La consejera presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama en sus oficinas en el órgano electoral Foto:?El Sur
Redacción
Iguala
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, informó que se pospuso la instalación de los 28 consejos distritales debido a los daños del huracán Otis y porque no les han entregado recursos.
Además de que han reajustado las designaciones de las conserjerías, presidencias y secretarías técnicas. Informó que continúan las actividades de las precampañas y campañas de registro de candidaturas.
Consultada vía telefónica, Matildes Gama, recordó que el proceso electoral local inició el pasado 8 de septiembre cusndo el Consejo General se instaló formalmente e inició los trabajos de organización del proceso electoral.
“Efectivamente nosotros teníamos ya proyectadas diversas actividades para la instalación de los diferentes consejos distritales que estaban programados para el 24 de noviembre, lo cual ha sido pospuesto por el huracán Otis en virtud de que el IIEPA,
(Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados), fue la institución educativa que elaboró el examen del IEPC, quedó realmente destrozado y perdimos comunicación”.
La presidenta del IEPC mencionó que tuvieron que reajustar los periodos de las designaciones de las consejerías, presidencias y las secretarías técnicas que no alcanzaron hacer el examen que era el sábado siguiente a la llegada del meteoro, “entonces estas fechas se han reprogramado pero lo demás sigue avanzando”.
“Nosotros vamos a presentar un proyecto para que el viernes se posponga la instalación de los consejos distritales del 24 al 30 de noviembre, pero los plazos de las precampañas continúan, los plazos del registro de las manifestaciones de quienes quieran ser candidatos independientes continúan”.
Consideró que será complicado que instalen físicamente los 28 distritos electorales el próximo 30 de noviembre por lo que sería en sesión virtual, toda vez que no tienen los recursos para los inmuebles.
En cuanto al proceso electoral, dijo que del 9 al 23 de noviembre se van a registrar todos aquellos que estén interesados en contender por una candidatura independiente por lo que se abre el plazo para las diputaciones locales y ayuntamientos.
Y que en el mes de enero del 2024 inician las precampañas para todos los que aspiran a un cargo con partido político, para las diputaciones locales será el 2 de enero del 2024 y para los ayuntamientos el 16 de enero del 2024 inician las precampañas electorales.
Agregó que del 29 de febrero al 15 de marzo son el registro de candidaturas a diputaciones y del 20 de marzo al 30 de abril para los ayuntamientos.
Matildes Gama, informó que se mantienen las actividades de las precampañas y campañas de registro de candidaturas y las campañas electorales de Ayuntamientos iniciarán el 20 de abril al 29 de mayo y de diputaciones del 31 de marzo al 29 de mayo, dejando solamente tres días antes de la jornada electoral.
Al preguntarle qué la estructura que organizan las elecciones está afectada por falta de recursos y de instalaciones, dijo que no han
recibido recursos para la instalación de los consejos distritales, “estamos en espera de que nos den una ampliación y también el próximo año hay un importante ajuste de recursos y el problema viene también el próximo año porque hay un ajuste importante de recursos que nos dejarían sin poder llevar a cabo el proceso electoral”.
Amplió su comentario diciendo que en estos momentos se encuentra en el Congreso Local, el presupuesto del 2024, modificar si fuera el caso del ejercicio del 2024 y todavía tienen como fecha límite el 15 de diciembre para que el pleno del Congreso apruebe el presupuesto.
Apuntó que de quedar el mismo presupuesto, tendrán una situación compleja debido a que podrían llegar al mes de marzo o abril en las actividades que realizan como órgano electoral.
“El recorte del presupuesto lo están haciendo a los órganos autónomos, lo cual afecta a la democracia porque no podríamos llevar a cabo las elecciones como lo establece la Constitución”.
La consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, pidió al Congreso local respetar su propuesta de presupuesto para 20024, en entrevista al término de la sesión de iInstalación del Consejo Local del INE Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, afirmó por las condiciones existentes tras el impacto del huracán Otis, “no hay condiciones” para instalar los seis Consejos Distritales Electorales de Acapulco en noviembre, y que está en comunicación con la presidenta del Consejo General del INE Guadalupe Taddei Zavala para buscar la ruta de qué hacer con estos casos.
