La tarde del domingo un ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de 63 años y su hijo de 45 fueron asesinados a escopetazos en la comunidad de Jamiltepec el Mango, San Luis Acatlán, y uno más resultó herido.
Las autoridades comunitarias informaron que pasado el mediodía tres hombres se hacían trabajos de campo en las cercanía de la comunidad cuando fueron atacados, en el lugar murió el señor Andrés de 63 años y su hijo Neftalí de 45, en tanto un tercer hombre resultó herido de un impacto de bala en el brazo.
Ambos cuerpos quedaron tirados en el suelo. Las víctimas presentaba impactos de bala en los brazos y el pecho. El lugar fue resguardado por policías comunitarios y agentes de la Fiscalía, que no pudieron realizar las diligencias debido a que los familiares se llevaron los cuerpos.
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Retrasan sentencia a un preso de la CRAC; señalan que el gobierno usa el caso políticamente
La mamá del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Samuel Ramírez Gálvez preso en la cárcel de esta ciudad, Beatriz Gálvez Macario, exigió a las autoridades la liberación de su hijo y la reparación del daño, luego de que se hicieron cuatro peritajes que terminaron en febrero y se debió emitir sentencia el mes pasado pero no fue así.
La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Enriqueta Chávez López dijo que la organización considera que no emiten sentencia por la contienda electoral y que se está buscando cómo utilizar el caso políticamente.
En una llamada telefónica la madre del preso político expuso que a su hijo “desde hace años están que lo van a sacar y no hay salida y ya se cerró el caso… ahorita falta, estamos en espera pues para que ya lo tengamos afuera, yo exijo que reconozcan la Ley 701 y que reconozcan que mi hijo es comunitario, no es ningún delincuente, no es ningún secuestrador”.
Abundó que hay delincuentes peligrosos pero con dinero salen libres, desafortunadamente su familia es de bajos recursos y como el gobierno es corrupto todo lo hace con dinero, motivo por el que su hijo sigue preso.
Indicó que las autoridades deben reconocer que su hijo está en la cárcel sin ninguna culpa porque el arma que estaba utilizando cuando lo detuvieron la llevaba porque estaba en funciones de policía comunitario.
“Exigimos que los años que estuvo ahí se le recompensen porque ahorita yo estoy toda endeudada por ese encarcelamiento, y ahora si él sale, sale sin ningún recurso, es como si hubiera estado durmiendo cuatro años y cacho y qué va a hacer en su futuro, ese es el problema”, resaltó.
Enriqueta Chávez manifestó que con la organización consideran que el motivo por el que no se ha sentenciado a Ramírez Gálvez es que hay una situación electoral, que están esperando poder manejar el caso políticamente.
En el proceso de Ramírez Gálvez se realizaron cuatro peritajes, el primero fue el de Tecnología, el segundo de Grafoscopía, uno de Química Forense y el de Dactiloscopía que se terminaron en febrero y en marzo se debió emitir la sentencia.
Remarcó que es evidente la inocencia de Samuel Ramírez, que los familiares y activistas que lo apoyan van a esperar pero que jurídicamente están presionando.
Agregó que se enviaron al Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo dos recursos de inconformidad porque no resuelven nada.
“El proceso terminó pero todo salió favorable a Samuel, entonces lo único que quedaba era presentar obviamente documentos que estuvieran a nuestro cargo, evidentemente estaría en la Fiscalía, eso ya se cerró y solamente estamos en espera de que nos den la sentencia”, dijo.
Cancelan otra vez la audiencia de Samuel Ramírez; no se presentó el perito de química forense
La penúltima audiencia que se tenía programada en el juzgado Séptimo de Distrito del preso de la Coordinadora Regional de autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez, se canceló por segunda vez, ahora porque el perito de química forense no se presentó.
Mientras que el también preso de la CRAC de El Fortín, Gonzalo Molina González exigió a las autoridades se agilice el proceso de su compañero del sistema comunitario para que salga con “libertad absolutoria”.
