Hay 71 cuerpos en las morgues de Guerrero; el sábado comenzará su identificación, dice el Semefo

El director general del Servicio Médico Forense (Semefo) en Guerrero, Ben Yehuda Martínez Villa informó que 751 cuerpos están en las morgues de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, y el 70 por ciento de las víctimas fueron por arma de fuego.
Agregó que el sábado iniciará el Proyecto Guerrero 751 para la identificación de los cadáveres, para que sean reclamados por sus familiares.
Consultado en sus oficinas Martínez Villa detalló que el programa se llamó Proyecto Guerrero 751 debido a la cantidad de cuerpos que no han sido reclamados por sus familiares.
Dijo que hace tres años cuando llegó a ocupar el cargo las instalaciones del Semefo estaban abarrotadas de cadáveres y no había espacio, ningún cuerpo tenía su carpeta de identificación y así los depositaban en fosas comunes. Ahora se les hace la dactiloscopia, estudios de antropología y genética, “algunos cuerpos son depositados en el Cementerio Forense Estatal o permanecen en el Semefo para su posible identificación”.
“Antes no había un orden para identificar los muertos, no existía, no tenían dictamen los cuerpos y los depositaban en la fosa común, cuando llegué no podía hacer eso porque me iba pasar como el caso de Morelos, donde sacaron en una fosa común los cuerpos sin tener expediente de identificación, por eso prohibí eso y mejor se les hacen pruebas de AND a las víctimas, por eso se saturaron las cámaras frigoríficas en el estado”, declaró.
Dijo que la semana pasada integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el gobernador Héctor Astudillo Flores se reunieron para avanzar con el Proyecto Guerrero 751, para el que destinarán 10 millones de pesos para pagar las pruebas periciales, expertos forenses de otros estados para integrar las carpetas básicas de identificación de los cuerpos.

Antropólogos, odontólogos, médicos forenses, genetistas y criminalistas

El director Ben Yehuda Martínez informó que 14 peritos de un equipo multidisciplinario del país será integrado por antropólogos, odontólogos, médicos forenses, genetistas y criminalistas, trabajarán primero en Chilpancingo, “vamos a hacer equipos para poder avanzar, como médico, antropólogo, odontólogo, genetista, criminalista y fotógrafo para que cada quien verifique un cuerpo y así poder avanzar y realizar el dictamen pericial”.
Detalló que la carpeta básica consiste en un dictamen de dactiloscopia, antropología, odontología forense y genética forense que permitirá identificar un cuerpo con la base de datos de la Fiscalía, “si un cadáver tiene las mismas características dactilares para ser identificado y se coteja con el familiar será entregado a los familiares, si no tienen esta información los cuerpos no los podemos inhumar en el panteón forense”.
Reconoció que los cuerpos que permanecen en la morgue no tienen completo su expediente de identificación, por eso no han sido enviados al Cementerio Forense Estatal para desahogar las cámaras frigoríficas, “es por eso que revisaran los cadáveres para que concluyan con el proceso de identificación y se complemente su carpeta”.
Agregó que buscan ayudar a la población que tiene familia desaparecida y  a los integrantes de colectivos que buscan a sus familiares.
“El 1 de septiembre se tiene contemplado que los peritos estén en Guerrero para dar inicio en este proyecto, es el primero a nivel nacional que se hace para la conformación de todos los expedientes básicos, no lo han hecho en ninguna parte del país y esto se hace para la conformación, llevar la investigación y la identificación de todos ellos”, indicó.
Comentó que comenzarán el proyecto en Chilpancingo donde cuentan con el equipo de trabajo, al concluir seguirán en Acapulco y terminarán en Iguala, “este proyecto tiene un plan de trabajo de seis a ocho meses, al concluir los estudios se sabrá cuántos cuerpos serán identificados, serán enviados al Cementerio o permanecerán en Semefo”.
Agregó que el Cementerio Forense Estatal tiene 256 cuerpos que cuentan con su expediente de identificación. y “es otro de los proyectos para que las víctimas sean identificados de manera inmediata”.
Informó que el 70 por ciento de las víctimas sufrieron muertes violentas, y que la mayoría de ese tipo los recogen en Acapulco, pero otras de las causas de muerte son personas ahogadas, accidentes automovilísticos, indigentes, alcoholismo, enfermedad y muertos en el hospital, “tenemos una gran cantidad de muertes por arma de fuego, lo que representa un 70 por ciento de los cuerpos que tenemos almacenados”.
Expuso que el Semefo de Acapulco tiene cinco cámaras frigoríficas que tienen una capacidad de 400 cuerpos, y actualmente están 300 cadáveres. En Chilpancingo con tres cámaras frigoríficas tienen 250 y en Iguala con dos cámaras frigoríficas 60.
Explicó que cada cámara tiene su propia capacidad de cuerpos, algunos refrigeradores tienen gavetas de 140 cadáveres, otros 120 y 90. En total tienen la capacidad de almacenar 900 cadáveres.
Martínez Villa agregó que cuando les llega un cadáver en el Semefo se les practica el protocolo para desconocido, los médicos verifican cualquier seña particular como un tatuaje, cicatriz, lunar, una mancha en la piel. Después le hacen el estudio de dactiloscopia, antropología y genética para su posible identificación y su expediente.
Las instalaciones del Semefo están a un lado de la Fiscalía General del Estado (FGE), oficinas que se han tenido que desalojar debido a la saturación de cuerpos y la descomposición de las cámaras frigoríficas.
El 15 de noviembre del año pasado, trabajadores de la Fiscalía pararon labores, cerraron las oficinas y denunciaron el mal olor.
El delegado sindical de la sección Séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) de Chilpancingo, José Luis Nava Delgado informó que están saturadas las morgues, que tienen más de 600 cuerpos, y una de las dos cámaras de refrigeración está inservible y cada uno de los depósitos tiene capacidad sólo para 180.

