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A cinco años, el asesinato de Arnulfo Cerón sigue sin justicia, denuncian

Carmen González Benicio

Tlapa

En el caso del defensor de derechos humanos privado de su libertad, asesinado y sepultado clandestinamente, Arnulfo Cerón Soriano, hay justicia a medias, de sus seis perpetradores sólo cuatro están sentenciados y los presuntos autores materiales libres, denunciaron organismos de derechos humanos.
A cinco años de que fue hallado su cuerpo sepultado bajo toneladas de tierra, el 20 de noviembre en el paraje conocido como los Tres Postes, la carretera Tlapa-Metlatónoc, y a 40 días de haber sido privado de su libertad por hombres armados, el 11 de octubre de 2019 sus familiares y compañeros del Frente Popular de la Montaña y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigieron justicia a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Tlachinollan informó que a cinco años, cuatro de los responsables materiales de la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano fueron sentenciados a 57 años y seis meses de prisión, el pasado 13 de septiembre de 2023.
Destacó que el caso está lleno de irregularidades, por lo que con muchas dificultades en la audiencia de apelación realizada en septiembre de 2024 se confirmó la sentencia definitiva contra Isaul Vega Ramírez, Adán Herrera Santos, Gilberto Rodríguez Gómez y Andrés Gómez Santamaría.
Los jueces han aplazado las audiencias intermedias de uno de los principales responsables, Jorge conocido como La Chiva y de Teresa mujer cómplice quien se supone puso al defensor en manos de los criminales.
Dice que a esas irregularidades se agregó que el 29 de agosto del 2023 un juez de enjuiciamiento exculpó al señalado como autor intelectual, el ex jefe de gabinete del Ayuntamiento morenista de Tlapa de la administración 2018-2021, Marco Antonio García Morales con el argumento de que no había pruebas suficientes, sin que se agotaran las líneas de investigación, ante la serie de hechos que apuntan a este personaje sin tomarse en cuenta por los jueces.
Para recordar a Cerón Soriano se realizó un rezo después del mediodía en Los Tres Postes donde los asistentes colocaron flores, velas, y prendieron copal para pedir justicia.
El delegado de la colonia Nueva Esperanza, Martín, se postró frente a la cruz de Arnulfo con una veladora y una flor pidiéndole ayuda en las gestiones comunitarias y para que obtenga justicia, diciéndole que hace falta para seguir luchando por el pueblo.
Le pidió conocimiento, información para caminar en busca de las obras públicas para su colonia que apenas se está formando “difunto ayúdame con toda mi colonia, difunto abogado te estoy presentando con mi secretario. Siempre te voy a pedir por obras. Las colonias están tristes porque no hay agua potable, no hay luz, ni drenaje. Queremos una clínica y medicamentos”.
Del Frente Popular de la Montaña exigieron justicia para Arnulfo y recordaron que hace cinco años encontraron el cuerpo de su compañero con huellas de tortura, estaba maniatado y su cabeza cubierta con cinta, a más de tres metros de profundidad, donde personas inhumanas lo enterraron con maquinaria pesada.
Adelantaron que el 30 de enero se hará un reconocimiento público a Arnulfo.
Y que el Frente siempre va a exigir justicia para que su asesinato no quede impune, pese a que “vemos con tristeza que las cosas no avanzan, las investigaciones están truncadas prácticamente”, pero como organización tenemos que seguir luchando para exigir justicia por Arnulfo, así como para Antonio Vivar Díaz, Ezequiel Espinobarros y Dionicio Rojas.
Remarcaron que Arnulfo decía que organizados podían hacer muchas cosas, luchar y defender sus derechos por lo que siguen invitando a diferentes pueblos, municipios, comerciantes y estudiantes para seguir adelante.
La familia, los integrantes del Frente y Tlachinollan esperan que sean sentenciadas las dos personas y que predomine la justicia antes que los intereses económicos y políticos, como pasó con el señalado autor intelectual, García Morales.
El asesinato de Arnulfo estuvo precedido por la exigencia pública de transparencia de recursos contra las autoridades municipales de Tlapa que, en respuesta, lanzaron una campaña de des-prestigio tildándolo de pseudo líder y de estar en la nómina del Ayuntamiento.
Luego de su desaparición se generaron bloqueos, tomas de carreteras, del Palacio Municipal de Tlapa en la exigencia de la presentación con vida de quien fuera parte del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) región Montaña.
Posterior a esta actividad se trasladaron al panteón municipal en Tlaquiltepec, municipio de Huamuxtitlán, donde fue sepultado para entregar coronas de flores y remarcar su exigencia de justicia con el castigo a los responsables materiales e intelectuales y que los jueces lo hagan con responsabilidad.

Protestan ante el Congreso por la liberación del sospechoso del crimen de Arnulfo Cerón

Integrantes del Frente Popular de la Montaña, en el plantón en la entrada del estacionamiento del Congreso del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo.