En un comunicado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero informó de las audiencias programadas para el policía comunitario y la cancelación de la de ayer.
Expone que se suspendió debido a que el perito de química forense no se presentó en el juzgado, que son cuatro peritajes los que se van a efectuar durante su proceso, de los cuales ya se hicieron dos, el primero que se llevó acabo fue el de Tecnología y el segundo de Grafoscopía.
Agrega que el jueves 18 de enero se espera el cuarto de los peritajes, el de Dactiloscopía, y que por lo tanto como se suspendió el de ayer se tendrá que solicitar la nueva fecha este miércoles.
“Cabe señalar que el juez está obligado a presentar a dichos peritos incluso por medio de la fuerza pública. Así es como lo marca la ley, del debido proceso… Esta es la segunda ocasión que estos profesionales judiciales no se presentan a desahogar los puntos litigiosos que son materia de su dictamen, y retrasan en tiempo de esta manera el juicio de Samuel Ramírez”, señala.
Por su parte Molina González dijo “en este momento urge que el compañero salga, pero no queremos que salga por salir sino absuelto, como debe de ser porque no hay delito que perseguir, hay pruebas suficientes que echan abajo todo porque sí se reconoce a la CRAC como institución, entonces todo eso más los jueces que han liberado a nuestros compañeros, pues ya es justo que Samuel salga”, expresó.
Recalcó que con su encarcelamiento y el de Ramírez Gálvez y los ataques en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, a la Policía Comunitaria, está demostrado que hay un gobierno fallido y autoritario, que trata de implementar a través de la fuerza militar los proyectos que van a beneficiar a las grandes empresas, no al pueblo de Guerrero ni a México.
Libre, Arturo Campos de la CRAC tras 4 años preso; no se acreditó que cometió secuestro
Después de 4 años y 13 días preso fue liberado la tarde de ayer el promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ayutla, Arturo Campos Herrera, que los últimos dos años los pasó en el penal de esta cabecera municipal.
El promotor de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso de este municipio salió libre a las 4:15 de la tarde, luego de que el juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Tlapa le dictó auto de libertad absolutoria al no poder acreditarle el delito de secuestro del que lo acusaban las autoridades.
Al pisar la calle Campos Herrera declaró que seguirá luchando por la libertad de sus compañeros presos, Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla y del policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez, ambos en el penal de Chilpancingo.
Asimismo dijo que continuará en la lucha por la defensa de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y en contra de la Ley de Seguridad Interior y de la militarización del estado.
Afuera del penal lo esperaban su esposa Agustina García y la más pequeña de sus hijas, Amayeli de 4 años, a quien el promotor comunitario abrazó y la conmovida menor irrumpió en llanto junto a su hermana mayor y su madre.
También lo esperaban el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el sobreviviente de la masacre de El Charco ex coordinador de la CRAC de este municiplo y también ex preso, Bernardino García Francisco, y los policías comunitarios que estuvieron presos Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos.
Asistieron don Hermenegildo Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el asesor de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán Valentín Hernández Chapa, el consejero Sabás Aburto, así como una veintena de seguidores de Campos Herrera que al verlo salir estallaron en consignas como: “Libertad, libertad, a los presos por luchar”.
Campos Herrera salió de la cárcel acompañado por los abogados de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron la defensa de Arturo Campos.
Desde el umbral de la puerta del penal Campos agradeció a los organismos civiles, organizaciones sociales, a su familia y las personalidades que estuvieron con él y en la lucha por su libertad. También agradeció a los medios de comunicación, “y a las orejas (informantes del gobierno) que posiblemente se metan a escuchar, les pido que lleven el mensaje que nosotros somos inocentes y por eso logramos nuestra libertad”.
Aclaró que su libertad no se logró bajo ninguna negociación con el gobierno, “se logró porque demostramos con pruebas contundentes que nunca existieron los delitos por los que nos acusaron”.