Recordó que como órgano electoral están obligados a cumplir con los plazos que establece la ley, que en este caso señala que en noviembre deben ser instalados, por lo que será el INE el que determine qué pasará.
En declaraciones después de la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, Luz Fabiola Matildes informó que el gobierno estatal aún no ha depositado al órgano 26 millones de pesos de financiamientos público -de Inversión Estatal Directa- correspondiente a julio, agosto, septiembre y octubre. Tampoco los 12 millones de ampliación presupuestal que se les autorizó.
Asimismo el IEPC no ha recibido la ampliación presupuestal que se les autorizó por 12 millones de pesos, “ya estamos en la firma del convenio donde nos autorizan ya”.
A Luz Fabiola Matildes se le preguntó por la solicitud que envió al Congreso local para pedir que se autorice el presupuesto para este órgano por 695 millones 543 mil pesos sin la reducción de 302 millones que plantea el Ejecutivo Estatal.
Explicó que es porque tan solo de financiamientos público a los partidos políticos y campañas electorales son 244 millones de pesos, y para boletas y materiales electorales se gastarán “más de 50 millones de pesos”, por lo que serían solamente en estos rubros una cantidad de 294 millones de pesos.
Pero en la iniciativa de presupuesto de egresos que el Ejecutivo Estatal entregó al Congreso local, se plantea que al órgano electoral se le etiqueten solamente 393 millones 120 mil pesos, es decir 302 millones menos de lo que el IEPC previó.
Este presupuesto de 393 millones de pesos “la verdad nos deja en imposibilidad de llevar a cabo el proceso electoral… de verdad que no hay manera con este presupuesto que se presenta, no hay manera”.
Informó que están buscando a los partidos políticos y grupos parlamentarios para plantearles la necesidad de que se apruebe el presupuesto que el Consejo General del IEPC previó para el 2024, por 695 millones, pero aún no se han reunido con ellos, pero los representantes de los partidos políticos “están muy preocupados por esta situación”.
Y uno de los principales planteamientos, además de la no reducción, es que el presupuesto del órgano electoral no se etiquete de Inversión Estatal Directa, porque si no nuevamente dependerá de la recaudación del Estado y se podría poner en riesgo el proceso electoral, “y será más en riesgo porque recordemos que Acapulco es la ciudad que más aporta”.
Y a partir de la devastación en Acapulco por el huracán Otis, el escenario para el IEPC representa “una complejidad mayor, porque si teníamos sin el huracán, un atraso de junio para acá pues ahora con esto no sabemos cómo vamos a terminar”, por lo pronto determinaron instalar los Consejos Distritales Electorales hasta el último día de noviembre para estar dentro del plazo que establece la ley.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Ejército ha entregado toda la información respecto a los crímenes cometidos de 1965 a 1990, conocido como el periodo de la guerra sucia.
“Están malinformados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad, porque primero a mí me obedecen. Segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente. Me consta que han entregando todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa”, mencionó respecto al informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que acusó al Ejército de obstaculizar la consulta de documentación.
Asimismo, y en el asunto de la inculpación a militares en casos de desapariciones, aseguró que actualmente él es quien se encarga de dirigir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente rechazó el informe que la víspera presentó David Jesús Fernández Dávalos, responsable del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, quien acusó al Ejército de obstaculizar la consulta de documentación.
López Obrador dijo que personas relacionadas con el Mecanismo están mal informadas o desinforman de “mala fe” y dejó abierta la posibilidad de reemplazarlas.
“Si ellos no tienen convicciones, no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden”.
El presidente comparó la situación con la salida de Omar Gómez Trejo de la Fiscalía Especial del Caso Ayotzinapa, y de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
López Obrador afirmó que su administración no busca ocultar ningún hecho, además de tener como prioridad la transparencia, destacando que se ha entregado toda la información referente a la Guerra Sucia.
