La alcaldesa de Tetipac, Viola Figueroa Arriaga declaró ante la irrupción de un grupo de 30 o 40 hombres armados la noche del martes en la cabecera municipal; “Yo creo que es algo que no nos podemos espantar porque el estado en general así es”.
La alcaldesa participó en la entrega de reconocimientos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) que se hizo en Palacio de Gobierno.
Al finalizar la actividad se le preguntó de los hechos ocurridos la noche del martes pasado, cuando se reportó la irrupción de 30 o 40 hombres armados que llegaron a bordo de seis camionetas de lujo y se llevaron a tres policías municipales.
A lo que la alcaldesa respondió, “bueno yo creo que es algo que no nos podemos espantar porque el estado en general así es”, y se negó a seguir con la entrevista porque se tenía que tomar la foto con los demás alcaldes que asistieron al mismo evento.
En una segunda consulta, Figueroa Arriaga se contradijo asegurando que el hecho “es una mentira”, y añadió “mira hay ocasiones en las que me gusta más que se enfoquen en lo positivo del municipio que en lo negativo”. Dijo que la inseguridad está en todo el estado.
“Si volteamos a ver a Chilpancingo, Acapulco, Taxco e Iguala, u otro estado, no es específicamente en una región”, señaló.
Insistió que la violencia e inseguridad es un problema social y no de género o de algún partido político o un “sistema”, sino un “problema social que tenemos con los ciudadanos”.
—¿Hubo irrupción del grupo armado de 40 personas?
—Es que eso es mentira, no sé de dónde lo sacaron, sí hay policías, no sé de dónde salió la nota de que habían renunciado, lo desconozco pero ustedes saben que mucha veces cuando nosotros como Ayuntamiento o municipio de cierta manera no trabajamos con tantos medios hay veces que se nos ataca políticamente.
—¿Por qué cuestión política?
—La verdad no me gusta estar como viendo por donde, más bien me gusta trabajar y seguir en lo mío y nuestro tiempo es corto y por lo mismo me gusta ser constante en el trabajo para la gente.
Durante la consulta se le preguntó también sobre la privación de la libertad de dos familiares del ex alcalde priista, Néstor Serrano Rodríguez, y contestó que desconocía esa información.
Señaló que desde su llegada a la administración actual le solicitó al gobierno del estado el reforzamiento de la seguridad en su municipio, por lo que aseguró que actualmente hay policías estatales y municipales trabajando para dar seguridad en la población y negó que hayan renunciado.
En la edición de ayer de El Sur se informó que hombres armados irrumpieron la madrugada del martes en la comunidad de San Gregorio, Tetipac, y amenazaron al comisario del pueblo con levantar y asesinar a toda persona que sea vista después de las 10 de la noche en las calles.
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Reanudan hoy el diálogo con la PGR, informan los padres de los 43 normalistas
A seis meses de que se rompió el diálogo, hoy los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos reanudarán la comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno federal, para conocer los avances de la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como las irregularidades en el proceso señaladas por expertos independientes.
En consulta telefónica el vocero Felipe de la Cruz informó que en esta reunión esperan a integrantes del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México.
Antes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra informó que para esta mesa exigieron los resultados de la investigación interna sobre el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, no obstante la investigación que lleva a cuestas por obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Dijo que solicitaron información de la consignación pendiente de los policías de Huitzuco que detuvieron a un grupo de los 43 normalistas desaparecidos frente al Tribunal Superior de Justicia, así como de dos policías federales identificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que estuvieron en el lugar y permitieron las atrocidades cometidas contra los estudiantes.
Además las acciones de búsqueda de los normalistas, como las líneas de investigación relacionadas al trasiego de droga en Iguala y del quinto camión, probablemente cargado de droga o dinero, según la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que permitiría entender el nivel de violencia y coordinación de distintas corporaciones policiacas con la delincuencia organizada en la agresión a los normalistas y otros ciudadanos.
El 18 de agosto de 2016 los padres de los estudiantes desaparecidos abandonaron la mesa con la PGR, porque los funcionarios estaban dando largas a la presentación de resultados de la investigación interna contra Zerón de Lucio por la manipulación de evidencia que reveló el GIEI desde finales de abril, del mismo año.
