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Exigen indemnización pescadores de Petacalco, La Unión, a 10 meses del derrame de combustóleo en el río Balsas

 

 
Dirigentes de cooperativas pesqueras de la comunidad de Petacalco, en el municipio de La Unión, exigieron una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para hablar sobre la indemnización de la empresa Flensa, ante la contaminación que provocó el derrame de combustóleo al río Balsas en febrero de este año.
Ayer viernes, en la plaza principal de Petacalco, el dirigente pesquero, Gilberto Barrera Reyes, acompañado del comisario municipal de esa localidad, Epifanio Reyes Ramírez, y del presidente de la cooperativa Delfín, Arturo Vargas Ramos, así como de una decena de representantes de cooperativas pesqueras, ofreció una conferencia de prensa para decir que a 10 meses del derrame de combustóleo en el río Balsas, el gobierno del estado no ha citado a los representantes legales de la empresa responsable del derrame para que indemnice a los pescadores.
El 13 de febrero de este año, en la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, en el puente Dr. Ignacio Chávez, que atraviesa el brazo izquierdo de la desembocadura del río Balsas y que es el límite entre los estados de Guerrero y Michoacán, una pipa con doble tanque que transportaba 32 mil litros de combustóleo, de la empresa Flensa SA de CV, se volcó y derramó todo el combustible directamente al río.
La mancha del combustóleo llegó al mar, afectando a mil 200 pescadores de la zona de Petacalco, por lo que desde marzo de 2016, iniciaron las gestiones ante el gobierno del estado para que la empresa de transporte de carga especializada se responsabilizara de la afectación que el derrame ocasionó al sector pesquero y que cubra una indemnización ante la mengua de la pesca en la zona.
El gobierno del estado pagó más de 1 millón de pesos a un especialista para que hiciera un estudio sobre la contaminación provocada; sin embargo, pese a las muchas reuniones que los pescadores han tenido con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado, no ha sido posible que éstos citen a la empresa para que atienda la exigencia de indemnizaciones.

La empresa responsable del derrame es propiedad de un familiar de Enrique Peña Nieto, denuncian

“Nos enteramos de que la empresa Flensa es propiedad de un familiar del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a lo mejor por eso no han querido tocarla”, dijo Gilberto Barrera.
Indicó que, “estamos viendo que el tiempo se pasa y a 10 meses del derramamiento, no ha sido posible que nos atiendan; nosotros estamos pidiendo una audiencia personal con el gobernador, Héctor Astudillo, para hablar con él, para pedirle que atienda al sector pesquero de Petacalco, que tenemos meses sin buenos ingresos, porque toda nuestra zona de pesca está contaminada, el río donde anidaban las especies de peces está muerto, todo se acabó, ya estamos desesperados”, relató el dirigente pesquero.
A pregunta expresa, Barrera Reyes, quien también encabeza movimientos sociales contra de la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, ubicada en Petacalco y propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que también esa planta generadora de energía resultó afectada por el derramamiento del combustóleo, “sus turbinas se afectaron, con la diferencia de que ellos sí demandaron a la empresa y ésta les condicionó el retiro de la demanda a cambio de que les siguieran surtiendo del combustóleo, se arreglaron en otros niveles”.
Luego, advirtió que de no haber una respuesta del gobernador, “no nos va a quedar más remedio que volver a la movilización; hemos sido pacientes y hasta agradecidos con el apoyo que nos ha dado el gobierno del estado en todo este proceso, pero queremos que nos reciba el gobernador, que escuche nuestras propuestas y nuestras demandas, por eso, si el lunes no tenemos una respuesta, no nos va a quedar de otra más que movilizarnos, aunque resulten terceros afectados”, advirtió.

En Iguala participaron unos 40 funcionarios del Ejército y policías que pueden ser identificados: Anabel Hernández

 

La periodista Anabel Hernández presentó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzianapa su libro La verdadera noche de Iguala, donde destaca la participación del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Ministerial, en los ataques a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes.
En este crimen participaron unos 40 funcionarios del gobierno que pueden ser claramente identificados y sometidos a procesos, incluso pocas horas después de los hechos, ante los dictámenes periciales de balística, videos, bitácoras del C-4 y testimonios de los sobrevinientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos.
De esto dijo que se trata de autoridades de la 35 Zona Militar, del 27 Batallón de Infantería, la PGR, la SSP y la Policía Ministerial del estado, así como policías municipales de Iguala.
La periodista dijo que, durante los dos años que investigó para este libro no encontró ningún indicio de que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado, como quiso mostrar el gobierno.
Anabel Hernández contó que a finales de 2014 inició su investigación, luego de que la PGR integró una averiguación manipulada, porque la intención de la autoridad desde un principio fue esconder la verdad, ocultar las pruebas periciales, forenses, las pruebas de balística que eran fundamentales, para encontrar incluso que soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a los autobuses donde se transportaban los normalistas.
Comentó que el ejemplo de amor de los padres que emprendieron esta lucha fue el que la hizo desde el exilio involuntario en el que se encontraba, y al que la obligó el gobierno de México, regresar al país a investigar lo que realmente pasó la noche de ese 26 de septiembre.
Resaltó que durante este tiempo, el mismo gobierno ha querido dividir a la sociedad mexicana, y que entre algunos sectores lo ha logrado, y aunque localizar a los 43 normalistas es asunto de verdad y justicia, lo hace parecer solamente como un asunto ideológico y político.
“Para mí, que he hecho esta investigación durante más de dos años, y que llevo más de 23 siendo periodista de investigación –que he hecho muchas, muchas investigaciones muy complejas–, he dedicado los últimos 11 años de mi vida a investigar el crimen organizado en este país, cómo funciona, cuáles son los botones que lo detonan; les puedo decir que veo con absoluta claridad que el tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sólo un tema de 43 personas o de sus padres o de sus compañeros, es un tema que condena, que sintetiza lo que hoy es México, y nos involucra a todos”, dijo Anabel Hernández.
La periodista les leyó a los padres de los normalistas una reflexión que preparó para ellos, donde expuso que lo único que los normalistas buscaban era la transformación del país a través de la cultura y la democracia, y que, sin embargo, el Estado mexicano intentó criminalizar la protesta y dividió a la sociedad, haciendo ver las exigencias de los estudiantes como un tema de lucha ideológica y no de justicia social.
“Pareciera que el sistema político mexicano prefiere jóvenes sin educación, sin empleo, ni futuro, que engrosen las filas de la miseria y del crimen organizado, a que haya jóvenes educados como ustedes, que luchen por sus derechos y transformen a este país en una verdadera democracia”, leyó.
Agregó que “para comprender lo que pasó en Iguala y la impunidad de los crímenes había que entender que para el gobierno de México los estudiantes de esta escuela eran más peligrosos que los propios carteles de la droga, quizá porque con los carteles de la droga, el Estado mexicano siempre ha encontrado la maneras de convivir y encontrar intereses en común”.
Explicó que los hechos antes, durante y después de esa noche representan dos crímenes deleznables que pusieron a prueba al sistema político y de justicia de México.
El primero, dijo, fue el de los ataques perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre, del que resultaron muertos seis civiles, entre ellos tres estudiante, 16 normalistas lesionados de armas de fuego y 43 desaparecidos.
El segundo crimen fue el que comenzó en el instante que inició la investigación de las autoridades para encontrar a los 43 y castigar a los responsables.
En este crimen y en su encubrimiento, las instituciones responsables de procurar justicia fabricaron culpables mediante torturas, manipulación y desaparición de pruebas, ejemplificó. Indicó que participaron funcionarios del más alto nivel en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación, la PGR, el Cisen e incluso la Presidencia de la República.
“A todos, periodistas, organizaciones sociales de derechos humanos y a la sociedad en general, nos corresponde que esta tragedia en México no sea una más, que los responsables de los hechos de esa noche y que quienes los han encubierto durante dos años y tres meses sean sometidos a juicio, no sólo por un derecho de los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, sino de toda la sociedad mexicana”, subrayó la periodista.
Añadió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debería ser el primero en estar presente y honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, haciendo que las instituciones encuentren y provean justicia, pero que no ha estado y ni estará.
Anabel Hernández subrayó que, “si el jefe del Ejecutivo no encuentra las condiciones para hallar a los estudiantes desaparecidos, dar verdad y justicia a la sociedad mexicana en este caso, debemos ayudarle y solicitar que se conforme un tribunal internacional especial en este caso que sancione a todos los responsables”.
Ahondó que, como periodista de investigación ha tratado de hacer su contribución, la búsqueda de verdad y justicia. Y que pudo separar la mentira histórica fabricada por el Estado de los hechos reales y que dio visibilidad a las víctimas y a los victimarios en esta historia.
“Hoy, entrego a ustedes el resultado de esta modesta colaboración, esperando sea útil y dé un poco de luz a los hechos que el gobierno de México pretendía ocultar en la obscuridad de la fabricación de la llamada verdad histórica”, dijo.