“¿Cuál sería el propósito de ocultar los hechos, si ya es más que conocido de que hubo un periodo autoritario, de represión, que se conoce como la Guerra Sucia? Nosotros creamos ese comité, y si lo creamos pues cómo no vamos a entregar toda la información, que se sepa todo”.
El presidente aceptó “tener ganas” de hablar sobre el tema referente a la presentación realizada por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Este miércoles, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico expuso la falta de colaboración y la obstrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las investigaciones de las violaciones cometidas de 1965 a 1990.
Fernández Dávalos mencionó que se entregó un reporte al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, donde hay una recopilación de hechos que podrían ser “constitutivos de delito” en la obstrucción para la consulta de los archivos.
De igual forma, el sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Iberoamericana denunció la falta de colaboración de la Sedena para la obtención de la información y que recientemente las negativas aumentaron a tal medida que personal militar llegó a ocultar, alterar o mutilar información.
Cienfuegos no estuvo implicado en la desaparición de los 43
El presidente aseguró que actualmente él es quien se encarga de dirigir las investigaciones en el caso Ayotzinapa.
“Pero toda la información, toda se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia en estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo, nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de Seguridad para ir a fondo”.
El presidente declaró que no hay información que responsabiliza al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es sólo por lo de los 43, no, no, no. Voy a empezar a responder sobre esto: no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, Para que también quede claro”.
Ante las críticas por haber condecorado a Cienfuegos este miércoles en los festejos del 200 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar, López Obrador aseguró que si se tiene información distinta se dé a conocer.
López Obrador dijo que la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), “le fabricaron delitos” a Cienfuegos razón por la que estuvo detenido en Estados Unidos, asegurando que se trataba de una venganza.
“Los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados y quisieran tener un Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México, como se los permitía Calderón” indicó.
Respecto a las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, López Obrador aseguró que existen avances, destacando que no hay un país donde se tengan detenidos a funcionarios por su participación. Añadió que a pesar del conflicto bélico entre Israel y Palestina, seguirán solicitando la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, supuesto protagonista de la creación de la llamada Verdad Histórica.
“¿Por qué se va Zerón a Israel? Pero también, ¿cómo es que para crear la mentira de que habían quemado a los jóvenes, además nunca fue aceptado por nadie, torturan, se demuestra que hay tortura?”, cuestionó el presidente.
Aceptó que cuando se le solicitó al ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que iniciara los trámites para las órdenes de aprehensión de los involucrados, se negó debido a fallas en el procedimiento.
“Resulta que cuando le pedimos que se tramiten, se hagan los trámites para las órdenes de aprehensión del procurador y de militares y de otros funcionarios de la procuraduría de ese entonces, de alto nivel, se niega y junto con algunos miembros de la comisión de los observadores internacionales, sostienen que no era el procedimiento adecuado, que se necesitaban 90 días para poder actuar” comentó.
Durante la conferencia de prensa matutina del pasado tres de octubre, López Obrador afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas fue debido a la responsabilidad y colaboración de las autoridades locales con la delincuencia organizada, diciendo que en caso de que hubiera participación de militares, fue de algunos elementos.
“Pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tiene que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis y con la delincuencia, que dominaba esa región” aseguró el presidente.
En la misma conferencia López Obrador reiteró su postura según la cual el Ejército no participó en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, además de asegurar que ni el ex presidente Enrique Peña Nieto ni el ex secretario Salvador Cienfuegos, ordenaron desaparecer a los jóvenes.
“Que esa delincuencia tuviera vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y hubiesen cometido el delito de omisión, es otra cosa, a que el gobierno desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el General Secretario de entonces, la desaparición de los jó-venes, no, no”.
Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), reasignaron 20 millones 808 mil 70 pesos para garantizar el pago de prerrogativas a los partidos políticos, los cuales ya estaban asignados, entre otros, al pago de aguinaldos y a la instalación y operación de los 28 Consejos Distritales Electorales (CDE).
Este jueves en sesión extraordinaria que se realizó de manera virtual, los consejeros aprobaron una quinta modificación al programa operativo anual de este órgano, así como el presupuesto para este año, el cual fue aprobado por unanimidad y sin discusión.