 

 

Traslada la Fiscalía 15 cuerpos del Semefo de Chilpancingo al Cementerio Forense

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes del Ministerio Público trasladaron 15 cuerpos del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo al Cementerio Forense Estatal la mañana de ayer.
A las 11:30 de la mañana comenzó el traslado a las gavetas en el panteón La Paz, en el fraccionamiento Villas del Sol propiedad de la familia del dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea.
Según fuentes del Semefo los cuerpos estaban en la morgue de Chilpancingo, algunos desde 2016, y son de víctimas halladas en la zona Centro, en municipios como Chilapa y Tixtla, además de la capital.
En el lugar el coordinador médico del Semefo de la zona Centro, Alejandro Toris Díaz, informó que se trasladaron los cuerpos para echar a andar el proyecto Forense Guerrero 751, que consiste en el resguardo de todos los cuerpos que se tienen “desde hace tiempo” y que no han sido identificados.
Detalló que se arman expedientes básicos para que se cumpla el protocolo “que ahora se nos exige”, trasladarlos al panteón y resguardarlos, para que posteriormente puedan ser rescatados por los familiares.
Toris Díaz dijo que los cadáveres son 15, y que los datos de cada uno quedaron grabados en las placas de las gavetas.
Manifestó que los cuerpos ya tienen expedientes básicos, y que buscan evitar la saturación que hay en los Semefos de Chilpancingo, Acapulco e Iguala. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Identifican forenses argentinos seis cuerpos de desaparecidos; familiares toman CEAV por ayuda

 

Los restos humanos de seis asesinados que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo desde hace tres años, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), como parte de las pruebas a familiares de 34 desaparecidos de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac en marzo y septiembre del año pasado.
Mientras tanto familiares de los seis identificados tomaron la tarde de ayer las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado, con la demanda de apoyo económico del organismo para pagar los gastos funerarios.
El presidente del organismo, Luis Camacho Mancilla, solamente les ofrecía el pago del ataúd, los gastos del traslado y el embalsamiento en caso de que fuera necesario, pero le exigieron el pago de los gastos funerarios, “porque en nuestros pueblos es costumbre velar a nuestros difuntos”, dijo un familiar de una de las víctimas.
Cinco de los restos que fueron identificados fueron hallados en las seis fosas encontradas en el paraje El Huizache, en Chilapa, el 5 de enero del 2015. En seis bolsas había 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
En conferencia de prensa los familiares de las víctimas identificadas no proporcionaron detalles de sus familiares que se encontraban desaparecidos, pero reprocharon la falta de voluntad, capacidad y sensibilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues tuvieron que transcurrir tres años para identificar a sus familiares cuyos cuerpos se encontraban en el Semefo de Chilpancingo.
Se quejaron de que tuvieron que recurrir al EAAF para que tomara las muestras tanto de los familiares como de los cuerpos para que se cotejara y fueran identificados, debido a que la FGE no había hecho ese trabajo que le corresponde.
Los familiares fueron acompañados en la conferencia de prensa por el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández, el director del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada, el presidente del colectivo Los Otros Buscadores, Buscando Vida entre los Muertos de Huitzuco, Mario Vergara y la presidenta del colectivo de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso.

No hay ninguna investigación para dar con los responsables

Olivares Hernández informó que la FGE aprovechó los días que el EAAF tomó muestras para hacer las suyas, porque no había hecho ese peritaje a pesar de que los cadáveres estaban desde el 2015.
En un boletín de prensa el centro Morelos destacó que los seis cadáveres fueron identificados después de un peritaje independiente de identificación genética realizado por el EAAF, “es así que seis familias recibirán los restos de sus desaparecidos con mayor certeza y confianza después de sortear varios obstáculos de la FGE, que atrasó el trabajo de los peritos independientes”.
Informó que las familias que identificaron a sus desaparecidos entre los cuerpos almacenados en el Semefo, son indígenas de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac.
“La FGE obtuvo las muestras de sangre de las familias hasta cuando el EAAF comenzó en marzo de 2017 la primera etapa de los trabajos de identificación, con la toma de muestras de sangre a las familias que solicitaron el peritaje independiente a través del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón”, explicó el organismo.
Precisó que cinco de los restos analizados se ubicaron dentro de las seis fosas encontradas en el paraje denominado El Huizache en el municipio de Chilapa el 5 de enero del 2015, mismas que contenían 10 cuerpos completos y 11 cabezas.
Reclamó que desde entonces la Fiscalía no había hecho la confronta de los perfiles genéticos de las familias que denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), “es decir, mientras FGE tomó las muestras genéticas de los cuerpos completos, la PGR obtuvo las de las cabezas y el de los familiares sin que entre las dos instancias realizaran una confronta de información para descartar algún parentesco”.
Además denunció que tampoco se ha realizado ninguna investigación para dar con los responsables, y que las carpetas de investigación o averiguaciones previas sólo contienen las declaraciones de los familiares que presentaron la denuncia y los oficios que se giraron a las diferentes instituciones públicas de salud, y cárceles preguntando si en esos lugares podría estar el desaparecido, así como la respuesta que dieron, “fuera de eso no hay otra diligencia que se haya realizado”.
Denunció que para las familias de desaparecidos que se han organizado en diferentes colectivos, para el Centro Morelos y el Ccti es preocupante que la falta de eficacia e interés para la integración de un banco de perfiles genéticos de los restos que se encuentran en el Semefo, “cause el sufrimiento a las familias que durante años buscan dar con el paradero de sus desaparecidos, permaneciendo en la zozobra y que posteriormente todo ese dolor se traduzca en secuelas que afecta la salud de todos los integrantes de la familia”.

El gobierno no muestra ninguna voluntad para garantizar verdad, justicia, reparación del daño…