La Ley de Seguridad Interior viola la Constitución
Después respiró hondo y exclamó, “ya estoy libre y ahorita lo que sigue es luchar por los compañeros que siguen presos. Vamos a seguir defendiendo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, a la Ley 701. Estamos en contra de la Ley de Seguridad Interior que está en la Cámara de Senadores. Estamos en contra de la militarización del país y vamos a unir fuerzas para exigir al gobierno que esa ley se tiene que echar para abajo, y si no de todos modos vamos a organizarnos para defendernos en contra de la militarización”, advirtió.
Denunció que la gente de las comunidades indígenas ha sido atropellada y que se han violado los derechos humanos de las mujeres y hombres por el Ejército, “y ahorita el gobierno federal está impulsando una ley en contra de la Constitución porque el Ejército ni la Marina deben andar en las calles, ellos deben estar encuartelados y eso lo dice la Constitución”, expresó.
Insistió que es violatoria a la Constitución “y por eso nosotros como luchadores sociales es nuestra obligación estar en contra, y organizar a la gente para defendernos como pueblos indígenas”.
El abogado Rosales Sierra informó que Campos salió en libertad absoluta porque en el procedimiento no se acreditó uno de los elementos fundamentales del secuestro.
Explicó que el secuestro se compone de dos elementos, la privación de la libertad y la finalidad con que se priva de la libertad a las personas, y que no se acreditó el segundo elemento, “porque la finalidad con la que estaban detenidas las personas en la Casa de Justicia de El Paraíso era para procesarlos en el Sistema de Justicia indígena debido a que habían cometido delitos”, aclaró.
Dijo que con esto los jueces federales han reconocido plenamente a la CRAC como autoridad plenamente establecida, que puede ejercer actividades de seguridad y justicia, ese criterio se logró a pulso con varios amparos de varios procesos que Arturo Campos enfrentaba, igual que en el caso de los seis policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso que fueron liberados anteriormente.
“Hay un caudal de resoluciones y de precedentes jurídicos que hoy tienen los tribunales, y que sirvieron de base para dictar la libertad a favor de Arturo Campos”, informó.
Añadió que quedó evidenciado que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero utilizó el sistema de justicia y los penales federales para criminalizar a la CRAC.
Antes, Abel Barrera denunció que el caso de Campos muestra el patrón de criminalidad que ha impuesto el gobierno del estado a través de la Fiscalía General, “se han fabricado pruebas y sobre todo, se han usado de manera desproporcionada las penas y los penales”.
Lamentó que Arturo Campos haya tenido que pagar más de cuatro años de encierro y uno de ellos en un penal de máxima seguridad, “esto habla de cómo las autoridades se empeñan en acallar voces críticas como la de Arturo Campos”.
Denunció que en esta situación están los casos de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez que igual que Arturo, lo que hicieron fue dar todo de sí para que hubiera seguridad y justicia en el estado.
Aprovechó para llamar a que los diputados locales aprueben la propuesta de Ley 701 que están impulsando la CRAC y organizaciones sociales, a fin de que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas.
En la noche en un boletín, Tlachinollan dijo que “para el movimiento de derechos humanos en Guerrero la libertad de Arturo Campos es el triunfo de una lucha histórica de los pueblos y, sobre todo, de los defensores que se ponen en la línea de fuego tratando de construir un nuevo escenario de respeto a los derechos humanos”.
Añadió que Arturo está libre gracias a la lucha de las comunidades indígenas, pero sobre todo “gracias a su trayectoria impecable, porque es una persona que siempre ha trabajado para construir justicia desde abajo”.
Pasó Campos Herrera 4 años en prisión por una interpretación desviada de la ley: abogados
El promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera fue detenido por agentes ministeriales el 1 de diciembre de 2013 después de un mitin por la exigencia de libertad de la comandanta de la organización comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García y policías comunitarios de Ayutla.
Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de dos secuestros.
Las acusaciones por los supuestos secuestros son en esencia señalamientos que hacen varias personas que estaban procesadas en el sistema de justicia de la CRAC-PC, por cometer delitos en sus comunidades, que van desde homicidio, violaciones, narcomenudeo y otros delitos contra la salud.
Estando en prisión se le instruyeron las siguientes causas penales:
Secuestro derivado en la causa penal 59-1/2015 (antes causa penal 191/2013-II que se encontraba radicada en el juzgado Cuarto Penal de Acapulco) radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende, en Ayutla de los Libres, Secuestro en la causa penal 196/2013-I radicada en el juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, en la ciudad de Tlapa.
Además obtuvo su libertad en los procesos penales por robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, derivado de la causa penal 007-I/2014 radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende de Ayutla. Se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Asimismo delincuencia organizada derivado de la causa penal 76/2014 radicada en el juzgado Séptimo de Distrito, se interpuso apelación 47/2014 ante el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, obteniendo su libertad.
Para los abogados de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron el caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) hizo una interpretación “desviada” de la ley, y forzó el encuadramiento de secuestro, “estableciendo que un grupo de personas que se dicen policías comunitarias detuvieron a los supuestos agraviados, les pidieron dinero a cambio de su libertad y los maltrataron en los centros de detención”.
Sin embargo consideran que la dependencia soslayó que Arturo pertenece a un pueblo indígena y al sistema de justicia de la CRAC-PC, y que los detenidos habían cometido delitos en sus comunidades y estaban enfrentando un proceso en el Sistema de Justicia indígena de la referencia.
Los abogados de Campos Herrera expusieron que en las causas penales que se le instruyeron por los delitos de delincuencia organizada y robo calificado, los jueces le otorgaron su libertad absoluta, pues quedó acreditado que no pertenece a un grupo delincuencial ni que haya robado, por el contrario es integrante de un pueblo indígena que en el marco de la pluriculturalidad de nuestro país, poseen su propia forma de organizarse para cuidar su seguridad y sancionar las conductas ilegales en su territorio, derecho reconocido a los pueblos indígenas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Entregan al gobierno en Cdmx 40 mil firmas para exigir la libertad de Arturo Campos
Abogados y activistas, así como su esposa Agustina García entregaron en la oficina representación del gobierno de Guerrero casi 40 mil firmas recabadas en la campaña electrónica de Avaaz, en cuya petición se exige la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera quien está preso desde hace cuatro años pese a que ha demostrado su inocencia.
Acudieron al encuentro con el titular de la oficina ubicada en Polanco, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la misma organización a cargo de la defensa del comunitario, Rogelio Téliz, junto a Agustina, así como los actores Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y el activista Mardonio Carballo, y Ángel García García, un ex preso político de la CRAC.
El hijo del ex gobernador y actual subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, René Juárez Albarrán recibió alrededor de las 11 al grupo encabezado por Agustina García, quien a cuatro años de distancia pese a estar enferma de la columna y manteniendo a sus cuatro hijas e hijo tras el encierro de su esposo, acudió a la ciudad.
Rogelio Téliz quien lleva el caso de Arturo Campos preso en el penal de Ayutla, explicó que durante la campaña se lograron reunir 34 mil firmas, por la socialización de varios activistas. Ahí demandan al juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos en Tlapa, a agilizar el caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y decretar su libertad inmediata.
Juárez Albarrán aseguró que no conocía el caso y que Arturo Campos, así como otros comunitarios de la CRAC que fueron apresados en 2013 durante el gobierno del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el de la ex comandanta de Olinalá Nestora Salgado y el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González encarcelado en Chilpancingo, pero se comprometió a llevar su caso y las firmas al poder Judicial de Guerrero.
