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Asesinan a policía ministerial en un bar de la Costera; hallan una cabeza y restos humanos

El Bar City de la Costera donde asesinaron al agente policiaco y que ayer fue clausurado Foto: Jesús Trigo

Redacción

Un policía ministerial vestido de civil asesinado a balazos, y una cabeza de un hombre adentro de una hielera, fueron ayer los diferentes hechos de violencia en Acapulco.
Un policía ministerial vestido de civil fue asesinado a balazos adentro de un bar en la avenida Costera, frente al restaurante El Zorrito.
El crimen fue reportado a la 1 de la mañana de este lunes, en el fraccionamiento Magallanes, informaron policías turísticos.
El reporte policiaco indica que hombres armados irrumpieron en el bar City y sin mediar palabras le dispararon al agente activo.
El cuerpo quedó tendido adentro del bar, precisó la autoridad ministerial. El policía estaba consumiendo bebidas alcohólicas, al parecer solo.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, informaron que el agente ministerial recibió cuatro disparos de pistola calibre .09 milímetros.
El establecimiento fue cerrado durante las diligencias de las autoridades. Los pocos asistentes se fueron del lugar tras las detonaciones.
El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezados por fuerzas federales.
Más tarde se supo que el policía ministerial se llamó Erick, de acuerdo con la declaración ministerial de los familiares.
Se informó que era también militar, sin saber el grado, y que lo trajo a trabajar la ex fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
El bar City se ubica cerca de los establecimientos como La Hamaca y La Norteña, donde también ha habido muertos; este año se han producido tres.
En la zona hay variedad de negocios como bares, una farmacia, tienda de conveniencia, hoteles y Galerías Acapulco.
En otro caso, la cabeza de un hombre adentro de una hielera y dos extremidades del cuerpo fueron encontrados en Caletilla, frente al mercado Santa Lucía.
El hallazgo fue reportado a las 6 de la mañana en el fraccionamiento Las Playas, cerca de la terminal de camiones urbanos ruta Caleta-Costera-Base Naval, informaron policías municipales.
El reporte policiaco indica que hombres armados abandonaron la cabeza de un hombre adentro de una hielera, y dos extremidades más, no se precisó qué partes del cuerpo.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, informaron que podría corresponder a un misma persona la cabeza y las dos extremidades.
Asimismo, se encontró un narcomensaje, cuyo contenido no fue proporcionado por las autoridades policiacas.
El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el crimen.
Con estos casos suman 18 muertos en lo que va del mes y 201 en el año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.

 

Mantiene el gobierno la operación del Viaducto Diamante pese a fallo judicial

Jacob Morales Antonio

La autopista Viaducto Diamante continúa siendo operada por el gobierno del estado, que antes de las vacaciones de diciembre hizo el bacheo de la vía, que lucía deteriorada, además, desde que tomó el control, desmanteló dos casetas que estaban listas para entrar en operaciones.
En un recorrido por la autopista de 21.5 kilómetros se muestra que tuvo algunas mejoras, luego de que el gobierno del estado tomara control el pasado 28 de abril, cuando se informó del rescate de la concesión, para la construcción explotación y conservación de la autopista Viaducto-La Venta-Punta Diamante y servicios conexos.
En ese momento se indicó que la recuperación de la concesión obedeció a “la falta de atención del estado que guarda la carretera, por parte del concesionario, así como el incumplimiento de los contratos y acuerdos en materia de infraestructura y conservación que contrajo con la administración estatal”.
Pero el pasado 26 de marzo el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Guerrero del Poder Judicial de la Federación otorgó el fallo para el regreso de la concesión del viaducto La Venta-Punta Diamante para Fibra Orión, después de la promoción de una demanda de amparo indirecto, según se dicta en el expediente 499/2023 en el portal del Consejo de la Judicatura Federal.
En un recorrido las dos casetas que se habían construido por la empresa concesionaria fueron desmanteladas por completo, y sólo opera la caseta de Metlapil, que tiene un cobro de 150 pesos por automóvil. Así como la caseta de salida a Costa Chica.
Los baches que había en el viaducto fueron cubiertos, aunque no se ha pavimentado la totalidad de la vía y sólo se ha colocado nuevo chapopote en algunos tramos que se pueden ver por la intensidad del color negro del pavimento.
En el lugar hay resguardo de la Policía del Estado y agentes de la Guardia Nacional.
A diferencia de otros meses, no había comerciantes o vendedores en las aceras de la autopista.
Se consultó por teléfono a ejidatarios de Tres Palos, quienes indicaron que no tenían información de que la empresa recuperó la concesión, por que han estado demandando una indemnización por el derecho de usos de sus tierras, ocupadas desde hace más de 30 años para la construcción de la vía, misma que ni ellos pueden usar porque no hay accesos para los poblados aledaños.

