El vocero de las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en esta ciudad hace 112 meses, Melitón Ortega denunció en el acto conmemorativo realizado este sábado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “de la mano” con el Ejército y la Fiscalía General de la República (FGR), trata de detener “a toda costa” el avance de las investigaciones para que se conozca la verdad.
Por su parte, Emiliano Navarrete padre de José Ángel Navarrete González, uno de los 43 jóvenes desaparecidos y miembro de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), señaló que ven una postura “muy prepotente” del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo, le han solicitado una reunión “para que de una vez decida si va a estar dispuesto a que sean entregados los archivos para que se llegue a esclarecer el caso Ayotzinapa”.
Poco después del mediodía del sábado, al cumplirse nueve años y cuatro meses de los ataques contra los jóvenes normalistas, una comisión de madres y padres acompañada de un centenar de alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y miembros del Bloque Democrático de Organizaciones de Iguala, realizaron un mitin para conmemorar los hechos, como lo han venido realizando casi de forma ininterrumpida el 27 de cada mes.
Primero en el obelisco colocado en memoria del normalista Julio César Mondragón Fontes, en la zona de Ciudad Industrial y después en la esquina de Periférico Norte con calle Juan Álvarez, donde fueron ejecutados Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, los padres y los activistas hicieron oración, colocaron flores y realizaron mítines para fijar posturas en las que reiteraron el reclamo de justicia, verdad y castigo a todos los implicados.
En el segundo acto, el representante de los padres, Melitón Ortega, dijo que hoy ven al gobierno de López Obrador “que va de la mano con la estructura de la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR), que tratan a toda costa detener el avance de las investigaciones que se ha logrado por la lucha de los padres y las madres”.
Denunció que se han topado con una realidad de no querer avanzar y mostrar los resultados de las investigaciones, todas la evidencias y los expedientes que el Ejército tiene en sus manos.
Dijo que hoy se niegan a entregar la información que han requerido –los 800 folios– “y cómo vamos a creer que instituciones como el Ejército mexicano, sea una institución que no viola los Derechos Humanos, hay historia en Guerrero y en el país de que las autoridades militares son los que violan de manera permanente los derechos humanos”.
Criticó que llevan más de 9 años de lucha exigiendo al Estado mexicano que resuelva, que investigue y entregue toda la información relacionada con los ataques y la participación de todos los actores del gobierno.
En el mitin advirtió a las autoridades que les corresponde hacer las investigaciones y entregar las evidencias del caso, “no vamos a permitir que nos oculten toda la información, al contrario, vamos a exigir, vamos a continuar con nuestra lucha y continuaremos levantando la voz”.
Por su parte, al tomar también la palabra junto al obelisco en memoria de Daniel Solís y Julio César Ramírez, Emiliano Navarrete reiteró que han solicitado una reunión directa con el presidente López Obrador, “para que de una vez decida si va a estar dispuesto a que sean entregados los archivos (del Ejército) para que se llegue a esclarecer el caso Ayotzinapa; pero vemos una postura muy prepotente”, dijo del mandatario federal.
Reclamó que a 112 meses no tienen verdad ni justicia de la desaparición de sus hijos, y mucho menos de los tres muchachos que fueron asesinados entre la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Denunció que a más de 9 años de los hechos el presidente Andrés Manuel López Obrador “sigue respaldando al Ejército y su 27 Batallón,” motivo por el que consideró, “no se puede avanzar en las investigaciones”, y dijo que es la secretaría de la Defensa Nacional el “obstáculo” para conocer la verdad a pesar de que sus elementos tuvieron gran participación en los hechos, como ha quedado evidenciado en las investigaciones.
Recordó que el gobierno de López Obrador está comprometido con las madres y los padres de los 43 jóvenes a esclarecer el caso y no a obstaculizar, “no es posible que él esté protegiendo a los militares y más funcionarios que fueron partícipes de la agresión a nuestros hijos, sino que al contrario, han sido premiados”.
Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera
Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el
Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.
Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales
El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.
Infiltran movilizaciones: Héctor Torres
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.
En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega
Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.
Los voceros de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Mario González y Melitón Ortega expresaron su preocupación por el rumbo que tomen las investigaciones a raíz de la desconfianza y falta de independencia del nuevo fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.
También reprocharon la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que preside el subsecretario Alejandro Encinas, lo que ha llevado, opinaron, a que haya el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión.
Ambos representantes del colectivo de los 43 padres de los estudiantes desaparecidos fueron entrevistados después de que el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentara su informe de observaciones a las investigaciones del caso.
Mario González dijo que las conclusiones del informe que destaca la falta de independencia del nuevo fiscal de la UEILCA ante la Fiscalía General de la República (FGR), y advierte que pone en riesgo las investigaciones para llegar a la verdad y justicia que exigen, es lo que ya habían venido denunciando.