En su informe final como coadyuvante de la investigación, el GIEI mostró una videograbación extraoficial tomada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde se observa a Zerón con peritos de la PGR recogiendo materiales muy parecidos a la evidencia que presentaron al siguiente día con fragmentos de huesos humanos, que permitieron la identificación positiva de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
Sin embargo Zerón sólo documentó la operación del 29 de octubre que también realizó a espaldas de los expertos y peritos independientes, representantes de los familiares. A la fecha no hay certeza del lugar del que se sacaron esos restos humanos.
Felipe de la Cruz informó que después de la reunión en la PGR, el sábado 11 de febrero los padres de familia comenzarán otra caravana en dos rutas, al norte y al sur del país para convocar a la Asamblea Nacional de los Indignados, que será el 25 y 26 de febrero en la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Al norte tendrán actividades en Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Michoacán, y en el sur en Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Oaxaca, Huamantla (población) y Tlaxcala (capital) así como en Cuernavaca y Amilcingo, Morelos, del 13 al 17 de febrero.
Intenta el Estado retrasar el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, denuncian padres de los 43
A dos meses de estar exigiendo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega denunció que el gobierno federal está retrasando la conformación del mecanismo internacional de seguimiento en la investigación de los crímenes de Iguala.
Ortega recordó que sucedió lo mismo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, que comenzó su mandato cinco meses después de que se acordó su integración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de las medidas cautelares ante la desaparición forzada de los estudiantes, y a seis meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En consulta telefónica, Melitón Ortega informó que los padres esperan que la reunión con Osorio se concrete el próximo miércoles o el jueves, y que en la reunión mensual con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, el 12 de junio, les deben informar los avances de la investigación del caso.
En tanto, insisten en la conformación del mecanismo que sustituirá al GIEI, que fue separado de la investigación hace dos meses, y en la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.
Subrayó que el funcionario obstruyó la labor del GIEI y quiso desviar la investigación hacia el basurero de Cocula, sembrando evidencias en distintos escenarios.
En cuanto al mecanismo, recordó que las características ya fueron definidas, y en las mesas de trabajo el Estado mexicano ha planteado a la CIDH que su duración sea de seis meses y hasta un año, tiempo suficiente para esclarecer los crímenes.
Sin embargo, indicó que el GIEI permaneció en la investigación un año, durante dos mandatos, y estuvo en la ruta para encontrar la verdad, pero su labor fue obstruida por funcionarios de la misma Procuraduría.
En ese sentido, los padres de familia consideran que el gobierno federal querrá gastar el tiempo del nuevo mecanismo, que se agoten los plazos, para decir al mundo que aceptó el escrutinio internacional. Desconfían de buena voluntad que expresa el gobierno federal.
Asimismo, Melitón Ortega habló de la violencia institucional contra el movimiento magisterial, particularmente en Oaxaca, donde fueron asesinadas nueve personas durante un desalojo a balazos, y la violencia común, que todos los días está sumando homicidios cruentos (decapitados, desmembrados).
Por otra parte, indicó que los padres han recibido amenazados para dejar la lucha; la semana pasada fueron atacados de manera directa por desconocidos que lanzaron piedras al autobús en que se trasladaban a la ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos, a pesar de que las medidas cautelares de la CIDH se extienden a los familiares y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Denunció que la respuesta del gobierno a toda expresión de protesta, “es el garrote, el hostigamiento y el asesinato. De esa manera quiere acallar las voces… no puede seguir así esas agresiones de las fuerzas policiacas hacia el sector magisterial, cuando organismos internacionales y movimientos nacionales, religiosos han hecho pronunciamientos en favor de los maestros”.
De la violencia diaria, los crímenes sin control, opinó que son parte de una descomposición social, de la que son responsables las mismas autoridades “coludidas con la delincuencia”.
Estos temas se abordan en las reuniones de trabajo entre los padres de familia, para definir cómo seguir presionando a las autoridades para que les entreguen a sus hijos.
“Para nosotros, eso significa que las policías de los tres niveles no funcionan para garantizar la seguridad en Guerrero y en todo el país, su política de seguridad pública tiene que ser modificada”, opinó.
No obstante, añadió que el interés de los gobiernos en turno está por la clase empresarial, mientras al pueblo permanece en el abandono total.
