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Organiza por primera vez un gobierno estatal la ceremonia luctuosa por Genaro Vázquez

Zacarías Cervantes

San Luis Acatlán

El representante del Comité Sanluisteco, Valentín Hernández Chapa, entrega a Abel Barrera, de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la guerra sucia la solicitud de que se investigue la muerte de Genaro Vázquez Foto : Lenin Ocampo Torres

En el 51 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, representantes de su familia, el Comité Sanluisteco y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), entregaron a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965 a 1990 una solicitud para que se investiguen las circunstancias de su muerte el 2 de febrero de 1972.
El documento lo recibió el integrante de esa Comisión, Abel Barrera Hernández, durante la ceremonia luctuosa que se realizó la mañana de ayer en la Plaza Cívica de esta población de la Costa Chica de donde fue originario Vázquez Rojas.
En esta población por primera vez se realizó una ceremonia oficial organizada por la Dirección de Actividades Cívicas del Gobierno estatal y en representación de la gobernadora estuvo el director David Loma Hernández.
Asistieron, además, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia y ex alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, el delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero.
Además de los correligionarios de Genaro Vásquez Rojas, José Bracho Campos y Arturo Miranda Ramírez, así como el representante del Comité Sanluisteco Valentín Hernández Chapa, en tanto que la familia del guerrillero homenajeado fue representada por la viuda Consuelo Solís y su hijo Genaro Vázquez Solís.

“Genaro estaba vivo”

Consuelo Solís, esposa de Genaro Vázquez Rojas, habla en la ceremonia a 51 años de la muerte del fundador de la ACNR, en San Luis Acatlán Foto: Lenin Ocampo Torres

A 51 años de la muerte del guerrillero, por primera vez los familiares, la ACNR que fundó, y el Comité Sanluisteco solicitaron por escrito la investigación de su muerte.
Su lugarteniente, José Bracho, insistió lo que declaró en una conferencia de prensa el lunes en Chilpancingo, respecto a que Vázquez Rojas no murió en el accidente el 2 de febrero de 1972, sino que fue levantado con vida por militares y policías y trasladado al Cuartel Militar de Morelia, Michoacán.
La solicitud que leyó Valentín Hernández, refiere que en el contexto del 51 aniversario de la muerte del comandante guerrillero Genaro Vásquez Rojas, la ACNR, el Comité Cívico Sanluisteco y la esposa e hijos del guerrillero, “comparecemos ante ustedes para demandarles que consideren en su agenda de trabajo de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad consumados en el periodo del 1965 a 1990, las circunstancias de su muerte”.
Agrega que a 51 años de su muerte siguen sin aclararse las circunstancias en que perdió la vida. Agregó que a pesar de que en su momento, en la versión oficial se dijo que murió en el accidente, “sus acompañantes aseguran que cuando se retiraron Genaro estaba vivo y después se presentaron elementos del Ejército y de la policía y lo trasladaron al campo militar de Morelia donde posteriormente lo dieron por muerto”.
Se insistió que a pesar de que él viajaba en el asiento de atrás, en el lugar de menor riesgo del vehículo, las fuentes oficiales aseguraron que resultó muerto.
Además, de acuerdo al oficio, la esposa de Vázquez Rojas, cuando le entregaron el cadáver “apreció en su frente una herida en una forma de V, que da lugar a inferir que su muerte fue provocada intencionalmente al recibir un culatazo de algún rifle de alto poder por elementos del Ejército.
“Estas y muchas otras evidencias podrán ser presentadas en su momento para su investigación minuciosa y profesional a fín de que no quede ninguna duda ante la historia, ni ante su familia sobre las verdaderas causas de su muerte de tan destacado luchador social acaecido en el contexto de la llamada Guerra sucia en la que el Estado mexicano desplegó una feroz guerra de contrainsurgencia y de exterminio en contra de la disidencia armada y no armada”.