En la sesión se dispensó la lectura del documento, en el cual se señala que el presupuesto aprobado por el Congreso para el IEPC fue insuficiente para cumplir con las atribuciones del instituto, las cuales serán aplazadas en tanto no se cuente con el dinero necesario como la instalación de los CDE.
En el documento se justifica la serie de modificaciones que ha sufrido el presupuesto para el IEPC por la diferencia de 142 millones 616 mil pesos, de entre lo que solicitó el órgano electoral a lo aprobado por el Congreso local.
El IEPC había solicitado al Ejecutivo Estatal para el ejercicio fiscal 2023 un presupuesto por 427 millones 962 mil pesos; sin embargo, en la propuesta que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió al Congreso local se planteaban solo 285 millones 346 mil pesos para este órgano electoral, que finalmente fue el monto que aprobaron los diputados.
El monto autorizado para el IEPC se señala en el documento, “resultó insuficiente para cubrir en su totalidad el Gasto Operativo del Instituto, el Financiamiento Público a los partidos políticos nacionales y locales y sin cobertura presupuestal las actividades preparatorias correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 202-2024; atribuciones legales y constitucionales” del instituto.
Lo que realizó el órgano electoral, fue una proyección del presupuesto en la que incluyeron lo autorizado por el Congreso local y una posible ampliación presupuestal por 72 millones 747 mil pesos, la cual fue negada, por lo que ayer tuvo que realizar modificación al presupuesto de egresos para reducir gastos y así cumplir con la entrega de prerrogativas a los partidos políticos.
Con las modificaciones aprobadas, el órgano electoral garantizará el financiamiento público a los partidos políticos, correspondiente a octubre, noviembre y diciembre.
“Y derivado de la insuficiencia presupuestal y la falta de respuesta positiva por parte del Gobierno del Estado para atender nuestra solicitud de ampliación presupuestal o apoyo financiero, es necesario realizar ajustes a todas las actividades de Gasto Operativo y las que emanan de las atribuciones legales y constitucionales para este instituto, teniendo que aplazar las que requieren recursos económicos, en tanto se tenga respuesta positiva”, se lee en el documento aprobado.
También señala que estas modificaciones implican “medidas mayores de ajuste” para poder reasignar recursos presupuestados en los capítulos 2000 de materiales y suministros, 3000 de servicios generales y 5000 de bienes muebles, de las actividades programadas de los proyectos estratégicos y transversales, así como el gasto operativo del instituto.
También reasignaron recursos aprobados en el capítulo 1000 de Servicios personales, como parte de ahorros y remanentes obtenidos de las economías y uso racional de los recursos considerados en el presupuesto base.
También se advierte en el documento que “debido a lo limitado del presupuesto, a pesar de los ajustes y suspensión de las actividades que requieren recursos, continúa siendo insuficiente el recurso para cubrir el financiamiento público a los partidos políticos”.
Reasignaciones
Entre las reasignaciones presupuestales para garantizar las prerrogativas a los partidos políticos “y toda vez que ya se ha reasignado prácticamente todo el recurso, resulta necesario utilizar el recurso aprobado en el Capítulo 1000 Servicios personales, específicamente en la partida 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año” por 12 millones 860 mil 149 pesos.
De acuerdo con lo aprobado, el dinero reasignado que era para aguinaldos, corresponde “a todo el personal del instituto, como un derecho laboral” y que al utilizarlo “se está generando para este instituto electoral un pasivo ineludible a corto plazo”, por lo que deberá “garantizarse la entrega de esta prestación económica” y atenderse “de manera prioritaria e inmediata en cuanto se obtengan recursos suficientes”.
En este acuerdo aprobado, se autorizó a la presidencia y la secretaría ejecutiva del IEPC realizar nuevamente una solicitud de ampliación presupuestal o apoyo financiero a la jefa del Poder Ejecutivo “para atender esta obligación laboral y evitar gastos adicionales al Instituto por vulnerar los derechos laborales” de trabajadores.
También se planteó “reiterar la solicitud de ampliación presupuestal o apoyo financiero, para atender las atribuciones y fines legales… de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar los poderes Legislativo y la integración de los ayuntamientos”.