Rogelio Téliz informó que le entregaron las firmas por escrito y de manera electrónica, “para poderle exigir por su conducto puedan a la brevedad dictar una sentencia, platicamos con él para que le haga llegar la información al poder Judicial y agilizar el tema. Le expusimos que el proceso está cerrado, el viernes fue la última audiencia, el expediente está con el juez y éste está en condiciones de dictar sentencia, no esperarse hasta los 15 días que establece la ley”.
Arturo Campos está preso desde el 1 de diciembre de 2013 acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla y delincuencia organizada, ha quedado absuelto de tres causas penales pero está pendiente el delito de secuestro, por un expediente radicado en Tlapa.
Detalló que el único proceso que seguía vigente en su contra por secuestro en la causa penal 196/2013-1 ya fue desahogado.
Agustina García le dijo a Juárez Albarrán que no confían en el gobierno de Guerrero y pidió que no le fabriquen más delitos.
También preocupa a sus abogados, según dijo Téliz, “que la Fiscalía (General del Estado) no tenga otro expediente oculto, que pudiera sacarlo cuando ya esté en libertad o vaya a salir de la cárcel”.
Pidió que durante este proceso le puedan resarcir el daño causado a él y a su familia, “y hasta que esté libre sabremos si hubo voluntad política… Él no tiene ninguna culpabilidad, la gente que lo acusaba no logró mantener firme esa acusación, el gobierno nunca ha agilizado estos procesos pese a que tenemos expedientes completamente cerrados”.
Recordó que tanto Nestora Salgado como Bernardino García y otros cinco comunitarios presos por secuestro fueron absueltos por jueces de Guerrero, confía que esos criterios puedan emplearse en el caso de Arturo Campos y la sentencia salga antes dos semanas.
Mencionó que la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mantiene pendiente una propuesta de punto de acuerdo para que el Senado se pronuncie a favor de su liberación bajo los mismos criterios jurídicos que en el caso de Nestora Salgado García, apresada en agosto de 2013 y quien recuperó su libertad en abril de 2016, porque se reconoce a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a sus integrantes como autoridades.
Durante la reunión el activista Mardonio Carballo consideró que el gobierno de Guerrero, “debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la Policía Comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que como en el caso de los 43 a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La Policía Comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad”.
Llevan 33 mil 416 firmas por la libertad de Arturo Campos
Entregan al gobierno en Cdmx 40 mil firmas
para exigir la libertad de Arturo Campos
Abogados y activistas, así como su esposa Agustina García entregaron en la oficina representación del gobierno de Guerrero casi 40 mil firmas recabadas en la campaña electrónica de Avaaz, en cuya petición se exige la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera quien está preso desde hace cuatro años pese a que ha demostrado su inocencia.
Acudieron al encuentro con el titular de la oficina ubicada en Polanco, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la misma organización a cargo de la defensa del comunitario, Rogelio Téliz, junto a Agustina, así como los actores Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y el activista Mardonio Carballo, y Ángel García García, un ex preso político de la CRAC.
El hijo del ex gobernador y actual subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, René Juárez Albarrán recibió alrededor de las 11 al grupo encabezado por Agustina García, quien a cuatro años de distancia pese a estar enferma de la columna y manteniendo a sus cuatro hijas e hijo tras el encierro de su esposo, acudió a la ciudad.
Rogelio Téliz quien lleva el caso de Arturo Campos preso en el penal de Ayutla, explicó que durante la campaña se lograron reunir 34 mil firmas, por la socialización de varios activistas. Ahí demandan al juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos en Tlapa, a agilizar el caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y decretar su libertad inmediata.
Juárez Albarrán aseguró que no conocía el caso y que Arturo Campos, así como otros comunitarios de la CRAC que fueron apresados en 2013 durante el gobierno del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el de la ex comandanta de Olinalá Nestora Salgado y el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González encarcelado en Chilpancingo, pero se comprometió a llevar su caso y las firmas al poder Judicial de Guerrero.