Genaro es parte de la memoria historica: Abel Barrera

Abel Barrera Hernández, integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, quien recibió el documento, expresó que “qué bueno que hay una iniciativa de las familias, de los colectivos, de los movimientos y de las organizaciones para exigir que se esclarezca su muerte. A nombre de los comisionados y comisionadas les decimos que tomaremos a pecho esta solicitud”.
Aclaró que a los integrantes de esta Comisión les toca hacer la investigación histórica, “y asumir la responsabilidad del mandato presidencial, lo haremos con todo el compromiso y con toda la responsabilidad que nos implica esta tarea”.
Agregó que a los miembros de esta Comisión les interesa seguir recogiendo los testimonios y que van a seguir realizando los Diálogos por la Verdad para “que su palabra se escuche en el país y en el estado”.
Agregó que para esta Comisión este año es de escuchar a las víctimas y recuperar su memoria, tener todos los documentos y archivos personales y familiares para que sean parte del acervo y de la Casa de la memoria que se va a crear en el país. Agregó que Genaro Vázquez es parte del patrimonio de la memoria.

“No soy la viuda, soy la esposa de Genaro”: Consuelo Solís

La viuda de Vázquez Rojas celebró que ahora los homenajes sean oficiales y públicos porque antes “esto no se podía hacer, porque por pegar un volante en una esquina o en una pared iba uno a dar a la cárcel”.
Recordó que en el quinto aniversario de la muerte de Vázquez Rojas, antes de partir al panteón para limpiar y colocar flores, llegó el Ejército a arrebatarles las fotografías que llevaban para pegar en la tumba y ella les gritó: “llévense todas las que quieran que al fin traigo muchas más”.
Por ello insistió que para ella y su familia es algo grandioso que ahora se haga aquí como un acto cívico y público y que haya autoridades que tienen algún puesto en el gobierno “y que están aquí y no tienen miedo de hablar”.
Además, dijo que antes, sus hijos e hijas fueron perseguidos porque eran hijas de un “pandillero, roba vacas, de un ladrón”; reprochó que muchos maestros no los defendieron, “a veces con lágrimas en los ojos me decían: ‘hoy me dijeron esto’, y ella les preguntaba ‘’¿y tú que piensas?’, ‘que él fue un hombre bueno’”, le respondían.
Añadió que ahora, al reconocerlo oficialmente como un luchador social es una gran satisfacción porque ya no se podrán burlar de sus hijos.
Recordó la anécdota de cuando fue detenida. Dijo que entonces iba con una hija adoptiva a buscar a un compañero; Jorge Mota González, quien apenas murió hace tres meses.
Explicó que cuando vio carros con gente armada le habló a un licenciado, José Rojo Coronado, a quien le dijo: “váyase a mi casa y si en 10 o 15 minutos no llego, ya me agarró la policía”. Añadió que así fue; “él llegó a mi casa y yo ya nunca llegue, me detuvieron con mi hija”.
Recordó que entonces le preguntaron que donde estaba Genaro y ella les respondió: “quienes lo persiguen son ustedes, ustedes deben de saber dónde está, no yo, porque él dormirá en un lugar y al otro día ya no va a estar en el mismo”.
Entonces la separaron de su hija y le dijeron que si cuando la oyera gritar se le iba a refrescar la memoria, “¿saben ustedes lo que se siente?; es un dolor inmenso y sin poder hace nada. Entonces yo sí sufrí lo que muchos no creen; la represión espantosa de los gobiernos anteriores”.
Consuelo Solís aprovechó para reprochar algo que, dijo, no le gusta, y es cuando le gente dice: “es la viuda de Genaro”, y, aclaró: “no soy la viuda, soy la esposa de Genaro Vázquez Rojas, porque Genaro Váquez no ha muerto”, y de entre el público se escuchó un: “Genaro vive, la lucha sigue”.
Otra anécdota fue cuando en el Cuartel Militar de la Ciudad de México le entregaron el cuerpo rodeado de soldados y de perros amaestrados; “entramos con miedo, mis niñas estaban pequeñas y les dije: si les ofrecen de comer no acepten nada”.
En tanto, dijo que ella pensaba: “si no es (el cuerpo), ni modo, voy a decir que es él para que le den oportunidad de continuar con la lucha”. Añadió: “desgraciadamente cuando las enfermeras y una doctora destaparon su cara en el hospital, me convencí que él era, llevaba puesto el anillo de matrimonio, no se lo pudieron quitar”.
Recordó por qué su hijo más pequeño se llama Roque Filiberto. Explicó que fue por Roque Salgado Ochoa (un guerrillero) que cayó en la Montaña junto con su hermano Filiberto Solís Morales defendiendo la causa”. Añadió que Roque muy grave y su hermano ayudándolo, murieron abatidos.
Explicó que al mes de que nació su hijo, llegó a su casa una mujer con traje típico de la región y le dijo: “el compa y los compañeros de allá (le dijo señalando la Montaña) piden que si el niño que acaba de nacer puede llevar el nombre de los compañeros que cayeron defendiendo la Patria”.
Y ella, desconfiada, cuestionó: “y como sé que la manda el compañero”, y la mujer desconocida metió la mano (dijo señalando bajo el brasier) y sacó un pañuelito y le mostró el anillo de matrimonio de Genaro.
Entonces creyó que era cierto que quien le pedía era su esposo, “y por eso mi hijo, el menor, lleva el nombre de Roque Filiberto”, explicó con voz quebrada.
Como parte de la ceremonia, los asistentes colocaron una ofrenda floral y una guardia de honor en el busto de Vázquez Rojas en el zócalo de San Luis Acatlán y posteriormente marcharon al panteón municipal donde colozcaron otra ofrenda floral en la tumba del guerrillero.