Reconoce el Fonden retraso en la reubicación de escuelas dañadas en 2013 pero no es significativo, dice
El director general para la Gestion de Riesgos-Fondo de Desastres Naturales (Fonden), José María Tapia Franco, informó que hay retraso en la reubicación de escuelas afectadas con la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, pero en el resto de las acciones se trabaja de acuerdo al calendario.
En conferencia de prensa en el hotel Holiday Inn después de una reunión privada de evaluacion y seguimiento de las obras financiadas por el Fonden en Guererro con delegados federales, el director dijo que todas las acciones “van conforme a lo presupuestado, van conforme a los tiempos establecidos”.
El director del Fonden, a cada pregunta pedía a los reporteros que especificaran de qué eventos pedían datos y en qué rubro, y cuando se le preguntaban datos concretos evadía con el argumento de que no tenía la información.
Tapia Franco sostuvo que se trató de una reunión de evaluación y seguimiento, y que las obras “de 2013 a la fecha van conforme al calendario, van conforme a lo presupuestado, van comnforme a los tiempos establecidos y se está respondiendo en tiempo y forma, tanto a la ciudadania como a las instituciones, no hay retrasos”, insistió.
Se le recordó que en Guerrero hay escuelas que no han sido reubicadas luego de las afectaciones; aceptó que “sí hay retraso, pero no vemos un retraso significativo, no vemos que haya un riesgo de que no se cumplan las obras, ni (de) que no se cumpla el objetivo ni la meta”.
Explicó que parte del retraso en la reubicación de los planteles se debe a que la administración estatal pasada se comprometió a entregar los terrenos para la reconstrucción de las escuelas, pero no lo hizo.
“Se está haciendo un esfuerzo sumamente complejo, porque muchas veces la reubicación causa mas daño que beneficio a la población; si tú le mueves la escuela a mayor distancia de la que está, le causas un daño a la población y sobre todo a los niños y los padres de familia”.
“Se está haciendo una evaluación integral, a conciencia de cada una, sí hay falta de escuelas, llevamos un retraso, ¿el porcentaje? no soy la institución ejecutora habría que preguntarle al Inifed o al IGIFE, lo que sí te puedo decir es que tenemos la instrucción del presidente (Enrique Peña Nieto), del secretario (de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong) de meternos en darle seguimiento y sacarlo lo más pronto posible”, agregó.
Cuando se permitió el acceso a los reporteros, se pudo escuchar que había un alegato sobre el fin del dinero destinado a la reubicación y reconstrucción de escuelas, porque en Guerrero reportaron que el dinero lo tenía Banobras, pero en esa dependencia lo negaron, por lo que Tapia Franco dijo que pediría una reunión con el comité central de Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Las obras para resarcir los daños causados por los meteoros Ingrid y Manuel “están pendientes, sacarlo de una mejor manera”, añadió.
Del avance de las obras financiadas con recursos del Fonden tras las lluvias de Ingrid y Manuel, José María Tapia indicó que de los 22 mil millones de pesos ya se ha ejercido el 96 por ciento.
En carreteras dijo se ha cumplido casi al 100 por ciento, porque está pendiente el puente de Lomas de Chapultepec, que se entregará en los proximos meses; en inversión para el sector hidráulico se lleva un avance del 97 por ciento, y en la reunión se acordó agilizar las últimas ministraciones del Fonden para el sector hidráulico en el caso de Ingrid y Manuel; en vivienda, evitó dar un porcentaje, y sólo dijo que va “muy avanzado, hay un calendario de acciones muy establecido”; en la reconstruccion de centros de salud, “están avanzando”; y en reubicaciones, tanto de escuelas como de hospitales, también se está avanzando, señaló.
Por separado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reiteró que están pendientes de entregar unas 2 mil casas en 28 municipios como Atoyac, Tixtla, Omitlán, Petatlán, Malinaltepec, Chilpancingo y Edurardo Neri (Zumpango).
De acuerdo con Tapia Franco, en la reunión de evaluación y seguimiento de todos los eventos que han causado afectaciones cuya atención ha sido cofinanciada por el Fonden y los gobiernos estatales, “se hizo un análisis muy claro, muy transparente de todos aquellos eventos en donde ha habido recursos federales o una mezcla de recursos federales y estatales para atender los sectores (de) vivienda, hidráulico, carretero y educativo”.
