Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta Hidalgo, informó que presentó denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción para revertir la decisión de este órgano que en la administración anterior dejó prescribir 537 procesos de fiscalización del mismo número de cuentas públicas de municipios.
Ayer el auditor acudió al Congreso a entregar un informe del estado que guarda la solventación que realizan los entes fiscalizables que tienen observaciones (pliegos de responsabilidades) en sus cuentas públicas de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 de diferentes entes como ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados (OPDs), de los cuales no dio detalles.
En declaraciones a su salida de una reunión protocolaria en la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu, Peralta Hidalgo dijo que “antes se negaba información al Congreso del estado” y que particularmente estos informes de los procesos de solventación no se entregaban.
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) afirmó que se están atendiendo todos los procesos de fiscalización para que estos no prescriban “estamos moviendo los expedientes y enviando notificaciones a los presidentes municipales, secretarios, o directores generales”.
A pregunta hecha dijo que en la ASE encontraron que la administración pasada dejó que prescribieran 537 cuentas públicas, por lo que en enero pasado la ASE presentó las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción.
Explicó que la ASE dio parte a ambas instituciones para que estas determinen si estas prescripciones proceden o no, es decir si fue correcto que estos procesos de fiscalización quedarán sin concluir porque los plazos establecidos en la ley se agotaron.
“La ley dice que es inactividad procesal, entonces se supone que hubo inactividad procesal en 537 expedientes en igual número de municipios” que son desde el 2011 hasta el 2017.
Marco César Paris Peralta explicó que la ley le impide a la ASE revocar los propios procedimientos que realizó el órgano fiscalizador por lo que tendría que ser otra instancia la que dé marcha atrás a las prescripciones determinadas por la pasada administración.
Entre estas 537 están las prescripciones de las cuentas públicas 2016 y 2017 de municipios como Acapulco y Chilpancingo.