“Ya pedíamos que la instancia que se encarga de las investigaciones del caso debe ser independiente, lo mismo que el nuevo fiscal, debe ser autónomo”, declaró.
Reprochó que “desafortunadamente no nos hacen caso, esperamos que ahora con las opiniones y recomendaciones del Mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se les escuche, porque es lo que siempre hemos exigido”.
Mario González agregó que también han pedido que las pruebas que se hacen públicas “sean contundentes” y que no nada más “se avienten por apresurarlas o por quedar bien, porque después hay consecuencias”.
Ello en referencia al cuestionamiento de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en días pasados opinaron que no es posible verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Covaj, debido a que no se conoce el origen de las capturas de pantalla que se anexaron al expediente presentado por el subsecretario Alejandro Encinas.
El vocero de los padres dijo que otra incongruencia es la presentación de las demandas de los abogados de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en contra del subsecretario Alejandro Encinas, puesto que las órdenes de aprehensión salieron de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la UEILCA.
Declaró que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ven riesgo en las investigaciones por la falta de independencia de la UEILCA y de su nuevo titular, y denunció que fueron engañados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien les dio la posibilidad de pensar en otro fiscal, “pero vemos que nomás fue de palabra porque finalmente fue impuesto (Rosendo Gómez Piedra)”.
Informó que en la última reunión que tuvieron con el presidente acordaron que los iban a consultar para ver la posibilidad de designar a otro fiscal, “pero vemos que este ya agarró el puesto”.
Informó que en adelante como padres lo que les queda hacer es “lo que siempre hemos hecho, seguir luchando y mantener más que nunca vivo el movimiento y a las vivas con el nuevo fiscal”.
Agregó que ahora no temen que el presidente López Obrador dé carpetazo al caso al final de su sexenio, como lo hizo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, “porque nos acabamos de enterar de la CIDH que la desaparición forzada no prescribe y tienen que seguirse las investigaciones por cualquier gobierno que entre”.
Melitón Ortega dijo que aún con la falta de independencia del nuevo titular de la UEILCA, no ven riesgo de que se dé carpetazo, “al menos eso ha declarado el presidente ante los padres, que no hay la intención de darle el cierre al caso Ayotzinapa, que se mantendrá la vigencia y la investigación, él ha ratificado el compromiso de mantener abierta la investigación”.
Informó que el hecho de que ahora sepan que la desaparición forzada es imprescriptible, “nos da garantía de seguir trabajando de manera conjunta con la CIDH”, dijo, y agregó que aunque el grupo de expertos termine su gestión en diciembre.
Melitón Ortega reprochó la descoordinación que hay entre las instancias que investigan el caso Ayotzinapa, “hay una descoordinación, no se compaginan ni se comparten la información, el gobierno a través de Alejandro Encinas tiene su propia dinámica de trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la UEILCA tiene la suya, y el grupo de expertos trabajan de otra manera y tienen distinta información”.
Declaró que eso ven que es riesgoso para la investigación y que los padres lo ven con preocupación, “que en el discurso se diga que hay voluntad pero en la vía de los hechos haya una ruptura que nos provoca desconfianza”.
“Hay esa preocupación de nosotros, por eso hemos hecho el llamado al presidente, que haya coordinación, de otra manera no vamos a llegar a conocer la verdad del caso Ayotzinapa, no vamos a avanzar si se trabaja de manera separada”.
Advierte la CIDH injerencia de FGR en el caso Ayotzinapa que pone en riesgo la investigación
Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, Julissa Mantilla Falcón, Tania Rennó, Esmeralda Arosemena y Fiorella Messi escuchan a la rondalla Romance con la canción Ahora soy #43, ayer en la Normal Rural ubicada en Tixtla Foto: Jessica Torres Barrera
Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento presentan en la Normal Rural el tercer informe ante los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Piden a López Obrador una indagatoria y una fiscalía independiente. Uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército, señalan. Observan avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas
Zacarías Cervantes
Ayotzinapa
Al presentar ayer su tercer informe a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestaron su preocupación por la falta de independencia y el rumbo de las investigaciones, a raíz de la “intervención” de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
Con la salida del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, ven que hay riesgo en las investigaciones para llegar a la verdad y a la justicia que demandan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. El 6 de octubre fue relevado por Rosendo Gómez Piedra, ex funcionario de Tabasco.
Las integrantes del Mecanismo, encabezadas por la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, llegaron a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa a las 10 de la mañana y fueron recibidas en la entrada de las instalaciones con cadenas de cempasúchil por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, así como por un grupo de estudiantes de la Normal.
Posteriormente se reunieron en privado dos horas en el auditorio de la institución con los padres y después ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación y una fiscalía independiente, en la que no haya injerencia de ningún poder público.