Añadió que, por otro lado, el gobierno del estado no muestra ninguna voluntad política para garantizar verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición al seguir imponiendo a través del Congreso del Estado a los titulares de instancias como la FGE, Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas.
El Centro Morelos informó que después de la identificación de los seis cuerpos la CEAV ofreció como apoyo a los familiares el ataúd y el traslado de los restos, “lo cual significa que la mayoría tendrá que endeudarse para cubrir los gastos que se van a generar al realizar los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”.
Añadió que los limitados apoyos contravienen lo que dispone la fracción 16 del Artículo 60 de la Ley General de Atención a Víctimas, que establece que es una obligación de los funcionarios públicos cubrir los gastos de inhumación de acuerdo a la cultura de las víctimas, con flexibilidad en la comprobación, principalmente para las familias de los pueblos indígenas.
Los familiares de las víctimas, así como los integrantes de los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Acapulco e Iguala se trasladaron después de la conferencia de prensa a las instalaciones de la CEAV y las tomaron desde las 2 de la tarde, en protesta por lo que llamaron “insensibilidad” del presidente Luis Camacho quien solamente ofrecía a los familiares de las víctimas el pago del ataúd, el traslado del cuerpo y el embalsamiento de ser necesario.
Los familiares exigieron al presidente del organismo apoyo para “los rituales fúnebres de acuerdo a sus usos y costumbres”, la velación de los cuerpos que implica la compra de flores, veladoras, música y comida para los acompañantes a los funerales.
El funcionario argumentó que es lo que está establecido en la ley, lo que se puede comprobar, pues les dijo que los recursos del organismo son fiscalizados y que no puede autorizar gastos que no se puedan comprobar, sin embargo tras la protesta Camacho Mancilla ofreció 3 mil pesos adicionales para este tipo de gastos, pero los familiares los rechazaron.
La señora Reyna Hernández, familiar de una de las víctimas, visiblemente alterada reprochó, “estamos hasta la madre, si no tuviésemos desaparecidos no estaríamos perdiendo el tiempo aquí”.
Le dijo al funcionario que ella se tuvo que ir a Sinaloa a trabajar porque la CEAV no la apoya, “y a veces a mis hijos no los mando a la escuela porque no tengo dinero.
Los familiares de las víctimas e integrantes de los colectivos cerraron la puerta del organismo desde las 2 de la tarde y mantuvieron en su interior al personal hasta las 6 y media mientras dialogaban, a veces de manera ríspida, con Camacho Mancilla.
Finalmente el presidente de la CEAV se comprometió a entregar a las seis familias un cheque de 3 mil 500 para los gastos funerarios, a condición de que firmen un documento para que el organismo pueda comprobar estos gastos.
Acordaron volver a reunirse el jueves de la próxima semana para continuar dialogando con respecto a otras demandas de las víctimas.

 

Trasladan otros 31 cuerpos del Semefo de Acapulco al cementerio forense en Chilpancingo

Al mediodía de ayer 31 cuerpos que permanecían en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco fueron trasladados al Cementerio Forense Estatal en el panteón La Paz propiedad de la familia del dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea.
A las 12:20 del día agentes del Ministerio Público, peritos y trabajadores del Semefo de Acapulco depositaron los cuerpos en las gavetas.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que los cuerpos cuentan con las pruebas de genética para su posible identificación y los cadáveres permanecieron en la morgue desde 2016 y 2017, fueron levantados en Acapulco, la Costa Chica y Costa Grande.
La Fiscalía difundió un comunicado la tarde de ayer en el que dice que trasladaron 31 cuerpos del Semefo de Acapulco al Cementerio Forense Estatal para su identificación y conservación, donde suman 210 cadáveres.
La institución indicó que los trabajos fueron bajo los protocolos homologados de necropsia para que los cuerpos se preserven en un lugar específico, y los perfiles genéticos de posibles familiares puedan ser ingresados en la base de datos y se haga la correlación de manera sistematizada.
“Cada gaveta fue sellada para inhumación, cuenta con una placa metálica, número de averiguación previa y fecha de resguardo, previamente doble verificación, es decir, peritaje cuestionario ante mortem y post mortem”, indica el comunicado.
Apenas el 22 de marzo 26 cuerpos fueron trasladados al Cementerio Forense Estatal ya que las morgues de Acapulco, Iguala y Chilpancingo están saturadas y en algunos casos tienen los cadáveres tirados en los pasillos.
Incluso activistas de diferentes partes del país que están en busca de desaparecidos que visitaron esos lugares informaron que no hay información sobre los cadáveres, es decir, que no son identificables. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

Libra una lucha por su vida y contra el ISSSTE un técnico del Semefo que exige sus derechos

Con una pierna cercenada arriba de la rodilla, pérdida de la vista en un 75 por ciento a causa de la diabetes, afectaciones en los bronquios, en los campos pulmonares y en los riñones, padecimientos que son consecuencia del contacto permanente que tuvo con productos químicos, el ex técnico del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, Martín Vega Amable, lucha por su vida y contra la burocracia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se niega a otorgarle las prestaciones a las que tiene derecho, incluso a una prótesis.
Vega Amable, quien prestó sus servicios durante 24 años en la institución, pero a quien el ISSSTE le reconoce una antigüedad de 21, logró fama en 1997 durante los daños provocados en Acapulco por el huracán Paulina.
Durante ese desastre, recuerda en una entrevista en las instalaciones de la sección 76 del Sindicato de Trabajadores de Salud, el jueves pasado, alcanzó a rescatar, él junto con un compañero con el que trabajó en pareja, 70 cuerpos de los más de 300 que fueron reconocidos oficialmente.
Entre el legajo de documentos que trae bajo el brazo, que ha acumulado en dos años que lleva haciendo gestiones ante el ISSSTE y ante la dirigencia sindical para que le autoricen su jubilación y le reconozcan sus derechos como trabajador jubilado, guarda una fotografía que, dice, se publicó en casi todos los medios impresos de circulación nacional y local. En ella aparece enlodado cargando a un niño que rescató de los escombros.
El ex técnico forense buscó el oficio de “muertero”, como se le conocía antes a los ahora técnico forense, que son los que acuden a recoger los cuerpos y trasladarlos a las morgues en donde les practican la necropsia, “por servicio a la comunidad”, pues cuenta que antes nadie quería dedicarse a ese trabajo.
Sin embargo, 24 años después de que comenzó su labor altruista, ahora sobrevive a sus 63 años de edad, postrado en una silla de ruedas, porque a consecuencia de una diabetes que se le complicó por su contacto permanente con cuerpos en descomposición, le cercenaron el pie derecho arriba de la rodilla y ha perdido la vista en un 75 por ciento.
También a consecuencia del contacto permanente con productos químicos, como el formol y el cloro, sufre padecimientos en los bronquios, en los campos pulmonares y en los riñones.
Cuenta que sus padecimientos se le acumularon cuando apenas tenía 15 años de servicio, y por incapacidad solicitó al ISSSTE su jubilación, pero la institución pretendía pagarle apenas el 15 por ciento de su pensión, algo así como 3 mil 500 pesos mensuales, lo que le pareció insuficiente para vivir, pues está pagando mil 500 pesos quincenales por una casa al FOVISSSTE, y le quedarían 500 pesos al mes.
A pesar de que sus enfermedades le imposibilitaban trabajar, se siguió presentando por necesidad, hasta que llegó como coordinador del Semefo, Edgar Lemus Delgado, quien se sensibilizó al verlo y se molestó porque ni al ISSSTE ni a la Secretaría de Salud (Ssa) les había interesado su situación, y lo apoyó para que firmara un convenio con la delegación sindical, y solamente se presentara a checar, pero siguiera cobrando su salario completo.
Explica que, lamentablemente, los trabajadores del Semefo no se dan cuenta de cómo se va deteriorando su salud, por las condiciones y el material con que trabajan, porque pese a que cuentan con el servicio médico del ISSSTE no acuden porque son atendidos por los mismos médicos que laboran en la institución.
“Además, muchos no queremos ir al ISSSTE porque te hacen perder mucho tiempo, no te atienden en urgencias, y el problema es que a la larga te trae consecuencias, porque cuando uno se da cuenta ya está bien fregado, ya tiene uno muchos problemas”, dice mientras con la palma de la mano se frota la única pierna completa.
Dice que, en su caso, cuando fue al ISSSTE para que lo atendieran ya había tenido tres parálisis faciales que sólo le habían atendido los médicos del Semefo, y sin que hubiera llevado un tratamiento adecuado.
Cuenta que su organismo también se “averió” porque muchas veces se cayó cargando cuerpos al momento de rescatarlos, y nunca fue a hacerse estudios porque eran los médicos del Semefo los que le daban tratamiento para el dolor.
Añade que acudió al ISSSTE, ya cuando era necesario que le operaran del apéndice y para que le cortaran un dedo del pie izquierdo que, por la diabetes y el contacto con los cuerpos en descomposición, se le había gangrenado.
Se queja que ahí comenzó no sólo su lucha por la vida, sino contra el ISSSTE porque se encontró que para su tratamiento no había medicamentos y tuvo que comprarlos él.
“En una ocasión me estaba convulsionando en la clínica de Chilpancingo y nadie me atendía por falta de medicamentos, y hasta que llegó una a amiga los compró y pudieron atenderme”, recuerda.

