La ONU estará pendiente de que se confirme la sentencia del caso Valentina, dice representante

El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Alan García dijo que esa instancia respalda y estará pendiente de que la sentencia de 19 años de prisión en contra de dos militares por la violación sexual a la indígena me phaa, Valentina Rosendo Cantú, se confirme.
Dijo que la sentencia es histórica porque es la primera vez que se emite una resolución así, por un juicio que llegó al ámbito internacional.
El representante de la ONU en México asistió este miércoles a la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos demandaron que se ratifique la sentencia que emitió en junio la jueza del juzgado Séptimo de Distrito, Iliana Fabricia Contreras Perales, en contra de los dos miliares que violaron en 2002 a Rosendo Cantú, luego de que ambos soldados recurrieron al recurso de apelación.
Alan García resaltó la “gallardía” y la “enteresa” de Inés y de Valentina para seguir caminando en un terreno hostil, agreste y empedrado para poner en evidencia la capacidad y la determinación que tienen las mujeres para sobreponerse a todos los prejuicios y estereotipos que existen en los casos de agresiones en el país”.
Denunció que el sistema de justicia en México enfrenta múltiples retos y desafíos para garantizar los derechos de las mujeres, y se reconoce en la sentencia que se emitió por el caso de Valentina una auténtica luz de esperanza, porque ha permitido la traducción de la verdad material en verdad jurídica, “y ha permitido que una víctima de tortura sexual a manos de integrantes del Ejército mexicano haya encontrado la salida al laberinto judicial mexicano caracterizado por la displicencia, negligencia, el solapamiento y la simulación”.
Añadió que en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas no tienen dudas en calificar a esta sentencia como “paradigmática”, que forma parte del incipiente pero poderosamente transformativo acervo judicial inaugurado desde la adopción de la reforma constitucional en derechos humanos.
“Por tanto, la resolución que se ha dictado en el caso de Valentina envía un mensaje renovador, no solamente para ella, sino para el caso de Inés Fernández que esperamos pronto pueda cristalizarse, igualmente en una sentencia condenatoria hacia los perpetradores”, agregó.
Alan García resaltó la importancia de la sentencia a favor de Valentina porque, “estamos ante la primera sentencia nacional en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)”.
Aclaró que es el primer precedente que se dicta en México en el que una instancia judicial de naturaleza penal finca una responsabilidad a los perpetradores de una conducta que previamente había merecido la adjudicación de responsabilidad de un organismo internacional tan destacado, como la Coidh.
Resaltó que Valentina Rosendo e Inés Fernández son pioneras y fundadores en el país en llegar a la Corte Interamericana, y que en el caso concreto de Valentina es pionera de obtener una sentencia favorable en la que se sanciona a dos de los perpetradores de una conducta criminal inadmisible.
Mencionó que al momento en que Valentina fue violada era menor de edad y la sentencia dictada ahora, cuando ya tiene la mayoría de edad, retoma justamente la obligación especial que tiene el Estado de brindar una protección reforzada a quienes siendo niños o niñas se enfrentan a una conducta criminal abominable como la que enfrentó Valentina, “quien ha tenido una capacidad destacada para poder sobreponerse”.
Para el representante de la ONU la de Valentina es una sentencia paradigmática en razón de la tortura sexual de la que fue víctima, porque constituye una forma exacerbada de violencia en contra de las mujeres, “por eso resulta inspirador encontrarse frente a testimonios como los que hemos escuchado, frente a caminos como los que han recorrido y frente a sentencias como la que hoy nos congrega”.
Dijo que por ello desde la Oficina del Alto Comisionado no tienen ninguna vacilación para saludarla y alentarla, y para que sea reafirmada y ratificada en la etapa de apelación en la que se encuentra, “porque marca un mensaje de repudio a los abusos cometidos por las fuerzas armadas en un contexto histórico como el que ha enfrentado Guerrero, de altísima presencia militar”.
Expresó que es fundamental fisurar la lápida de impunidad que ha caracterizado los abusos, los atropellos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas, “un paradigma que esperemos sea erradicado a la brevedad posible porque lastimosamente fue agudizado con la repudiable Ley de Seguridad Interior, aprobada en diciembre del año pasado”.

 

Acusa el gobierno a la ONU-DH de “parcial” en el caso Ayotzinapa por la difusión de la tortura

El gobierno priista de Enrique Peña Nieto acusó ayer en Ginebra a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) de “incumplir” sus obligaciones y ofrecer una “versión parcial” sobre la investigación del caso Ayotzinapa, pues el organismo documentó en un informe reciente que por lo menos 34 imputados en la desaparición forzada de los normalistas fueron víctimas de tortura.
En un documento de 23 cuartillas que entregó hoy a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra –el órgano responsable de la ONU-DH-, el gobierno mexicano negó los señalamientos del informe, denunció que careció de “rigor metodológico” y “sustento jurídico”.
Con un tono inusualmente ofensivo el gobierno de Peña aseveró que la ONU-DH asumió “funciones que sólo corresponden a un juzgador, lo cual desvirtúa la función que se acordó realizaría en el país” y deploró que el organismo internacional haya “ignorado” las aclaraciones de las autoridades en su reporte, publicado el 15 de marzo.
Se destaca del documento que representantes del gobierno federal sostuvieron “diversas reuniones de alto nivel” con Jan Jarab, representante de la ONU-DH, en las que pretendieron frenar la publicación del informe: indicaron al funcionario internacional que “emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro, dado que los asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial”.
“Se considera respetuosamente que la ONU-DH debió haberse allegado de la información inferida en los párrafos anteriores antes de emitir conclusiones definitivas que fueran públicas”, subrayó.
Dos elementos del reporte provocaron la molestia del gobierno: la documentación de presuntos actos de tortura –afirmación que las autoridades niegan-, y el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) modificó el informe preliminar del exvisitador César Alejandro Chávez Flores.
Entre las conclusiones del informe de Chávez se destacó que el 28 de octubre de 2014 Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), alteró la escena del crimen y fabricó pruebas, como lo reveló Proceso en noviembre de 2016.
“La PGR rechaza las aseveraciones vertidas por la (ONU-DH) y considera relevante aclarar que la filtración de los documentos de trabajos iniciales, en relación con las notas periodísticas, han dado pauta para la especulación y siembran duda tanto en la opinión pública como de los organismos internacionales que observan”, expone.
Insistió: “es cuestionable la falta de confianza que demuestra la ONU-DH en las instituciones nacionales, en particular de la Visitaduría General de la PGR, al mencionar que: ‘Ha tenido conocimiento de posibles actos de amenaza contra funcionarios de la Visitaduría General de la PGR que llevaron a cabo la primera investigación interna a la que se ha hecho referencia’. Tal afirmación, denota un sesgo para justificar sus conclusiones, situación que se considera ajena a las constancias que actualmente existen en las investigaciones y en la propia institución”.
“Es importante recordar que en caso de que los procedimientos internos no fuesen adecuados, las personas afectadas cuentan con vías idóneas para hacer valer sus derechos, como los mecanismos internacionales y regionales para la protección de los derechos humanos”, añadió.