Y advirtieron que “de no contar con los recursos necesarios, habría una afectación seria a las actividades” del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.
Se refirieron específicamente a las consideradas en el último trimestre del año como lo es la instalación de los 28 Consejos Distritales Electorales “que la ley obliga a instalar en todos los distritos locales de la entidad, a más tardar en el mes de noviembre de este año entre otras actividades preparatorias de la elección”.
También señalaron en el acuerdo aprobado que continuarán aplicando políticas de austeridad y racionalidad para eficientar el presupuesto asignado.
Afectada, la organización electoral
Entre las principales reducciones que se realizaron para reasignar presupuesto a los partidos políticos, están una disminución a la dirección de las actividades de organización electoral por un millón 783 mil pesos; a la instalación y operación de los CDE por 4 millones 315 mil pesos; al programa de Capacitación a los CDE por 473 mil pesos; y a la atención a los pueblos originarios se les redujo 877 mil 297 pesos.
Otras de las reducciones fueron a la “representación y gobierno” del IEPC por un millón 340 mil pesos; también 3 millones 546 mil pesos a “insumos para el quehacer institucional”; 2 millones 163 mil a “servicios generales” del instituto, entre otros.
El diputado na savi, por el distrito 28, con sede en Tlapa Masedonio Basurto Mendoza, rindió su segundo informe legislativo y de gestión donde habló de las iniciativas propuestas, aunque lamentó que varias se queden en el camino por el argumento de la falta de recursos.
Basurto Mendoza, rindió su informe en un salón particular ante cientos de indígenas, representantes educativos, de congresos de lenguas indígenas, y un grupo visible de seguidores del extinto, Luis Walton Aburto ,quien apoyo a Marcelo Ebrard en su búsqueda por la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación.
Estuvo el representante de Marcelo Ebrard, Cesar García Mondragón; la diputada federal, Araceli Ocampo Manzanares; la diputada María Flores Maldonado; el diputado federal suplente, Luis Enrique Ríos Saucedo y el presidente municipal, de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García, así como la directora de la UPN, Ailsa Casiano, comisarios y delegados municipales, entre otros.
Basurto Mendoza mencionó que este año presentó nueve iniciativas, entre ellas la reforma sobre la revocación de mandato en el estado; que las notarías no se hereden; que la Defensoría Pública sea gratuita y en reformas a ley general de Educación para que la educación superior sea gratuita.
O el punto de acuerdo en que pidió al INAH se restaure y recupere la zona arqueológica de Contlalco así como el Portal Morelos, en el centro de Tlapa y se compré la casa donde estuvo Vicente Guerrero en la cabecera municipal de Alcozauca para que sea un museo o biblioteca.
Consultado, sobre las iniciativas que han sido aprobadas, Masedonio Mendoza dijo que se argumenta que no hay dinero para hacerles frente, como la que pretendía que se les diera una retribución económica a los delegados y comisarios de las comunidades cuyo servicio es honorifico o la que tiene ver con profesores, porque deben garantizar dinero para los salarios.
“Aunque a veces haya partidas para pirotecnia”, ironizó Mendoza Basurto, en alusión al reciente gasto estatal por cinco millones para las festividades de El Grito.
Y como parte de la gestión y acompañamiento a comunidades con el acceso a los servicios básicos como: agua potable y drenaje sanitario; pavimentación de calles, bardas perimetrales, mejoramiento de escuelas y espacios públicos en comunidades como: Cuyuxtlahuac, Alcozauca; Zilacayotitlan, Atlamajalcingo del Monte; Yucunduta, Metlatónoc.
Así como el seguimiento a la rehabilitación de la carretera Tlapa-Metlatónoc.
Además de la entrega de medicamentos, insumos y apoyos económicos a diversos grupos.
Dijo que seguirá con su encargo desde la diputación con las puertas abiertas, acercando las instituciones a las personas, acompañando y dando voz en el Poder Legislativo a los pueblos porque la montaña y Tlapa necesitan MásEsperanza en el futuro.