Al final, las cinco integrantes del Mecanismo pidieron un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos y en seguida escucharon las consignas tradicionales de un grupo de estudiantes normalistas, entre ellas: “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa…”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados…” “Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto camarada…”.
Las consignas que retumbaron e hicieron eco en los edificios de la Normal conmovieron a las integrantes de la comisión de la CIDH que visitó las instalaciones y entre sollozos se enjugaron sus lágrimas.
La independencia de la UEILCA, para recuperar la confianza en la investigación
Integran el Mecanismo la presidenta de la CIDH Julissa Mantilla Falcón, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum, la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo María Claudia Pulido, la relatora de la CIDH en México Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la coordinadora de monitoreo especialista para México Fiorella Melzi.
Arosemena de Troitiño leyó el informe durante la conferencia de prensa en la cancha techada de la Normal de Ayotzinapa ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y un grupo de normalistas, alertó que hay “injerencia” del Poder Ejecutivo federal en la causa judicial del caso y pidió la independencia de la UEILCA y del fiscal especial del caso, para que los padres de los estudiantes recuperen la confianza en la investigación.
De acuerdo con el informe del organismo de la CIDH, hubo “intromisiones graves” de la FGR y del Ministerio Público que obligaron a la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, quien estuvo a cargo de la UEILCA hasta septiembre pasado y renunció después de que pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellas contra 20 mandos militares.
Pero la FGR solicitó la cancelación de 21 de esas 83 órdenes de detención, 16 de ellas eran contra mandos militares acusados de delincuencia organizada.
Días después el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se dijo de acuerdo con la decisión de la FGR pues argumentó que las acusaciones contra los militares buscaban generar una “rebelión” en el Ejército.
“La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam por otras unidades finales, ajenas a la Unidad, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe de investigar con debida diligencia”, expuso Arosemena de Troitiño.
En el informe se
destacan los contrastes que hay entre la UEILCA y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), debido a que por una parte se ven “los esfuerzos para esclarecer los hechos y procurar el acceso a la justicia de las víctimas” y, por la otra, “el ocultamiento de información y falta de cooperación con la investigación y judicialización del caso desde determinadas instituciones estatales”.
Cuestionan que el modelo de recuperación de información diseñado por el Estado mexicano encuentra interrupciones en su flujo cuando se trata de documentación que es custodiada por agentes de seguridad e inteligencia del Estado.
“Es preocupante que pese a la creación de nuevos mecanismos y órganos para avanzar con el caso Ayotzinapa, aunado a la voluntad manifiesta para resolver el presente caso al más alto nivel, el Estado mexicano aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”, señala.
El organismo también cuestionó que a ocho años de la desaparición de los 43, uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército.
Del paradero de los estudiantes el informe de la CIDH reconoce que el Estado viene integrando evidencias que dan cuenta oficialmente de la detención de los estudiantes por agentes estatales, “su posterior tránsito por locaciones estatales como La Barandilla o el 27 Batallón de Infantería, y se entregaron a personas integrantes de grupos criminales”.
“Así, en manos de los grupos criminales, los estudiantes habrían sido privados de la vida y sus restos despojados a través de diversos métodos”, subraya el informe.
Agrega que la CIDH “observa que estas hipótesis son objeto de investigación y verificación judicial y recuerda que la determinación del paradero de los estudiantes debe orientar la estrategia de investigación del caso Ayotzinapa” y que deben observarse los tratados internacionales de derechos humanos de los que México “es parte y de la obligación ius cogens de derecho internacional, respecto de la prohibición de la desaparición forzada de personas”.
De la búsqueda, el informe reconoce que el Estado “ha transformado positivamente su estrategia de búsqueda de los 43 estudiantes, procurando acciones coordinadas con las familias y sus representantes legales para garantizar su participación, conocimiento y presencia”.
Refiere que la CIDH ha observado avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas desaparecidos y ha tomado nota de los esfuerzos estatales para la formulación de hipótesis de búsqueda sustentadas en nuevas declaraciones testimoniales, y otras evidencias que obran en la investigación penal del caso.
En la sesión de preguntas y respuestas, Arosemena de Troitiño dijo que la mayor preocupación que se recoge en el informe son los obstáculos que se están presentando para dar seguimiento a la investigación y preparación del material probatorio, que serán presentados ante los jueces para la judicialización del caso, “lo que puede afectar el ritmo de las investigaciones”.
Dijo que hay la necesidad de que las investigaciones se den con la debida diligencia, transparencia e imparcialidad, y que eso se garantiza con independencia, “si hay otra Unidad que no es la que está encargada de las investigaciones, por supuesto que va a haber una afectación al proceso”, advirtió.