No presentará Olea informe que exonera a Zeferino, anuncia la viuda de Chavarría

El gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió con la familia del asesinado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, a que el fiscal estatal Javier Olea Peláez no dé a conocer las conclusiones del caso, como se comprometió ante el Congreso local durante su comparecencia el 26 de junio pasado, porque su hipótesis de que la guerrilla fue la responsable del asesinato carece de sustento, informó este martes la viuda, Martha Obezo Cázares.
Acompañada de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, la viuda de Chavarría Barrera anunció en conferencia de prensa la Jornada contra la impunidad, por la verdad y la justicia, en el marco del octavo aniversario del asesinato del diputado local perredista, e insistió que con la línea de investigación que pretendía dar a conocer Olea Peláez al Congreso local, nuevamente se quería exonerar al entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo como autor intelectual del crimen.
A su vez, el dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda Ramírez, quien fue el primero que llegó la mañana del 20 de agosto del 2009 a la casa de Chavarría, a cuya entrada fue asesinado, dijo que observó que desde un principio no se cuidó la escena del crimen ni se resguardaron las evidencias, y que “se vio la intención de evitar que la línea de investigación llegara hasta el Palacio de Gobierno”.
Obezo Cázares fue acompañada por la viuda del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala Arturo Hernández Cardona, asesinado en el 2013, Sofía Lorena Mendoza; la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, asesinada también en el 2013, Norma Mesino Mesino; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame; la presidenta del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso; la representante del Taller de Desarrollo Comunitario Isabel Rosales, y el dirigente de la ACNR, Arturo Miranda Ramírez.
Martha Obezo declaró que la línea de investigación con la que el fiscal pretendía cerrar el caso y que anunció a los diputados en su comparecencia el 26 de junio, “es la misma línea con la que quería cerrar el caso Zeferino Torreblanca, culpando a la guerrilla, concretamente al ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), cuando no hay ni fundamento ni sustento”, dijo.
Recordó que esa línea fue desechada desde el 2010 por el Juzgado Séptimo de Distrito y el Tribunal Unitario de Circuito por falta de pruebas y porque no había un expediente que soportara una consignación.
Pero celebró que el fiscal Olea Peláez ya no haya podido comparecer ante el Congreso local a cumplir su palabra empeñada “que no respeta y que no vale nada”, dijo, en referencia al anuncio que hizo el fiscal durante su comparecencia ante el Congreso local el 26 de junio, cuando ofreció que en 2 ó 3 semanas daría a conocer resultados del caso Chavarría y que habría detenciones.
La viuda de Chavarría dijo que tenía certeza de que el fiscal Olea cerraría el caso con la línea de la guerrilla porque se lo dijo en la única reunión que ha tenido con él, el 19 de julio del 2016. Reveló que en esa entrevista, “que fue bastante desdeñosa y grosera”, Olea le dijo que el expediente contenía pura basura y que sólo la procuradora Martha Elba Garzón Bernal y él habían avanzado en las investigaciones.