Hay documentos en los que se considera a los normalistas un problema de seguridad nacional, dice

Anabel Hernández contó que, en esta investigación tuvo acceso a un documento secreto del gobierno mexicano en el que considera a los normalista de Ayotzinapa un problema de seguridad nacional.
De los documentos a los que accedió y que dijo que han incomodado al gobierno, detalló que son investigaciones internas que hizo la Visitaduría General de la PGR. Una focalizada en el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, en la que indica que con dolo sembró pruebas de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, y sus restos tirados al río San Juan.
El otro documento es de una auditoría que se hizo a los cientos de tomos que conforman la averiguación previa de lo que pasó en Iguala, un documento de más de mil páginas.
Dijo que uno de los documentos, de 177 fojas, ya está disponible en la página de internet www.laverdaderanochedeiguala.com, y que hará público el segundo documento en enero.

Los ataques pudieron ser para recuperar los autobuses que llevaban droga, indica

Durante la ronda de preguntas de los asistentes, el padre de uno de los normalistas preguntó si los dos autobuses de la Estrella de Oro que fueron atacados realmente llevaban heroína.
Anabel Hernández respondió que, de acuerdo con documentos que consultó en la investigación, entre ellos la denuncia penal que hizo la empresa tras la toma de los dos autobuses, está la hipótesis que el 22 de septiembre, cuando los normalistas tomaron al azar estos autobuses no se percataron del contenido, y se los llevaron a Iguala el 26 de septiembre; en el trayecto fueron monitoreados por el C-4, y sucede el ataque de soldados y policías para, supuestamente, recuperar los camiones.
Los padres agradecieron a la periodista su investigación y aportación en la búsqueda de la verdad y para poder dar con el paradero de sus hijos.
La editorial Grijalbo donó 43 libros para cada uno de los padres, que fueron dedicados por la periodista, que se comprometió a regresar si los padres se lo piden, después de leer el libro, para seguirle planteando sus dudas.

Advierte Tlachinollan el riesgo de que se apruebe una ley para que el Ejército siga en las calles


