, levantamiento de requerimiento y seguimiento del software Coram”.
El gobierno municipal de Cuautepec, gobernado por el perredista César Iván Pérez Vargas, deberá aclarar un millón 69 mil 927 pesos, ya que no entregó evidencia documental con el que comprobara la adquisición de “materiales, consumibles de oficina y cómputo”, y no acreditó “el pago total de dos pólizas” de servicios prestados por contrato.
En el caso de General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), gobernado por el priista Serafín Hernández Landa, la ASF lo pidió aclarar un millón 350 mil pesos, porque no entregó las facturas de los pagos, fotografías, reporte de actividades, documentación que demuestre o acrediten un servicio, pero del que no da más detalle.
El alcalde David Gama Pérez, del PRI, en el municipio de Iguala, deberá aclarar cuatro millones 913 mil 661 pesos, porque no entregó evidencia documental suficiente de los servicios prestados establecidos en 14 contratos adjudicados a un mismo proveedor, por “arrendamiento de maquinaria y/o equipo”, así como de 10 contratos adjudicados al mismo proveedor por “la prestación de servicios para realizar el trabajo de proceso de validación de impuesto sobre la renta participable y timbrado de la nómina de los meses de noviembre 2020 a agosto 2021”.
Sin embargo, en el periodo de 2018 a 2021, en Iguala gobernó el morenista, Antonio Salvador Jaimes Herrera.
En La Unión, gobernado por el perredista Crescencio Reyes Torres, deberá aclarar la ejecución de cinco millones 117 mil 470 pesos, por no entregar la documentación y acreditar los servicios prestados de tres contratos, ni el pago de la cuenta donde se administraron los recursos de participaciones federales de cuatro pólizas de egresos. Tampoco reportó las actividades de la operación y servicio de los camiones recolectores de basura, reporte fotográfico y actas de entrega de dos obras denominadas recolección y acarreo de basura al relleno sanitario municipal.
El gobierno panista de Pilcaya, de Sandra Velázquez Lara, debe aclarar la ejecución de dos millones 674 mil 512 pesos, porque no comprobó los servicios de tres proveedores por la adquisición de productos químicos para la planta tratadora de agua, por la prestación de servicios de asesoría legal de enero a diciembre de 2021 y por la adquisición de una impresora multifuncional. Tampoco acreditó documentos de la propiedad o los derechos de propiedad del lugar donde se efectuó la obra pública, ni el finiquito de los trabajos y el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Del gobierno municipal de Taxco, que encabeza Mario Figueroa Mundo, por Fuerza por México, las ASF le pide aclarar 11 millones 261 mil 110 pesos, luego de que comprobó los servicios prestados establecidos en seis contratos con los que se adquirió “materiales y suministros, servicios generales y bienes inmuebles e intangibles”.
El gobierno municipal de Teloloapan, del perredista Homero Hurtado Flores, debe aclarar a la ASF un millón 323 mil 953 pesos, porque no comprobó la adquisición de bienes, un servicio y dos gastos sin contrato, del que se precisó, fue un servicio profesional para la gestión ante el SAT para la devolución de los pagos efectivamente realizados del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de enero a junio del 2020, periodo en el que gobernó, el perredista Efrén Ángel Romero Sotelo.
En el caso de Tlapa, gobernada por el priista Gilberto Solano Arreaga, debe aclarar dos millones 593 mil 947 pesos, porque no entregó evidencia documental de las adquisiciones y servicios prestados de dos contratos, y de gastos sin contrato a dos proveedores por la adquisición de “materiales, útiles y equipos menores de oficina y la adquisición de material de limpieza”.
El municipio de Zihuatanejo, del priista Jorge Sánchez Allec, quien cumple su segundo periodo, debe aclarar siete millones 644 mil 846 pesos, porque no comprobó tres servicios que se formalizaron en tres contratos, y por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto de seis contratos por el “arrendamientos de camiones, retroexcavadoras y pipas de agua, asignados a cuatro proveedores”.