La reunión, abundó, fue para identificar problemas que impidan la consolidación de las obras para destrabarlas y concluirlas.
Algunos eventos de los que se habló en la reunión, ademas de Ingrid y Manuel, fueron los sismos y sus réplicas de agosto de 2013, de abril de 2014, y los daños causados por los huracanes Raymond y Trudy, e inundaciones costeras.
Tapia Franco indicó que, “hay obras carreteras en suspenso” porque se le dio prioridad a atender las afectaciones causadas por Ingrid y Manuel.
También reportó que hubo “ausencias documentales” de la administracion estatal pasada que han solventando dependencias federales, los documentos faltantes, dijo, tienen que ver con cuestiones administrativas, porque el gobierno del estado no ejerció dinero para la reconstrucción.
A la reunión asistió el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien informó que el gobienro del estado ejercerá 250 millones de pesos que no se aplicaron en 2015 para obras como accesos a playas y la rehabilitación de La Quebrada.
En la reunión estuvieron el director general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores; los delegados de Sedatu, José Manuel Armenta Tello; de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eduardo Rodríguez Abreu; de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Gastélum Espinoza; y de la Seceretaría de Gobernación, Juan Moreno Barrios; y los directores de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez; y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero (Capaseg), Arturo Palma Carro.
Cobraron las empresas la reconstrucción de las casas dañadas Ometepec en los sismos de 2013, pero no las hicieron
De los daños provocados en el sismo de marzo de 2012 de 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en Ometepec, el director del Fonden, dijo que las empresas encargadas de la reconstrucion de las casas afectadas cobraron el recurso del Fonden al 100 por ciento y no hicieron las viviendas.
Reitero que los responsables, ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y constructores fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), “funcionarios que muy mañosamente usaron este recurso”
“Están inhabilitadas las empresas constructoras y, por instruciones del gobierno de la República, se están rehaciendo esas casas; ya no se hace con recursos del Fonden pero las está haciendo la Sedatu”, dijo.
Por separado, el delegado de Sedatu reiteró que son 57 millones de pesos el monto defraudado por los funcionarios y las constructoras, y precisó que son 24 denuncias presentadas ante la PGR.
Agregó que actualmente las casas están a un 97 por ciento de avance, y que algunas ya se han entregado a los beneficiarios.
Sobre el sismo de abril de 2014, de 7.2 grados en la escala Richter con epicentro en Petatlán, Tapia Franco indicó que el Fonden destinó 300 millones de pesos a la reconstrucion de viviendas, de los cuales 151 millones serán ejercidos por la Sedatu, indicó que en este caso el avance es de entre 37 y 40 por ciento, y la otra parte la aportará y ejercerá el gobienro del estado mediante el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur) y será está dependencia la que informe el avance de las obras que le corresponden.
Su gobierno trabajará en la prevención para disminuir la violencia, dice Evodio
El alcalde Evodio Velázquez Aguirre consideró que la nueva estrategia de seguridad que anunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de la reunión del gabinete de Seguridad, debe de ser dirigida a los problemas de violencia, y que su gobierno coadyuvará para que los índices delictivos vayan a la baja.
“Espero que funcione esta nueva etapa de la estrategia que se ha venido desarrollando”, indicó y reiteró que su gobierno apoyará en todo momento; “el gobernador va a dar a conocerlo, tiene que ser un tema más focalizado a los problemas de Acapulco en materia de violencia, y nosotros entrando en la prevención del delito”.
Sostuvo que su gobierno va a cooperar y coordinar esfuerzos para que bajen los índices de violencia, y para ello “vamos a trabajar en la prevención del delito de acuerdo con el plan que hemos establecido y que hemos denominado Escudo Acapulco”.
Luego de una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores en el Fórum Mundo Imperial, dijo que su gobierno presentó un presupuesto de Egresos responsable porque la situación del municipio es compleja: “estamos en números rojos, son más de 4 mil millones de pesos del presupuesto que debe integrar la deuda pública”.
Del sitio de taxis que está cerca de la salida del Maxitúnel y que fue atacado a balazos ayer por la mañana, el alcalde declaró que es un “hecho lamentable, creo que hay que hacer la investigación y facilitar todo para que se llegue a la última consecuencia”.