El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que hay un grave riesgo de que en lugar de atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal haga una ley a modo para dar facultades constitucionales al Ejército para mantenerlo en las calles en acciones de seguridad pública.
Afirmó que es evidente en las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y en la reacción del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el primero dijo que los militares no están obligados a combatir el crimen organizado y si les piden que regresen a los cuarteles lo harán.
La respuesta pública del Presidente ante los secretarios de la Defensa y la Marina fue que por lealtad las fuerzas armadas van a continuar en labores de apoyo a autoridades civiles en materia de seguridad, pese a que reconoce que la tarea corresponde a las procuradurías y secretarías de seguridad pública.
Consultado en el mitin político que encabezaron los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estudiantes y activistas en la capital, a cinco años del desalojo policiaco en la Autopista del Sol en Chilpancingo, señaló que es una campaña “para impulsar una ley que entendemos está siendo cocinada entre grupos políticos, para hacer una ley a modo”.
Aseguró que hay un grave riesgo de retrocesos legales y sobre todo, peligro de que se haga lo contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que piden que sean las autoridades civiles las que se encarguen de la seguridad e investigación y no los militares.
Consideró que hacer pública esta discusión es con el fin de dar señales de que las fuerzas políticas y sectores sociales tienen que avalar la propuesta.
La discusión “comenzó con un reclamo del Ejercito, ‘ya les hicimos el trabajo, ya pusimos la cara, hubo muertos, ahora queremos ley para que nosotros podamos tener legitimidad y la fuerza y sobre todo el uso de instrumentos jurídicos para poder actuar’”.
Insistió en que la intervención del Ejército no es más que un atentado al Estado democrático, para impedir que las policías cumplan las atribuciones que les corresponden.
En el mitin en la carretera en el sitio conocido como El Parador del Marqués, cuestionó la calidad moral de las corporaciones policiacas y a los mandos del Ejército “que hacen pactos diabólicos con los grandes capos del narcotráfico”.
Afirmó que por esta relación criminal, “fracasó la política represiva del Ejército” en seguridad pública, y los militares tendrán que rendir cuentas de las ejecuciones que han perpetrado desde la guerra sucia de la década de 1970 a la fecha.
A pesar de las graves violaciones que han cometido, denunció que “ahora piden una ley a modo para poder seguir patrullando las calles, para poder tomar en sus manos la seguridad y ahora sí colocar a los ciudadanos contra el paredón, para poder reprimir y sobre todo hacer realidad estas reformas estructurales donde se le niegan los derechos básicos a los pobres”.
Recordó que esta es la lucha de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa: por los pobres, porque no haya más tragedias ni desaparecidos, por el porvenir y por la justicia.
Así los policías “comparsas” del crimen, no tienen calidad moral para encararlos, “solamente con las armas es lo único que les da la fuerza y sobre todo el valor para enfrentar a una ciudadanía combativa como estos jóvenes de las normales rurales de nuestro país”, dijo sobre los agresiones contra los normalistas en los últimos cinco años.
Consideró que la historia de la Normal “es la historia de Guerrero, de rebeldía, que no sucumbe ante la represión caciquil, es la historia de los pobres que bajaron de la Montaña y de la Costa para tomar las calles y para desnudar este poder impune”.
Como referencia mencionó el ataque del 12 de diciembre, y en particular de la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), “que dio la orden de asesinar a los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”, en el desalojo hace cinco años.
“Aquí -dijo en el mitin sobre la carretera-, enfrente de Liverpool la sangre de los estudiantes no podrá ser borrada nunca, por más que arranquen la cruces, la memoria seguirá viva como fuego ardiente para dar la pelea contra gobiernos impunes, ejércitos que quieren ahora la seguridad pública para seguir reprimiendo y causando terror a la población que levanta la voz”.

Exige justicia el Centro Morelos

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió justicia y alto a la criminalización de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a cinco años del asesinato de los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
En un comunicado el Centro Morelos manifestó que este caso sigue en la impunidad y recordó que esa protesta de 2011 en la Autopista del Sol en la salida de la capital hacia Acapulco fue para solicitar una audiencia con Aguirre Rivero por un pliego petitorio que contenía solicitudes para mejorar la calidad de la educación, el entonces gobernador prometió recibirlos desde mayo de ese año cuando acudió a la normal.
“Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país”, detalló el escrito.
Además señaló que con el asesinato de estos normalistas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la elaboración de un juicio político del entonces procurador, Alberto López Rosas, a quien no se le fincó responsabilidad.
El boletín añadió que tres años después, en Iguala fueron asesinados los normalistas Julio César Mondragón, Julio César Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo, uno de ellos fue desollado y 43 más fueron desaparecidos a manos de policías municipales, donde también estuvo involucrado el Ejército y la Marina, esto motivó la renuncia de Ángel Aguirre Rivero.
El Centro Morelos acusó en el comunicado que “Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas son dos de los policías judiciales que accionaron sus armas, (son) responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poder acceder a la justicia”.
Ante la impunidad, manifestó su preocupación por “la profunda crisis” de derechos humanos que se vive en el estado y en el país. Recalcó que hay una clara criminalización a la normal de Ayotzinapa, que se ha visto reflejado también en otros hechos. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

 

 

Es “sistemática y generalizada” la tortura policiaca hacia mujeres, denuncian en un foro en la UAG

La coordinadora general del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Edith Escareño, sostuvo que hay una tortura “sistemática y generalizada” contra las mujeres detenidas y privadas de la libertad; asimismo, una mujer víctima de tortura sexual advirtió que la práctica sigue en el país, por parte de las fuerzas de seguridad, y que la lógica del terror del Estado es el silencio y la exclusión para quienes son agredidas.
Ayer, un día antes de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, se llevó a cabo el foro por el derecho a la rehabilitación de sobrevivientes de tortura sexual, en la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Ahí, la activista Bárbara Italia Méndez narró las agresiones que sufrió de policías federales, del estado y del municipio de Atenco, Estado de México, durante seis horas, tras ser detenida de manera arbitraria en una casa, el 4 de mayo del 2006, cuando campesinos de San Salvador Atenco se opusieron a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Contó que documentaba uno de los dos asesinatos durante los disturbios, cuando fue detenida por la policía en una casa, la encapucharon con su suéter, y después, la trasladaron, apilada con otros detenidos en un autobús, al penal de Santiaguito.
“Nos decían que nos iban a asesinar”, y los contaban para hacerles creer que cada vez faltaban menos para su ejecución. Dijo que las mujeres, incluida ella, fueron torturadas sexual, física y psicológicamente. De los 207 detenidos, 47 eran mujeres, que se quedaron hasta tres años en la cárcel.
Italia Méndez dijo que ella logró salir tras 15 días de haber sido detenida, pero que durante el tiempo de encierro, ella y otras mujeres escribieron todo lo sucedido, que sirvió para denunciar el hecho. Afirmó que el gobierno hace sentir soledad a las víctimas, para hacerlas creer que nadie las entiende, para que desistan de sus acciones, pero que a ella, “hablar de la experiencia de tortura, me permitió enfrentar el horror”.
Advirtió que en todo el país se sigue torturando a las mujeres, “mi experiencia es que estuve acompañada, pero no es la misma suerte de otras personas”.
Edith Escareño, en su ponencia sobre tortura sexual, indicó que, de acuerdo con el reporte de Amnistía Internacional de 2016, en 2013 hubo en México 12 mil quejas por tortura; 8 mil 943 de hombres, y 3 mil 618 de mujeres, y en 2015 la tortura fue la segunda violación grave de derechos humanos más practicada.
Compartió que la organización tiene documentados 504 casos de tortura, 157 de mujeres, y que 57 de ellas denunciaron tortura sexual. Recordó que en el país hay sólo ocho sentencia a casos de tortura, y que en ninguno de los casos hay responsables presos, porque las sanciones son administrativas o económicas.
La psicóloga declaró que el número de ejecuciones extrajudiciales ha aumentado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y también en el estado. Además dijo que se deben investigar los asesinatos de mujeres, porque son ciudadanas, y no justificar la violencia contra de ellas.
Abundó que, de los casos que tienen documentados de activistas que fueron torturados y que denunciaron los hechos, los expedientes han sido relacionados con la delincuencia organizada para justificar las agresiones, y que ocurre lo mismo con muchos de quienes denuncian, o son asesinados.
Insistió en que todas las corporaciones de seguridad torturan, y que si no hay registros de años anteriores, es porque no hay denuncia ni testimonios, pero que en la actualidad la cifra aumentó porque hay más denuncias, aunque dijo que puede haber una cifra negra de casos.
Edith Escareño confió en que antes de que termine el año sea discutida la Ley general de tortura, y que comiencen a operar los mecanismos como que en las investigaciones se excluya las pruebas obtenidas bajo tortura, y garantizar el castigo al superior jerárquico, que no tendría que ver con los agentes aprehensores sino con una cadena de mando.
En el foro, la profesora investigadora de la UAG, Claudia Rangel Lozano dijo que hay pruebas documentales de que al menos dos niñas y otras seis mujeres fueron torturadas en la época de la guerrera sucia, y a un hombre los militares le extirparon los testículos, pero no dio más detalles en declaraciones.