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM), instalaron un plantón afuera del Congreso local para exigir que los diputados llamen a comparecer el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, por la liberación del principal sospechoso de la desaparición y asesinato del luchador social Arnulfo Cerón Soriano.
En la protesta, uno de los miembros de la dirección del FPM, Telésforo Aguilar Villanueva, recordó que el Poder Judicial hace tres meses declaró inocente al morenista Marco Antonio García Morales, Tony, principal sospechoso del homicidio del defensor de derechos humanos, desaparecido el 11 de octubre y cuyo cuerpo fue localizado el 20 de noviembre 2019.
No obstante que desde el inicio del proceso legal, la organización denunció diversas irregularidades que estaba cometiendo la Fiscalía General del Estado, y que no tomó en cuenta el juez que determinó su liberación, pese a que anticipadamente señalaron las faltas ante el mismo presidente del poder Judicial.
“Entendemos que hubo un acuerdo económico con el magistrado en primera instancia, que lo liberó (por insuficiencia probatoria)”.
Aclaró que aún faltan dos instancias a las cuales pueden recurrir, pero insistieron en que el Congreso local atienda esta demanda, porque antes, hicieron en un plantón en las instalaciones del tribunal y conversaron con el presidente que sólo les respondía que la ley estaba a favor del acusado.
“Nos decía que supuestamente él no interviene, pero antes de la sentencia, afirmó que las pruebas estaban a favor del (autor) intelectual, cuando sabemos que no es cierto. Nuestro compañero señaló directamente a quién lo estaba a amenazando”.
Añadió que el inculpado fue aprehendido en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, y liberado en la administración de Mo-rena, de Evelyn Salgado Pineda.
“No es un tema de justicia, sabemos que el actor intelectual ha estado apoyando directamente a la gobernadora desde que estuvo en campaña, por eso estamos aquí nuevamente”.
García Morales también fue precandidato a la alcaldía de Tlapa y los hechos ocurrieron cuando era el jefe de gabinete del Ayuntamiento.
Ratificó que el magistrado debe informar al poder Legislativo sobre la resolución que se emitió en un caso emblemático de violencia en la región.
La denuncia de hechos, es que Cerón Soriano fue citado por una persona conocida en las afueras de la ciudad de Tlapa. Después de que fue torturado y asesinado, su cuerpo fue traslado en un vehículo que cruzó la ciudad para colocarlo en una fosa de tres metros, con el fin de desaparecerlo. Tras mucha presión social se dio la investigación. Sus restos fueron rescatado al mes siguiente.
La protesta del FPM se instaló afuera del portón principal del Congreso del estado, a las 1:40 de la tarde. De acuerdo con Aguilar Villanueva, un secretario de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, fue a preguntar qué pedían al Congreso, y no regresó durante toda la tarde.
Adentró se desarrollaba una sesión que concluyó por la noche, donde vieron salir al personal. Aclaró que la protesta continuará en el acceso del poder Legislativo, hasta tener una respuesta formal.
Añadió que antes de la sentencia, también recurrieron al Congreso para que fueron observador del juicio, y entonces se comprometieron a enviar un exhorto al poder Judicial, por la justicia.
A las 9 de la noche, el director general de Gobernación del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió al plantón del FDP en el Congreso local a dialogar con los manifestantes.
Vía telefónica, Aguilar Villanueva indicó que el funcionario les dijo que llegó a atender una queja de la diputada Yoloczin Domínguez, de que estaban impidiendo la salida de los diputados con el plantón en la puerta del estacionamiento, donde se habían instalado siete horas antes.
A través del funcionario estatal, indicó que se acordó una audiencia con la presidenta de la Jucopo, para este martes a la 1 de la tarde.
La fuente precisó que la manifestación no cerró ningún de los accesos principales o alternos del edificio, incluso aclaró que al concluir la sesión del Congreso, vieron salir a varios diputados por la puerta del estacionamiento, a pie, pero la diputada de Morena pedía salir en su vehículo.

Denuncia Tlachinollan que a cuatro años del asesinato de Cerón prevalece la impunidad