De la convocatoria que hace la presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera, Laura Caballero, a funcionarios y sociedad, para participar en un pacto por la paz y que incluya a la delincuencia, respondió que “de ninguna manera se puede permitir eso porque existen instituciones”.
En otro tema, del presupuesto de Egresos 2016 que se analiza en la Comisión de Hacienda, Evodio Velázquez dijo que su gobierno presentó un proyecto responsable, porque “reducimos la nómina, los gastos de operación, la compra de materiales, no podemos comprar vehículos, etcétera, y lo más importante, que entendamos la condición de Acapulco”.
Abundó que la situación financiera que tiene el municipio es muy difícil porque “estamos en números rojos, son más de 4 mil millones de pesos del presupuesto porque tenemos que integrar la deuda pública, sin contar (la deuda que tiene) la CAPAMA y habrá un déficit de más de 4 mil millones de pesos”.
Detalló que los regidores que integran la Comisión de Hacienda realizan un “procesamiento responsable y creo que estaremos votándolo el día de mañana (hoy)”.
Los regidores de la Comisión de Hacienda discutían todavía ayer el presupuesto, e incluso funcionarios como el coordinador de Servicios Públicos, Elí Olea, y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ignacio Villalba, acudieron a presentar sus proyectos para defender la propuesta que hacían para que se les asignaran recursos.
La Segob no puede decidir si no hay más prórrogas para los expertos, responde el abogado de los padres
El mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que brinda asistencia técnica en el caso de la desaparición forzada de 43 alumnos de Ayotzinapa, “será de seis meses y puede extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”, dice el acuerdo firmado por el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los beneficiarios de medidas cautelares brindadas por el organismo internacional a víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Por lo tanto la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no habrá otra prórroga para los expertos es una posición política y unilateral que vulnera la responsabilidad que México aceptó ante organismos internacionales, denunció el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica concedió que el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) puede decir que ya no quieren la asistencia técnica del GIEI, pero no puede tomar esa decisión sin un análisis, diálogo y consenso entre las partes que firmaron el acuerdo.
El martes el secretario de Gobernación declaró en radio Fórmula que el periodo del GIEI concluye su mandato el 30 de abril y que no habrá prórroga. Hoy se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue los resultados del cuarto peritaje de fuego que realizó en el basurero de Cocula, con el cual va a concluir en definitiva la tesis oficial sobre el destino de los desaparecidos.
Dicha versión, descartada por científicos de la UNAM, el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense en estudios independientes, pero sostenida por la PGR, dice que todos los estudiantes fueron cremados en un basurero a cielo abierto y sus cenizas lanzadas a un río.
Medidas cautelares por los heridos y los 43
Rosales Sierra estimó que a Osorio Chong le faltó un análisis del Acuerdo de Asistencia Técnica desde la perspectiva de Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de los 43 Estudiantes de la Normal Rural, antes de fijar una posición pública.
El acuerdo depende de las medidas cautelares MC 409/2014 que emitió la CIDH en favor de los 43 alumnos desparecidos y los heridos de los ataques de policías a estudiantes y civiles en Iguala, que México está obligado a cumplir porque firmó la Convención Americana de Derechos Humanos.
Precisó que en este procedimiento México no está siendo prejuzgado de alguna responsabilidad en los hechos de Iguala, pero el organismo consideró que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que está en riesgo la vida de 43 estudiantes. Por lo tanto el Estado debe tomar medidas para salvaguardar esas vidas.
A partir de las medidas cautelares, México debe informar qué hizo para dar con los desaparecidos, la investigación para esclarecer los hechos y a dar asistencia médica y sicológica a los afectados.
En este marco las víctimas solicitaron asistencia técnica internacional y un requisito es que el gobierno mexicano hiciera la solicitud a la CIDH.
Después de las pláticas el 12 de noviembre de 2014 se estableció la creación del GIEI, sus objetivos y su primer periodo de mandato, que se prorrogó seis meses el 19 de octubre de 2015.
En estricto, consideró que debe haber una valoración técnica sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, y revisión del acuerdo entre las partes, antes de fijar una posición.
Sin embargo indicó que la declaración no es casual, se da en un contexto de descalificación de agresión a los cinco integrantes del GIEI, y una serie de obstáculos para que desarrollen su labor.