“No quieren tocar a Zeferino”

Obeso Cázares dijo que “coincidentemente” Garzón Bernal fue la que retomó la misma línea de investigación con la que quiso cerrar el caso Zeferino Torreblanca, que es el de la guerrilla, misma que establece que habrían sido miembros del ERPI los que mataron al diputado perredista.
Agregó que en la reunión con el fiscal, éste también exoneró al ex gobernador Torreblanca, “sigue habiendo proteccionismo hacia él, no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa”. Dijo que, mientras tanto, la familia del victimado perredista sigue insistiendo que lo investiguen.
“Nosotros decimos que existe un señalamiento en su contra por su presunta autoría intelectual y hay hasta muertos, como aquél comandante (Trinidad Zamora Rojo) que declaró que Zeferino lo mandó matar, pero ahora dicen que no fue declaración ministerial y limpiaron el expediente, le quitaron todo lo que declaró el comandante”, acusó.
Declaró que ese señalamiento fue el que desestimó el fiscal en su reunión del 19 de julio del 2016. En cambio, dijo que apuntaló la investigación que realizó Martha Elba Garzón y la de él, “con eso confirmé lo que siempre he sabido, que están empeñados en sellar la impunidad”.
Además, contó que el fiscal le ofreció que le iba a entregar copia del expediente pero que nunca lo cumplió. Manifestó que el fiscal no acudió al Congreso a informar de los resultados de las investigaciones como lo prometió, “porque la suya no es una investigación altamente profesional y que responda a los estándares del derecho internacional, y así, qué podría decirnos que nos convenciera”.
Informó que por eso en una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, el 17 de julio pasado, la postura de los familiares fue que no aceptarían que se sesgue la investigación y que se insista en una línea que fue desechada por un juzgado federal y por un tribunal unitario por falta de pruebas.
Aseguró que el gobernador se comprometió a respetar la postura de los familiares y su reclamo de justicia, “nosotros le insistimos que el fiscal no insistiera porque no íbamos a permitir ni a validar tampoco semejante postura”.
Sin embargo, Obezo dijo que no tiene certeza de que el fiscal Olea no vaya a insistir en su línea de investigación, “es tan burdo, además yo creo que está para eso, para sellar la impunidad y a lo mejor se atreve a dar su versión, pero una cosa es que él salga y otra cosa es que nosotros aceptemos esa postura”, advirtió.
Declaró que tanto al fiscal en el 2016, como al gobernador en julio pasado, les dijeron claramente que “no vamos a permitir que se siga sesgando el caso, que se siga escondiendo el expediente o que se fabriquen culpables, o peor aún, que se lastime a gente inocente”.
La viuda explicó que como la PGR en el caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, en el caso de su esposo también pretenden imponer una “verdad histórica”. Advirtió que, de hacerlo, no sería un dislate del fiscal, sino un agravio de categoría histórica para la sociedad guerrerense que quisieran culpar a la guerrilla y al ERPI por ese asesinato.
A su vez, el dirigente de la ACNR, Miranda Ramírez, quien dijo que fue el primero que llegó a la casa de Chavarría Barrera la mañana del 20 de agosto del 2009, cuando lo mataron, contó que ese día encontró un “escenario abandonado” y “expuesto a que el contexto del crimen fuera violentado y borradas las pistas”.
“Desde allí se vio la intención de evitar que la línea llegara al Palacio de Gobierno. Agregó que desde los primeros días había las suficientes evidencias de que el responsable del asesinato es Zeferino Torreblanca”.
También contó que lo que vio esa mañana fue que los responsables materiales no eran unos aprendices, “fue gente experta en manejo de armas y homicidios”,
Miranda Ramírez agregó que ocho años después “los circos” del fiscal de que iba a dar información del caso, fue otra tomada de pelo, porque es evidente que se sigue protegiendo al verdadero responsable”.