Sin embargo, las integrantes del Mecanismo no respondieron a una pregunta de un reportero en el sentido de que si esa injerencia que obstaculiza las investigaciones viene desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Nuestro planteamiento en el informe es que le damos al Estado y a las instituciones esta hoja de ruta y guía orientadora para reconducir aquellas acciones que sean necesarias para que la investigación tenga el cauce debido en estos principios, si no hay independencia, no hay un aseguramiento ni de verdad ni de justicia, que es lo que piden los padres: verdad y justicia”, dijo Arosemena.
“La investigación tiene que ser independiente, la Fiscalía, la UEILCA y cualquier unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de poderes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo ni de nadie”, expuso.
Recordó también, la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, “las desapariciones forzadas no pueden terminarse por un decreto que diga se acabaron, la desaparición forzada es un delito continuo, tan es así de grave que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) no solamente considera víctima de desaparición a la persona desaparecida, sino también a las familias”.
“Tan es así de grave que la ONU y el Sistema Interamericano consideran a la desaparición forzada como una violación de derechos humanos compleja”, y agregó que con mayor razón en el caso Ayotzinapa, “que no es un caso aislado en México, sino que se enmarca en una situación estructural de violaciones de derechos humanos y desapariciones”.
Recomienda profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias
En sus recomendaciones al Estado mexicano, el organismo pide que se establezcan los protocolos para que los documentos que podrían constituir evidencia en el caso Ayotzinapa puedan ser incorporados de modo rápido y sencillo a las investigaciones y judicializaciones en curso.
Además, mantener y profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias en los espacios de coordinación interinstitucional, lo que supone retomar las reuniones periódicas de la Covaj.
También, mantener el modelo de investigación autónomo dispuesto para el caso Ayotzinapa, “consagrando la independencia de la investigación y replicar estas características de investigación en otros casos de graves de violaciones a los derechos humanos en el país”.
Respecto a la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las integrantes de la CIDH informaron que el organismo tomó la determinación de que permanecerán los cuatro integrantes hasta diciembre.
Antes se había dicho que sólo continuarían (sin precisar por cuánto tiempo) Carlos Beristáin y Ángela Buitrago y que se retirarían Claudia Paz y Paz y Francisco Cox.
Sin embargo, ayer se precisó que continuarán los cuatro pero hasta el próximo diciembre.
También padres de los 43 desconfían del nuevo fiscal de la Unidad Especial de Investigación
Reprochan la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, lo que ha llevado, opinaron, a que ocurriera el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Los voceros de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Mario González y Melitón Ortega expresaron su preocupación por el rumbo que tomen las investigaciones a raíz de la desconfianza y falta de independencia del nuevo fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.
También reprocharon la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que preside el subsecretario Alejandro Encinas, lo que ha llevado, opinaron, a que haya el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión.
Ambos representantes del colectivo de los 43 padres de los estudiantes desaparecidos fueron entrevistados después de que el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentara su informe de observaciones a las investigaciones del caso.
Mario González dijo que las conclusiones del informe que destaca la falta de independencia del nuevo fiscal de la UEILCA ante la Fiscalía General de la República (FGR), y advierte que pone en riesgo las investigaciones para llegar a la verdad y justicia que exigen, es lo que ya habían venido denunciando.
“Ya pedíamos que la instancia que se encarga de las investigaciones del caso debe ser independiente, lo mismo que el nuevo fiscal, debe ser autónomo”, declaró.
Reprochó que “desafortunadamente no nos hacen caso, esperamos que ahora con las opiniones y recomendaciones del Mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se les escuche, porque es lo que siempre hemos exigido”.
Mario González agregó que también han pedido que las pruebas que se hacen públicas “sean contundentes” y que no nada más “se avienten por apresurarlas o por quedar bien, porque después hay consecuencias”.
Ello en referencia al cuestionamiento de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en días pasados opinaron que no es posible verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Covaj, debido a que no se conoce el origen de las capturas de pantalla que se anexaron al expediente presentado por el subsecretario Alejandro Encinas.
El vocero de los padres dijo que otra incongruencia es la presentación de las demandas de los abogados de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en contra del subsecretario Alejandro Encinas, puesto que las órdenes de aprehensión salieron de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la UEILCA.
Declaró que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ven riesgo en las investigaciones por la falta de independencia de la UEILCA y de su nuevo titular, y denunció que fueron engañados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien les dio la posibilidad de pensar en otro fiscal, “pero vemos que nomás fue de palabra porque finalmente fue impuesto (Rosendo Gómez Piedra)”.
Informó que en la última reunión que tuvieron con el presidente acordaron que los iban a consultar para ver la posibilidad de designar a otro fiscal, “pero vemos que este ya agarró el puesto”.
Informó que en adelante como padres lo que les queda hacer es “lo que siempre hemos hecho, seguir luchando y mantener más que nunca vivo el movimiento y a las vivas con el nuevo fiscal”.