Desechar la versión del basurero, pide en primera visita al país el mecanismo del caso Ayotzinapa

El Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo ayer su primera visita al país, y presentó su plan de trabajo para atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El presidente de la CIDH, James Cavallaro llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a desechar de una vez por todas la hipótesis de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, e insistió en que se entreviste al Ejército, en particular a los soldados del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche de los ataques a los normalistas en Iguala.
Durante la presentación el comisionado Enrique Gil Botero, relator para México y coordinador del mecanismo, advirtió que existen recomendaciones técnicas específicas emitidas por el GIEI que aún están pendientes de ser cumplimentadas.
“Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia”, dijo.
James Cavallaro agregó que precisamente llegar a la verdad sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es la principal deuda del Estado mexicano con los estudiantes, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
“El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula”, mencionó.

El plan de trabajo

El plan de trabajo del mecanismo de seguimiento contempla visitas oficiales a México de los comisionados de la CIDH en abril, junio y noviembre del próximo año.
Adicionalmente, en el mismo lapso, el equipo técnico que trabajará en el caso realizará otras cuatro visitas al País, además de que se realizarán sesiones públicas en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH.
Durante cada visita a México, tanto el quipo técnico como los comisionados tendrán la facultad de reunirse con los padres de los normalistas y sus representantes, así como con otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
También podrán sostener reuniones de alto nivel con representantes del Estado, y acceder al expediente del caso o cualquier otra fuente de información.
El Mecanismo Especial de Seguimiento se regirá por cuatro objetivos específicos: monitorear el avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los desaparecidos, asegurar la atención integral a las víctimas y familiares, e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
El mecanismo seguirá las recomendaciones del GIEI que más obstáculos han enfrentado del gobierno federal.
James Cavallaro destacó “la necesidad de unificar las investigaciones, de no seguir con la fragmentación y de investigar de forma integral”, dijo.
“Hay que seguir y conseguir las declaraciones testimoniales pendientes, hay muchos integrantes, por ejemplo, del Batallón 27 (del Ejército), hay que seguir buscando esas declaraciones”, demandó.
Resaltó la necesidad de continuar indagando los celulares de los normalistas que siguieron activos después del 26 de septiembre de 2014 y abundar en la línea de investigación del quinto autobús, relacionada con el tráfico de heroína a Estados Unidos.
La tortura que pudieron haber sufrido al menos 60 detenidos que mostraron lesiones corporales y el patrimonio de los presuntos responsables, fueron otros temas mencionados por Cavallaro.
“Hay que seguir investigando sobre la obstrucción de las investigaciones, el tema de qué pasó el día 28 de octubre de 2014, un día antes de que descubrieran los restos de uno de los normalistas”.
“¿Qué estaban haciendo agentes de la PGR (Procuraduría General de la República) un día antes sin registrar el hecho?, ¿qué está haciendo Tomás Zerón con un detenido que tenía varias lesiones corporales? Hay que investigar, tiene que haber consecuencias para ese tipo de actuación, ese es un tema que vamos a seguir?, adelantó.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao informó que para garantizar el funcionamiento del mecanismo, proyectado para operar hasta noviembre del próximo año, el Estado mexicano aportó 565 mil 236 dólares, recursos con los que se podrá contratar peritos especializados de acuerdo con las sugerencias del equipo técnico, que estará integrado de cinco personas adscritas a la Secretaría Ejecutiva del organismo.
El funcionario de la CIDH destacó que tras una revisión del expediente, la próxima semana “se estará enviando a las autoridades mexicanas las primeras observaciones de diligencias que se requieren hacer, y el Estado mexicano estará obligado a dar una respuesta sobre la realización de esas acciones”.
También destacó que entre las solicitudes de información que el Mecanismo de Seguimiento enviará al Estado mexicano se encuentra “por qué no hay una determinación oficial de la investigación que se abrió a Tomás Zerón”.
Abrao presentó un cronograma de actividades que iniciaron este jueves con el encuentro con las autoridades y la prensa, para continuar este viernes 11 con una visita a la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde presentarán el plan de trabajo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

“¿Habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?”, pregunta Cavallaro de los detenidos

El comisionado presidente de la CIDH consideró fundamental cambiar la narrativa oficial y dejar de buscar formas de reforzar la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No hay que seguir hablando de diversas líneas de investigación, hay que hablar de líneas factibles, esa no es factible”, expuso.
“Lo que entendemos nosotros es que no se ha, en todos los espacios del Estado, descartado de forma definitiva esta hipótesis, y nuestra posición es la posición del GIEI, una posición basada en estudios científicos que demuestra la imposibilidad (de la incineración de los jóvenes en el basurero)”.
De no descartar esta teoría, dijo que se reduce la urgencia de investigar por qué seis detenidos, quienes además presentaban signos de tortura, declararon algo falso.
“Si eso no pasó corresponde la pregunta ¿por qué seis personas dieron declaraciones en ese sentido?, ¿qué habrá pasado? Bueno, varias de esas personas sufrieron lesiones corporales, graves en algunos casos.
“¿Por qué?, ¿habrá habido presiones?, ¿habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?, ¿y si se siguieran esas líneas de investigación se pudiera llegar a la posible obstrucción de justicia y a nuevas teorías de por qué habría interés en no seguir ciertas líneas?”, planteó.
Enrique Gil Botero quien coordinará el mecanismo de seguimiento destacó que entre los puntos mencionados por Cavallaro se concentran más de 200 líneas de investigación pendientes de explorar.
“O sea que hay mucho material probatorio en ciernes o que abre hipótesis probatorias que no se han explorado”, explicó.