Los 15 municipios observados por la ASF, suman un total de 74 millones 821 mil 161 pesos que deberán aclarar lo expuesto en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021
De acuerdo con la ASF, los municipios de Ajuchitlán, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, General Heliodoro Castillo, Iguala, La Unión, Pilcaya, Taxco, Teloloapan y Taxco no hicieron “una gestión eficiente y transparente de las participaciones federales a municipios en 2021”.
Además, consideró que no cuentan “con un adecuado sistema de control interno, que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

Niega Acevedo Andrade que rené Juárez se niegue a informar de las cuentas públicas

Continúa la comparecencia del gabinete renejuarista

 Responde a Gloria Sierra, del PRD y a Arturo Martínez, del PAN sobre resultados del estudio de una consultora que le dio 39 puntos de calificación al gobierno estatal

 Hugo Pacheco León Chilpancingo

El secretario de Finanzas y Administración, Rafael Acevedo Andrade, rechazó ayer la postura del PRD y del PAN de que el gobierno de René Juárez sea corrupto y se niegue a transparentar el gasto presupuestal, como lo dio a conocer un estudio aplicado a nivel nacional por la consultora Aregional.com, y que le dio 39 puntos de calificación de un total de 100.

El funcionario dijo que esa evaluación es “subjetiva y obedece a objetivos e intereses económicos de esa constructora (sic)”.

En cambio –indicó– el Instituto Nacional de la Hacienda Pública ubicó al gobierno del estado en el cuarto lugar nacional en la presentación de la cuenta pública, y en el décimo en transparencia, lo que “refleja con claridad” que gobierno de Juárez Cisneros “está dentro de los primeros 10 estados del país”.

Por segundo día, en la sesión permanente del Congreso del Estado continuó la comparecencia de los 13 secretarios de despacho y del procurador general de Justicia.

No hubo cambios en las participaciones de los diputados que se concentraron en conocer los detalles de los programas de gobierno, su inversión y su impacto social.

Pero la apatía de funcionarios, burócratas y reporteros ante las intervenciones de los diputados motivaron que el presidente de la Mesa Directiva, una y otra vez, llamara al orden a los asistentes para escuchar al orador en turno.

Hubo un chispazo que anunciaba algún cuestionamiento a los funcionarios, cuando a las 11 de la mañana, al reanudarse la sesión, el diputado del PRI, Elías Salomón Radilla, cuestionó al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, por haber declarado que se reducirá la matrícula educativa en Guerrero.

El diputado consideró que la medida podría acarrear conflictos, como la toma de edificios públicos o bloqueos a las carreteras. Y criticó que desde la  SEG se promueva el “paralelismo” sindical, en referencia al SNTE y la CETEG, que viven constante confrontación por la disputa de la interlocución con las autoridades educativas.

También exigió a la Secretaria de la Mujer, Sandra Belkis Ocampo, que explicara porqué en la cuenta pública del segundo cuatrimestre mayo-agosto aparecen cheques firmados a su nombre, aunque el diputado no dijo el monto.

El secretario de Educación, Daniel Pano, contestó al priísta que la reducción de la matrícula tiene que ver con las medidas económicas asumidas el años pasado por la crisis en la SEG, pero que ya fue resuelto, aunque no dijo si se reducirá la matrícula o no.

Reconoció que ese paralelismo sindical provoca la paralización administrativa, pero sostuvo que para el gobierno del estado sólo hay una representación sindical y la encabeza José Natividad Calixto, del SNTE.

Aunque luego señaló que “existen otras tres fuerzas opositoras de lo que fue la primera fuerza opositora, en referencia a la CETEG, y no puede cerrar las puertas a todos los trabajadores que piden audiencia”.

Mientras que la secretaria de la Mujer, Sandra Belkis, aceptó que si existen los cheques a su nombre, pero que fue un trámite que hizo para agilizar la capacitación a mujeres de La Montaña, donde no hay bancos, además de reconocer que la Auditoría General del Estado le hicieron esa observación y ya lo solventó, y atajó las críticas: “no me da avergüenza haberlo hecho porque no fue para uso personal”.

Con esas explicaciones el diputado Elías Salomón ya no dijo nada y rechazo hacer uso de su derecho a contrarréplica.