Ebrard sigue en Morena: García Mondragón
El representante de Ebrard, César García Mondragón, dijo que el ex canciller esperara lo que resuelva el CEN sobre su impugnación presentada y que continúan en Morena.
Dijo que saben que el ex canciller ganó la encuesta en Guerrero porque varios sectores lo aceptaban y respaldaban y en la Montaña tenía el respaldo, entre ellos el del diputado Masedonio Basurto.
La diputada federal Araceli Ocampo dijo que Marcelo Ebrard es el hombre que le regresó la dignidad a México al ser un hombre estratega e inteligente.
La presidenta de Tlalixtaquilla , Raquel García Orduño, la de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, la regidora de Tlapa, Edith Parra Zurita, al fondo la síndica procuradora de Tlacoapa, Carolina Cantú Morales en el salón donde se desarrolló un taller del IEPC el sábado en Tlapa Foto: Carmen González Benicio
Daniel Velázquez
Las acciones para atender el problema de la violencia hacia la mujer se detienen por la falta de recursos para mantenerlas vigentes y por la violencia criminal, se indica en las explicaciones incluidas en los programas de acciones estratégicas del gobierno estatal para atender las dos alertas de violencia de género.
El pasado 29 de noviembre, en el Periódico Oficial del Estado se publicaron, por separado, los programas estatales de acciones estratégicas: uno para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado y otro para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida.
Guerrero tiene dos alertas por violencia contra la mujer, la primera emitida el 22 de junio de 2017, por la Secretaría de Gobernación, que es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa, Zihuatanejo y desde el 2 de octubre de 2018, se integró Chilapa a los municipios alertados.
La segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado fue declarada el 5 de junio de 2020, y tiene que ver con el trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación, en este caso, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Falta dinero
En el Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, se identifica como necesario “crear un programa de atención a hombres generadores de violencia, basado en la perspectiva de género, tomando como base el modelo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen-cia Contra las Mujeres (Conavim)”.
Al pie de esta medida, se precisa que desde junio están “completamente suspendidos” el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, el Programa de Acciones de Preven-ción de la Violencia en el Noviazgo en la Adolescencia y Juventud, y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual en el Ámbito Comunitario en las y los Adoles-centes, porque no hay dinero.
Se explica que dichos programas eran financiados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), organismo al que se le redujo el presupuesto, “provocando que las actividades grupales, que se estaban desarrollando durante este primer periodo 2022, quedaran completamente suspendidas”.
Otra de las acciones donde se alude a la falta de dinero, para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, también está dentro de las medidas de prevención diseñadas por el gobierno estatal, la cual establece que se debe “generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres guerrerenses víctimas de violencia”, pero al pie de la misma se incluye la leyenda: “Dado que las secretarías responsables y coadyuvantes no tienen un recurso específico para el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia, estas medidas proponen que cada una de las secretarías aporte los recursos que pudiera tener disponibles para la integración de un fondo de recursos concurrente, destinado al empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia en todo el estado de Guerrero. Los recursos requeridos por el programa, dependerán de los aportes que realicen las secretarías que participan”.
Se refiere son General de Gobierno, Secretaría Técnica de la Gobernadora, y como coadyuvantes Secretaría de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Dirección General de Transporte.
La inseguridad
Entre las medidas de seguridad que se presentan como acciones a realizar, está la de “diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones se solicita: Reforzar los patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento”.
De los nueve municipios alertados, en el plan de acciones estratégicas elaborado por el gobierno estatal, sobre el municipio de Chilapa se advierte: “La situación que se vive en el municipio, en relación con la delincuencia organizada, es que hay localidades a las que no se puede acudir a difundir la prevención de la violencia hacia las mujeres”.
Las acciones estratégicas
El Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, incluye 21 medidas, algunas de observancia general para los nueve municipios alertados y otras específicas, para cada uno.
El programa incluye ocho medidas de prevención, con 55 acciones específicas; en seguridad, son cinco medidas con acciones específicas por municipio, una de las medidas es “crear y fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como cédulas municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género”.
Otra de las acciones es “crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá incluir asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes”.