Carmen González Benicio

Tlapa

A cuatro años del homicidio del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano predomina la impunidad denunciaron los integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En una conferencia, en las instalaciones de Tlachinollan, donde estuvieron el director, Abel Barrera Hernández; el abogado, Vidulfo Rosales Sierra; el integrante del Frente, Juan Sánchez Gaspar y el vocero de los padres de familia de los 43, Melitón Ortega Carlos recordaron que el 20 de noviembre de 2019, fue hallado el cuerpo de Arnulfo Cerón como la 1de la tarde, en el paraje de Tres Postes.
Detallaron que ahí, una máquina retroexcavadora primero arrojó un pedazo de tela y luego el cuerpo de Arnulfo que fue enterrado a cuatro metros de profundidad, luego de su desaparición forzada el 11 de octubre.
Abel Barrera al tomar la palabra mencionó que hubo una “intención perversa” de que no se supiera dónde quedaría el cuerpo de Arnulfo, pero no se concretó porque se reconoció el trabajo que hacía en la Montaña una región pobre y abandonada en donde las autoridades se han caracterizado por ser corruptas y lucradoras de los bienes públicos.
Dijo que por ello en casos como el de Arnulfo prevalece la impunidad, la falta de investigaciones a profundidad y el Poder Judicial no escucha el clamor de las víctimas, en el contexto de violencia, además de que los patrones de criminalidad no son tomados en cuenta por los jueces, porque hay una red de complicidades y de acciones delincuenciales.
Lamentó que a las personas y luchadores sociales para acceder a la justicia “primero se les criminaliza, se les descalifica denigrándolos como pasó con Arnulfo de quien sacaron hasta una nómina del Ayuntamiento de Tlapa en donde supuestamente cobraba”.
Ante eso pidió al Tribunal Superior de Justicia que “tome en cuenta todas las pruebas, y no que le pongan una lupa al procedimiento penal, por eso no dan con los responsables de los asesinatos de defensores”.
Criticó que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha hecho un cambio sustantivo en las instituciones, ni en la forma de relacionarse con las organizaciones sociales, donde los defensores no son reconocidos ni respetados, más bien son ignorados.
Reprochó que en el gobierno de Evelyn Salgado Pineda no hay un canal de interlocución para abordar la problemática de los defensores ni una política de derechos humanos y el caso Arnulfo refleja esa impunidad al no castigar a los responsables por errores del proceso no por falta de pruebas.
El líder del FPM, Juan Sánchez Gaspar aseguró que Arnulfo “dejó un vacío importante porque era una persona significativa para los pobres” y por eso siguen impulsando sus enseñanzas.
Reclamó que a cuatro años de su asesinato no haya justicia y que siga “la impunidad desde los jueces locales hasta el Tribunal Superior de Justica”.
Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una gira por Tlapa que no habría impunidad en el caso de Arnulfo, “pero en los hechos es todo lo contrario porque empezaron a salir los responsables de la cárcel”.
El vocero de las madres y padres de los 43, Melitón Ortega Carlos recordó el apoyo y acompañamiento de Arnulfo Cerón para la búsqueda de los normalistas desaparecidos, y que su cuerpo fue localizado por la lucha de las organizaciones, por ello: “exigimos justicia porque hay dilación de los jueces, hay engaño y simulación”, agregó.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra señaló que, por el asesinato de Arnulfo, el Frente Popular sufrió retrocesos y su familia padece las consecuencias directas porque fueron desplazados de Tlapa.
Aclaró que como Tlachinollan, no tienen “ningún interés político ni de ajustar cuentas con nadie ni coartar la carrera política de nadie, sino que haya justicia, verdad, y no permitir las desapariciones de gente que hace bien al pueblo y que abraza la causa de los pobres”.
En alusión al ex jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tlapa y acusado como presunto autor intelectual de la desaparición y asesinato de Arnulfo, Marco Antonio García Morales, Tony, Rosales Sierra sostuvo que no es víctima de persecución política y que “las investigaciones lo colocaron en ese punto”.
Recordó que Arnulfo tuvo una confrontación politíca con el Ayuntamiento de Tlapa, donde quienes lo dirigían, el presidente Dionicio Merced Pichardo García y García Morales, “no supieron manejar la situación propagando odio contra Arnulfo por eso se colocaron ahí y las amenazas que sufrió Arnulfo fueron en ese contexto”
Por eso, dijo, tras la última movilización, en septiembre de 2019, Arnulfo Cerón recibió amenazas y antes de su desaparición aumentaron lo cual se constata en el expediente donde hay pruebas de muchas llamadas entre funcionarios del Ayuntamiento con integrantes del crimen organizado.
Sobre García Morales remarcó “no está absuelto nadie, se le dejó en libertad por insuficiencia probatoria, pero no está libre de todo el proceso” y que no van a dejar el caso de Arnulfo Cerón en la impunidad.

Los que te hicieron mal, lo pagarán

Más tarde, llevaron una ofrenda floral en el paraje Tres Postes, donde fue hallado el cuerpo de Arnulfo en 2019, luego de 40 días desaparecido, punto que fue señalado por los delincuentes; ahí, un rezandero na savi hizo una oración breve, colocó cigarros, aguardiente, velas y flores.
Bajo el árbol de casahuate, con sus flores blancas colocaron la corona con la frase de justicia para Arnulfo. El na savi lamentó el mal que le hizo la gente a Arnulfo por luchar y que los llevó a enterrarlo y dejar su corazón “así como te pasó a ellos les pasará lo mismo”, advirtió.
Vidulfo Rosales lamentó que los responsables digan que fueron torturados para salir en libertad y el Poder Judicial no valore las pruebas, por lo que pedían se investigue y sancione desde las esferas del Ayuntamiento de Tlapa y quienes lo presidían.
Y que la muerte de Arnulfo, trajo la paz en Tlapa porque antes de eso no se podía salir porque la delincuencia desaparecía y asesinaba a las personas, por lo que se debía agradecer ese sacrificio.
En la conferencia, Abel Barrera habló de que los defensores y defensoras de Guerrero “son asesinados y desaparecidos”, recordando el asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata en Iguala, quien tuvo conflictos con el alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, “se sabe que es responsable el presidente y fuera de eso la situación sigue igual” agregó.
Dijo que tampoco han tenido justicia casos como el del luchador social, Ranferi Hernández que fue asesinado junto con su esposa, su suegra y un ahijado, a kilómetro y medio de un retén militar en la carretera de Ahucotzingo; el de los ecologistas de la sierra de Petatlán, Eva Alarcón y Marcial Bautista líderes ecologistas de la sierra de Petatlán que fueron interceptados cuando iban en un autobús, y el asesinato de Rocío Mesino, líder de la OCSS.