No hay autocrítica, dice Gloria Sierra

Luego tocó el turno a la diputada Gloria Sierra López, por el PRD, quien lamentó que el gobernador René Juárez no haya asumido una actitud autocrítica para llegar la transición democrática, no haya reconocido sus errores y sólo prepara su retiro del gobierno diciendo que falta consolidar el camino andado, “y eso es soberbia”, criticó.

Luego dio toda una lista de las negativas del secretario de Finanzas para entregarles la información requerida para conocer los detalles del gasto presupuestal y el ejercicio gubernamental en decisiones como la burzatilización, y que se siga pagando la deuda del a Promotora Turística.

Esos requerimientos –dijo– suman unos 8 mil millones de pesos, con “inconsistencias graves en su comprobación”.

La respuesta de Rafael Acevedo fue que la información en la cuenta pública del último cuatrimestre se sustenta con todos los documentos que respaldan los registros presupuestales y contables de las diferentes dependencias y entidades de la administración pública, que además tiene en su poder la AGE.

La documentación de ingresos y egresos fue “oportunamente glosada” entregadas a la AGE en las cuentas públicas. Luego se comprometió enviar en el próximo mes, el soporte del informe entregado al Congreso, “dado que es voluminosa”.

Del proceso de burzatilización dijo que la información se encuentra en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.

En la réplica, Gloria Sierra insistió en obtener la información requerida, dado que el gasto público es un desorden; es cierto, hay obras se erogaron millones, pero no implica que haya desarrollo porque hay un “pírrico” crecimiento económico del estado, señaló.

Agregó que la obra es para paliar y mediatizar los reclamos sociales, los 22 mil millones de pesos para consolidar, y exhortó a entregar la información suficiente y necesaria porque en el gobierno de René Juárez se niega a transparentar el gasto y rendir cuentas.

Rafael Acevedo ejemplificó que las transferencias son porque los alcaldes perredistas que pidieron una ampliación de sus presupuestos por 60 millones de pesos y el gobernado lo aceptó, “pero si no es correcto dígase a los alcaldes del PRD”, retó.

Siguió la diputada del PAN, Porfiria Sandoval Cervantes, para preguntar a la secretaría de la Salud, Verónica Muñoz Parra, sobre los diferentes programas emprendidos en la materia. La respuesta fue la repetición de todo el informe de gobierno en el área de salud.

En tanto que en respuesta al diputado del PRI, Reyes Betancourt Linares, la misma Verónica Muñoz Parra y posteriormente el de Desarrollo Social, Heriberto Huicochea Vázquez, dieron amplias explicaciones sobre los programas y avances de los mismos, ya dados a conocer en el Quinto Informe de gobierno.

El diputado del PRD, Marco Antonio López se refirió sólo al problema del transporte en Guerrero. Dijo que se han acumulado “pequeños grandes problemas” por la formación de cuatro grandes organizaciones, y se permite la injerencia de sus líderes en asuntos que deben resolver las autoridades.

Fue el secretario de general de Gobierno, Luis León Aponte, quien le pidió al perredista preguntas “precisas y concretas”, y se mofó de él al decirle: “el tiempo se lo comió”.

Aceptó que transportes es un sector “difícil” por los intereses que representan y que dificulta la solución. Otra vez el perredista Marco Antonio pidió conocer sobre la depuración de los taxis en Acapulco, y la lista final de concesiones.

Y de nuevo Luis León Aponte le dijo que existe en 1997 un padrón de choferes, y que la depuración no es la única vía para entregar concesiones. Rechazó se hayan entregado 306 concesiones demás, como lo dijo el diputado.

El gobierno estatal menos transparente: PAN

Luego el diputado del PAN, Arturo Martínez Pérez, preguntó a Luis León Aponte porqué no han respondido a las demandas sociales.

Al secretario de Finanzas y Administración lo cuestionó sobre la falta de transparencia al ocupar el lugar 39 a nivel nacional.

Luis León Aponte refutó que la administración de René Juárez no ha caído en falsas expectativas hacia la población, y se ha alejado de toda demagogia y actos populistas, además de ofrecer y otorgar apoyos que el presupuesto lo permiten.