Bloquea sus gestiones el encargado del área de Jubilaciones y Pensiones, “el tal Bermúdez”, denuncia

Vega Amable dice que, desde junio de 2017 ha venido gestionando ante el área de Jubilaciones y Pensiones del ISSSTE un dictamen de invalidez para que le autoricen su jubilación, pero que el que está de encargado, un médico de apellido Bermúdez, le ha puesto muchas trabas, primero le dijo que no tenía “régimen”, y cuando fue a solicitar a otra área ese requisito, le dijeron que necesitaban el dictamen para que pudieran darlo de baja como trabajador en activo y le autorizaran el régimen.
Contó que tuvo que ir a las oficinas centrales del ISSSTE en la Ciudad de México, donde le dijeron que para darle el dictamen de invalidez no necesitaba el “régimen”, e instruyeron a Bermúdez para que le entregara el documento.
El ex trabajador del Semefo asegura que el dictamen fue autorizado en enero pasado por las oficinas centrales del ISSSTE, pero el encargado de Jubilaciones y Pensiones de la delegación en Guerrero se lo entregó a finales de marzo.
El problema ahora es que, “el tal Bermúdez” le entregó copias y se quedó con el original, en represalias porque fue a quejarse a la Ciudad de México.
En estas circunstancias, el trámite para su jubilación sigue pendiente, a dos años de que comenzó a solicitarla.
Martín Vega denuncia también que desde hace dos años, cuando le cortaron el pie derecho, viene gestionando un apoyo al ISSSTE para su prótesis, que cuesta unos 70 mil pesos; dice que ese apoyo está establecido en el RT-09 de la institución para otorgarse a los trabajadores con discapacidad.
Cuenta que, a consecuencia de que no le han autorizado su jubilación y que solamente causó baja como trabajador, la institución no le ha cubierto otros derechos, como el seguro de invalidez y el seguro del retiro.
Mientras tanto, se debate entre sus padecimientos crónicos y su grave situación económica a consecuencia de la burocracia del ISSSSTE, según reprocha.
Reclama que su situación es injusta porque, como servidor público, lo hizo con pasión, y entre los casos de los que más se siete satisfecho de haber colaborado está el de la tragedia en Acapulco provocada por el huracán Paulina.
Recuerda que fue en octubre de 1997, cuando apenas le habían autorizado su base. Él había tenido guardia lunes y martes, “pero el miércoles 10, para amanecer jueves 11 Acapulco estaba desaparecido”.
Añade que, a pesar de que había salido de descanso, un día después se presentó al Semefo de Chilpancingo con el doctor Lemus.
–¿Qué pasó cabrón, que haces aquí?, –le espetó el funcionario.
–Vine a apoyar, a rescatar muertos a Acapulco, –le respondió.
–¿En serio, cabrón?, –insistió Lemus, incrédulo.
–Sí, doctor, estoy a su disposición, –le contestó.
Recuerda que cuando llegaron al puerto se encontraron que la ciudad estaba bloqueada y no había paso a causa de los derrumbes y el agua acumulada por todos lados, pero se fueron caminando hasta el Semefo de la colonia Progreso.
Entonces tuvo que soportar el descontento de sus compañeros del Semefo, porque al incorporarse voluntariamente, el doctor Lemus pidió a todos los demás trabajadores del estado que lo hicieran también.
“Todos llegaron con sus caras largas, encambronados, y se fueron contra mí, ‘ya ves hijo de la chingada, por tu culpa el doctor nos obligó a trabajar, porque tú te ofreciste solo’. Él les respondió, no sean así, cabrones, hay que ayudar a la comunidad, lo que estamos haciendo es una ayuda humanitaria, sí, pero estas bien pendejo”, recuerda.
Dice que trabajaron en parejas y que sólo él y su compañero rescataron 70 cadáveres de los más de 300 que hubo.
Otra anécdota que recuerda de entre todos los servicios que prestó, es cuando acudió a atender un accidente que tuvo un matrimonio joven, de entre 18 y 20 años, con un bebé. Él padre se durmió y chocó, falleció su esposa y su bebé. “El hombre lloraba abrazado de su hijo y yo no lo podía desprender para trasladarlo al Semefo, como era mi deber. Esa vez Martín Vega” lloró también.