Marchan en Tlapa por justicia a cuatro años del asesinato de Arnulfo Cerón

Carmen González Benicio

Tlapa

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) marcharon ayer para exigir justicia por la desaparición y asesinato del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano y pidieron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda que no permita la liberación de los autores materiales e intelectuales.
El principal reclamo de los oradores, en el trayecto y durante el mitin, fue el castigo a los responsables materiales e intelectuales, que a cuatro años de los hechos no tienen sentencia y uno de ellos, considerado el autor intelectual Marco Antonio García Morales, Tony, quedó libre, mientras que la familia vive acosada y con temor.
Ubaldo Segura recordó que desde el Ayuntamiento se buscó acabar con el Frente al difamarlos y señalarlos de cobrar sueldos sin devengar así como pedir beneficios personales, pero al exigirle las pruebas no las mostró.
Agregó que a la administración municipal le molestó que exigieran servicios y obras para las comunidades así como transparencia en el manejo de recursos, y por ello empezaron las amenazas contra integrantes del Frente, principalmente hacia Arnulfo Cerón.
Dijo que quienes están encarcelados, los que huyeron y los que están libres buscan lastimarlos, pero eso no será si están unidos por lo que llamó a seguir organizados.
Juan Sánchez Gaspar señaló que quien era jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García mandó a asesinar a su compañero Arnulfo Cerón que luchaba por defender los pueblos, exigía obra pública o fertilizante.
Indicó por ello siguen denunciando y diciendo al gobierno que no están de acuerdo con lo que pasa y advirtió que no van a claudicar en la exigencia de justicia.
Lamentó que algunos gobiernos encarcelan a los asesinos y otros los liberan, violando con ello la ley, pero insistió en que mantendrán la lucha social, pese a las amenazas.
Al tomar la palabra Telésforo Aguilar dijo que existe un narco-gobierno en el estado por lo que, durante ese mitin, frente al Ayuntamiento, reprueban la liberación de los responsables de la desaparición y asesinato de Arnulfo.
Reprochó que el gobierno de Morena de Evelyn Salgado Pineda haya liberado a los detenidos y encarcelados por el ex gobernador priista, Héctor Astudillo.
Indicó que repudían ese hecho porque no se puede ser cómplice de esa injusticia y exigió castigo a los responsables porque: “basta que la justicia se venda y haya impunidad”.
Pidió cerrar la puerta a los narco-políticos que andan recorriendo colonias y comunidades del municipio, postulándose para alcaldes pues llegan a esos puestos a desaparecer y asesinar, son “delincuentes disfrazados de políticos que asesinan” a los defensores de derechos humanos.
El domingo a las 11 de la mañana inició la marcha con cientos de indígenas na savi, me’phaa, nahuas y mestizos que recorrieron las calles de Tlapa y realizaron un mitin frente al Ayuntamiento en el que recordaron que el 11 de octubre de 2019 Cerón Soriano fue privado de la libertad y 20 días después lo encontraron sepultado bajo toneladas de tierra en el punto conocido como Los Tres Postes, a la orilla de la carretera de Tlapa a Igualita.
Los manifestantes no mencionaron el nombre, pero hicieron alusión a Marco Antonio García Morales, ex presidente del municipio de Alpoyeca en dos ocasiones por el PRD; a quien Morena le dio la candidatura para presidente en el 2018, pero fue impugnado por no acreditar la residencia, dejando en su lugar a Dionicio Merced Pichardo, convirtiéndose en el jefe de Gabinete de la administración al ganar la elección.
Durante el recorrido se mencionó que existe un narco-gobierno en la administración morenista de Pineda Salgado que afecta la vida social de la comunidad.
Lamentaron que desde los poderes Ejecutivo y Judicial se permita la liberación de los acusados por el poder económico y las relaciones políticas.
Llamaron a la gente a no abrirles las puertas a los narco-políticos señalados, que andan buscando ser candidatos, en referencia a García Morales, que luego de que lo liberaron inició un recorrido en colonias y comunidades a las que lleva apoyos económicos, en especie u obras.
A cuatro años de la desaparición y homicidio, hicieron el pasado 11 de octubre una misa, en el lugar donde encontraron su cuerpo y un programa cultural en el Ayuntamiento. Cerraron con la marcha de este domingo.