Rogelio Téliz informó que le entregaron las firmas por escrito y de manera electrónica, “para poderle exigir por su conducto puedan a la brevedad dictar una sentencia, platicamos con él para que le haga llegar la información al poder Judicial y agilizar el tema. Le expusimos que el proceso está cerrado, el viernes fue la última audiencia, el expediente está con el juez y éste está en condiciones de dictar sentencia, no esperarse hasta los 15 días que establece la ley”.
Arturo Campos está preso desde el 1 de diciembre de 2013 acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla y delincuencia organizada, ha quedado absuelto de tres causas penales pero está pendiente el delito de secuestro, por un expediente radicado en Tlapa.
Detalló que el único proceso que seguía vigente en su contra por secuestro en la causa penal 196/2013-1 ya fue desahogado.
Agustina García le dijo a Juárez Albarrán que no confían en el gobierno de Guerrero y pidió que no le fabriquen más delitos.
También preocupa a sus abogados, según dijo Téliz, “que la Fiscalía (General del Estado) no tenga otro expediente oculto, que pudiera sacarlo cuando ya esté en libertad o vaya a salir de la cárcel”.
Pidió que durante este proceso le puedan resarcir el daño causado a él y a su familia, “y hasta que esté libre sabremos si hubo voluntad política… Él no tiene ninguna culpabilidad, la gente que lo acusaba no logró mantener firme esa acusación, el gobierno nunca ha agilizado estos procesos pese a que tenemos expedientes completamente cerrados”.
Recordó que tanto Nestora Salgado como Bernardino García y otros cinco comunitarios presos por secuestro fueron absueltos por jueces de Guerrero, confía que esos criterios puedan emplearse en el caso de Arturo Campos y la sentencia salga antes dos semanas.
Mencionó que la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mantiene pendiente una propuesta de punto de acuerdo para que el Senado se pronuncie a favor de su liberación bajo los mismos criterios jurídicos que en el caso de Nestora Salgado García, apresada en agosto de 2013 y quien recuperó su libertad en abril de 2016, porque se reconoce a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a sus integrantes como autoridades.
Durante la reunión el activista Mardonio Carballo consideró que el gobierno de Guerrero, “debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la Policía Comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que como en el caso de los 43 a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La Policía Comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad”.
Hay intención de acabar con las policías comunitarias en Guerrero: De la Peña
Vania Pigeonutt
El Sur, Ciudad de México
Tras exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial de Guerrero a liberar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña Gómez advirtió que hay una intención de acabar con las policías comunitarias en el estado, y pidió respeto a estos sistemas normativos.
En conferencia de prensa en el Senado de la República los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz García reiteraron que Campos, indígena na savi (mixteco) originario de Ayutla es preso político y está encarcelado sin justificación jurídica, con la intención de criminalizar a la CRAC.
La perredista elaboró un punto de acuerdo el martes pasado, donde reconoce como luchador social a Campos Herrera y pide al pleno del Senado enviar un exhorto formal, para que el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores y el Tribunal Superior de Justicia revisen el caso y lo liberen, al igual que a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez.
Consideró que “el fondo del problema está en las autoridades, que no tienen ningún tipo de sensibilidad de contenido que debe tener este tipo de trabajos comunitarios que se realizan, me parece que este caso es clarísimo de una criminalización a las policías comunitarias, cuando son sistemas normativos respaldados por la ley”.
El pasado sábado visitó Guerrero la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, a quien otras organizaciones han solicitado que se pronuncie por la liberación de los presos políticos de México, que son más de 500, según varios organismos.
Rogelio Téliz explicó por separado que desde el 1 de diciembre de 2013 el promotor fue preso acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, y delincuencia organizada, pero ha quedado absuelto de tres causas penales aunque aún está pendiente el delito de secuestro.
Confió que el punto de acuerdo, que precisó, se turnó a la comisión de Derechos Humanos, dé resultados este año, porque valora los mismos criterios jurídicos para la liberación de Nestora Salgado García, ex comandanta de la CRAC presa en agosto de 2013, y quien recuperó su libertad en abril de 2016, que reconocen a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a ellos como autoridades.
