El sacerdote y director del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, Alejandro Solalinde Guerra, en un video pidió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que permita revisar los expedientes y liberar a los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez, luego de que a Arturo Campos se le dio libertad absolutoria.
El video fue difundido mediante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, y en éste, el luchador social demandó la libertad de los tres presos políticos de la CRAC.
En un breve video el sacerdote envía un saludo a los tres integrantes de la CRAC-PC, de los que dos aún están presos, a quienes pidió resistir y no rendirse, porque se les tiene que hacer justicia tarde o temprano.
“Nosotros sabemos que los aparatos de justicia sirven como arma para doblegar a los disidentes, para someter a los pueblos, para lograr lo que el gobierno quiere, para bien de él y para bien de las empresas transnacionales, yo quiero hacer un llamado al gobernador, Héctor Astudillo, para que sea consciente de esto, para que permita que se revisen los expedientes de las personas que están injustamente encarceladas ahí y les de la liberación inmediata, así como también hago un llamado a su conciencia, como humano y como mexicano, por supuesto, no como priista”, pidió.
En la segunda parte del video, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos expone que, bajo la ley 701 y el artículo 2 constitucional, no existe ni existió delito alguno que perseguir, que el gobierno de Ángel Aguirre manipuló el sistema judicial del estado para fabricar las pruebas contra los policías comunitarios.
Recalca que la exigencia de libertades será para los tres compañeros luchadores sociales de la CRAC y para todos los presos políticos del país.
“Su sacrificio de lucha implica permanecer en cautiverio hasta demostrar su inocencia de los crímenes que se les inculpan, su salida será digna y no negociada, en sus declaraciones (los presos) afirman, ‘nuestra libertad no está en negociación, no se trata de salir, nuestro sacrificio se basa en la defensa de nuestros derechos indígenas y la de nuestra institución, esa es nuestra postura inamovible y consiente’, libertad no a uno sino a los tres”, abunda.
Finalmente, en un texto, el Comité indica que su función es hacer que se escuche el sentir de los presos políticos, y que de los compañeros luchadores sociales indígenas en poder del gobierno, “su palabra no la acallará el Estado”.
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Exigen colonos de la Emperador Cuauhtémoc la libertad de presos políticos de la CRAC
Vecinos de la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc en Chilpancingo y del colectivo Revueltas exigieron la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos, Samuel Ramírez Gálvez y Gonzalo Molina González, además les manifestaron su respaldo.
Denunciaron que en el caso de Arturo Campos y Gonzalo Molina su salud se agrava ya que padecen gastritis y anemia.
Hugo Juárez Ocampo expuso que los vecinos están preocupados por la situación que están pasando los tres presos políticos quienes ya tienen cuatro años sufriendo una prisión injusta por el hecho de representar a sus pueblos en el tema de seguridad y de justicia.
“La comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc es un asentamiento donde viven compañeros indígenas de los cuatro grupos originarios de nuestro estado, por lo tanto conocemos el proceso de representación de las comunidades, por eso nos preocupa el dolor y el sufrimiento que están pasando los hermanos de la CRAC, que a cuatro años como cualquier ser humano ha menguado su salud”, sostuvo
Abundó que los tres merecen estar libres, porque lo único que hicieron es velar por la seguridad de sus comunidades.
Por su parte, el integrante del colectivo Revueltas y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Amílcar Juárez refrendó la solidaridad a los tres presos y recalcó que sus salud es delicada, tanto física como emocional.
“Exigimos también su libertad sin que salgan bajo fianza o como si fueran delincuentes porque no lo son, estar recluidos sí es un delito, se le está negando a los compañeros la libertad, entonces como universitarios, como jóvenes, como pueblo exigimos su libertad inmediata”.
El también integrante del colectivo, Edgardo Ávila señaló que fue en el mandato de gobierno de Ángel Aguirre Rivero el responsable de las detenciones y que eso habla de la postura represora y controladora del sistema político mexicano, en donde quien pelea por su territorio es condenado, mientras que los que sí son delincuentes están libres. (Beatriz García / Chilpancingo).