Jornada contra la impunidad

Como parte de las actividades por el octavo aniversario del asesinato del diputado perredista, Obeso Cazares anunció la Jornada Contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia.
El 15 de agosto se realizará la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, asignaturas pendientes en Guerrero, que disertará Emilio Álvarez Icaza a las 12 horas en el auditorio José Inocente Lugo. El 16 de agosto se inaugurará la exposición fotográfica Por la Verdad y la Justicia, en la que se incluirán fotografías de Armando Chavarría, Rocío Mesino, Arturo Hernández, y del diputado Moisés Villanueva de la Luz. Será en el lobby del Palacio Municipal.
En tanto que el 17 de agosto está programado el seminario La Ley General de Victimas como herramienta de acceso a la justicia para las víctimas en el país, que disertará el abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruíz. El 18 de agosto se presentará el informe: Atrocidades innegables, crímenes lesa humanidad, por parte de la Open Society Justice Initiative. Será a las 11 horas en las instalaciones de la Universidad Loyola del Pacífico de Acapulco.
Mientras que el domingo 20 de agosto las actividades comenzarán a las 8 de la mañana con una visita al sepulcro de Chavarría Barrera en el panteón central de Chilpancingo. A las 11 horas habrá una ceremonia al pie del busto del malogrado diputado perredista ubicado en el interior del edificio del Congreso del estado. A las 12 y media los familiares depositarán una ofrenda floral en el parque Armando Chavarría Barrera ubicado en la colonia Periodistas, y a las 19 horas se celebrará una misa en la catedral la Asunción de María, por el obispo Salvador Rangel Mendoza.

Tiene seguridad estatal la viuda del ex alcalde de Tecpan, dice el gobernador

El gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que la viuda del ex alcalde perredista de Tecpan, Crisóforo Otero Heredia, María de Jesús Abarca Ríos, tiene seguridad personal por parte del gobierno del estado.
En breves declaraciones en Acapulco, después de la inauguración del foro A favor de un estado de paz, con legalidad y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, el gobernador dijo que atendería la petición de la viuda, “cuidarla, atenderla, lo vamos a hacer con una gran determinación”.
El pasado viernes en conferencia de prensa en Acapulco, la viuda de Otero Heredia, María de Jesús Abarca Ríos, señaló a César Otero Barragán como autor material del homicidio de su esposo Crisóforo Otero y del hermano de éste, David Otero.
La viuda también solicitó protección de la Procuraduría General de la República (PGR) y del gobernador para garantizar la seguridad de su familia y de los parientes de su finado cónyuge.
Crisóforo Otero Heredia fue asesinado el 8 de junio afuera de su casa en la cabecera municipal, junto con uno de sus guardaespaldas.
Más tarde, Astudillo Flores asistió como invitado a la inauguración de los 26 Juegos Nacionales Deportivos, Culturales y Recreativos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sntsedesol) federal, que se llevó a cabo en las canchas techadas de la unidad deportiva en este puerto, en el que estuvo presente el Oficial Mayor de la Sedesol, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, en representación del secretario de esa dependencia, Luis Miranda Nava, y la dirigente nacional de los trabajadores sindicalizados, María Eugenia Dávalos González.
También estuvieron presentes en el presídium el presidente municipal perredista, Gustavo García Bello; la diputada local plurinominal perredista, Eloisa Hernández Valle, y el delegado de la Sedesol en Guerrero, Armando Soto Díaz, entre otros funcionarios.
En declaraciones posteriores, sobre la proximidad del periodo vacacional de verano y la falta de policías municipales preventivos en Zihuatanejo, Astudillo respondió que “el estado y la federación van a estar muy pendientes de Zihuatanejo, si no se avanza nosotros seguiremos colaborando como se colabora en varios municipios”.
Antes, cuando hizo uso de la palabra en el acto inaugural al que asistieron delegaciones de trabajadores sindicalizados todo el país, les habló a los asistentes de las bellezas naturales de Ixtapa y Zihuatanejo y dijo que es un destino turístico “que yo presumo mucho”.
“Este maravilloso estado de Guerrero que tiene sus contrastes, que tiene sus problemas, que ya son conocidos, pero tiene bellezas extraordinarias como este lugar en el que están ustedes y que estoy seguro se la van a pasar muy bien”.

