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Califica Evodio de asunto político electoral el caso de la prescripción de cuentas en la ASE

 

Daniel Velázquez

El ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, se deslindó de las decisiones de la ex encargada de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Natividad Pérez Guinto, como la prescripción de las cuentas públicas de 2011 a 2017 que presentaban irregularidades, entre ellas la de su gobierno.
En declaraciones en Acapulco a donde acudió a una reunión con locatarios del mercado de artesanías de La Diana, Velázquez Aguirre dijo que se trata de un asunto político porque eso ocurre en el periodo de definición de candidaturas
“Yo lo veo como un tema totalmente político electoral que se sacan de la manga como una filtración, qué casualidad que hablan de Evodio, de Chilpancingo, cuando fuimos los opositores, cuando hay un señalamiento de un trámite administrativo interno, no de nosotros. Evodio cumplió en tiempo y forma lo que tenía que cumplir”, dijo pese a que el actual director de la ASE, Marco César Paris Peralta, busca reactivar el proceso por observaciones de mil 400 millones de pesos al Ayuntamiento de Acapulco.
“¿Por qué Evodio? ¿Por qué no dicen nada de Taxco, de Zihuatanejo, del gobierno estatal? ¿Por qué no dicen nada de otros municipios que están inmersos en este mismo paquete? Es un tema electoral, político, porque traen temor de que yo sea el candidato al Senado de la República”.
De la venta de las prescripciones de las revisiones a la cuenta pública que hicieron los funcionarios de la ASE a los beneficiarios, Velázquez Aguirre insistió en que es un asunto interno de la Auditoría, no de quienes fueron alcaldes. “A mí si me requieren hoy algo, yo voy y lo compruebo, a mí no me han requerido absolutamente nada, entonces yo no puedo aceptar este tema tramposo sacado en un proceso electoral, cuando estas en tiempo de definiciones, le tienen miedo a Evodio Velázquez, esa es la realidad”.
Las aspiraciones

Velázquez Aguirre dijo que solo son siglas las que se repartieron en el acuerdo los partidos PRI, PAN y PRD que integran la coalición Fuerza y Corazón por México pero no se han definido las candidaturas y que al PRI tiene el siglado para postular candidato al Senado en Guerrero porque tiene mejor votación que el PRD, “mi interés sigue vigente”.
Del alegato que sostuvo el PRD de que la candidatura al Senado le correspondía a ellos porque ese fue el acuerdo en 2021, el perredista insistió en que solo son las siglas las que tiene el PRI y que quien sea electo candidato será registrado por ese partido “quien mejor posicionado esté”.
–¿Evodio sigue aspirando al Senado?
–Evodio está trabajando hoy para que le vaya bien a la coalición y lógicamente vamos a revisar los mecanismos que tengamos que revisar y tendrán que ser los dirigentes lo que determinen quien es el mejor posicionado.
Agregó que le hubiera gustado que en el acuerdo de los tres partidos se hubieran determinado los nombres pero no se pudo por cuestiones legales.

Gobiernos rebasados

Evodio Velázquez opinó que a un mes del huracán Otis las autoridades de los tres niveles de gobierno están rebasadas pues no han podido con la acumulación de basura en la ciudad y eso es emergencia sanitaria.
Agregó que el presidente debiera estar en Acapulco, en las colonias, escuchando a los ciudadanos y verificando que la ayuda llegue a los afectados. A los diputados federales de Morena les dijo que vengan a Guerrero a informar que no hay ni un peso para la entidad en el presupuesto 2024.
“Lo que quieren es llenarte de enseres, de despensas, de programas para aligerar el peso político de no haber atendido con oportunidad la emergencia”.

 

Revela diputado que había notificadores de la ASE que vendían las prescripciones

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local, Jacinto Gonzalez Varona, avaló la denuncia del titular de la ASE, Marcos César Paris Peralta, sobre las irregularidades en los 547 acuerdos de prescripción de observaciones a cuentas públicas por parte de los anteriores encargados de la Auditoría.
Como, aclaró que los 537 acuerdos antes de la toma de protesta del nuevo auditor, Marcos César Paris Peralta, el 12 de septiembre del año pasado, “son irregulares”.
Explicó que en su momento, cuando estos informes llegaron a través de la Oficialía del Congreso local, la Comisión de Vigilancia y Evaluación no les dio trámite. “Esas notificaciones no las dimos por recibidas, para evitar que causaran efecto”.
Reveló que descubrieron una red de notificadores vendiendo esas prescripciones a los entes fiscalizables, pero no podía hablar del caso por respeto al debido proceso en las denuncias que presentó el auditor amte el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción.
Aclaró que cuando la comisión tuvo conocimiento a raíz de los informes, previno al auditor para que actuara, “y es ahí donde estamos ahorita”.
Recordó que, cuando propuso una reforma a la Ley 469 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Guerrero, señaló que los procesos son muy largos, y les permiten a los entes fiscalizables esperar a que fenezcan los términos.
“¿Y qué pasa? Había antes dentro de la ASE quienes recibían una mochada para no tocar los expedientes, nadie le movió nada (para llegar al tiempo de la prescripción)”.
Enfatizó que la Comisión no dictaminó los informes de prescripción y los devolvió  a la ASE, “porque (ahí) hay un alcalde –sin precisar quién– que le gusta andar en la escena política, que puede ser inhabilitado por más de 600 millones de pesos, y no podemos validar ésto, porque no sustancio todas las observaciones”.
Recordó que rompió la comunicación con la ASE porque la anterior auditora, Olivia Valdovinos Sarabia, se negaba a responder las solicitudes de información que le presentaba.
“Hay una cadena de oficios, prácticamente conversatorios con la auditora, por eso, llegó el momento en que le dije que no podía estar por encima del Congreso, (pero) tenía un abogado que se salía por la tangente aprovechando las lagunas legales que tiene la 468 y el reglamento interno de la ASE”.
Aunque los auditores general y especiales son nombrados por el Congreso del estado, precisó que cualquier titular de la auditoría argumenta la autonomía técnica para ocultar sus actuaciones.
Aclaró que este candado acaba de ser retirado, y la Comisión ahora realiza mesas de trabajo con la ASE, para que el Congreso tenga más control.