 

Se gastó el dinero en el panteón y no hay ni archivos para identificar los cuerpos, señala la Caravana

En el tercer día de actividades de la tercera Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Desaparecidos en esta ciudad, los integrantes criticaron que el gobierno de Héctor Astudillo Flores destinó el dinero a la construcción de Panteón Forense Estatal en lugar de mejorar las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y la base de datos de los cuerpos, de los cuales sólo les mostraron 20 expedientes de 750 cadáveres sin identificar.
El Semefo de Chilpancingo tiene 260 cuerpos de los cuales no existe un expediente digitalizado ni en catálogo que pudieran revisar los familiares de desaparecidos, informaron ayer durante la reunión de dos horas que sostuvieron en esas instalaciones.
A las 11:17 de la mañana fueron a la cárcel de la ciudad, en donde se informó que se encontraron dos posibles desaparecidos, y concluyó a las 6:30 de la tarde con la visita al Panteón Forense donde se criticó que el terreno donde se construyó sea de la familia del presidente del PRI de Guerrero, Heriberto Huicochea.
El integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, Lamberto Castro de la Cruz informó que lo que se reclama es que en lugar de dirigir el dinero en mejorar la base de datos de los cuerpos que se tienen en Semefo, se destine a la construcción de un panteón del cual el terreno pertenece a Heriberto Huicochea.
“Reclamamos que en lugar de hacer este tipo de proyectos millonarios, ¿por qué no mejor dotar a los servicios periciales, al Semefo?, hacen falta recursos materiales y humanos para que hagan sus trabajo, que se hagan campañas para que se den a conocer los cadáveres”, demandó.
La caravana es integrada por familiares de desaparecidos de 20 estados del país que buscan a sus parientes en cada cárcel, hospital y morgue de cada ciudad que recorren.
Ayer quedaron decepcionados y pasmados ante la falta un catálogo físico que se pudiera revisar para saber si su pariente está allí.
“Para nosotros es muy penoso estar en esa constante lucha de reclamar y exigiendo que sea una atención digna, creo que hace falta mucha sensibilidad de las autoridades, en este caso del gobernador, del fiscal general Javier Olea Peláez, para que doten de recursos a estas instancias”, agregó.
Castro de la Cruz señaló que para la búsqueda de sus familiares hace falta el apoyo de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Guerrero, pero se excusa en que no tiene dinero para el acompañamiento.
“Cómo nos va a dar un resultado, realmente es muy lamentable esto, los acompañantes de ahorita que están a cargo de este servicio (forense), ellos manifiestan que no tienen recursos”, preguntó.

Hallan sangre y moscas en el Semefo

Visiblemente enfadado e indignado detalló que cuando entraron a la cámara refrigerante en donde guardan los cuerpos, había sangre en el piso de los pasillos, y en las camillas vuelan las moscas.
“Es algo que llena de mucho coraje, los olores son insoportables, ahí nos damos cuenta por qué los administrativos, los colaboradores y los trabajadores en un momento dado han protestado, inclusive se han hecho paro de labores para que se haga la limpieza como debe de ser”, agregó.
A las 2:30 de la tarde se reunieron con el coordinador del Servicio México Forense de la región Centro, Alejandro Toris Díaz y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes durante 2 horas presentaron 40 fotografías de ropa rotas, dentaduras, tres caras, un pie y un brazo.
La reunión fue en el Semefo donde los familiares pidieron cubre bocas porque el olor que despedían los cuerpos era penetrante y llegaba al área de la reunión.
La falta de una base de datos sobre los 270 cuerpos que permanecen en precarias condiciones al interior de la morgue provocó en los familiares de desaparecidos que integran la caravana, descontento, frustración y coraje ante la deficiente atención de las autoridades.
La reunión tenía como objetivo facilitarle a los familiares las fotografías de los cuerpos de las instalaciones, pero se concentró en presentar el Panteón Forense Estatal, y a hablar de los 7 millones de pesos que se destinaron para su construcción en un terreno de la familia del dirigente estatal del PRI.
Uno de los familiares informó que en el encuentro las autoridades justificaban su falta de archivos en que la anterior administración no había dejado información sobre los cuerpos, y se enfocaron en hablar del panteón.
Los familiares pidieron a las autoridades que les permitieran entrar a las cámaras frigoríficas, ya que si no tenían fotografías de los cuerpos por lo menos podrían verlos para descartar que estuvieran ahí.
La coordinadora de la caravana, Lucy López Castruita dijo que las personas que quisieron entrar a revisar las cámaras donde están los cuerpos sin reclamar pudieron constatar que el aire frío no es suficiente para mantener los cuerpos.
Informó que de 750 cuerpos sin identificar sólo les presentaron 20 archivos con datos suficientes para revisar.
“Es una impotencia la que sentimos, es mucho coraje el que tenemos, nos dicen que sí los tienen pero que apenas van a trabajar en ordenar toda la información, no sé por qué si sabían que veníamos sólo alcanzaron a organizar 20”, agregó.
Insistió en que las condiciones en las que están los cuerpos son degradantes, porque los líquidos y olores permanecen por todos lados.
La información “definitivamente no la tienen ordenada, ellos dicen que porque no tienen personal, esa es su justificación”, agregó.
De los 20 expedientes que presentaron dijo que no se les dio una fecha probable de su hallazgo, otra vez, porque no tienen ni personal ni el presupuesto para hacer los registros. Mencionó que tampoco en el Hospital General hay expedientes correctamente elaborados.