Se reúnen afuera del penal de la capital y piden la liberación de Gonzalo que cumplió 4 años preso
Al cumplirse cuatro años de la detención del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González, integrantes de organizaciones sociales hicieron un mitin afuera del penal de la capital para exigir a las autoridades estatales su libertad.
Además demandaron la liberación del consejero de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso preso en Ayutla, Arturo Campos Herrera y del policía comunitario, Samuel Ramírez Gálvez quien también se encuentra en el penal de Chilpancingo.
Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre del 2013 en un retén en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa enfrente del internado Adolfo Cienfuegos y Camus en Tixtla, fue acusado de varios delitos como terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, secuestro, delincuencia organizada, lesiones y despojo.
Familiares, normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), habitantes de la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc y de la organización Movimiento Social Democrático se congregaron fuera del penal donde se encuentran presos el promotor junto con el policía comunitario.
Policías estatales de la cárcel cercaron con una valla metálica el edificio para impedir que los manifestantes se acercaran a la entrada del lugar.
El mitin inició con las consignas “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”, “¡Gonzalo amigo el pueblo está contigo!”.
Además portaron pancartas y lonas que decían, “Una sola voz! Un sólo sentir! Libertad incondicional!!- Gonzalo Molina-Arturo Campos- Samuel Ramírez ¡¡¡El respeto a nuestros derechos será justicia!!! Presos políticos de la CRAC”, “Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos de la Policía Comunitaria CRAC”, “06 de noviembre ¡No se olvida! Gonzalo Molina CRAC-PC a 4 años exigimos ¡Libertad!”.
Se comprobó que Gonzalo es inocente pero no lo liberan
En su participación, la esposa de Gonzalo, Ausencia Honorato expuso que el promotor lleva cuatro años preso injustamente y que es acusado de delitos que no cometió.
“El gobierno sabe muy bien que ellos son luchadores sociales que han luchado por la gente, que han luchado por su pueblo y el día de que hoy que se cumplen cuatro años encerrado en este reclusorio, donde él está sufriendo las consecuencias, donde él está sufriendo enfermedades a causa del encierro, a causa del gobierno ¿Por qué lo decimos? Porque el gobierno lo tiene encerrado injustamente a pesar de que nosotros hemos comprobado que todos nuestros compañeros de la Coordinadora Regional son inocentes”, sostuvo Ausencia Honorato.
Manifestó que al gobierno no le gusta que se manifiesten, que se defiendan, que defiendan sus derechos que es por eso que se encuentran encarcelados.
Resaltó que a Samuel Ramírez le violaron sus derechos humanos porque fue encarcelado injustamente antes de los 18 años, así como a Arturo Campos.
Exigió a las autoridades los liberen, que ya se comprobó que no han cometido delito, que su único delito es defender a su pueblo, a la gente pobre y humilde que más necesita, por los que el gobierno nunca ha hecho nada.
Dijo que mientras ellos están presos los delincuentes están libres, asesinando, secuestrando y desapareciendo, situación que se está viviendo en el estado todos los días.
“Nosotros le hemos comprobado al gobierno que las partes que acusaban a mi esposo y a todos los compañeros hoy se han desistido, hoy han dicho que no tienen nada en contra de nuestros compañeros, porque el mismo gobierno sabe y las mismas autoridades que ellos no hacen nada malo, ellos no se dedican a la delincuencia, no se dedican a hacer ningún mal”, señaló.
“Como dice mi esposo, yo encerrado mis ideas, mi corazón y mi pensamiento siempre están afuera y nunca me voy a hacer para atrás, voy a seguir en la lucha”.
Los manifestantes recalcaron que el 21 de agosto del 2013 detuvieron a la comandante Nestora Salgado en Olinalá, que ese día empezó la represión del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
Su delito fue organizarse y defenderse de la delincuencia organizada
Por otra parte, el comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Geovanni Torres Salgado abundó que quieren que se libere a los compañeros y que el único delito que cometieron fue organizarse para protegerse de la delincuencia organizada cuando el gobierno era incapaz de dar seguridad, porque los estaban asesinando, los policías (municipales) protegían a los delincuentes y no hacían nada por el pueblo.