Existe el compromiso presidencial de justicia por el asesinato de Arnulfo Cerón: Masedonio

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, el diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que habría justicia en el caso del luchador social Arnulfo Cerón Soriano, y envió el mensaje de que tienen la esperanza de que en este último año de su gobierno se concrete.
El diputado intervino para hablar de “la politización de la justicia en los casos de Guerrero y en la Montaña”, se refirió a casos como el de Ayotzinapa y la guerra sucia en el estado, donde la Comisión de la Verdad “concluyó que durante dicho periodo, tanto las fuerzas federales y otras fuerzas estatales, cometieron crímenes con carácter de lesa humanidad”.
Dijo que como resultado, “hoy tenemos una tendencia a que existan diversos cárteles de la droga, que conforman la delincuencia organizada, misma que se ha infiltrado en algunas instituciones estatales, incluyendo la policía, provocando que la población de Guerrero se vea cada vez más atrapada, entre la violencia del Estado y la de dichos cárteles”.
El diputado morenista lamentó que los guerrerenses “cada vez más están perdiendo su ya rebasada capacidad de asombro y, en consecuencia, tampoco se sorprenden por lo habitual de las atrocidades”, además de que los ciudadanos se han acostumbrado “al fracaso, aparejado de tortuguismo procesal y el callado factor mediático, respecto del sistema de justicia estatal, en lograr que los perpetradores sean responsabilizados y que rindan cuentas”.
Se refirió a asesinatos de activistas, luchadores y dirigentes sociales, y ejemplificó con el caso de Arnulfo Cerón, “un hermano indígena que no buscaba otra cosa que no fuera la libertad, la igualdad y la paz de su pueblo. Es más, en muchas ocasiones fui testigo de su altruismo y de ese amor desinteresado por el bien común”.
Dijo también que parece consigna “o una página más de la ya de por sí apretada agenda del gobierno federal y local, que impedirá ver los resultados de las investigaciones que hay contra los luchadores sociales en Guerrero y en el país”.
Recordó el compromiso del presidente López Obrador, quien señaló en un acto público que “va a haber también justicia en el caso de Arnulfo, tengo la información de que ya están detenidos varios autores materiales y se tiene que saber sobre los autores intelectuales. Que les quede claro, es un gobierno nuevo, no se protege a nadie. ¿Qué cosa es impunidad, qué significa esa palabra? Significa protección a los delincuentes, ya no hay impunidad en el país, el que resulte responsable sea quien sea, va ser castigado. Eso que quede claro”.
Para finalizar, Masedonio Basurto dijo que en vísperas de lo que será el último año del gobierno de López Obrador, “es menester decirle que tenemos la esperanza puesta en que habrá resultados por parte de la Fiscalía General del Estado y de que la justicia triunfará”.

Protección a mujeres y niñas

En la sesión, a nombre de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada morenista Nora Velázquez Martínez presentó una iniciativa de reformas y adiciones a un amplio paquete de leyes para reforzar y clarificar conceptos y obligaciones conferidas a las autoridades estatales en el tema de la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño a mujeres y niñas víctimas de feminicidio, así como sus familiares, garantizándoles el acceso a la justicia plena.
Se trata de reformas al Código Penal, a la Ley de Víctimas, Código Civil, Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación; Ley de Salud y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del orden estatal.
También el morenista José Efrén López Cortés remitió una iniciativa de reforma, para actualizar y homologar el texto local con lo marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como edad mínima los 18 años cumplidos, al día de la elección, para poder ser diputado local o integrante de algún Ayuntamiento.
Por su parte, la petista Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, que plantea garantizar este derecho de las madres en cualquier lugar o espacio público, incluido su centro de trabajo, en las mejores condiciones, y además, recibir educación e información oportuna sobre los beneficios de esta práctica.