Detalló que el único proceso que sigue vigente en contra de Arturo Campos es por secuestro, en la causa la penal 196/2013-1.
“De los 43 supuestos agraviados muchos no están en sus comunidades y no podemos desahogar la etapa procedimental, es un problema de dilación. Ha habido una mala fe por parte del Tribunal, del juez, si tanto Nestora como Bernardino García (otro integrante que estuvo preso) quedaron absueltos, el juez pudo utilizar los mismos criterios con Arturo y antes de que se cierre el juicio emitir un documento donde le otorga la libertad, porque ya está demostrado que no hay ningún secuestro”, detalló.
Consideró que en el expediente ya está el precedente, “confiamos en que tiene que ser una sentencia absolutoria porque el secuestro ya está acreditado que no ocurrió. No hay ninguna acusación, no hay pruebas que sustenten ese delito”.
De la Peña exhortó al Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a cumplir el artículo 14 de la Constitución del estado y el artículo 37 de la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad, que reconocen en la constitución local a la CRAC y sus atribuciones.
Dijo que no sólo es un asunto que viene desde el gobierno de Héctor Astudillo, sino cuatro años atrás con el defenestrado Ángel Aguirre, “el problema que hay de fondo en el estado de Guerrero viene desde mucho tiempo atrás. A cada rato en distintos eventos se denota que hay una desatención y una permanente amenaza de no querer reconocer estos sistemas normativos”.
De manera particular lamentó que el gobierno no reconozca las formas en las que están organizados con las policías comunitarias, “lo que tiene que darse en el estado involucra a todas las organizaciones, al orden estatal como el municipal, que en vez de querer afectar esta organización lo que se tiene que hacer es respetarla, además de reconocerla y entender que es una coadyuvancia para la gobernabilidad de la entidad”.
Se pronunció a favor de que se modifique en la Constitución de Guerrero, como ha pedido la CRAC, el apartado indígena, y que además de la Ley 701 y el artículo 69 de la Organización Internacional de Trabajo, que también reconoce al sistema, se fundamente y queden por encima de cualquier controversia las funciones de la Policía Comunitaria.
Opinó que la modificación “es completamente correcta porque además está fundada en el artículo 2 de la Constitución, el artículo 2 ha sufrido reformas importantes porque se establecen reconocimiento a los sistemas normativos, porque siempre los sistemas normativos tienen una preponderancia como pueblos originarios de México”.
Campos es reconocido desde esa Comisión por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas na savi y me’phaa de la región Costa-Montaña de Guerrero.
De la Peña se comprometió a que antes de que concluya el año el Senado se pronunciará por su liberación.
Está mal de salud y económicamente la esposa de Arturo Campos, informa Tlachinollan
A casi cuatro años de que el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Ayutla de los Libres, Arturo Campos Herrera fue encarcelado, su esposa Agustina García de Jesús ha mantenido a su familia prácticamente sola, y su salud se ha deteriorado.
La indígena na savi no pudo acudir al Senado desde donde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y la Comisión de Derechos Humanos de esta cámara se pronunciaron por su liberación, ya que lo consideran preso político y no hay razones para que siga en la cárcel de Ayutla.
Agustina tiene 38 años, pero según el abogado de Tlachinollan que lleva el caso de Arturo Campos, Rogelio Téliz García, su salud se ha deteriorado parece como si tuviera más. Está muy delgada y tiene fuertes dolores en el cuerpo.
Vende algunas hierbas curativa que ella cosecha en el jardín de su casa en Ayutla, en la Costa Chica del estado.
Es madre de cinco hijas mujeres y un varón de quienes se ha tenido que hacer cargo en estos años, luego de que el 1 de diciembre de 2013 su esposo, también na’savi, fue acusado de delincuencia organizada, secuestro agravado, portación de armas, delitos, que según su defensa fueron imputados aún cuando la Ley 701 fundamenta las funciones de la CRAC, y Arturo Campos nunca actuó fuera de ello.