Con anticipación los padres y abogados han considerado que la intención de las autoridades es delegar su responsabilidad de investigar y esclarecer en hechos en los expertos independientes, y acusarlos de la falta de resultados.
Osorio prometió la permanencia del GIEI, que ahora rechaza: padres
El señor Mario González, papá del normalista desparecido Mario César González Hernández, recordó que en la última reunión que sostuvieron el año pasado en Acapulco con el secretario de Gobernación, éste les prometió que el GIEI permanecería hasta esclarecer los hechos.
“Ayer (martes) lo supimos, en realidad ellos dicen sus cosas pero que recuerde lo que prometió en Acapulco, que no veía ningún problema si se acababa el tiempo de los expertos, (dijo) que daba la vida por saber la verdad, que la permanencia del Grupo se podía extender el tiempo necesario y no había necesidad de que él lo consultara con el presidente, porque era el segundo y tenía autoridad”, relató.
Insistió en que la verdad se va a saber cuando permitan que declaren los militares y los policías federales implicados en los hechos, bajo la supervisión de los expertos, “sabemos quién participó y a quiénes están protegiendo, pero la verdad de lo que aconteció todavía no la sabemos, mientras no declaren los tipos que tienen los videos”, dijo en relación a los soldados que observaron y documentaron algunos ataques.
Consideró que tal vez el gobierno quiere utilizar el último peritaje del basurero para encubrir a las corporaciones policiacas y militares, pero advirtió que los padres no se van a dejar engañar.
Marcha la CETEG oficial en Cruz Grande a 16 meses del caso Ayotzinapa y contra la reforma educativa
A 16 meses de la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) oficial marcharon en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal, y 48 Batallón de Infantería, donde exigieron abrir los cuarteles militares del país para que los padres de los normalistas busquen a sus hijos.
La marcha, en la que participaron unos 500 maestros de las regiones Costa Chica, Montaña, Centro y Acapulco, también fue en contra de la reforma educativa y la evaluación docente que aplica la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A las 10:40 de la mañana, los maestros salieron de las oficinas de la delegación de Servicios Regionales de la Costa Chica, y caminaron en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional hasta llegar frente al 48 Batallón de Infantería, donde realizaron un mitin.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Peña, escucha, los maestros estamos en lucha!”, fueron las consignas que se repetían una y otra vez entre los maestros que portaron gorras y sombreros para protegerse de los fuertes rallos del sol.
En cuatro lonas que cargaron los inconformes y que fueron colocadas en uno de los dos accesos al batallón, se leía “Contaminación, pobreza, corrupción, existen cuando una Ley es injusta, lo correcto es desobedecerla”, “Libertad a los presos políticos” y “Exigimos justicia y castigo para los responsables de la desaparición forzada de los normalistas y caídos del 26 y 27 de septiembre”.
Los maestros, a su llegada al Batallón escribieron en las paredes de acceso al inmueble que era vigilado por militares, “Asesinos”, “#43”, y el nombre de uno de los 43 normalistas desaparecido “Luis Ángel Abarca Carrillo te seguimos buscando”. En la puerta donde se desarrolló el mitin estuvieron unos seis militares que sólo se dedicaron a fotografiar a los maestros y a grabar la protesta.
Desde ahí, los maestros se dirigieron al Palacio municipal, donde tuvieron otro mitin, reiterando la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalista y en contra de la reforma educativa. A la 1 de la tarde, los maestros se retiraron del lugar.
Ahí, n promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) manifestó que la organización busca la unidad de las fuerzas sociales para lograr una impedir el avance de la “amenaza” que sufre el país con las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. “Sólo con la unidad el gobierno está haciendo caso” expresó.
El representante de la CETEG de la región Centro, Carlos Botello Guerrero manifestó que lo único que hacen los militares “es perseguirnos”, y que el acto era una muestra de repudio a las acciones de los militares que sirven a los políticos.
El maestro expresó, “estas instalaciones militares son prisiones de aquellos compañeros luchadores sociales. Ahí está la inteligencia militar que está coludida con el gobierno nefasto de Peña Nieto”.
Exigió a los militares que abran sus cuarteles para que los padres de los 43 estudiantes puedan buscar a sus vástagos. Recriminó la postura del gobierno federal al inventar la “verdad histórica” para que el caso de los normalistas quedara en el olvido. “No se puede superar un crimen y desaparición forzada”, concluyó.