Continúa el juicio por el caso de Arnulfo Cerón; activistas exigen imparcialidad

Carmen González Benicio

Tlapa

Estudiantes de la Escuela Normal Regional de la Montaña e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pegaron carteles en varios puntos de Tlapa con la imagen del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano para exigir imparcialidad en las audiencias que se realizan en el juicio del presunto autor intelectual de su desaparición forzada y homicidio en esta ciudad, Marco Antonio García Morales, conocido como Tony.
En el marco de las audiencias del juicio oral, que se desarrollan en el juzgado de Tlapa, los normalistas exigieron justicia por la desaparición y homicidio del abogado nahua, el 11 de octubre del 2019 y cuyo cuerpo fue localizado el 20 de noviembre sepultado en una fosa clandestina en la periferia de la ciudad, luego de que integrantes de un grupo delincuencial señalaron el lugar.
El grupo de manifestantes partió de la Normal Regional hacia el Super Che donde se dividieron en dos para abarcar al mismo tiempo las calles paralelas Morelos e Hidalgo rumbo al Zócalo.
En ese trayecto pegaron carteles en los postes de luz, en las combis y en las paredes de espacios públicos. Al llegar al Zócalo, hicieron lo mismo, en el kiosco, la explanada y las paredes del Ayuntamiento.
Luego se dirigieron a la comunidad de Atlamajac, donde se encuentra el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa donde se desarrollan las audiencias a puerta cerrada y es en estas fechas que se realiza el segundo segmento, el primero fue entre el 3 y 4 de julio.
En la barda pegaron los carteles con la imagen de Arnulfo Cerón que se usó durante su búsqueda ¬–luego de que fuera privado de su libertad por hombres armados y no se supiera nada de él¬– y que generó movilizaciones en carretera, la toma del Ayuntamiento, bloqueos además de marchas para exigir su aparición por parte de los integrantes del Frente Popular de la Montaña, organización a la que pertenecía y otras que se agregaron.
Pese a que el Juzgado de Control estaba cerrado, permanecieron ahí unos minutos, y ahí pidieron que prevalezca la imparcialidad en el proceso judicial que enfrenta el ex jefe de Gabinete de la administración morenista de Dionicio Merced Pichardo García por la desaparición forzada de personas y homicidio de Arnulfo Cerón Soriano.
Se van a interrogar a alrededor de 17 personas por este delito, durante las fechas programadas conocidas.
Los manifestantes exigieron que las audiencias del juicio 15/2020 contra el autor intelectual de la desaparición y asesinato de Arnulfo se conduzcan con imparcialidad y que se pondere el camino de la justicia.
Los estudiantes y activistas pegaron los carteles durante más de dos horas y dijeron que esta actividad fue para recordar el homicidio y desaparición de Cerón Soriano, y porque, el inculpado anda recorriendo las colonias y comunidades para buscar un espacio en el próximo proceso electoral.

Denuncian parcialidad en juicio del caso Arnulfo Cerón en favor del presunto autor intelectual

Carmen González Benicio

Tlapa

En las audiencias del juicio oral que se desarrollan en el juzgado de Tlapa sobre la desaparición forzada y homicidio del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano, hay parcialidad en las actuaciones de las autoridades tendientes a beneficiar al presunto autor intelectual, Marco Antonio García Morales, conocido como Tony, señalaron asesores jurídicos.
El juicio 15/2020 que se desarrolla contra el autor intelectual es cerrado e inició el 3 y 4 de julio, en su primer segmento con la declaración de siete personas; el segundo este 12 y 13 de julio con la declaración de 10 testigos, y quedan las fechas pendientes del tercero o cuarto según el desahogo porque pueden ser diferidos como ya ocurrió una vez.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Cerón Soriano, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que hay actuaciones parciales en las audiencias por parte del juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa, Emmanuel Reyna Vélez, y los demás involucrados.
Rosales Sierra argumentó que en la primera audiencia el juez permitió que personas ajenas al juicio estuvieran en la sala sin acreditar su presencia, cuando la ley es clara.
Dijo que el abogado de García Morales llevó a dos personas más y al pedirle que dijera en calidad de qué, respondió que como personal de apoyo técnico en abogacía cuando él es el experto por lo que no deberían estar y tampoco dijeron sus nombres por lo que consideran que son personas con función pública en otro estado.
Y que eso se debatió con el juez por no acreditar su presencia pero éste falló a favor del imputado permitiendo que se quedaran en la audiencia, además de que, las objeciones e incidencias que siguieron en esos dos días también le beneficiaron.
Agregó que la asesora de la Comisión Estatal de Atención Víctimas (CEAV) favoreció con su batería de preguntas a García Morales y a eso se suma que de manera deliberada no se ha incorporado el acta constitutiva del Frente Popular para acreditarlo como defensor de derechos humanos, pese a que se le ha solicitado.
Dijo que sin ese documento el delito puede cambiar de desaparición forzada de personas a desaparición de particulares que es menos grave.
Agregó que esperará cómo termina el segundo segmento del juicio con las declaraciones y actuaciones del juez, pero todo se ve tendiente a beneficiar García Morales por su relación política y económica.
Repasó que hay indicio o incidentes de parcialidad en el caso de Arnulfo e iniciaron en el año 2021 cuando el juez Andrés de la Rosa de manera intempestiva intentó cambiar las medidas cautelares del inculpado de prisión preventiva a domiciliaria por la presentación de recetas médicas de particulares por hipertensión de García Morales y el Covid, cuando eso se da en excepciones como ser mayor de 70 años; enfermedad grave o a mujeres por embarazo o lactancia.
Agregó que eso no prosperó y el juez fue separado de su cargo luego de las investigaciones que se hicieron, de lo que ocurrió en el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores.
Sin embargo, eso no duró porque al pedir el imputado la revisión nuevamente de su medida cautelar, ésta cambió a libertad y garantía de 100 mil pesos, firmar cada semana y no salir de la ciudad, lo cual no está cumpliendo.
Porque cuando quiere informa a la Unidad de Medidas Cautelares de sus salidas a México o a Chilpancingo, y argumenta que es por atender su salud, sin mostrar recetas o documento que lo acredite.
“La unidad le concede los permisos sin condición alguna, cuando se sabe que anda en reuniones políticas y partidistas o en las comunidades poniendo en riesgo a los testigos, al proceso y a las víctimas”, explicó el defensor.
Consideró que otro hecho que muestra parcialidad es que en una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, para hablar del caso, éste les dijo que tenía entendido que García Morales ha demostrado su inocencia, por lo que consideraban que era un fallo adelantado cuando aún no se desarrollaban las audiencias. “Esa es una visión preocupante, aunque él no sea el juez que juzgue”, afirmó.
Rosales Sierra dijo que con esos hechos ocurridos durante el juicio parece que hay un acuerdo a otros niveles en el estado para demostrar la inocencia de García Morales y no a favor de la víctima ni sus familiares.
“Parece que han hecho causa común el Poder Ejecutivo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que en las reuniones con el Frente Popular les ha dicho que eso no es de su competencia; el Poder Judicial con el actuar de los jueces y las instituciones como la CEAV que dan señales de que el fallo será absolutorio”.
Pidió que no se aparte de la legalidad ni actúen con intereses contrarios a los de las víctimas, como se está percibiendo.