Agregó que ahora no temen que el presidente López Obrador dé carpetazo al caso al final de su sexenio, como lo hizo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, “porque nos acabamos de enterar de la CIDH que la desaparición forzada no prescribe y tienen que seguirse las investigaciones por cualquier gobierno que entre”.
Melitón Ortega dijo que aún con la falta de independencia del nuevo titular de la UEILCA, no ven riesgo de que se dé carpetazo, “al menos eso ha declarado el presidente ante los padres, que no hay la intención de darle el cierre al caso Ayotzinapa, que se mantendrá la vigencia y la investigación, él ha ratificado el compromiso de mantener abierta la investigación”.
Informó que el hecho de que ahora sepan que la desaparición forzada es imprescriptible, “nos da garantía de seguir trabajando de manera conjunta con la CIDH”, dijo, y agregó que aunque el grupo de expertos termine su gestión en diciembre.
Melitón Ortega reprochó la descoordinación que hay entre las instancias que investigan el caso Ayotzinapa, “hay una descoordinación, no se compaginan ni se comparten la información, el gobierno a través de Alejandro Encinas tiene su propia dinámica de trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la UEILCA tiene la suya, y el grupo de expertos trabajan de otra manera y tienen distinta información”.
Declaró que eso ven que es riesgoso para la investigación y que los padres lo ven con preocupación, “que en el discurso se diga que hay voluntad pero en la vía de los hechos haya una ruptura que nos provoca desconfianza”.
“Hay esa preocupación de nosotros, por eso hemos hecho el llamado al presidente, que haya coordinación, de otra manera no vamos a llegar a conocer la verdad del caso Ayotzinapa, no vamos a avanzar si se trabaja de manera separada”.
Investiga la UIF?a Murillo Karam por caso de lavado de dinero ligado a los Pandora Papers
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a familiares y ex colaboradores, a raíz de su implicación en los Pandora Papers.
El organismo a cargo de Pablo Gómez informó que en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en los Pandora Papers, entre ellas Murillo Karam.
“En esas condiciones, la UIF con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, dijo la unidad especial.
Implica al hijo de ex titular
de la SCT en la investigación
En el lavado de dinero por el que se investiga al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también está involucrado el hijo del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Dosal, quien fue su secretario particular.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la dependencia que encabezó Gerardo Ruiz Esparza, otorgó contratos millonarios a una empresa de familiares de Murillo.
Las contrataciones se dieron en la primera mitad del sexenio pasado, cuando Ruiz Dosal era secretario particular de Murillo en la PGR y su padre, estaba al frente de la SCT.
Se trata de las empresas Alvarga Construcciones y Kouro, esta última una razón social en la que participaron como socios dos hijos, un yerno y un sobrino del ex titular de la PGR.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la SCT, y en ese mismo lapso, (Murillo) tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, indicó la UIF.
La indagatoria contra Murillo Karam, que derivó en una denuncia presentada ayer por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal, surgió tras la investigación internacional denominada Pandora Papers, revelada en octubre del año pasado, que exhibió a personajes y políticos que usaron empresas “off shore” y fideicomisos en paraísos fiscales para ocultar cuentas millonarias.
Según la denuncia, Murillo Karam recibió depósitos por 2.8 millones de dólares y transferencias al extranjero de 26.5 millones de pesos, los cuales supuestamente no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, informó la UIF.
Estudiantes que se encuentran de guardia en una carpa bloquearon la avenida Juárez y se confrontaron con policías capitalinos y lanzaron un explosivo a una patrulla
Policías de la Ciudad de México aprendieron y golpearon a un estudiante de primer grado de la Normal Rural de Ayotzinapa que hacía guardia en una carpa instalada en el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, y para justificar la agresión, las autoridades capitalinas le abrieron una carpeta de investigación por el delito de robo, denunció el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Melitón Ortega.
En consulta telefónica, indicó que esta acción provocó la protesta inmediata de sus compañeros que bloquearon la avenida Juárez, junto al Hemiciclo. De acuerdo con reportes periodísticos, ahí se suscitó una confrontación con los agentes de Seguridad Pública, donde los manifestantes lanzaron un artefacto explosivo a una patrulla.
Los normalistas que estaban en la escuela, en Tixtla, también organizaron una protesta en la capital del estado, donde atacaron a una patrulla de la Policía Federal e intentaron llevarse a uno de los oficiales, a fin de hacer un intercambio, de acuerdo con el reporte del gobierno del estado.
Melitón Ortega aclaró que el estudiante fue localizado y luego liberado por las autoridades de la Cdmx; por la tarde noche continuaban las pláticas para retirar el cargo contra el normalista.
Explicó que los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tuvieron un acto cívico la tarde del sábado 15 de septiembre en el Hemiciclo a Juárez, una actividad que denominan el anti-grito de Independencia, con activistas y sindicalistas.