Fue una pérdida de tiempo la reunión con la Fiscalía y la Secretaría de Salud

El olor a muerte inundaba la sala de espera en donde aguardaba personal de Fiscalía para las conclusiones del encuentro privado que sostenían a puerta cerrada autoridades de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Salud y familiares de desaparecidos que integran la caravana.
Tras concluir el encuentro que duró 2 horas, una madre de familia que buscaba a su hijo salió enfurecida, dijo que fue una pérdida de tiempo la reunión en la que sólo se les habló del panteón forense en el que se gastaron 7 millones de pesos.
“Es tan desesperante, no tienen nada, ni siquiera un archivo hecho catálogo, hemos ido a otros lados en los que sí tienen la forma de ubicar los cuerpos”, agregó.
La madre explicó a uno de los acompañantes de la caravana que en su experiencia este año de búsqueda, en Chilpancingo está el peor Semefo que había visitado, porque no existe una base de datos en la que se identifique el cuerpo, su causa de muerte, su posible edad, sus características físicas, cuándo fue encontrado, en dónde y ni una foto de su rostro.
“Es otro caso en Tlalnepantla, ahí los tienen digitalizados y en orden, los tiene bien definidos, aunque te pases horas buscando uno por uno por lo menos avanzas, aquí definitivamente no hay nada”, reprochó.
Advirtió que no queda claro si están ahí o no los desaparecidos porque no hay forma de ubicarlos.
La madre visiblemente enfurecida insistía en que las autoridades de Guerrero tratan de justificar su falta de información echándole la culpa a la administración anterior, lo que afirmó que no es excusa para no hacer lo que les corresponde.
Al concluir la reunión varios de los familiares de desaparecidos coincidieron en que no se les dio información contundente.
En el recorrido la tarde de este lunes en el terreno privado de la familia del priista Heriberto Huicochea, los familiares de desaparecidos criticaron que el gobierno del estado haya gastado los 7 millones de pesos en los nichos.
Señalaron que no cuenta con la protección perimetral ni con la seguridad de policías estatales como les dijeron que estaba, además que las puertas de cemento ya se están cuarteando.
En el recorrido fueron puntualizados cada uno de los errores, entre ellos la mala coordinación que hay para indicar dónde está cada cuerpo, además de que no existe nada que proteja a las gavetas les dijeron que estaba. En el lugar no hay vigilancia y no hay ninguna cerca, además de que las placas colocadas son poco claras para la ubicación de los cuerpos por regiones.

 

Pide Astudillo respeto a su cargo a familiares de desaparecidos que reclaman falta de resultados

Integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala, reclamaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, la falta de resultados en la búsqueda de sus seres queridos. En respuesta, en reunión privada en Casa Guerrero, el Ejecutivo pidió respeto a su cargo en la interlocución y que no lo responsabilicen en cada ocasión.
Al salir de la reunión, los activistas hablaron del ríspido momento, y con un fragmento de grabación demostraron el llamado del Ejecutivo a respetar su investidura.
La activista Julia Alonso, de la asociación Ciencia Forense, dijo que el mandatario no se comprometió a dar presupuesto a la búsqueda e identificación de los cuerpos que están en los contenedores del Servicio Médico Forense (Semefo) y en las fosas comunes, pero se dijo ofendido ante los reclamos de una madre que alzó la voz.
Opinó que un servidor público, aun siendo el gobernador, no debe sentirse ofendido ante estas demandas ciudadanas. Consideró que el mayor insulto “es no saber qué pasó con nuestros familiares desaparecidos, ese sí es un agravio”.
Reconoció que el gobierno del estado aceptó que Ciencia Forense tenga acceso a las morgues, y a la revisión de los análisis de genética. Añadió que quiere saber cómo están trabajando en los laboratorios del estado, porque sin dinero no importa que les dé ordenes de trabajo, no podrán hacer nada.
Insistió en que lo que necesita Guerrero es inversión en la Fiscalía General del Estado (FGE), para hacer la identificación de cuerpos depositados en el Semefo y en fosas comunes.
Dijo que en la entidad hay miles de personas desaparecidas y la Fiscalía sólo cuenta con dos peritos para hacer la identificación, “eso no es un compromiso con las víctimas”, recriminó.
Los desaparecidos no son tema prioritario para el gobierno

Del colectivo de familias de Acapulco, el señor Ciro Fuentes ratificó que el gobernador no garantizó que las búsquedas se van a hacer de manera efectiva. Aclaró que no salieron satisfechos, porque no asignó presupuesto a las acciones y confirmó que “los desaparecidos no son un tema prioritario para su gobierno”.
Denunció que sólo hay un cuadro básico de identificación de uno 751 registros de cuerpos de 2015 a la fecha, cuando el gobernador entró en funciones, pero no dicen qué pasa con los desparecidos de años anteriores. Estimó que hay alrededor de mil cuerpos depositados en la fosa común del panteón de Acapulco, sin protección ni protocolo para su preservación.
Mostró fotografías de las tumbas con bolsas de plástico rotas, y restos dispersos, que manipulan los sepultureros. Aclaró que no se ha hecho trabajo de identificación porque no hay dinero.
Aunque han tomado cientos de muestras genéticas a los familiares, no hay con qué contrastarlas, porque no hay cuadros genéticos de la mayoría de los cuerpos en las instalaciones del Semefo y en las fosas comunes.
Acudieron a la reunión el representante de Siempre Vivos de Chilapa, del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas, familiares de desaparecidos de Iguala y del colectivo de Acapulco.
Antes de la reunión con el gobernador y funcionarios del estado, los familiares indicaron que también tuvieron un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez, con quien hablaron sobre el nombramiento del director ejecutivo que se encargará de la aplicación de la Ley de desaparecidos, Roberto Cabrera.
En un segundo momento, estuvieron el gobernador, el vicefiscal de investigación, José Antonio Bonilla Uribe; la fiscal especial en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, Eloina Sánchez Zamora; el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, y el titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas.

Familiares expresaron su indignación y coraje: Centro Morelos

El director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández destacó que los familiares tuvieron la oportunidad de expresar su indignación y coraje ante la falta de resultados, que finalmente los funcionarios aceptaron.
Con el estado se programaron mesas de trabajo para que mañana se revisen las necesidades de despensas y becas para las familias que las necesitan, y en ocho días se reunirán con el secretario de Gobierno para programar la siguiente reunión con el gobernador.
Recordó que este año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) recibió 19 millones de pesos, “y es indignante que hasta ese momento no se brinden los apoyos necesarios, que son parte de un derecho que las víctimas tienen”.
No obstante, aclararon que la demanda prioritaria es conocer dónde están sus familiares, que digan a quienes pertenecen los cuerpos depositados en las morgues y fosas comunes, y que la CEAV apoye con abogados a las familias para el seguimiento de sus procesos judiciales de investigación.
Más tarde, en un boletín de la FGE sobre “los acuerdos y compromisos” con los cinco colectivos de familiares de personas desaparecidas, la autoridad reconoce que tiene un registro de 751 cuerpos en los sistemas de refrigeración del Semefo, a los que les hacen estudios periciales con fines de identificación.
La enorme cantidad de restos humanos genera que “el proceso de conformación de archivos básicos con fines de identificación de cada cuerpo sea lento y gradual”, justifica.