Piden que juicios orales en el caso de Arnulfo Cerón se apeguen a normas internacionales

Carmen González Benicio

Tlapa

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Frente Popular de la Montaña (FPM) pidieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que los juicios orales que comenzaron por el asesinato de Arnulfo Cerón Soriano se apeguen a las normas internacionales, y que tomen en cuenta que se trata de la desaparición de un defensor de derechos humanos que ocurrió en un contexto de violencia que hasta hoy persiste en Tlapa.
Tlachinollan transmitió desde sus instalaciones una conferencia a través de su página de Facebook conde estuvieron el director Abel Barrera Hernández, el abogado Vidulfo Rosales Sierra y el integrante de la Dirección Política del FPM, Ubaldo Segura Pantoja.
Vildulfo Rosales explicó que hablarían de los avances del caso del activista asesinado, Arnulfo Cerón Soriano, por el cual había ocho detenidos como autores materiales y una persona como autor intelectual, en referencia al ex jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, conocido como Tony, quien enfrenta el juicio fuera de la cárcel tras ganar un amparo.
Vidulfo Rosales agregó que al medio día del lunes inició el juicio con García Morales por lo que había “preocupación”, porque se observaba en el Tribunal Superior la influencia del poder económico y político del autor intelectual.
Mencionó como ejemplo que el año pasado promovió un amparo y “curiosamente sin fundamento ni motivación se le quita la prisión preventiva”, y agregó que para no ir a firmar los viernes al juzgado en Tlapa “mete oficios diciendo que tiene viajes fuera de la cabecera municipal, y con ello pone en riesgo el juicio y a los familiares”.
Para remarcar esas irregularidades ejemplificó que como son delitos menores la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez enfrenta su juicio en prisión, y en este caso en un delito de desaparición forzada quien está señalado lo enfrenta en libertad.
Rosales Sierra dijo que se trata de un grupo delictivo al que se le atribuyen 30 casos de desapariciones.
Remarcó que Cerón Soriano fue un defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas e incursionó en el movimiento social con el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), luego el Frente Popular desde donde realizó diversas acciones en el Ayuntamiento de Tlapa, y a consecuencia de ellos enfrentó muchas amenazas.
Expuso que el 11 de octubre de 2019 fue desaparecido y el 20 de noviembre del mismo año fue hallado su cuerpo a tres metros de profundidad en una fosa clandestina.
Ubaldo Segura Pantoja recordó el trabajo de Arnulfo Cerón y la situación de “terror” que se vivía en octubre del 2019 por grupos delictivos.
Externó su preocupación por el desarrollo del juicio porque uno de los responsables “está libre bajo caución, no está libre plenamente, pero sí, con un pie afuera y así es más facil que saque los dos”, dijo.
Y que pese a ello, “tenemos que seguir en esta lucha, en la búsqueda de justicia” en la cual no estamos solos y vamos a seguir adelante hasta que se haga justicia”.