“Está comprobado que el gobierno no nos dará seguridad y que va a ser necesario que nos organicemos como pueblo, porque todos somos pueblo y solamente el pueblo va a defender al pueblo, es la única forma compañeros, también seguimos exigiendo al gobierno que respete nuestra institución, que respete a la CRAC”, manifestó.
Al pueblo le pidió que no espere a que le desaparezcan o encarcelen un familiar para unirse a la lucha.
Mi hijo no es delincuente, sólo ha luchado por su pueblo
El padre de Gonzalo, Heliodoro Molina expuso que su hijo no es un delincuente, que sólo ha luchado por su pueblo. “Yo quiero que urgentemente lo dejen en libertad, es lo que pido porque él no ha cometido los errores que le achacan… porque yo conozco a mijo y no sólo yo, todo el pueblo”.
Un grupo de manifestantes de distintas organizaciones gestionó una visita a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez.
Al término del mitin la comisión visitadora contó que entregaron los víveres que les llevaron a los detenidos y conversaron con ellos. “Los encontramos en buena salud, primero un poco retraído noté a Gonzalo, de antemano no están en una fiesta, posiblemente lo estén torturando psicológicamente y carecen de muchas cosas, compañeros, cualquier reo en estos días debe tener descanso, debe tener su trabajo, debe tener la lectura. Ahorita nos acaban de decir que no les permiten que les ingresen revistas ni periódicos”, dijo uno de los activistas.
Bloquea el FDP la calle frente al Ayuntamiento de Chilpancingo contra las reformas estructurales
El Frente Popular Francisco Villa bloqueó un carril de la avenida Ignacio Ramírez, en el Ayuntamiento, unas tres horas tras el llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a movilizarse para rechazar las reformas estructurales.
Posteriormente, los inconformes bloquearon 20 minutos el acceso principal del Ayuntamiento para exigir que sea justo el cobro del predial a algunos de sus miembros, solución al problema de abasto de agua en su oficina y para que les devolvieran una camioneta que les retuvieron.
A las 10 de la mañana, unos 30 integrantes de la organización bloquearon un carril de la avenida, portaron banderas color rojo y una lona con la leyenda, “Por la defensa de la tierra, el territorio”.
En el lugar pidieron cooperación a los choferes que circulaban en la avenida Ignacio Ramírez, para costear los gastos de alimentación de quienes permanecen en plantón en el Zócalo, junto con maestros.
En consulta, la coordinadora estatal del Frente, Clemencia Guevara Tejedor manifestó que la protesta fue para apoyar a las movilizaciones del magisterio en rechazo a las reformas estructurales.
Dijo que rechazan que haya otro Nochixtlán, y que no quieren más muertos como en Aguas Blancas o El Charco.
Guevara Tejedor dijo que la organización también exige la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la liberación de los promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina y Arturo Campos.
Pidió que no se les criminalizara cuando se organizan y salen a las calles a protestar, pues de inmediato, dijo, los involucran con el crimen organizado.
Exigen una audiencia con el alcalde para dialogar sobre demandas del Frente
Más tarde, la organización pidió una audiencia con el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena para dialogar sobre sus demandas, pero los policías que resguardan la entrada del Palacio municipal les cerraron el paso; permanecieron en la entrada del edificio durante 20 minutos, mientras que los trabajadores del Ayuntamiento salieron por una puerta alterna.
Detalló que el diálogo con el alcalde sería sobre la falta de agua en sus oficinas, servicio con el que no cuentan pese a que pagan el servicio cada mes.
También le querían plantear el cobro del predial que les están haciendo a miembros del Frente que viven en Chilpancingo, expuso que les están cobrando como si en los predios tuvieran una construcción, cuando son “terrenos rústicos”. Ningún funcionario salió a atenderlos.
Dijo que anteriormente les informaron que el cobro es así porque realizaban protestas, aunque reprochó que eso no tiene nada que ver.
Después acudieron a las oficinas de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad, porque les retuvieron una camioneta en la que transportaban a los inconformes rumbo al sitio donde se manifestarían, y solicitaron que se las devuelvan; dijo que les pidieron pagar 2 mil pesos para liberarla, pero se negaron a hacerlo, y finalmente negociaron que fueran 200 pesos, y después de hacer el pago les devolvieron la camioneta.