Para resguardarse de la lluvia, colocaron tiendas de lona que dejaron en el lugar para continuar este domingo 16 de septiembre una actividad cultural.
Ahí se quedaron algunos estudiantes y activistas haciendo guardias, al cuidado de los materiales.
Indicó que alrededor de las 2 de la tarde de ayer, un grupo de policías, uniformado, llegó la tienda agrediendo a un par los jóvenes por la colocación de la tienda en un sitio prohibido. Les dijeron que ahí no podían acampar.
Indicó que los agentes trataron de detenerlos y uno de ellos logró escapar, y al otro lo aprehendieron, y de inmediato sus acompañantes comenzaron un bloqueo a la avenida principal de la capital del país.
El activista, tío de uno de los normalistas desaparecidos, aclaró que al enterarse, los integrantes del movimiento por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa comenzaron a buscar a los enlaces con el gobierno de la Ciudad de México, para ubicar al estudiante. Al mismo tiempo, dijo que los normalistas emprendieron acciones de protesta para exigir su libertad inmediata.
El vocero confirmó que encontraron al estudiante en la delegación Cuauhtémoc, golpeado y acusado de robo.
Aclaró que el delito fue montado porque existen testimonios de personas que vieron a los policías perseguir al normalista que se resistió a una detención arbitraria, y cuando se logró el diálogo con los mandos de seguridad pública, les dijeron que lo aprehendieron por el robo de un celular, lo cual también consideró una provocación.
Indicó que una vez que el normalista fue liberado, se suspendieron las protestas, y aún se reunirían con las autoridades capitalinas para demandar la cancelación de la orden de aprehensión y que se investigue los golpes al detenido. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
El vocero de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega dijo que mientras no se resuelva el caso ninguno de los detenidos debería de ser liberado.
El juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, David Calderón Blanc dictó la libertad bajo reservas de ley a Marco Antonio Ríos Berber, El Cuasi, Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, y Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, así como a Honorio Antúnez Osorio, El Patachín, ex policía municipal de Iguala, al concluir que no existen elementos probatorios para sostener un juicio en su contra.
Los cuatro fueron acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, El Tongo podrá salir en libertad y los otros tres seguirán en el penal de El Rincón en Nayarit, porque también están acusados de otros delitos.
Vía telefónica, informó que los padres y madres se enteraron de la liberación por los medios de comunicación pero no se han reunido para discutir el tema y emitir una postura, pero consideran que quienes están en prisión es porque tienen una responsabilidad que aclarar. “Tenemos esa convicción de que queremos verdad, justicia, que las cosas se esclarezcan, no es nuestra intención tener gente adentro de la prisión, pero mientras no haya esclarecimiento no puede estar alguien fuera sin haber aclarado la desaparición de los 43”, expresó, y reiteró que aún no hay una postura definitiva, pero se reunirán los próximos días para discutir el tema. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes normalistas colocaron ofrendas florales en los tres memoriales en el lugar donde fueron hallados los cuerpos de los tres estudiantes asesinados la noche y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A 44 meses de los hechos de Iguala, durante los actos realizados la tarde de ayer, los padres de los estudiantes desaparecidos denunciaron que el presidente de la República Enrique Peña Nieto, se quiere ir con las manos limpias y sin dar resultados reales de las investigaciones para dar con el paradero de los 43 estudiantes.
Acompañados de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y una representación de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) los padres recorrieron los tres memoriales donde fueron encontrados los cuerpos de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, y Julio César Ramírez Nava.
En su intervención, el vocero Melitón Ortega dijo en nombre de los papás que la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes permanecerá, y que los padres no tienen ninguna afinidad política, por eso van a seguir levantando la voz hasta el final.
Dijo que a tres años y medio de la desaparición de los estudiantes es preocupante que no se les dé atención, y tampoco las familias de los tres estudiantes asesinados han tenido justicia, porque simplemente no hay responsables de los crímenes.
El padre de uno de los estudiantes reclamó que el gobierno de Peña Nieto se quiere ir con las manos limpias de su sexenio, pero recordó que no ha dado resultados reales ni esclarecido el caso y reclamó que le toca al actual presidente priista dar los resultados, antes de que se vaya.
Una de las madres de los normalistas que participó pidió a la población que no los deje solos en su lucha, porque le han quitado un pedazo de su vida, y que no están completos.
Un estudiante recordó que no hay justicia ni verdad, porque la PGR ha puesto mentiras en las investigaciones sobre el caso, porque no quiere investigar en lo profundo.
En nombre de los estudiantes, uno de los normalistas dijo que nadie se cree la historia oficial de que sus compañeros fueron incinerados en el basurero de Cocula porque no hay pruebas científicas.
