Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ex funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) recurrieron a amparos para evitar procedimientos administrativos y penales, por dejar prescribir 537 cuentas públicas del mismo número de municipios, y por sus autoliquidaciones; sin embargo, éstos fueron negados o desechados.
Las liquidaciones que los titulares de cuatro auditorías especiales se autorizaron, presuntamente de forma irregular, por más de 4 millones de pesos; así como el acuerdo con el que dejaron prescribir 537 cuentas públicas de municipios, fueron denunciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el auditor Marcos César Paris Peralta Hidalgo.
Los procesos administrativos y penales podrían tener sanciones, que van desde amonestaciones, multas económicas y hasta la inhabilitación para trabajar en el servicio público de uno hasta 20 años.
En entrevista en la ASE, el titular del órgano interno de control Francisco Javier Curtidor Méndez, detalló que las autoliquidaciones irregulares fueron “de todo el staff de primera línea que tenía la encargada” de la ASE, Natividad Pérez Guinto, por lo que se tomó la decisión de atacar el problema por la vía administrativa y penal.
Los mismos procesos se iniciaron contra los acuerdos de prescripción de 537 procesos de fiscalización, del mismo número de cuentas públicas de municipios.
En el caso de las liquidaciones, comentó que los ex funcionarios también apelaron el acuerdo de la unidad sustanciadora, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa, pero el tribunal valida el inicio del procedimiento en su contra.
También estos funcionarios recurrieron al amparo para evitar este procedimiento.
Si este procedimiento concluye en que los ex funcionarios sí cometieron una irregularidad al autoasignarse las liquidaciones, tendrían que regresar a la ASE “el excedente”, porque tenían derecho a un finiquito pero “es mucha la diferencia”, comentó el contralor interno.
De confirmarse la irregularidad, el propio tribunal podría emitir otras sanciones para quienes autorizaron estos pagos, como “multas o la inhabilitación”.
Se trata de la ex titular Natividad Pérez y los ex directores generales de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas.
En el caso de los 537 expedientes, Curtidor Méndez comentó que durante el proceso legal se generan “ralentizaciones”, porque después de que se inicia la etapa de investigación, se radica en la unidad investigadora de la ASE y después pasa a la unidad sustanciadora, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa.
En esta segunda unidad ya se citó a los ex funcionarios que autorizaron estas prescripciones, donde se detuvo porque los presuntos responsables solicitaron juicio de amparo, argumentando que “no se habían valorado todas las pruebas y que no había suficientes elementos para poder iniciar el proceso de responsabilidades”.
Los ex funcionarios impugnaron este procedimiento ante el TJA, donde promovieron “un recurso de queja”, pero este tribunal determinó que la iniciación del procedimiento es correcta, por lo que los señalados deciden presentar un juicio de amparo, que se radicó en el juzgado sexto de distrito, pero fue desechado por lo que los ex funcionarios recurrieron a “la queja”.
En este caso de los 537 expedientes que presuntamente se dejaron prescribir, ya se “celebró la audiencia” ante la unidad sustanciadora y se integró el expediente, desde donde se notificó a los ex funcionarios y se turnó al tribunal a mediados de julio.
El TJA determinará si toma como buenas las pruebas o las desechan, luego escuchará a las partes, la ASE y los ex funcionarios “presuntos responsables”.
Tras esta valoración, el tribunal dictaría una resolución de responsabilidad administrativa o regresaría la carpeta para que se vuelva a integrar, también, podría desechar el caso como totalmente concluido, si no encuentra elementos suficientes para sancionar. Esto ocurriría entre octubre y noviembre.
Se trata de dos ex funcionarios, el que era director jurídico y la ex encargada Natividad Pérez, que emitieron estos acuerdos de prescripción y quienes podrían ser sancionados con inhabilitación, de “un año y un día, hasta 20 años”.
El auditor Marcos César Paris comentó que se trabaja en las propuestas que plantearán al Congreso local, para la reforma a la ley de fiscalización, “hemos notado que son demasiados tiempos de oportunidad, hay artículos que deben ser reformados”.
Comentó que el secretario técnico de la ASE, Carlos Alberto Villalpando Milián, realizó ya un análisis de la ley de fiscalización para tener propuestas que presentar al Congreso del Estado.