Llega la Caravana por la vida a Xoxocotla, Morelos; reclama la liberación de Gonzalo Molina
Las organizaciones aglutinadas en el Frente Indígena de Campesinos de México (Ficam) y en el Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, que encabezan la Caravana por la vida y la justicia, llegaron este viernes a Xoxocotla, Morelos, en su recorrido rumbo a la ciudad de Cuautla, en ese mismo estado, y de ahí a la Ciudad de México.
En una consulta telefónica, la líder del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor explicó que hoy viernes llegaron a la ciudad de Xoxocotla, en donde exigieron la libertad del promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del barrio del Fortín de Tixtla, Gonzalo Molina González.
Detalló que se tiene programado esperar en el lugar a la caravana que viene de Oaxaca, para que este 10 de abril, juntas las organizaciones sociales conmemoren el 97 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata.
Describió que la Caravana por la vida, que salió en la mañana de Iguala, fue recibida por la organización Rubén Jaramillo, organizaciones defensoras del Maíz y el Frente Popular Francisco Villa.
“Ahorita estamos en descanso para que mañana podamos ir a Cuautla”, donde conmemorarán el asesinato de Emiliano Zapata.
Dijo que en la visita hubo diálogos con las organizaciones del estado de Morelos, que hicieron suya la lucha por la libertad de los presos políticos de Guerrero.
Agregó que hablaron de las agresiones a los líderes sociales en el estado, y recordó que la intención de la Caravana es exigir justicia para todos los presos, como Arturo Campos.
Criticó que la postura del gobierno del estado de Guerrero es identificar a los líderes sociales y señalarlos como terroristas, secuestradores y delincuentes, para enviarlos a la cárcel.
Este 10 de abril, las organizaciones sociales recordarán un año más del asesinato del caudillo del sur, en Cuautla Morelos, como parte de la movilización nacional para pedir respeto de los pueblos indígenas.
No hay voluntad del gobierno para liberar a otros presos de la CRAC, dice el abogado de Gonzalo
El abogado del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González, Hegel Mariano Ramírez, declaró ayer que los gobiernos estatal y federal no muestran la misma voluntad política que tuvieron con Nestora Salgado a los otros ocho presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Aseguró que hay una intención de los gobiernos federal y estatal de mantener en prisión a los otros miembros de la CRAC que fueron detenidos después de Nestora Salgado, que tienen acusaciones por los mismos delitos que ella pero que se los han reclasificado, en otros casos han retrasado la resolución de amparos o han dilatado la resolución de la sentencia más allá del plazo establecido legalmente.
A Gonzalo Molina le han acumulado 12 delitos en cuatro causas penales, dos de ellas del fuero federal y dos del fuero común, lo que dificulta su defensa, y el procesado carece de recursos hasta para sacar copias de su expediente.
El abogado que lleva el caso de dos de las cuatro causas penales de Molina González informó que una de ellas, la 76/2013 por delincuencia organizada es por la que fue absuelta la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, por el Segundo Tribunal Unitario del 21 Circuito, con sede en Chilpancingo.
Informó que otra causa penal es la 196/2013 que lleva el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tlapa por secuestro agravado, por el que también fue absuelta Nestora.
La otra causa es la 157/2013 que lleva el Juzgado Cuarto Penal de Chilpancingo por terrorismo, robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas, por acusaciones del síndico de Tixtla, el director de la Policía Municipal, el secretario general del Ayuntamiento y cinco policías municipales.
Otro proceso penal en contra de Gonzalo Molina es el 59/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito federal por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, y delitos contra servidores públicos.
Asimismo existe en su contra la 678/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito por portación de arma de fuego sin licencia.
Derivado de todos estos procesos penales que enfrenta en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina, otros 14 integrantes de la CRAC tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque algunos de ellos enfrentan los procesos en libertad.
La mayoría de estas causas penales se integraron contra los policías comunitarios luego de que el 26 de agosto del 2013 protestaron frente al Ayuntamiento de Tixtla, para exigir que el gobierno diera a conocer la detención de Nestora Salgado.