 

Causa desabasto de medicinas la mala administración en hospitales, reconoce el secretario De la Peña Pintos

El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos justificó que el desabasto de medicamentos en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, y en otros del estado, se debe a que no hay una buena administración.
Consultado en el Palacio de Gobierno sobre las quejas de los derechohabientes y trabajadores de que no hay medicamentos en los hospitales, entre ellos el de la capital, dijo que lo que la Secretaría de Salud ha detectado y descubierto que la labor que tienen que hacer los responsables de administrar el hospital no la hacen.
Comentó que los responsables de administrar el hospital son el director, el área administrativa, las farmacias, quirófanos y almacén, que tienen que ser ordenados para tener puntual el abasto de medicamentos y material de curación.
Ejemplificó que, “en el hospital de Chilpancingo hemos visto que el material de curación y medicamentos, ahí los tienen, pero hay un problema de la distribución, porque hasta han encontrado insulina, ropa quirúrgica y material de curación, entonces ahí hay un problema en la cuestión administrativa”.
De la Peña Pitos dijo que lo mismo pasa con el Hospital Básico Comunitario de Coyuca de Benítez, “se tiene el medicamento”, aunque reconoció que no tienen todos los medicamentos.
Admitió que en abasto de medicamentos se tiene el 60 y hace falta el 40 por ciento, y aseguró que se tiene una compra consolidada que empieza a llegar en marzo y que cuesta 490 millones de pesos, y que va a solicitar que se acelere la entrega.
El funcionario destacó que, “no es lo mismo que me digan me hace falta medicamento el día de hoy, pudiéndomelo haber dicho desde hace 15 días, de acuerdo al inventario que se lleve de manera cotidiana, sepan calcular qué medicamento tienen mayor movimiento, eso es cuestión administrativa que le corresponde a los administrativos”.

Instalaron cámaras de refrigeración para distribuir los cuerpos en las morgues de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, dice

En cuanto a la saturación de los Semefos, informó que ya se instalaron cámaras de refrigeración en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, donde se colocaran 150 cuerpos, para que se redistribuyan y no haya saturación, y que en total hay unos 720 cadáveres.
En la Funerales del Pacífico, funeraria de Zihuatanejo habilitada como morgue, trabajadores denunciaron que hay casi una decena de cadáveres embalsamados en espera de que los peritos de la Fiscalía General del Estado les hagan las pruebas periciales de ADN para su identificación, uno está ahí desde agosto de 2016.
Los trabajadores agregaron que carecen de infraestructura adecuada para mantener congelados los cuerpos, por lo que los tienen embalsamados y en bolsas, en espera de que Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudan a tomar las muestras. Indicaron que, aunque están bien preparados los cuerpos no dejan de ser un riesgo de infección, principalmente para los trabajadores.
Al respecto, el secretario reconoció desconocer de la denuncia, y aseguró que en las funerarias habilitadas como Semefo se hace la necropsia, y si el familiar no acude, al tercer día el cuerpo es trasladado al Semefo de Acapulco.
“Desconozco por qué los trabajadores del Semefo de Acapulco no se han llevado los cuerpos, pero se van a trasladar a Acapulco, necesito aclarar porque desconozco”, dijo el funcionario.
Al respecto, en una llamada a la redacción del periódico El Sur, director general de Semefos en el estado, Ben Yehuda Martínez Villa explicó que en la funeraria de Zihuatanejo sólo hay tres cuerpos, dos a los que se van a tomar las muestras y un extranjero.
Dijo que le indicó a la encargada del lugar, que si Servicios Periciales de la FGE no acude a tomar las muestras, trasladen los cuerpos a Acapulco, porque tampoco los pueden embalsamar ya que se alteran las muestras de ADN.
Martínez Villa aseguró que él acudió apenas hace un mes y no observó acumulación de cuerpos, “no sé si fueron realmente los trabajadores de Funerales Pacífico, o fue la competencia, porque entre funerarias traen pleito”.

 

En Zihuatanejo hay en la morgue unos 10 cadáveres y no se les han hecho pruebas de ADN, informan

En Zihuatanejo y Atoyac el Servicio Médico Forense (Semefo) no tiene instalaciones y ocupa funerarias privadas para el levantamiento de cadáveres, la práctica de autopsias y la conservación de los cuerpos no reconocidos.
En la de Zihuatanejo, Funerales del Pacífico, hay casi una decena de cadáveres embalsamados en espera de que los peritos de la Fiscalía General del Estado les hagan las pruebas periciales de ADN correspondientes para su identificación, uno está ahí desde agosto de 2016.
Se ubica en el centro de este puerto y de acuerdo con algunos de sus empleados cumple los requisitos de la Secretaría de Salud para trabajar en un ambiente seguro, pues el costo del equipo que utilizan cuando van a levantar los cuerpos y cuando les hacen la autopsia correspondiente corre a cargo de esta empresa particular.
Durante el 2017 los trabajadores de esta funeraria participaron en 190 diligencias de levantamiento cadavérico a las que acudió el Ministerio Público del fuero común, entre estas por muertes violentas, accidentes, muertes por causas desconocidas entre otros.
En lo que va de 2018 han acudido a 17 diligencias de las que ha dado cuenta el Ministerio Público, aunque prefirieron omitir cuántas han sido por muerte violenta.
La funeraria habilitada como Semefo no cuenta con cámara frigorífica para conservar los cuerpos que no han sido reconocidos o reclamados por algún familiar. Antes cuando mucho esperaban una semana y los cuerpos eran enterrados en la fosa común.
Sin embargo por disposición de los nuevos protocolos para la identificación cadavérica, en estas instalaciones mantienen casi una decena de cadáveres a los que todavía no se les practican los exámenes de genética forense, antropología y dactiloscopia.
Agregaron que por carecer de infraestructura adecuada para mantener congelados los cuerpos los tienen embalsamados y embolsados, en espera de que los peritos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudan a tomar las muestras. Indicaron que aunque están bien preparados los cuerpos no dejan de ser un riesgo de infección latente, principalmente para los trabajadores.
Pero además con la preparación que tienen para su conservación para cuando la Fiscalía envíe a los peritos a tomar las muestras ya no darán los mismos resultados que si se hubieran tomado antes, pues los químicos puestos en los cuerpos alteran el resultado de cualquier tipo de pruebas que les vayan a practicar.
Lamentaron que aunque la empresa funeraria le ha notificado al agente titular del Ministerio Público del fuero común tanto verbalmente como por escrito que tomen las muestras a los cadáveres almacenados para que puedan ser enviados al Cementerio Forense Estatal, no han tenido una respuesta favorable, pues el envío de los expertos no depende de esta agencia, sino de las oficinas centrales de la Fiscalía, según la respuesta que les han dado.