 

Niegan amparos a ex funcionarios de la ASE acusados de dejar prescribir cuentas públicas

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ex funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) recurrieron a amparos para evitar procedimientos administrativos y penales, por dejar prescribir 537 cuentas públicas del mismo número de municipios, y por sus autoliquidaciones; sin embargo, éstos fueron negados o desechados.
Las liquidaciones que los titulares de cuatro auditorías especiales se autorizaron, presuntamente de forma irregular, por más de 4 millones de pesos; así como el acuerdo con el que dejaron prescribir 537 cuentas públicas de municipios, fueron denunciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el auditor Marcos César Paris Peralta Hidalgo.
Los procesos administrativos y penales podrían tener sanciones, que van desde amonestaciones, multas económicas y hasta la inhabilitación para trabajar en el servicio público de uno hasta 20 años.
En entrevista en la ASE, el titular del órgano interno de control Francisco Javier Curtidor Méndez, detalló que las autoliquidaciones irregulares fueron “de todo el staff de primera línea que tenía la encargada” de la ASE, Natividad Pérez Guinto, por lo que se tomó la decisión de atacar el problema por la vía administrativa y penal.
Los mismos procesos se iniciaron contra los acuerdos de prescripción de 537 procesos de fiscalización, del mismo número de cuentas públicas de municipios.
En el caso de las liquidaciones, comentó que los ex funcionarios también apelaron el acuerdo de la unidad sustanciadora, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa, pero el tribunal valida el inicio del procedimiento en su contra.
También estos funcionarios recurrieron al amparo para evitar este procedimiento.
Si este procedimiento concluye en que los ex funcionarios sí cometieron una irregularidad al autoasignarse las liquidaciones, tendrían que regresar a la ASE “el excedente”, porque tenían derecho a un finiquito pero “es mucha la diferencia”, comentó el contralor interno.
De confirmarse la irregularidad, el propio tribunal podría emitir otras sanciones para quienes autorizaron estos pagos, como “multas o la inhabilitación”.
Se trata de la ex titular Natividad Pérez y los ex directores generales de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas.
En el caso de los 537 expedientes, Curtidor Méndez comentó que durante el proceso legal se generan “ralentizaciones”, porque después de que se inicia la etapa de investigación, se radica en la unidad investigadora de la ASE y después pasa a la unidad sustanciadora, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa.
En esta segunda unidad ya se citó a los ex funcionarios que autorizaron estas prescripciones, donde se detuvo porque los presuntos responsables solicitaron juicio de amparo, argumentando que “no se habían valorado todas las pruebas y que no había suficientes elementos para poder iniciar el proceso de responsabilidades”.
Los ex funcionarios impugnaron este procedimiento ante el TJA, donde promovieron “un recurso de queja”, pero este tribunal determinó que la iniciación del procedimiento es correcta, por lo que los señalados deciden presentar un juicio de amparo, que se radicó en el juzgado sexto de distrito, pero fue desechado por lo que los ex funcionarios recurrieron a “la queja”.
En este caso de los 537 expedientes que presuntamente se dejaron prescribir, ya se “celebró la audiencia” ante la unidad sustanciadora y se integró el expediente, desde donde se notificó a los ex funcionarios y se turnó al tribunal a mediados de julio.
El TJA determinará si toma como buenas las pruebas o las desechan, luego escuchará a las partes, la ASE y los ex funcionarios “presuntos responsables”.
Tras esta valoración, el tribunal dictaría una resolución de responsabilidad administrativa o regresaría la carpeta para que se vuelva a integrar, también, podría desechar el caso como totalmente concluido, si no encuentra elementos suficientes para sancionar. Esto ocurriría entre octubre y noviembre.
Se trata de dos ex funcionarios, el que era director jurídico y la ex encargada Natividad Pérez, que emitieron estos acuerdos de prescripción y quienes podrían ser sancionados con inhabilitación, de “un año y un día, hasta 20 años”.
El auditor Marcos César Paris comentó que se trabaja en las propuestas que plantearán al Congreso local, para la reforma a la ley de fiscalización, “hemos notado que son demasiados tiempos de oportunidad, hay artículos que deben ser reformados”.
Comentó que el secretario técnico de la ASE, Carlos Alberto Villalpando Milián, realizó ya un análisis de la ley de fiscalización para tener propuestas que presentar al Congreso del Estado.