La PGR ha cumplido 93% de las recomendaciones del GIEI, informa el gobierno federal

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián afirmó que hay plena disposición del gobierno federal para trabajar con el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa.
En la Segob el funcionario dijo que así se lo hicieron saber a Gil Botero y James Cavallaro.
Comentó que los objetivos específicos serán profundizar las labores de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, avanzar en la investigación ministerial y en las tareas de atención a las víctimas.
“Sabemos que es un elemento importante porque significa esperanza para los padres (de las víctimas) y por ello lo vemos con toda seriedad en el gobierno de México”, añadió.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la PGR se señaló que en la primera reunión de trabajo entre el coordinador del mecanismo el comisionado Gil Botero, y representantes de “alto nivel”, se informó que “hasta el momento la Procuraduría ha dado cumplimiento a 93% de las recomendaciones que en su momento hiciera el GIEI, y que la indagatoria continúa siguiéndose en todas las líneas de investigación, sin excluir ninguna de ellas”.
Según la comunicación oficial, se notificó al relator de México sobre “el uso de tecnologías avanzadas para la realización de nuevos operativos de búsqueda, y las medidas tomadas hasta ahora para atender integralmente a las víctimas”.
Se indica que en el encuentro “se reafirmó la voluntad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo para continuar trabajando en la atención del presente caso, sino también en lo que se refiere al seguimiento a las recomendaciones de la CIDH que resultaron de su visita en 2015, así como a otros casos pendientes ante la Comisión, con miras a identificar aquellos susceptibles de solución en el mediano plazo, de conformidad con los estándares internacionales”.
Las dependencias sostuvieron en su comunicado que la primera visita del mecanismo de seguimiento “es una muestra no sólo del compromiso para fortalecer la cooperación con la Comisión y con el relator Gil Botero, sino también para atender de manera efectiva el caso Iguala, privilegiando la interlocución que el gobierno de la República ha establecido con los familiares de las víctimas y sus representantes”.

Piden 11 organizaciones internacionales a Peña Nieto cooperar con la CIDH

Once organizaciones internacionales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto la cooperación plena del Estado mexicano con el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
“Creemos que es de suma importancia que el mecanismo cuente con la plena cooperación del Estado mexicano para que no enfrente obstáculos en su trabajo como los que experimentó el GIEI durante su mandato”, dicen en la misiva.
“El mecanismo especial es una oportunidad más para que el gobierno mexicano demuestre su compromiso con la verdad y justicia en el caso”, afirmó Maureen Meyer, coordinadora del programa para México de WOLA.
“Mientras México no resuelva el caso Ayotzinapa a través de una investigación profesional, seria y confiable, la atención mundial seguirá puesta sobre la voluntad y capacidad del gobierno mexicano para encontrar a los estudiantes y sancionar a los responsables”, advirtió.
Las organizaciones entre las que se encuentran la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el Robert F. Kennedy Human Rights, demandaron que se investigue a fondo a funcionarios que pudieron participar en la obstrucción de justicia.

Critican las reformas estructurales en el desfile de la Independencia en Tototepec, Tlapa

En la comunidad na savi de Tototepec, del municipio de Tlapa, se llevó a cabo un desfile del Día de la Independencia crítico de las reformas estructurales del gobierno federal, que pidió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, la libertad de presos políticos y exigió la construcción de obras que necesita el pueblo.
El desfile de protesta fue encabezado por una escolta formada por autoridades municipales que portaban la bandera, el alcalde Abundio Campos, el presidente de bienes comunales y delegados de los anexos de este poblado.
Siguió el contingente de la Policía Comunitaria adscrita a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, padres de familia y alumnos de preescolar, primaria, secundaria, del Colegio de Bachilleres y de educación a distancia, que portaban diversas pancartas en que pedían que muriera el mal gobierno, mejores servicios, apoyos a la educación y que ésta sea gratuita.
Al frente llevaban una lona en la que manifestaban que las instituciones educativas de Tototepec se sentían defraudadas y que no aceptarían imposiciones, y preguntaban si creían en la bondades de la reforma.
Otra lona fue la que llevaban niñas de primaria, en la que se preguntaba, “Por qué nos asesinan, si somos el futuro de México”.
Los participantes en el desfile repetían la consigna de “Tototepec unido jamás sería vencido”, pedían la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la presentación con vida de los 43 estudiantes, entre otras demandas.
Tras recorrer las principales calles de la ciudad, el contingente se reunió en la cancha del poblado, donde dijeron que el desfile fue de lucha contra las autoridades federales, estatales y locales, porque arrebataban y pisoteaban los derechos plasmados en la Constitución, por lo que no era un desfile más de alegría sino de protesta, para exigir que las autoridades volteen a ver a Tototepec, que tiene muchas carencias.
Al cierre del desfile habló el representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Melitón Ortega, para invitar a los vecinos a seguirse organizando para defenderse de las acciones del gobierno federal, y los llamó que se sumen a las actividades simultáneas del próximo 25 de septiembre, en la víspera del segundo aniversario de la desaparición y agresión a los estudiantes de la Normal en Iguala.
Invitó también a participar en la acción global del 26 de septiembre en la Ciudad de México, donde marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo, con diversas instituciones de educación, organizaciones sociales y la población en general.
Dijo que los padres de los 43 normalistas ven como una burla e impunidad la designación de Tomás Zerón de Lucio como nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), por lo que no reanudarán el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) si no se castiga al funcionario por ensuciar la investigación.