El fiscal Olea le dijo que no hay ningún avance en la investigación, afirma la viuda de Chavarría

La viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, declaró que a siete años de la ejecución de su esposo, el único procurador que dio certeza a las investigaciones fue Alberto López Rosas, pero que cuando encontró evidencias de que el presunto responsable intelectual fue el ahora ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero frenó las investigaciones para protegerlo.
Consultada por El Sur, la viuda de quien era el virtual candidato del PRD a la gubernatura del estado cuando fue ejecutado el 20 de agosto del 2009, insistió en que todos los procuradores y gobernadores han venido actuando con opacidad y que le han negado información y copias del expediente.
Informó que hace dos semanas se reunió con el actual fiscal, Xavier Olea Peláez, quien reconoció que no cuenta con avances de las investigaciones, a pesar de que en marzo pasado declaró estar muy cerca de quienes pudieron haber cometido el crimen.
“Yo estoy convencida que desde hace siete años, el único procurador que hizo investigaciones serias, de todos los que han transitado en la institución de procuración de justicia, fue Alberto López Rosas”, dijo Obeso Cázares
Recordó que fue en junio del 2011 cuando se conoció la información “que le dio seriedad a la línea que lleva a la presunta autoría intelectual del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
“Fue en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando se conoció esta información, pero también cuando se frenó la investigación. Después de eso evidentemente (el caso) se manoseó, se hizo un trasiego sucio, se extrajeron hojas del expediente y se manejó en la más completa opacidad para evitar cualquier vestigio y el expediente del caso pudiera convertirse en una investigación seria y profesional”, se quejó la viuda.
Subrayó que tiene la certeza que el expediente fue manipulado y mutilado para proteger al ex gobernador Zeferino Torreblanca, “por supuesto que creo que se quiere protegerlo a toda costa, que se quiere sustraer cualquier indicio, pista o información que lo involucre y lo señale como autor intelectual”.
Añadió que toda esa información es clave para el caso, pero que también “es la pista y la línea que ellos siempre quisieron desechar”, insistió.
Explicó que tiene la percepción que de parte del entonces procurador Alberto López Rosas había la voluntad de esclarecer y resolver el caso, pero que la investigación fue frenada por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero o por alguien de más arriba.
“Yo tengo esa percepción. O sea, yo digo que quien se interesó en el tema, tuvo la voluntad de esclarecerlo y se comprometió con el caso, y sí realizó investigaciones, fue el procurador López Rosas, pero fue frenado por el gobernador Ángel Aguirre”.
Pero Obeso Cázares declaró que ni siquiera en el periodo en que estuvo el procurador López Rosas pudo tener en sus manos una copia del expediente para conocer cómo se iniciaron las investigaciones, “siempre hemos solicitado copias del expediente porque es un derecho que tenemos como familia directa para poder coadyuvar con el caso, pero siempre nos lo han negado con el argumento de la secrecía”, denunció.
Explicó que en el periodo de López Rosas lo único que logró fue que le entregara algunas hojas que dan cuenta únicamente del levantamiento cadavérico, “y eso lo hizo porque la aseguradora me pedía copia del expediente de las primeras actuaciones para poder cobrar el seguro de vida”.
La viuda de Chavarría Barrera denunció que todas las investigaciones se han hecho en la opacidad, y que incluso la reconstrucción de hechos se realizó “en sigilo, de forma subrepticia y totalmente irregular”.
Contó que una madrugada despertó y lo que vio la llenó se zozobra y de miedo. Afuera de su casa había una invasión de patrullas con sirenas abiertas, y alrededor hombres armados. Ella salió a preguntar qué pasaba y le dijeron que estaban realizando la reconstrucción de los hechos.
Dijo que previamente la familia del asesinado no tuvo conocimiento de nada y mucho menos le solicitaron su participación, “hasta cuando solicité información de lo que estaba sucediendo me dijeron que estaban realizando la reconstrucción de los hechos”.
La fecha no la recordó con exactitud, pero dijo que ocurrió meses después del 20 de agosto del 2009, fecha de la ejecución de su cónyuge.