En las medidas de justicia están “fortalecer la Fiscalía General del Estado, particularmente las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, así como la especializada en delitos sexuales y de violencia familiar y la de desaparición forzada de personas no localizadas, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadenas de custodia y servicios periciales, con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos”.
También se asume la tarea de “conformar un grupo-unidad especializada, encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta unidad, se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivos o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones, con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos”.
Entre las cuatro medidas de reparación del daño, que incluyen 17 acciones, se prevé “determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Guerrero. Para la definición de la reparación simbólica, se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas”, para lo cual se detalla que se presentará una iniciativa en el Congreso local, en enero de 2023.
Otra de las acciones que se realizarán es elaborar el Protocolo del Plan Individualizado de Reparación Integral del Daño, brindar asistencia a familiares de víctimas a través del trabajo social, de manera permanente, desde 2023 y hasta 2027.
El Programa Estatal de Acciones Estratégicas incluye 13 medidas y 56 acciones, las cuales debieron empezar a desarrollarse durante este 2022 y concluirán en el 2023.
En el documento se precisa que con las modificaciones al Código Penal para el estado, número 499, sobre la despenalización del aborto en mayo de este año, “se han eliminado los obstáculos legales que impedían a las mujeres, adolescentes y niñas incluidas las víctimas de violencia sexual, accedan al aborto legal, seguro y gratuito, motivo por el cual, se da por cumplida la Medida de Prevención 1 de la Resolución emitida el 5 de junio de 2020”, pero están pendientes por cumplir con la fracción sexta del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 39 y 44 de la Ley 553, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Las medidas a ejecutar están enfocadas a la prevención, de la cual es responsable la Secretaría de Salud; en seguridad corresponde a la Fiscalía General del Estado y reparación del daño, al poder Judicial estatal.
Habitantes de Apango, cabecera del municipio de Mártir de Cuilapan, exigieron al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y al gobernador Héctor Astudillo Flores, que se agilice la construcción del Centro de Salud de esa cabecera municipal, pues denunciaron que al parecer por falta de recursos los trabajos se suspenden frecuentemente.
A nombre del Frente Ciudadano de Apango, Manuel García Pérez informó que la obra del Centro de Salud, que se construye en la cabecera municipal, comenzó en febrero de 2017 y que todavía se encuentra inconcluso, a pesar de que les anunciaron que quedaría terminado en diciembre de ese mismo año.
Denunció que a 17 meses de que inició la construcción de lo que será el nuevo Centro de Salud en Apango, aún no ha sido terminado y que los trabajos se han suspendido reiteradamente, por falta de dinero según les han dicho.
Informó que el nuevo Centro de Salud se construye como parte del plan piloto de la Cruzada Contra el Hambre, que implementó desde 2013 en ese municipio el presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, aunque la obra corre a cargo de la Secretaría de Salud estatal.
Los vecinos de Apango denunciaron que, además, existe opacidad en cuanto a la inversión y que en la obra no hay ninguna lámina en la que se informe de los aspectos técnicos y que tampoco saben de dónde provienen los recursos que se están ejerciendo, si son federales, estatales o municipales.
Denunciaron que los trabajos se han suspendido hasta por dos meses por falta de recursos.
García Pérez informó que la construcción del nuevo Centro de Salud se inició en febrero de 2017 y que acudieron a la ceremonia de la colocación de la primera piedra autoridades del sector salud estatal y la presidenta municipal, Felícitas Muñiz Gómez, quien tampoco ha informado sobre costo de la obra.
Dijo que Muñiz Gómez corrió la versión de que mediante su gestión había logrado que en Apango se construyera este nuevo Centro de Salud y fue con el encargado de la obra a pedirle que aceptara a un grupo de trabajadores recomendados suyos, “pero no le hicieron caso”.
El Centro de Salud de Apango consta de tres consultorios, área de vacunación, área dental, cuenta con cuatro médicos generales, seis enfermeras y dos trabajadores administrativos.
Empleados del nosocomio informaron que la nueva construcción va a contar con los mismos servicios, “no va a tener nada extraordinario”, dijeron. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