A tres años de los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala que dejó seis muertos, tres de ellos normalistas y 43 detenidos-desaparecidos, los padres de éstos no han visto una postura clara de condena ni de exigencia de que el caso se esclarezca y se castigue a los responsables por parte del gobernador Héctor Astudillo, declaró ayer el vocero Melitón Ortega.
Dijo que, por el contrario, a casi dos años de su gobierno, ha mantenido el mismo patrón de represión en contra del movimiento de los padres de los 43 desaparecidos y en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Melitón Ortega fue entrevistado en la caseta de Paso Morelos de la Autopista del Sol, municipio de Huitzico, mientras normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), dejaban el paso libre a los automovilistas.
Ortega agregó, asimismo, sigue suspendido el diálogo con el gobierno federal desde el 29 de agosto, luego de que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, volvió a inmiscuirse en el caso e insistió en la validez de la “verdad histórica” que establece que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Desafortunadamente el Estado mexicano y la Procuraduría General de la República (PGR) se han negado a avanzar en las cuatro líneas fundamentales, que es la investigación a los militares del 27 Batallón de Iguala, el seguimiento de los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos para conocer el contenido del cruce de llamadas que se hicieron después de que desaparecieron, no quiere investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago, Estados Unidos y tampoco ha detenido a los policías de Huitzuco”, dijo el vocero de los padres.
Añadió que esta es una petición en la que han insistido ante la PGR pero que la dependencia no ha actuado “entonces pensamos que quieren que esas líneas y los responsables queden en la impunidad”, denunció.
Advirtió que frente a esta situación los padres van a tener que reconsiderar las acciones, “vamos a tener que definir qué tenemos que hacer ante esta falta de interés por parte del gobierno federal”, dijo.
Explicó que ante la cerrazón de las autoridades federales, los padres decidieron realizar una jornada de protesta el sábado, cuando acudieron a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, a la que calificó como “una protesta más” y dijo que “lo que los padres están haciendo es responsabilidad del gobierno porque no ha dado respuesta a la petición de los padres”.
Melitón Ortega añadió que los padres están en su derecho de señalar al Ejército de ser el responsable de la desaparición de sus hijos “porque nos está ocultando evidencias, como el contenido del control del C-4 y toda la información que se concentró en manos del Ejército y que no ha querido entregar”, se quejó.
Agregó que tampoco les sorprende a los padres la postura del gobierno estatal que a través de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, calificó como actos de vandalismo de los estudiantes, la protesta que realizaron el sábado afuera del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en donde expresó que sólo se dio un encuentro “ríspido” con los militares.
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa tomaron ayer la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México durante cuatro horas y marcharon desde la Procuraduría General de la República hasta el Hemiciclo a Juárez, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
Las manifestaciones son parte de la Acción Global por Ayotzinapa, que se realiza los días 26 de cada mes, para exigir el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, durante los cuales fueron asesinados tres normalistas y 43 desaparecidos.
Ayer se cumplieron 35 meses de los ataques. Los padres de familia encabezaron las protestas en la Ciudad de México, y participaron integrantes de distintas organizaciones sociales del país.
En la marcha, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, avizoró que para 2018, por los tiempos electorales, el gobierno intentará “ensombrecer el tema” de Ayotzinapa, por eso aseguró que de no haber resultados el próximo 29, el movimiento radicalizará sus acciones.
A dos años 11 meses de que policías municipales de Cocula, Huitzuco e Iguala, presuntamente con miembros del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, y la participación de efectivos del Ejército, la principal consigna de los padres en un mitin fue que las autoridades den resultados de las cuatro líneas de investigación pendientes.
Las acciones en la Ciudad de México comenzaron a las 10 de la mañana. Padres, integrantes de organizaciones sociales y normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FCSM) se reunieron en el antimonumento a los 43 ubicado en el Paseo de Reforma, luego partieron a la caseta de Tlalpan donde estuvieron hasta las 14:00 horas dando paso libre.
Los contingentes llegaron cerca de las 17:00 horas a la Procuraduría General de la República (PGR). Los esperaban otras organizaciones para comenzar la marcha que salió de esa sede hacia el Hemiciclo a Juárez. Faltaba una hora para que lloviera cuando los normalistas junto a los padres gritaron: “¡Ni la lluvia, ni el viento, detendrán el movimiento!”.
“¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”, repitieron miembros de La Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Brigada por Ayotzinapa, Ciudad de México con Ayotzinapa; también personas portando pancartas con tres fechas: 2 de octubre, masacre de Tlatelolco; 10 de junio, Halconazo; 26 de septiembre, desaparición forzada de los 43.
La Brigada Marabunta, como en cada marcha en la ciudad, colocó una cuerda de protección para el primer contingente, el de los padres portando gallardetes con el nombre de sus hijos, luego iban formados los estudiantes de primer año de Ayotzinapa, los llamados “pelones” por su rapado obligatorio al entrar a la normal, después las demás agrupaciones.