Están desplazados los hijos y la esposa del luchador social asesinado

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández destacó que a cuatro años del asesinato de Arnulfo Cerón, su esposa e hijos son víctimas de la violencia que se ejerce contra los defensores comunitarios y que causa daños irreparables.
Por cuestiones de seguridad salieron de su lugar de origen y sus hijos, particularmente, no pueden avanzar en sus estudios por la precariedad, informó.
Sostuvo que el trabajo que hacía Arnulfo estaba expresamente enfocado en alzar la voz de la población pobre de la montaña y que era público su trabajo, tan publico que las mismas autoridades municipales, el presidente municipal de Morena, Dionicio Merced Pichardo lo denostó, al decir que tenía nóminas donde cobraba, y que su lucha estaba motivada por intereses económicos.
Y que esas descalificaciones contra Arnulfo sirvieron para enviarle mensajes a los grupos de la delincuencia de que Arnulfo estorbaba en los planes de gobierno que se habían iniciado en Tlapa con el partido Morena.
En ese contexto se vivieron graves hechos de violencia en Tlapa con el empoderamiento de un grupo delincuencial, al grado de tener influencia en la seguridad pública, que tomó mayor fuerza en el Ayuntamiento.
Abel Barrera relató que Arnulfo en sus bloqueos carreteros para pedir servicios advertía que recibía amenazas de personajes del crimen organizado y de gente dentro del Ayuntamiento.
Recordó las irregularidades que ha habido en el juicio de Arnulfo y siguen vigentes e incluso, “hay intereses económicos muy fuertes para apoyar y proteger y salvaguardar a quien está siendo señalado por las víctimas como autor intelectual”.
Remarcó que eso pone en riesgo el debido proceso que se debe garantizar a las víctimas y familia de Arnulfo, “se han dado varias reuniones y el mismo presidente del TSJ ha dicho que se ha reunido con los abogados del autor intelectual”.
Hizo hincapié en que debe ser un juicio imparcial objetivo y apegado a las normas internacionales, y debe tomar en cuenta que es por la desaparición de un defensor que se dio en un contexto de violencia que hasta la fecha persiste en Tlapa.
Y donde no deben prevalecer los intereses económicos dentro de la administración de justicia, sino la ley porque la familia de Arnulfo está destruida, devastada por lo que los jueces deben tomar en cuenta el papel de defensor de derechos humanos y se apeguen a las normas aplicando los estándares más altos.
“Pedimos al poder Judicial y a las autoridades encargadas de este juicio que cumplan con su responsabilidad pública de que en Guerrero haya justicia para Arnulfo Cerón”, señaló.
Rosales Sierra manifestó que en el contexto de los juicios orales se está viviendo una situación “tensa” en Tlapa, debido a que varios autores materiales fueron traídos al penal y la presión se vio durante la búsqueda del colectivo Luciérnaga.
Y que supieron de una amenaza a dueños de maquinarias a quienes les dijeron: “aquellos que presten sus máquinas serán quemadas”.

Denuncian impunidad en acto a tres años del asesinato del activista Arnulfo Cerón

Carmen González Benicio

Tlapa

Integrantes de organizaciones sociales, de colectivos y familiares acudieron al paraje Los Tres Postes a tres años de que encontraron el cuerpo del activista Arnulfo Cerón Soriano, sepultado bajo toneladas de tierra, y luego de 40 días de su desaparición forzada.
Ante el tercer aniversario luctuoso de Cerón Soriano lamentaron que sean liberados los presuntos implicados en su desaparición y asesinato el 11 de octubre, en referencia al jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, Tony.
Acudieron integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quienes acompañaron a la familia del abogado defensor de derechos humanos recordando que el lugar fue señalado como un espacio donde podía haber más restos de personas desaparecidas, por lo que se siguieron haciendo búsquedas.
Ahí se halló un cuerpo más, ante lo que el colectivo de búsqueda de desaparecidos Luciérnaga insistió a las autoridades que se hiciera una exploración amplia para escarbar, y hace meses se hizo con resultados negativos, no se encontraron restos.
El colectivo dijo que como cada 20 de noviembre no podían de dejar de asistir porque se debe honrar la memoria de Arnulfo Cerón por el papel que desempeñó como luchador social.
Expuso que sabían cuáles fueron los motivos de su privación de la libertad y después de la vida, por lo que estó obligado a visitar el lugar donde lo encontraron 40 días después de su desaparición, al menos a dejar una veladora.
Agregó que no se puede permitir que las cosas sigan en la impunidad y lamentó que en fechas recientes saliera uno de los implicados, uno de los señalados como presunto autor intelectual, por lo que seguirán dando la lucha para que el caso de Arnulfo no quede en la impunidad y las personas que le quitaron la vida paguen.
De Tlachinollan dijeron a los familiares que van a estar con ellos hasta que haya una sanción a los responsables.
El profesor Pablo Abad, integrante del Frente Popular de la Montaña (FPM) al que pertenecía Cerón Soriano expresó su solidarodad y acompañamiento ante su pérdla pérdida a la esposa, a los hijos y a la madre madre.
Mencionó que como organización también fueron afectados y que Cerón será recordado por el acompañamiento a comisarios y delegados en las gestiones en la Presidencia municipal, principalmente a los hablantes de náhuatl para ser su traductor.
Dijo que Arnulfo, licenciado en derecho fue un personaje como los presentes, que acompañaba en las marchas y bloqueos para exigir derechos y justicia por los 43 junto con el activista asesinado, en el 2015, por policías federales, Antonio Vivar.
Lamentó que la cita fuera para recordar que un 20 de noviembre, a los 40 días de ser levantado (secuestrado para ser asesinado), fuera encontrado sepultado bajo tres metros de tierra, pero al ser creyentes consideran que los escuchaba y le decían que continuarían con su pensamiento para seguir luchando por los derechos de las comunidades, como él lo hacía.
Remarcó que al menos ellos pueden llevarle flores y veladoras al lugar donde lo encontraron, pero hay familias que tienen perdidos a sus seres queridos y no saben si viven o están muertos ni en dónde pudieran estar sus restos, por lo que viven en la incertidumbre como los padres y madres de los 43 y los integrante del colectivo Luciérnaga.