Mientras que Rafael Acevedo respondió que en el caso de la transparencia la constructora Aregional.com, en su evaluación y calificación “sólo se refiere a la disposición documental y no prevé la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley de Hacienda, a la Ley de Transparencia, a la de Fiscalización, a la de Egresos, a la de Presupuesto de Egresos y ni al Plan Estatal de Desarrollo, así como a las cuentas públicas del 2002.

Señaló que por eso “esa evaluación es subjetiva y obedece a objetivos e intereses económicos de la constructora (sic) no en datos del Instituto Nacional de la Hacienda Pública, donde se refleja con claridad que el gobierno que encabeza René Juárez Cisneros está en el cuarto lugar y en transparencia y cuenta pública, está dentro de los primeros 10 estados del país”.

Arturo Martínez le reviró que les ha faltado imaginación y capacidad para atender a 88 de cada 100 guerrerenses que no han culminado su educación básica, y los altos índices de mortalidad.

Pidió a Luis León Aponte entregar los 200 millones de pesos que ocuparían para el segundo piso de la Costera de Acapulco, para la infraestructura vial y modernización del parque vehicular público en esa ciudad.

A Rafael Acevedo le reprochó que no muestre disposición de que la gente conozca la información de los estados financieros y contables del gobierno del estado, al negarse entregarla al Congreso local.

Luis León Aponte dijo que los planes y objetivos del gobierno se hace con responsabilidad y sin autoalagos, pero reconoció que les hace falta mucho por hacer.

Del transporte en Acapulco, reviró que se tiene un reglamento de tránsito y vialidad, una Secretaría de Seguridad Pública y una dirección de Tránsito, y esa dependencia tiene agentes que están obligados a poner el orden vial.

El secretario general de Gobierno propuso a los diputados hacer un Plan Maestro para la regulación del transporte y vialidades para Acapulco. De los 200 millones de pesos anunciados –dijo– eran precisamente para acabar con el caos vial, pero que les rechazaron el proyecto: “todo por venir de un hombre con visión, que lo hizo porque quiere a Acapulco y lo iba hacer con las reducciones presupuestales y planes de austeridad”.

Por su parte, Rafael Acevedo le respondió al panista que difiere de sus comentarios, porque en la cuenta pública del ultimo cuatrimestre entregado al Congreso local van 40 anexos con todo el desglose de cómo se ejercicio el gasto del gobierno del estado.

“Si usted no lo ha leído (la cuenta pública), no es mi responsabilidad”, dijo.

El diputado independiente Cuauhtemoc García Amor solicitó al secretario de Gobierno que informara sobre la situación de RTG, para modernizarla dado que “puede servir para mediar y equilibrar los excesos de los medios de comunicación que golpean constantemente al estado y los gobiernos de México, al de Guerrero y a los ayuntamientos”.

Propuso desincorporar RTG y crear una sociedad mercantil, sin que el gobierno pierda su control para defender al estado y alcanzar la estabilidad social.

León Aponte dijo que RTG no puede vender sus espacios ni comercializarlos, pero dio a conocer que buscan formar para obtener ingresos. Es un escaparate para la voz de los guerrerenses y buscará entre en el presupuesto del 2005.

Siguió el diputado del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, quien pidió al procurador Jesús Ramírez aumentar los salarios de la Policía Ministerial. El funcionario le dijo que se hará lo posible y además dio a conocer que se entregan premios y compensaciones.

El perredista José Jacobo Valle, quien preguntó sobre la entrega de Pension Guerrero, lo que dio motivo a que el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Huicochea, detallara que esos recursos se entregan con puntualidad, pluralidad y cada día están en condiciones de aumentar los beneficiarios.

El panista Max Tejeda Martínez declinó participar.

Siguió el priísta, Paz Antonio Ildefonso para pedir sobre las incidencias delictivas en el estado y las acciones para abatirlas. La respuesta del secretario, Arturo Lima fue el de repetir los datos dados a conocer en el Quinto Informe de Gobierno.

A las 16:30 se decretó un receso para comer y al regreso tocaría el turno a 24 diputados más. El acuerdo de la Comisión de Gobierno con los funcionarios fue de culminar las comparecencias la noche del miércoles o el jueves en la madrugada.