El PRD no me va a aplaudir lo que hago, responde Astudillo a la campaña del CEE

El gobernador Héctor Astudillo Flores, declaró éste miércoles que ante las críticas del PRD a su gobierno, debe ser respetuoso “y no tener la piel muy sensible… porque yo no ando jugando al gobernador y sé que el PRD no me va a aplaudir”.
El gobernador ofreció a las dos de la tarde una conferencia de prensa en Casa Guerrero, en el receso de una jornada de reuniones y audiencias privadas en estas mismas instalaciones.
De entrada, Astudillo Flores, enderezó sus comentarios. Sin pregunta de por medio al tema de los cambios que hizo éste miércoles el presidente de la República Enrique Peña Nieto: José Antonio Meade Curibreña en sustitución del ahora ex secretario de Hacienda, Luís Videgaray Caso, y Luis Enrique Miranda Nava por Meade que en la Sedesol.
Astudillo Flores dijo en referencia a estos cambios que “le va a ir bien a Guerrero”. Destacó que en el caso del ahora secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, ex subsecretario de Gobernación, conoce perfectamente los problemas de Guerrero porque ha venido tratando los temas del magisterio y a los que le da seguimiento el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
“Él ha atendido una gran cantidad de temas como el del magisterio, los casos que da seguimiento Tlachinollan, o asuntos relacionados con distintos grupos que normalmente han tenido reuniones en la Ciudad de México. También conoce los temas “de los últimos tiempos” que se viven en Guerrero, sin precisar cuáles son.
Informó que con el ahora ex secretario de Desarrollo Social tenía programada una gira por en la Costa Grande, concretamente en Hacienda de Cabañas, para entregar apoyos, uno de ellos de Empleo Temporal, y que espera que el recorrido lo tenga ahora el nuevo secretario.
“Yo espero que con estos movimientos, no se vea como que el gobernador no tuviese relaciones políticas, el gobernador tiene relaciones políticas con todos”, y agregó que el nuevo secretario de Hacienda también tiene un amplio conocimiento de los problemas de del estado.
“Con estos dos movimientos llegan dos personas que conocen perfectamente la problemática de Guerrero”, dijo y luego sugirió al reportero de El Sur que le había pedido que precisara su opinión con respecto a estos dos nuevos funcionarios: “Yo no soy el que pone las cabezas (de las notas), pero yo cabecearía: Llegan dos secretarios que conocen la problemática de Guerrero”, dijo bromeando.
Después, en respuesta al reproche a su gobierno que hizo el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD porque a casi un año de su administración no ha cumplido su promesa de campaña de orden y paz, en aparente respuesta a las críticas contra Evodio Velázquez por el préstamo de 158 millones, Astudillo declaró que: “Yo creo que lo que el gobernador tiene que hacer es ser respetuoso y no tener la piel tan sensible”.
Con aparente tolerancia, el gobernador agregó: “Yo les podría contestar (a los del PRD) con un rosario de palabras mayores, pero yo creo que el gobernador no tiene que hacer eso. El gobernador no tiene la piel tan sensible, el gobernador debe entender que este es un juego político, porque seguramente se piensa que arremetiendo contra el gobernador las cosas van a ser diferentes para uno o para otro”.
Astudillo dijo que él está todos los días tratando de estar ubicado, de mantenerse con serenidad, sin caer en el exceso, “con prudencia pero con absoluta responsabilidad de mi cargo”.
Siguió: “Yo no ando jugando al gobernador, trato todos los días de asumir mi papel como gobernador, y si alguien arremete contra mí, trato de entender las razones. Yo creo que el PRD seguramente no me va a aplaudir, ni tampoco va a reconocer algo que se haga por este estado por mí”.
Explicó que trata de entender las cosas y que le contestaría al PRD que “está en su derecho de hacerme críticas y yo de ver como proceso esas críticas, pero de ninguna manera les voy a contestar mal. El gobernador les tiene que mostrar por qué soy gobernador, si no, tendría yo otra chamba que no sería precisamente estar aquí en Casa Guerrero”.

Por ahora, no hay préstamos a municipios

El gobernador comentó que durante las reuniones que tuvo por la mañana, se le acercaron algunos alcaldes quienes le plantearon que tienen problemas económicos y que quieren solicitar créditos, pero que él les contestó que “problemas económicos todos tenemos” y les dijo que “mejor apriétense y espérense, porque ahorita necesitan pero más van a necesitar en diciembre”.

Marchan unos 200 normalistas en Chilpancingo en solidaridad con los maestros desalojados en Oaxaca

 

Unos 200 integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), marcharon con antorchas para exigir justicia tras el desalojo de la Policía Federal de un bloqueo de maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, del que resultaron ocho personas muertas.
Poco antes de las 8 de la noche, los jóvenes marcharon en calles de Chilpancingo en apoyo al magisterio de Oaxaca desalojado violentamente por la Policía Federal, represión de la que resultaron más de 50 profesores heridos y ocho muertos.
Los alumnos marcharon hasta el Zócalo capitalino con antorchas y pancartas en las que se leían consignas como, “CENEO (Coordinadora Estatal de Normalistas del Estado de Oaxaca) aguanta el FUNPEG se levanta”, “México está siendo masacrado por su gobierno. Fuerza Oaxaca”, “Hay quienes asesinan y no dan la cara, el rico da la orden y el pobre la dispara… ¡Oaxaca resiste!”.
En el trayecto lanzaron consignas, “¡CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero), aguanta, el FUNPEG se levanta!”, “¡Oaxaca vive, la lucha sigue!”, “¡Maestro Cabañas, el pueblo ya te extraña!”, ”¡Hombro con hombro, codo con codo, Oaxaca, Oaxaca somos todos!”, “¡Vestido de verde olivo políticamente vivo, no has muerto, no has muerto, camarada, tu muerte, tu muerte será vengada!”.
Al llegar al Zócalo, profesores de la CETEG opositora, que encabeza Antonia Morales, los recibieron.
Señalaron que hoy, más que nunca se deben unificar las luchas para exigir la derogación de la reforma educativa.
Destacaron que, afortunadamente los padres de familias ya entendieron las consecuencias que traerá esta reforma, por lo que también se han unido a la lucha del magisterio.
“Hacemos pública nuestra denuncia de que exigimos justicia para nuestros seis compañeros muertos, también le queremos avisar a Enrique Peña Nieto que la lucha no va a retroceder, que si mancha con sangre esta lucha, más nos vamos a indignar, que hoy en día no hay quien nos calle, ya nos quitaron 43 compañeros, y el miedo ya nos lo quitaron”, exclamó una joven en el micrófono.
Los normalistas se exigieron que “la reforma educativa caiga”, que se vaya el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, y que el presidente Enrique Peña Nieto deje de implementar reformas que no ayudan a la población, “sino al contrario, nos está metiendo a un pozo sin salida”.
El normalista Said Torreblanca reprochó que, “los hechos de Oaxaca no son una casualidad, el gobierno cada día se siente más orillado porque los estudiantes, porque los normalistas, porque los maestros, porque las organizaciones sociales y porque el pueblo de México están desertando, lamentablemente aún no somos todos, aún falta que gente abra los ojos”, señaló.
Recalcó que la población no puede quedarse indiferente y ver cómo el país se desmorona, y exigió que no haya más muertes, desapariciones forzadas, presos políticos, políticos corruptos, estudiantes indiferentes y normalistas callados.
Por su parte, el normalista Ángel Alonso Martínez Contreras dijo que los hechos violentos contra el magisterio de Oaxaca son simplemente la reivindicación de un partido opresor y asesino, que impera en México.
Abundó que la lucha del magisterio no sólo es por los maestros, sino también para defender la educación pública, defender la tierra, defender la libertad, defender los derechos y defender el respeto a la dignidad.
Finalmente con el puño izquierdo en alto los profesores y los normalistas entonaron el himno Venceremos.