Ante la manipulación, cerrazón, opacidad, impunidad y el autoritarismo con el que se ha encontrado en la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría de Justicia del estado), dijo que ha recurrido a las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que atraiga las investigaciones y no se cierre ni le den carpetazo al caso y se conozca la verdad.
“Esa ha sido nuestra lucha, que no lleguen a cerrar el caso, como han pretendido hacerlo, particularmente en el mismo gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo”, dijo.
Se quejó que todos los gobiernos que han pasado le han apostado “a que el polvo del olvido cubra y selle la impunidad y nunca jamás sepamos lo que sucedió y no se haga justicia”.
Insistió que contra eso acudieron a la CIDH y que están en espera de la admisibilidad del caso desde diciembre del año pasado.
Además denunció que desde el asesinato de su esposo buscó en el estado abogados que quisieran hacerse cargo del caso pero que nadie aceptó, “todos se excusaron con diferentes argumentos. Algunos me dijeron que era un caso muy espinoso, otro más de plano me dijo que era muy peligroso, que no le permitirían investigar y que estaría en riesgo su vida”.
Agregó que después se fue a la ciudad de México, pero que los que contactó fueron hostigados, amenazados y obligados a dejar el caso.
Recordó que el último intento fue crear una fiscalía especial para el caso, con todo y que las fiscalías no han resuelto ninguno de los casos emblemáticos, pero que en aras de que el caso de su esposo no se empolve y se quede allí, propuso en el gobierno de Rogelio Ortega que se creara esta fiscalía, pero que la respuesta la dio en las postrimerías de su mandato y se hizo la propuesta del abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruíz, pero que nunca se aceptó ni se creó la fiscalía para el caso.
Añadió que el problema es que en todos los gobiernos no han querido resolver el caso y que todos ratifican el pacto de impunidad para sellar la protección hacia el contador Zeferino Torreblanca.
“Él (Torreblanca Galindo) ha dicho que se trata de una obsesión mía, pero no es el caso, yo nunca he dicho condénenlo sin investigarlo. Yo lo que he exigido es que se le indicie porque existen pistas claras y señalamientos directos hacia su persona como posible autor intelectual, pero jamás lo han querido investigar”, se quejó.
Declaró que la misma situación se ha encontrado con el actual gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, con quien no se ha reunido para tocar el tema, pero informó que sí se reunió hace aproximadamente dos semanas con el fiscal Xavier Oléa Peláez, pero que le dijo que no hay absolutamente ningún avance.
—¿No sé si recuerde usted que en marzo pasado el fiscal Olea declaró que estaba muy cerca de llegar con los responsables y resolver el caso? —consultó el reportero.
—Pues sí, sí lo ha dicho, pero lo cierto es que sólo son palabras. Esa es la verdad. A mí no me dio información de ningún avance, por el contrario, la percepción que me dejó es que tampoco tienen el ánimo ni el interés de resolver el caso.
“Me dijo también que está trabajando en el caso hasta configurar una hipótesis, pero la verdad es que ya van para nueve meses de este gobierno y el fiscal no me informó de ningún avance, por el contrario, me confirmó que no tenía nada”, agregó.
El 2 de marzo el fiscal Xavier Olea Peláez dijo lo siguiente en torno al caso Chavarría Barrera: los anteriores fiscales “no investigaron nada, pero yo en tres meses estoy muy cerca de quienes pudieron haberlo hecho, hasta que no los tenga no te puedo decir son estos angelitos, pero estoy cerca”.
La viuda de Chavarría Barrera informó que las actividades que tienen programadas para este 20 de agosto, en el marco del séptimo aniversario de su asesinato, tendrán la característica de sumar las voces contra la impunidad, “para que se esclarezca y se castigue ejemplarmente a quienes resulten responsables del asesinato de Armando Chavarría y que se retome la investigación de manera profesional y se ponga fin a ésta trasiego descarado de la información, del manejo descarado del expediente”.
Armando Chavarría Barrera, líder del Congreso del estado, fue ejecutado de 10 balazos al salir de su casa, al sur de la ciudad, la mañana del jueves 20 de agosto de 2009.
Los primeros datos que dieron los cuerpos policiacos fue que su cadáver fue encontrado en el interior de su automóvil, recargado sobre la puerta derecha. En la frente tenía un orificio a manera de tiro de gracia.
Cuando fue ejecutado era considerado como el más viable candidato del PRD a gobernador del estado para las elecciones de 2011.