 

Hay intención de acabar con las policías comunitarias en Guerrero: De la Peña

Vania Pigeonutt

El Sur, Ciudad de México

Tras exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial de Guerrero a liberar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera, la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña Gómez advirtió que hay una intención de acabar con las policías comunitarias en el estado, y pidió respeto a estos sistemas normativos.
En conferencia de prensa en el Senado de la República los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz García reiteraron que Campos, indígena na savi (mixteco) originario de Ayutla es preso político y está encarcelado sin  justificación jurídica, con la intención de criminalizar a la CRAC.
La perredista elaboró un punto de acuerdo el martes pasado, donde reconoce como luchador social a Campos Herrera y pide al pleno del Senado enviar un exhorto formal, para que el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores y el Tribunal Superior de Justicia revisen el caso y lo liberen, al igual que a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez.
Consideró que “el fondo del problema está en las autoridades, que no tienen ningún tipo de sensibilidad de contenido que debe tener este tipo de trabajos comunitarios que se realizan, me parece que este caso es clarísimo de una criminalización a las policías comunitarias, cuando son sistemas normativos respaldados por la ley”.
El pasado sábado visitó Guerrero la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, a quien otras organizaciones han solicitado que se pronuncie por la liberación de los presos políticos de México, que son más de 500, según varios organismos.
Rogelio Téliz explicó por separado que desde el 1 de diciembre de 2013 el promotor fue preso acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, y delincuencia organizada, pero ha quedado absuelto de tres causas penales aunque aún está pendiente el delito de secuestro.
Confió que el punto de acuerdo, que precisó, se turnó a la comisión de Derechos Humanos, dé resultados este año, porque valora los mismos criterios jurídicos para la liberación de Nestora Salgado García, ex comandanta de la CRAC presa en agosto de 2013, y quien recuperó su libertad en abril de 2016, que reconocen a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a ellos como autoridades.
Detalló que el único proceso que sigue vigente en contra de Arturo Campos es por secuestro, en la causa la penal 196/2013-1.
“De los 43 supuestos agraviados muchos no están en sus comunidades y no podemos desahogar la etapa procedimental, es un problema de dilación. Ha habido una mala fe por parte del Tribunal, del juez, si tanto Nestora como Bernardino García (otro integrante que estuvo preso) quedaron absueltos, el juez pudo utilizar los mismos criterios con Arturo y antes de que se cierre el juicio emitir un documento donde le otorga la libertad, porque ya está demostrado que no hay ningún secuestro”, detalló.
Consideró que en el expediente ya está el precedente, “confiamos en que tiene que ser una sentencia absolutoria porque el secuestro ya está acreditado que no ocurrió. No hay ninguna acusación, no hay pruebas que sustenten ese delito”.
De la Peña exhortó al Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a cumplir el artículo 14 de la Constitución del estado y el artículo 37 de la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la entidad, que reconocen en la constitución local a la CRAC y sus atribuciones.
Dijo que no sólo es un asunto que viene desde el gobierno de Héctor Astudillo, sino cuatro años atrás con el defenestrado Ángel Aguirre, “el problema que hay de fondo en el estado de Guerrero viene desde mucho tiempo atrás. A cada rato en distintos eventos se denota que hay una desatención y una permanente amenaza de no querer reconocer estos sistemas normativos”.
De manera particular lamentó que el gobierno no reconozca las formas en las que están organizados con las policías comunitarias, “lo que tiene que darse en el estado involucra a todas las organizaciones, al orden estatal como el municipal, que en vez de querer afectar esta organización lo que se tiene que hacer es respetarla, además de reconocerla y entender que es una coadyuvancia para la gobernabilidad de la entidad”.
Se pronunció a favor de que se modifique en la Constitución de Guerrero, como ha pedido la CRAC, el apartado indígena, y que además de la Ley 701 y el artículo 69 de la Organización Internacional de Trabajo, que también reconoce al sistema, se fundamente y queden por encima de cualquier controversia las funciones de la Policía Comunitaria.
Opinó que  la modificación “es completamente correcta porque además está fundada en el artículo 2 de la Constitución, el artículo 2 ha sufrido reformas importantes porque se establecen reconocimiento a los sistemas normativos, porque siempre los sistemas normativos tienen una preponderancia como pueblos originarios de México”.
Campos es reconocido desde esa Comisión por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas na savi y me’phaa de la región Costa-Montaña de Guerrero.
De la Peña se comprometió a que antes de que concluya el año el Senado se pronunciará por su liberación.

Ya comenzó el pago a los defraudados de la caja de ahorro, informa el STTAISUAG

El delegado de la sección 1 del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), de la Zona Sur, Miguel Ángel Ulloa Hernández, informó que ya se empezó a pagar la caja de ahorro a los sindicalizados que fueron defraudados por los responsables de la administración pasada.
Señaló que se empezó a pagar a los de menor salario, como son los intendentes y veladores, que tenían ahorrados alrededor de 5 mil pesos, por lo que a los demás se les irá pagando poco a poco. Que lo que se ha venido pagando desde hace tres semanas es porque el comité central del sindicato, que preside Brenda Alicia Alcaraz, consiguió un préstamo y a través de cuotas sindicales.
Sobre la auditoría a los responsables de la caja de ahorro, Ulloa Hernández comentó que continúa su curso, por lo que todavía no hay un resultado concreto. El pasado 14 de diciembre de 2016 se llevó a cabo el 23 Congreso General Ordinario del STTAISUAG y ahí se acordó que se rescindiera el contrato de los responsables de la caja de ahorro, a quien acusaron de “fraude” por varios millones de pesos y los intereses generados.
En esa ocasión también se acordó iniciar una auditoría para saber dónde quedó el dinero y una demanda penal por fraude contra el presidente de la caja de ahorro Guadalupe Gutiérrez Campos; el tesorero Erik Manrrique Catalán y el contador Felipe Alonso Alonso, pues ninguno de ellos supo explicar dónde quedaron los recursos de la caja de ahorro de los sindicalizados, así como los intereses generados.