Suspende la CFE la electricidad a más de la mitad de los sistemas de agua de Chilpancingo por adeudos

 

En medio de la grave escasez de agua en Chilpancingo, que ha ocasionado protestas de vecinos incluso en las calles del centro de la capital en las últimas semanas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio de luz a 11 de los 20 sistemas de bombeo que tiene la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), ante una deuda de más de 2 millones de pesos correspondiente a abril.
El jefe de Comunicación Social de la CFE en Guerrero, Raúl Gómez Cárdenas confirmó que el corte del suministro de energía eléctrica a los sistemas de bombeo de la Capach es desde el martes 17 de mayo, porque las autoridades municipales no respondieron a los insistentes requerimientos de pago.
El funcionario de la paraestatal informó que la Capach adeuda a la CFE 2 millones 107 mil 628 pesos, que corresponden a la facturación de abril. Gómez Cárdenas advirtió que el servicio eléctrico no será restablecido, en tanto no se pague la deuda.
Informó que la Capach cuenta con 20 sistemas de bombeo, y que desde el 17 de mayo solamente están funcionando nueve, que son los que sí cuentan con servicio eléctrico, porque no tienen adeudos con la CFE.
El funcionario de la CFE explicó que por tratarse de un servicio público importante, la CFE busca evitar el corte, “agotando las gestiones de cobro antes de llegar a esta medida”, pero que la Capach debió pagar en los primeros 10 días de mayo y no lo hizo, a pesar del requerimiento puntual.
“Se le envió un oficio por parte de CFE recordándole el adeudo el día 12 de mayo, otro el día 13, y finalmente el corte se efectuó hasta el día 17 de mayo, al carecer de una respuesta positiva por parte del Ayuntamiento”, informó.
El funcionario recordó que el año pasado, la CFE concedió a la Capach un convenio de pago por deuda acumulada, para pagarse en parcialidades mensuales, y que actualmente tiene un saldo pendiente de 3 millones 964 mil 257 pesos con 31 centavos.
Reconoció que los pagos de la Capach han sido puntuales y concluirán en enero de 2017.
La medida aplicada por la CFE viene a agravar la escasez de agua en la capital, donde en las últimas semanas vecinos de colonias, e incluso de las calles del centro, han protestado ante el servicio irregular. Por ejemplo, vecinos de la calle Ignacio Manuel Altamirano, en pleno centro de la capital, denunciaron que llevan más de dos meses sin el servicio de agua.
Por su parte, la señora Julia Méndez Salgado, de la colonia Progreso, una de las colonias tradicionales del Centro de la capital, aseguró que ella tiene tres meses sin agua, y que ha debido comprar agua en pipas, aunque tiene que pagar el recibo puntualmente a la Capach.
Mientras tanto, habitantes de la colonia Ricardo Flores Magón, ubicada al poniente de la ciudad, cerca del cuartel de la Policía Preventiva, denunciaron que desde noviembre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les terminó de construir la red, pero que seis meses después, la Capach no ha habilita la red, porque no hay agua.
En Chilpancingo, desde el año pasado se realizaron obras con inversión de los tres niveles de gobierno para la construcción y rehabilitación de las captaciones y líneas de conducción de las principales fuentes de abastecimiento; Acahuizotla, Omiltemi y Mochitlán.
Por ejemplo, para el acueducto Acahuizotla se construyó la captación, se sustituyó prácticamente toda la línea y se renovaron las bombas para el ahorro de energía, porque el equipo ya era obsoleto.
El agua del parque de Omiltemi, ubicado al poniente de la capital, es la única que llega por gravedad, pero para el resto de las captaciones se utilizan estaciones de bombeo y rebombeo. Posteriormente, ya en la ciudad, también se tiene que bombear el agua para mandarla a las colonias, informó un empleado de la Capach.
Para cumplir el compromiso del gobierno federal de abastecer de agua a Chilpancingo, se construyeron tanques de almacenamiento en colonias de la periferia, líneas de interconexión y rehabilitación de la red de distribución de 15 colonias de la zona central (en las acciones dentro de la ciudad ayudó a ejecutar el organismo municipal).
Empleados de la Capach informaron que las colonias beneficiadas con las obras son Los Sauces, Progreso, Ruffo Figueroa, Cooperativa, Tribuna Nacional, Indeco, Rubén Figueroa, Juan N. Álvarez, Electricistas, Benito Juárez, Morelos, Nicolás Bravo, Barrio de San Antonio, Barrio de Tequicorral, Temixco II y Fraccionamiento Meléndez.
Sin embargo, irónicamente, son los vecinos de esas colonias los que se han manifestado ante la falta de agua, debido a que Capach no ha regularizado el servicio, por lo que la inversión que hicieron los tres órdenes de gobierno, un año después, en los hechos no ha tenido los resultados esperados por los usuarios.
En abril del 2012, durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, el candidato firmó ante notario público 266 compromisos a cumplir durante su gobierno. El número 20 de estos compromisos es incrementar el abasto de agua potable para las familias de Chilpancingo y garantizar el abasto a todos. Cuatro años después, ese compromiso no se ha cumplido.