El representante de la Montaña, René Fuentes dijo que los militares que estaban la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala fueron cambiados a distintos destacamentos, como el 48 Batallón, “los que desaparecieron a los normalistas son bestias, y no tienen nombre”. “Ni Peña Nieto ni Osorio Chong han hecho nada para buscar y presentar a los normalistas”, en cambio sí están saqueando a la nación con la privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló.
En su participación, el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero señaló que la protesta no era por gusto, sino porque aún no hay respuesta a la exigencia de presentación de los estudiantes, y tampoco justicia para los caídos.
Recordó que los padres no han descansado en la búsqueda de sus hijos, “con esa rabia que tienen en el corazón”. El dirigente también recriminó el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que no ha tenido una postura enérgica en el caso.
Reyes Ramos pidió a los maestros su comprensión y firme decisión para enfrentar la embestida del gobierno, que a costa de todo quiere que participen en las evaluaciones punitivas, “les pedimos su comprensión y decisión, no pasa nada de esta amenaza de despido a quienes no se presentaron al examen de valuación”, dijo.
Informó que, el 29 de enero la representación legal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidirá cuál será la vía legal que tomarán para enfrentar al gobierno, además de que el 5 de febrero habrá una marcha nacional en la Ciudad de México, y para el 19 de ese mes habrá una de carácter estatal.
Hallan dos cuerpos desmembrados en bolsas de plástico en una calle céntrica de Chilapa
Los cuerpos desmembrados de dos hombres fueron hallados la mañana de este domingo en una calle céntrica de la ciudad de Chilapa.
Según reportes policiacos, antes de las 6 de la mañana fueron halladas al menos seis bolsas negras de plástico con pedazos de cuerpos mutilados y una bolsa pequeña azul con ropa en la calle 7 Poniente, cerca de la avenida Revolución. Además cuatro partes de los cuerpos estaban sobre el pavimento.
El lugar fue resguardado por la Policía Municipal y Ministerial, que después de 30 minutos del hallazgo trasladaron los cuerpos al velatorio del panteón municipal habilitado como Servicio Médico Forense (Semefo) de la agencia del Ministerio Público de Chilapa, para después trasladarlos al Semefo de la capital del estado.
Hasta la tarde de ayer, se desconocía la identidad de las víctimas y según fuentes ministeriales uno de los cuerpos tendría 35 años y el otro unos 25; los dos con el cabello rapado.
El lugar de los hechos está a una cuadra de la catedral sobre la avenida Revolución; a dos cuadras de la casa del ex alcalde priista Francisco Javier García González, y a cuatro cuadras de la del actual alcalde priista Jesús Parra García.
Cuatro días antes, en los primeros minutos del miércoles 20 de enero, fueron hallados dos cuerpos, uno quemado y otro calcinado en la cajuela de un Tsuru blanco sin placas en la calle 24 Sur del barrio de San Juan, cerca del panteón viejo.
Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Rodríguez Alcocer de 58 años, de profesión ingeniero, y Justino Jaimes Hernández de 42, de oficio transportista.
El jueves 21 de enero, la cabecera municipal estuvo blindada por soldados del Ejército, Marina, policías federales, estatales, ministeriales y municipales por la visita de los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional que sesionaron en un local del centro de la ciudad, sobre la avenida Revolución, a tres cuadras de donde ayer fueron tirados los cuerpos.
En esa reunión el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la militarización de la región y la instalación de un cuartel del Ejército cerca de Chilapa, ante la imparable ola de violencia; además del envío inmediato de soldados a Zitlala, Teloloapan y Chilapa, en este último municipio se han registrado 57 desaparecidos en 2014 y 2015.
En 2016 según un recuento de El Sur, nueve personas han sido asesinadas en distintos hechos de violencia en Chilapa y sus alrededores.
Entre los homicidios registrados está el hallazgo de un cuerpo semienterrado en una fosa clandestina en la comunidad de Ajacayán, un policía estatal calcinado en su vehículo en el pueblo de Lodo Grande, un taxista calcinado dentro de su unidad en la comunidad de Tepehuixco, un taxista asesinado a balazos en un sitio de Urvan en Chilapa y un joven muerto con un arma blanca dentro de su casa en la avenida Municipio Libre.