La película La noche de Iguala mancha la memoria del normalista desollado y pone en riesgo a su familia, dice su viuda

La familia del normalista de Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes, quien fue asesinado y desollado durante los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre del año pasado, criticó la película La noche de Iguala de Jorge Fernández Menéndez, porque señala al estudiante como integrante del grupo criminal Los Rojos.
En un comunicado, los familiares de Julio César Mondragón dijeron que Jorge Fernández, sin citar fuentes ni presentar pruebas, asegura que Los Rojos se infiltraron en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y que Julio César era uno de los jefes de ese grupo criminal, razón por la cual fue brutalmente asesinado.
“Acepta (Jorge Fernández) que ninguna autoridad ha confirmado esa versión, pero siembra la duda y le da vida a esos infundios”, manifestaron los familiares.
En el comunicado, la familia de Julio César Mondragón explicó que el normalista era originario de Tecomatlán, Estado de México, y para cuando ocurrieron los ataques en Iguala apenas tenía tres meses viviendo en Guerrero, “antes de la tragedia sólo había estado en Tixtla para cursar el propedéutico de ingreso a la Normal Rural de Ayotzinapa”.
Según los familiares de Julio César Mondragón, “es imposible” que el normalista fuera integrante de la delincuencia organizada “y mucho menos jefe de uno de los cárteles de la droga que se disputa el territorio de Guerrero”; añadió que de haber sido parte de Los Rojos, Julio César no habría ingresado a la Normal Rural de Ayotzinapa para estudiar por falta de recursos económicos.
Los familiares de Julio César Mondragón, dijeron que ante las críticas y el rechazo que generó el docudrama La noche de Iguala, Jorge Fernández “se hace la víctima, dice que el rechazo se debe a que su documental presenta una ‘verdad incómoda’, de ninguna manera es así, el rechazo, indignación y rabia que despierta su documental se debe a que es una mentira injuriosa”.
La viuda de Julio César Mondragón, Marissa Mendoza, expresó que el docudrama La noche de Iguala, que según Jorge Fernández representa la “verdad incómoda” de los ataques, mancha la memoria del padre de su hija, Melisa, además de que pone en riesgo a su familia al afirmar que el normalista fue un jefe de Los Rojos.
De acuerdo con Marissa Mendoza, Jorge Fernández utilizó fotografías suyas en el docudrama La noche de Iguala, pero nunca la buscó para entrevistarse con ella ni le pidió su autorización para usarlas, por lo que exigió que el periodista deje de mentir y respete la memoria de Julio César Mondragón.