Alrededor de las 18:00 horas la lluvia comenzó cuando los manifestantes llegaban al antimonumento que simboliza un número 43 con letras rojas; Melitón Ortega, vocero de los padres, pidió una parada allí para leer los nombres de cada uno de los 43. Luego de que Melitón repetía cada nombre, los demás contestaban: ¡presentación con vida!”.
La parada no duró más de 5 minutos porque comenzó a llover y la gente avanzó. Un activista regaló rosas a las mamás de Ayotzinapa y colocó pétalos en forma de corazón en el piso y una cartulina: ¡35 meses de impunidad y la esperanza de los 43, sigue!”.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, reiteró que son cuatro líneas pendientes, entre éstas que les den un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, que se investigue el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la investigación al Ejército y quedan pendientes consignaciones contra policías de Huitzuco.
Consideró que el tema electoral “va ser un nubarrón que va invisibilizar la justicia para Ayotzinapa. Los padres tenemos que hacer una revisión acuciosa para ver cómo remamos contra esa vorágine electoral que va a venir. Por eso la posición de los padres es poder avanzar en estos meses, arreciar las movilizaciones, para ver si hay un cambio de posición”.
Lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya administrado el conflicto hasta ahora, “dan avances a cuenta gotas, es una estrategia que ya tienen. No quieren ahondar en las líneas de investigación, que se devele las instituciones medradas por la corrupción, que están inmiscuidos con la delincuencia organizada, eso le resta votos al PRI en el 2018, ahondar sería evidenciar a un gobierno corrupto”.
El vocero de los padres, Melitón Ortega, advirtió que si el 29 próximo la PGR no da avances a la comisión de seguimiento de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aumentará el tono de las movilizaciones; el próximo 2 de septiembre inician giras por Guerrero, para que del 15 al 26 las movilizaciones a nivel nacional sean simultáneas.
Hubo varias participaciones durante el mitin que continuó aún con la lluvia, y concluyó con el himno socialista Venceremos.
En la tercera jornada de protesta por el estudiante detenido organizada por el Colectivo Revueltas, padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa y dirigentes de la escuela normal convocaron a estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) a participar en las acciones de protesta por los tres años de los ataques y desaparición forzada de sus compañeros el 26 de septiembre.
El día del Estudiante Detenido-Desaparecido coincide con la semana internacional de la Desaparición Forzada y se conmemora cada año, por el grupo jóvenes, desde la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, de manera independiente a Rectoría y a la dirección escolar, en la Unidad Académica de Filosofía y Letras, siempre con el acompañamiento de los padres y representantes estudiantiles de la normal rural.
El representante de los padres, Melitón Ortega, habló de la lucha de la presentación de los normalistas y de las irregularidades en el proceso, cometidas por autoridades para criminalizar a los jóvenes desaparecidos, a fin de deslindar la responsabilidad a los agentes de la fuerza pública de los tres órdenes de gobierno involucrados.
Denunció que la entonces Procuraduría del estado dijo que 17 jóvenes estaban enterrados en fosas, un duro golpe para los padres, y fue descartado con el análisis de ADN del Equipo Argentino de Antropología Forense, “ahí comenzaron las inconsistencias, comenzaron a mentir y la campaña de descalificaciones” contra los estudiantes.
Añadió que cuando la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación, los padres recibían mucha información en la escuela del posible paradero de los estudiantes y pidieron que la Policía Federal fuera con ellos buscar a los estudiantes en casas abandonadas, barrancas, cerros y colonias. Ahí, “mandaban por delante a los papás, para que ellos (los padres) les dijeran a los policías por dónde ir, ¡fue pura simulación!”, recriminó.
Destacó que la intervención del mecanismo internacional de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permitió descartar la tesis oficial del basurero de Cocula, que daba por muertos y quemados hasta las cenizas a los 43. Lamentó que el gobierno insista en mantener esa versión en la investigación, para proteger a los perpetradores y a quienes elaboran “la falsedad de la verdad histórica”.
Un dirigente estudiantil denunció que las agresiones a la normal de Ayotzinapa reflejan el odio contra una institución que abre las puertas a los jóvenes más pobres, cuyas opciones son el narcotráfico, las corporaciones policiacas o la normal rural. Por esta misma razón, los estudiantes hacen una defensa entrañable de la escuela, al grado que los cuerpos policiacos acosan cada acción de los normalistas, mientras en el estado están ocurriendo tantos asesinatos en las regiones.
Convocó a los universitarios, estudiantes y académicos, a acudir a las acciones que preparan a tres años de los hechos de Iguala.
En la jornada participaron académicos y reporteros. Hoy se espera al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos, entre otros invitados.