Reconoce el Fonden retraso en la reubicación de escuelas dañadas en 2013 pero no es significativo, dice

El director general para la Gestion de Riesgos-Fondo de Desastres Naturales (Fonden), José María Tapia Franco, informó que hay retraso en la reubicación de escuelas afectadas con la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, pero en el resto de las acciones se trabaja de acuerdo al calendario.
En conferencia de prensa en el hotel Holiday Inn después de una reunión privada de evaluacion y seguimiento de las obras financiadas por el Fonden en Guererro con delegados federales, el director dijo que todas las acciones “van conforme a lo presupuestado, van conforme a los tiempos establecidos”.
El director del Fonden, a cada pregunta pedía a los reporteros que especificaran de qué eventos pedían datos y en qué rubro, y cuando se le preguntaban datos concretos evadía con el argumento de que no tenía la información.
Tapia Franco sostuvo que se trató de una reunión de evaluación y seguimiento, y que las obras “de 2013 a la fecha van conforme al calendario, van conforme a lo presupuestado, van comnforme a los tiempos establecidos y se está respondiendo en tiempo y forma, tanto a la ciudadania como a las instituciones, no hay retrasos”, insistió.
Se le recordó que en Guerrero hay escuelas que no han sido reubicadas luego de las afectaciones; aceptó que “sí hay retraso, pero no vemos un retraso significativo, no vemos que haya un riesgo de que no se cumplan las obras, ni (de) que no se cumpla el objetivo ni la meta”.
Explicó que parte del retraso en la reubicación de los planteles se debe a que la administración estatal pasada se comprometió a entregar los terrenos para la reconstrucción de las escuelas, pero no lo hizo.
“Se está haciendo un esfuerzo sumamente complejo, porque muchas veces la reubicación causa mas daño que beneficio a la población; si tú le mueves la escuela a mayor distancia de la que está, le causas un daño a la población y sobre todo a los niños y los padres de familia”.
“Se está haciendo una evaluación integral, a conciencia de cada una, sí hay falta de escuelas, llevamos un retraso, ¿el porcentaje? no soy la institución ejecutora habría que preguntarle al Inifed o al IGIFE, lo que sí te puedo decir es que tenemos la instrucción del presidente (Enrique Peña Nieto), del secretario (de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong) de meternos en darle seguimiento y sacarlo lo más pronto posible”, agregó.
Cuando se permitió el acceso a los reporteros, se pudo escuchar que había un alegato sobre el fin del dinero destinado a la reubicación y reconstrucción de escuelas, porque en Guerrero reportaron que el dinero lo tenía Banobras, pero en esa dependencia lo negaron, por lo que Tapia Franco dijo que pediría una reunión con el comité central de Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).
Las obras para resarcir los daños causados por los meteoros Ingrid y Manuel “están pendientes, sacarlo de una mejor manera”, añadió.
Del avance de las obras financiadas con recursos del Fonden tras las lluvias de Ingrid y Manuel, José María Tapia indicó que de los 22 mil millones de pesos ya se ha ejercido el 96 por ciento.
En carreteras dijo se ha cumplido casi al 100 por ciento, porque está pendiente el puente de Lomas de Chapultepec, que se entregará en los proximos meses; en inversión para el sector hidráulico se lleva un avance del 97 por ciento, y en la reunión se acordó agilizar las últimas ministraciones del Fonden para el sector hidráulico en el caso de Ingrid y Manuel; en vivienda, evitó dar un porcentaje, y sólo dijo que va “muy avanzado, hay un calendario de acciones muy establecido”; en la reconstruccion de centros de salud, “están avanzando”; y en reubicaciones, tanto de escuelas como de hospitales, también se está avanzando, señaló.
Por separado, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reiteró que están pendientes de entregar unas 2 mil casas en 28 municipios como Atoyac, Tixtla, Omitlán, Petatlán, Malinaltepec, Chilpancingo y Edurardo Neri (Zumpango).
De acuerdo con Tapia Franco, en la reunión de evaluación y seguimiento de todos los eventos que han causado afectaciones cuya atención ha sido cofinanciada por el Fonden y los gobiernos estatales, “se hizo un análisis muy claro, muy transparente de todos aquellos eventos en donde ha habido recursos federales o una mezcla de recursos federales y estatales para atender los sectores (de) vivienda, hidráulico, carretero y educativo”.
La reunión, abundó, fue para identificar problemas que impidan la consolidación de las obras para destrabarlas y concluirlas.
Algunos eventos de los que se habló en la reunión, ademas de Ingrid y Manuel, fueron los sismos y sus réplicas de agosto de 2013, de abril de 2014, y los daños causados por los huracanes Raymond y Trudy, e inundaciones costeras.
Tapia Franco indicó que, “hay obras carreteras en suspenso” porque se le dio prioridad a atender las afectaciones causadas por Ingrid y Manuel.
También reportó que hubo “ausencias documentales” de la administracion estatal pasada que han solventando dependencias federales, los documentos faltantes, dijo, tienen que ver con cuestiones administrativas, porque el gobierno del estado no ejerció dinero para la reconstrucción.
A la reunión asistió el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien informó que el gobienro del estado ejercerá 250 millones de pesos que no se aplicaron en 2015 para obras como accesos a playas y la rehabilitación de La Quebrada.
En la reunión estuvieron el director general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores; los delegados de Sedatu, José Manuel Armenta Tello; de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eduardo Rodríguez Abreu; de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Gastélum Espinoza; y de la Seceretaría de Gobernación, Juan Moreno Barrios; y los directores de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez; y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Guerrero (Capaseg), Arturo Palma Carro.

Cobraron las empresas la reconstrucción de las casas dañadas Ometepec en los sismos de 2013, pero no las hicieron

De los daños provocados en el sismo de marzo de 2012 de 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en Ometepec, el director del Fonden, dijo que las empresas encargadas de la reconstrucion de las casas afectadas cobraron el recurso del Fonden al 100 por ciento y no hicieron las viviendas.
Reitero que los responsables, ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y constructores fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), “funcionarios que muy mañosamente usaron este recurso”
“Están inhabilitadas las empresas constructoras y, por instruciones del gobierno de la República, se están rehaciendo esas casas; ya no se hace con recursos del Fonden pero las está haciendo la Sedatu”, dijo.
Por separado, el delegado de Sedatu reiteró que son 57 millones de pesos el monto defraudado por los funcionarios y las constructoras, y precisó que son 24 denuncias presentadas ante la PGR.
Agregó que actualmente las casas están a un 97 por ciento de avance, y que algunas ya se han entregado a los beneficiarios.
Sobre el sismo de abril de 2014, de 7.2 grados en la escala Richter con epicentro en Petatlán, Tapia Franco indicó que el Fonden destinó 300 millones de pesos a la reconstrucion de viviendas, de los cuales 151 millones serán ejercidos por la Sedatu, indicó que en este caso el avance es de entre 37 y 40 por ciento, y la otra parte la aportará y ejercerá el gobienro del estado mediante el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur) y será está dependencia la que informe el avance de las obras que le corresponden.