“La familia de Arturo desgraciadamente se encuentra desgastada tanto económicamente como físicamente. Agustina por cuestiones de salud que se le han ido agudizando no pudo estar con nosotros, tiene un problema ya por esta criminalización de Arturo Campos, doña Agustina se ha hecho cargo de sus hijos, de la familia”, mencionó.
Dijo que lo que hace para mantenerse es vender plantas, pizzas, a veces pan, tenía una tienda en su casa pero desde agosto de 2013 hombres le prendieron fuego a su hogar y dejó de surtir, “desde la vez pasada eso ha ido disminuyendo su patrimonio”.
El abogado compartió que “ha habido solidaridad de algunas organizaciones, les llevan despensa, sobre eso se ha ido manteniendo. Lo que nos preocupa es el tema de su salud, doña Agustina sí está desgastada, sus hijos siguen estudiando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, económicamente no está bien”.
De Arturo Campos dijo que está estable “mejor porque tiene cerca de la familia, eso lo pone contento, pero sí ha tenido complicaciones de salud, no muy graves pero debido al hostigamiento, al encarcelamiento, por parte del Estado ha tenido un problema de presión, tiene problemas gastrointestinales”.
Hay un patrón de impunidad en el país, afirma Nestora Salgado antes de volver a EU
La ex comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García participó antes de regresar a Estados Unidos, luego de 10 días en el país, en la presentación del informe del proceso de acceso a la justicia en los asesinatos de los activistas Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, ocurridos hace siete años en Oaxaca y que están en la impunidad, lo que afirmó que es un patrón en México.
En la presentación del informe participaron el embajador de Finlandia en México, Roy Eriksson, la mamá de Jyri, Evve Jaakkola, el esposo de Bety, Omar Esparza y los abogados Karla Micheel y David Peña, quienes denunciaron que a siete años hay impunidad en el caso.
Fue en el museo José Luis Cuevas, y fue invitada Nestora Salgado porque fue presa política y porque su proceso judicial aún no concluye.
La activista dijo que “da vergüenza que sea un patrón sistemático querernos callar, está quedando en uno más de tantos casos de impunidad el caso de otras defensoras asesinadas por defender el territorio, entonces nos damos cuenta que son los intereses de algunas personas que tienen mucho que ver y están moviendo los hilos para que no haya justicia”.
Hace siete años ocurrió el doble asesinato de Alberta Cariño Trujillo, conocida como Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) en Oaxaca, y de Jyri Antero Jaakkola, observador de derechos finlandés, que estaba en ese territorio Triqui.
Ambos fueron asesinados por un grupo armado en Oaxaca el 27 de abril de 2010, mientras acompañaban una caravana de paz y observación de derechos humanos que encabezaba Bety, cuando se dirigía a la comunidad indígena de San Juan Copala.
A siete años de los hechos sus familiares y abogados, organizaciones de derechos humanos y diputadas y diputados del Parlamento Europeo mantienen su señalamiento de que no hay justicia, y el gobierno mantiene a los perpetradores en libertad. Están pendientes de ejecutar diversas órdenes de aprehensión.
Salgado señaló sobre el caso que “es la misma historia que se está repitiendo: el caso de Nestora Salgado, de muchos presos políticos. La misma historia, la misma defensa, las mismas voces que queremos levantar, que luchamos por la defensa del territorio, en defensa de la paz, se me hace tan curioso que en este patrón seamos asesinados, seamos encarcelados y con esta misma impunidad”.
Antes de que concluyera el informe, Salgado se fue al aeropuerto y aseguró que seguirá su proceso, porque aún queda pendiente su libertad absoluta. La Fiscalía General del Estado mantiene acusaciones en su contra por más de 50 secuestros.