Además fueron hallados dos cuerpos calcinados y quemados el 21 enero en el barrio de San Juan y dos cuerpos mutilados encontrados ayer.
Hasta ayer, el gobierno municipal priista de Jesús Parra García no había fijado una postura ante los hechos de violencia.
Sin referirse a qué hecho, el Ayuntamiento difundió un texto de 17 palabras: “En torno a los hechos ocurridos hoy por la mañana, las autoridades correspondientes están atendiendo la situación”.
Sin información de las autoridades, los vecinos de Chilapa se enteraron del hecho en portales informativos y redes sociales como Facebook, Twitter y la aplicación Whats App.
Cumplen 16 días refugiados en Zitlala vecinos de Quetzalcoatlán sin alguna propuesta
La tercera parte de la población de Quetzalcoatlán cumplió 16 días refugiada en la cabecera municipal de Zitlala, ante el temor de regresar a su pueblo y ser víctimas de la delincuencia organizada y no saben que pasará con ellos porque no hay ninguna propuesta del gobierno, dijeron.
En un recorrido realizado ayer, se observó que los 74 vecinos de esa comunidad permanecen en el albergue habilitado en el auditorio municipal, bajo el resguardo de cuatro patrullas de la Policía Estatal.
Los damnificados dijeron que han recibido ropa del gobierno municipal y vecinos de Chilapa, además de alimentos del DIF municipal.
A las siete de la mañana, las mujeres y hombres se levantan para iniciar sus trabajos con palma; la ponen a secar y se disponen a tejer rollos de 20 metros para venderlos a tres pesos cada uno a los clientes que acuden al albergue.
Los pobladores indicaron que aún no tienen un planteamiento concreto del gobierno municipal, encabezado por el priista Roberto Zapoteco Castro, y no saben que pasará con ellos.
Insistieron en pedir resguardo policiaco en su región, ubicada a dos horas de la cabecera municipal de Zitlala, y ayuda alimentaria.
Ayer durante la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador Héctor Astudillo Flores a Chilapa no se tocó el tema de los desplazados por la delincuencia organizada.
Tampoco se pudo contactar al alcalde Roberto Zapoteco, que este domingo les tomará protesta a comisarios y delegados de 28 localidades.
Se compromete Osorio Chong con familiares de desaparecidos de Chilapa a iniciar su búsqueda con fuerzas federales
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a que las fuerzas federales iniciarán la búsqueda de las personas desaparecidas en el municipio de Chilapa ya a que investigará porqué la búsqueda no se hizo desde que los familiares denunciaron las desapariciones, en mayo de 2015
Ayer, la asociación civil Siempre Vivos –que ha documentado 57 casos de personas que desaparecieron en esta cabecera y que son originarios de éste y otros municipios vecinos– se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Al salir del encuentro, Siempre Vivos informó que el secretario de Gobernación se comprometió a que las fuerzas federales iniciarán de inmediato un operativo de búsqueda para dar con el paradero de las personas desaparecidas.
La prioridad, dijeron, serán los 16 casos registrados del 9 al 14 de mayo, durante la ocupación de la ciudad por civiles armados, pobladores y autoridades de las comunidades del sur del municipio que exigieron un alto a la inseguridad y que llegaron en busca de presuntos integrantes de un grupo delictivo.
Añadieron que el funcionario federal también se comprometió a investigar porqué las corporaciones policiacas federales y estatales no iniciaron la investigación y la búsqueda de esas personas antes, desde que los familiares denunciaron su desaparición.
Por la mañana, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal Xavier Olea Peláez tuvieron un breve encuentro con los familiares de desaparecidos de Chilapa, a quienes entregaron, según informaron los familiares, apoyo económico para seis familias.
También, dijeron, les anunció que el lunes el gobierno del estado y los familiares firmarán un convenio para la creación de un grupo multidisciplinario para la búsqueda de las 57 personas desaparecidas.
En la conferencia de prensa, al finalizar la sesión del gabinete de seguridad, Osorio Chong dijo que la reunión con los familiares es para mostrarles todo el respaldo del gobierno federal y que investigarán qué fue lo que sucedió con las personas desaparecidas, sobre todo con los casos registrados en mayo pasado.