Hegel Mariano señaló que tras la resolución que la semana pasada dictaron los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, que absuelven a Nestora Salgado de secuestro y por lo cual sale en libertad, se espera que en los próximos días el resto de los comunitarios presos también sean beneficiados con esta resolución.
Dijo que también se prevé que cuando menos ocho miembros de la CRAC, entre ellos Arturo Campos Herrera (quien está preso en el penal de Ayutla) y Gonzalo Molina, salgan en libertad aunque el 29 de diciembre se les reclasificó el delito de secuestro agravado por privación ilegal de la libertad personal.
Reconoció que el caso de Gonzalo Molina es más complicado jurídicamente porque enfrenta causas penales del fuero común y otra por el fuero federal.
Aunque Hegel Mariano consideró que si las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta la resolución que dictó en el 2014 el Juez 6 de Distrito de Acapulco que dejó en libertad a varios comunitarios de Ayutla, estableciendo que la Policía Comunitaria es una institución protegida por la Ley 701 de usos y costumbres de los pueblos originarios en Guerrero, Gonzalo tiene que abandonar la cárcel.
En opinión del abogado la detención de los policías comunitarios durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue una estrategia para desaparecer a este sistema de justicia de los pueblos originarios.
No descartó que en Tixtla, Ayutla y Olinalá la delincuencia organizada haya presionado al gobierno para detener el avance de las policías comunitarias, porque afectaba sus intereses económicos.
El abogado declaró que esta hipótesis de complicidad es porque durante la administración de Aguirre Rivero los procesos judiciales de los comunitarios presos eran demasiado lentos.
“Como que veíamos que había mala fe de los jueces para una serie de trámites, e incluso era muy complicado realizar audiencias porque los presos estaban en cárceles de máxima seguridad en distintos estados del país”, recordó.
Indicó que si bien durante el mandato interino de Rogelio Ortega a los comunitarios se les trasladó a penales de Guerrero (en el caso de Nestora Salgado a la cárcel femenil de Tepepan, en la Ciudad de México desde Nayarit) de todos modos los procesos penales van en forma lenta.
Agregó que desde hace más de dos años la Primera Sala Penal del Poder Judicial que es integrada por los magistrados Vicente Rodríguez, Miguel Barreto Sedeño y Julio Jáuregui siguen sin dictar una resolución sobre una apelación sobre el auto de formal prisión que dictó el juez penal de esta ciudad, Abimael Rodríguez en contra de Gonzalo Molina acusado de diversos delitos del fuero común.
El gobierno, detrás del asesinato de los comunitarios de Tixtla, señala Arturo Campos
El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de El Paíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera, dijo que el gobierno continúa creando “terror” en contra del sistema de seguridad comunitaria, y convocó a seguir defendiéndolo porque “sólo buscamos la paz para el pueblo”.
En una llamada a la redacción de El Sur, Campos Herrera, a cinco días de cumplir dos años preso en el penal de Ayutla, declaró que “no conforme con fabricar los delitos para poder tener encarcelados a inocentes, ahora el gobierno se disfraza de delincuente, embosca y asesina a cuatro policías comunitarios de Tixtla”.
Criticó que el gobierno pone retenes de vigilancia y revisión, y decomisa resorteras a los normalistas de Ayotzinapa, y preguntó: “¿Esos artículos que utilizan para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos son más peligrosos que las armas de los delincuentes?”.
Luego, en alusión al hecho de que los asesinos de los cuatro policías comunitarios se desplazaban en una decena de camionetas con armas de alto poder sin impedimento alguno por parte de la autoridad, dijo que “a ellos no les ponen filtros para pasar con las armas”.
“Estamos seguros que el gobierno está detrás, para crear inestabilidad y justificar la presencia del Ejército y la Marina, porque al gobierno no le gusta cómo nuestro sistema de seguridad comunitaria puede ser más eficaz que su propia policía”, expresó Arturo Campos, y aseguró que donde hay presencia de la CRAC-PC han bajado los índices delictivos.
“Por eso dentro de la cárcel convoco a las organizaciones sociales, de derechos humanos, maestros y pueblo a que debemos seguir organizados para defender el sistema comunitario, todos estamos luchando por el mismo fin, la paz para el pueblo”, expresó Campos Herrera.