La funeraria en Atoyac

Desde el 20 de octubre 2008 se instaló de manera oficial en la funeraria Sarabia en Atoyac el servicio de Servicio de Médico Forense, a raíz de que el municipio presenta un alto índice de muertes violentas, además las familias tenían que trasladarse a Acapulco a reclamar los cuerpos de sus víctimas.
Además representa, a decir los administradores del lugar, un ahorro para los dolientes en tiempo y dinero.
Dijeron que antes tenían que ir a recoger el cuerpo a Acapulco, generándoles un gasto de hasta 6 mil pesos además de tiempo y riesgos, ya que los cuerpos venían sin ser preparados para su sepultura.
El personal es pagado por la funeraria desde el levantamiento cadavérico, donde incluyen el técnico del levantamiento del cuerpo en el lugar de los hechos, así como el técnico de la necropsia que ayuda al médico legista.
El Ministerio Público sólo da la constancia de entrega de cadáver.
El mantenimiento de las instalaciones adaptadas para la operatividad de un Semefo fue hecho por los administradores de la funeraria. Cada seis meses tienen revisión de la Secretaria de Salud.
La empleada de la funeraria, Nemesia Hernández dijo que “las familias antes la pasaban muy mal, aparte de la situación de dolor que atraviesa el ir hasta Acapulco a un Semefo donde el olor es muy feo por la gran cantidad de muertos que hay, además de incómodo en sus instalaciones y tenían que esperar más de medio día”.
Abundó que incluso los cuerpos que no eran identificados se quedaban allá, “ahora con el Semefo en Atoyac si ocurre que no es identificado el cuerpo se prepara para un mes con gastos de la propia funeraria, en espera de que pueda ser reclamado”.
Dijo que la demanda que hay en Atoyac en el Semefo es mayor en comparación a otros municipios de la Costa Grande.
Agregó que ha habido casos extremos donde se han atendido asesinatos de hasta cinco víctimas por día, como en San Juan de las Flores, en la sierra de Atoyac, además de los 10 en el incendio de un choque en San Jerónimo.
Asimismo, en este año en un sólo día en enero hubo tres muertes y dos enfrente de las instalaciones, de campesinos de Agua Fría.
En el 2017 se atendieron 60 levantamientos cadavéricos, 53 de hombres y siete de mujeres.
El 2018 inició con mayor demanda por la ola de violencia, en lo que va del año van nueve asesinatos, entre ellos el de una mujer.

 

 

Se compromete la Segob a que se tomen muestras de ADN a cuerpos acumulados en el Semefo

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Adrián Avante Juárez se comprometió con familiares de desaparecidos en Guerrero a resolver el problema del retraso en la toma de muestras de ADN a los cuerpos y restos humanos que se han acumulado en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Guerrero, y que según el director de la institución suman ya 750.
La coordinadora de Ciencia Médica Forense, Julia Alonso informó que el funcionario federal se comprometió a venir a Guerrero el 7 de marzo para atender el problema de la acumulación de cuerpos que están en espera de que se les tomen muestras del ADN en las instalaciones del Semefo de la entidad.
Dijo que ese fue el acuerdo al que llegaron en la reunión de la noche del miércoles en la Secretaría de Gobernación, donde plantearon el incumplimiento del gobierno estatal con este trabajo, y pidieron que se aplique contra la Fiscalía General del Estado (FGE), la Ley de Víctimas y la de Desaparecidos.
Dijo que la acumulación de cadáveres en las instalaciones del Semefo alcanza ya una situación de crisis humanitaria, y que se ha generado porque el gobierno estatal no ha cumplido el Estado de derecho y no ha habido voluntad política para hacer las cosas, a pesar de las leyes y los tratados internacionales.
Mientras tanto, la FGE ha evadido dar una explicación de las causas por las que no ha cumplido las pruebas del ADN a los restos humanos, lo que ha provocado la acumulación de hasta 750 en las instalaciones de los semefos de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
“El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores ha estado evadiendo el tema, no ha puesto atención en el fiscal (Javier Olea Peláez), que no está funcionando y que ya debió pensar en cambiarlo”, dijo la representante de familiares de desaparecidos, quien la noche del miércoles se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.
Añadió que no hay justificación para que no se hagan los estudios, porque en Guerrero existe un laboratorio de genética; sin embargo, la Fiscalía se queja de que no tiene recursos, “pero lo que no entienden es que no se trata de algo superfluo, lo que está sucediendo es una crisis humanitaria en la que no podrían decir que no hay recursos; en vez de hacer inauguraciones de cosas que no son tan importantes, ese dinero se debería estar destinando a la Fiscalía, si es que de verdad no tiene dinero para estos estudios”, dijo la defensora de derechos humanos.
Indicó que por eso acudieron a la federación, para que si el gobierno estatal está incumpliendo, el gobierno federal se haga responsable, “y eso es precisamente lo que fuimos a pedir (el miércoles), para que se haga este trabajo”.
Agregó que también pidieron a la federación que haya laboratorios itinerantes o ambulantes, como en otras partes del mundo, en donde ha habido la acumulación de cuerpos durante las guerras.
“De alguna manera tienen que hacer el trabajo, y la federación tiene que obligar al estado, eso lo contempla la Ley de Víctimas”, exigió.
Informó que se supone que la FGE tiene un presupuesto que le destina la federación para ese trabajo, pero que se quejan de que no tiene suficiente y que los laboratorios están abandonados.
Sin embargo, insistió en que lo que el fiscal no ha querido es hacer su trabajo, “entonces lo que tiene que hacer la federación, es aplicar la Ley de Víctimas y nueva Ley de Desaparecidos.
Cuestionó que de qué sirven tantas leyes, “si vamos a andar como burro siguiendo la zanahoria, cuando lo que se tendría que hacer es simplemente aplicar los protocolos internacionales y hacer responsable a cada estado”.
Informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Rafael Adrián Avante Juárez se comprometió a venir a Guerrero el 7 de marzo para atender el problema de la acumulación de cuerpos que están en espera de que se les apliquen las muestras del ADN en las instalaciones del Semefo de la entidad.