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Entran soldados y policías a pueblos de Ayutla por la emboscada en Ahuacuotzingo, informa la CRAC

La Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunció que efectivos de la Marina y del Ejército en ocho patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incursionaron el viernes pasado en cuatro comunidades en busca de delincuentes.
Según las autoridades comunitarias, el viernes los marinos encabezados por policías del estado, llegaron a las comunidades na’ savi de Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, Ocote Marillo y El Charco, buscando a quienes el 25 de julio en un asalto a trabajadores del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que iban a pagar dinero del programa federal Prospera, en Ahuacuotzingo, mataron a cinco policías municipales y a dos custodios de esa empresa bancaria.
En una llamada a esta redacción el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Juan Antonio García, informó que luego de una reunión el lunes con los comisarios de las cuatro comunidades, solicitaron al gobierno del estado y federal dejar de hostigar a las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres.
“Quieren seguir intimidando a los pueblos, pero la CRAC está muy organizada y ha sido muy respetuosa, como representantes hemos respetado a los tres niveles de gobierno, no nos metemos con ellos, pero sí nos quejamos cuando ellos se meten con nosotros”, expuso.
Indicó que los comisarios dejaron claro que no quieren ver a los soldados en su territorio, y tampoco a los marinos en las comunidades donde opera la Policía Comunitaria de la CRAC.
Indicó que la presencia de los agentes causa miedo y temor entre las mujeres y los niños, “lo que llegue a pasar vamos a responsabilizar al gobierno del estado”.
El coordinador también llamó a las autoridades del estado a verificar la falta de obras en las comunidades de la zona mixteca de Ayutla, donde la actual alcaldesa del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana no ha hecho obra social.

Suspenden careo de Gonzalo Molina con ex funcionarios de Tixtla porque no se presentan

El Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo penal, suspendió este jueves una audiencia en la que el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, se carearía con la diputada local perredista, Erika Alcaraz Sosa, y con el profesor Edilberto Vega Cantor, que no asistieron.
La diputada y el profesor se desempeñaban como regidora y secretario general del Ayuntamiento en la pasada administración municipal de Tixtla, cuando Molina González fue acusado por la diputada y el profesor de los delitos de terrorismo, lesiones, privación de la libertad y robo específico en la causa penal 7/2017.
Los supuestos delitos se derivaron de una protesta afuera del Palacio municipal de Tixtla el 26 de agosto de 2013 de policías comunitarios que demandaban la libertad de Nestora Salgado García, promotora de la Policía Comunitaria de Olinalá.
El abogado de Molina González, Hegel Mariano Ramírez informó que la audiencia significaba agilizar el proceso y aportar elementos que fortalecieran la legalidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como institución.
Añadió que con la comparecencia de la diputada y el profesor existe la posibilidad de que se desvanezcan todos los elementos incriminatorios contra Gonzalo Molina y, al mismo tiempo, aporten elementos que tienen que ver con la relación que existía entre el cabildo y la CRAC.
Informó que la actual diputada participó en mesas de diálogo después de la acusación contra Gonzalo Molina en las que el cabildo se comprometió a aportar toda la información para que el promotor de la CRAC en Tixtla recuperara su libertad y se suspendieran las órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la Policía Comunitaria.
“Nosotros consideramos que, de acuerdo con la investidura que actualmente tiene como diputada, debería de comparecer de manera voluntaria y facilitar el desahogo de pruebas en lugar de complicarnos, porque esto a nosotros nos mete en una dinámica nueva de seguir un procedimiento para hacerla comparecer”.
Por ello el abogado la llamó a que su comparecencia sea inmediata para agilizar el proceso en contra de su defendido.
Informó que el proceso se encuentra en la etapa del desahogo de pruebas, precisamente porque se ha dificultado la localización de algunos denunciantes y la comparecencia de otros.
Informó que también se ha complicado por la falta de recursos económicos de Gonzalo para ofrecer algunas pruebas o acceder a algunas documentales.
Aparte de la causa penal 7/2017, Molina González enfrenta otros dos procesos; uno en el Juzgado Séptimo de Distrito (federal) también por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia y contra agentes de autoridad. Otro más está radicado en el juzgado de Tlapa, por el delito de secuestro agravado, aunque en este proceso lo defiende otro abogado.
Minutos antes de las 11 de la mañana, Molina González apareció en la rejilla de prácticas y firmó el acta en la que se asentó que no asistieron los denunciantes.
Molina dijo que la inasistencia de quienes lo denuncian es una forma de eludir su compromiso, “sin embargo, vamos a esperar, a veces tienen asuntos que arreglar y esperemos que la próxima vez si estén aquí, el profesor Edilberto y la diputada Erika, ellos saben bien como ocurrieron los hechos y saben perfectamente que yo era promotor de la Policía Comunitaria, y que la CRAC es una institución”.
Dijo que cuando ella era regidora y él secretario del Ayuntamiento, le entregaron su nombramiento como promotor de la Policía Comunitaria, y que él les informó que trabajaría en la organización de algunas comunidades.
Apareció en la rejilla con un cuadro en las manos con la imagen de Jesucristo, que pintó al óleo para ofrecerlo en venta, “porque necesito recursos no sólo para sacar adelante la defensa de Gonzalo, sino también la de Samuel” (Ramírez Gálvez), quien es policía comunitario de Zitlaltepec.

 

Bloquean indígenas de Rancho Ocoapa, Ayutla, y la UPOEG a una empresa que tala los bosques

Indígenas de la comunidad na savi de Rancho Ocoapa, municipio de Ayutla, bloquearon este martes los trabajos de una empresa maderera que hace tres semanas comenzó a talar el bosque del núcleo agrario de La Concordia y abrió una carretera en tierras de Rancho Ocoapa sin su permiso, derribando árboles de encino y ocote y ocasionando daños al medio ambiente.
Apoyados por policías ciudadanos armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), más de 50 indígenas de la localidad inmovilizaron tres máquinas trascabo y dos camiones de volteo que abrían una carretera en sus tierras. También retuvieron dos camiones troceros que regresaban para llevarse madera de la zona.
El comisario municipal de Rancho Ocoapa, Sergio Sixto Nereido denunció que la empresa maderera firmó un convenio con el núcleo agrario de La Concordia y con Coapinola, pero dijo que ignoraron a su pueblo en cuyas tierras comenzaron a provocar daños con la apertura de la carretera para que pasen los camiones cargados de madera.

Las demás comunidades de la zona están en territorio de la CRAC; vecinos dicen temer una confrontación

Rancho Ocoapa, se encuentra a poco más de una hora al oriente de Ayutla, la cabecera municipal, y es la única comunidad en la zona que cuenta con policía ciudadana de la UPOEG, el resto de las localidades es territorio de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, por lo que los habitantes temen que el conflicto provoque otra confrontación entre las dos agrupaciones.
Desde las 12 del día de este martes, unos 100 indígenas, la mitad de ellos policías ciudadanos armados de la UPOEG, bloquearon el acceso a la zona en donde la empresa maderera propiedad de Gabriel Bautista, quien tiene su aserradero cerca de Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo, está talando los árboles.
El bloqueo se instaló en el crucero que se encuentra entre las comunidades de Mezoncillo y Tres Cruces, para impedir que sigan saliendo camiones cargados de madera, pero también para prohibir que los trabajadores de la empresa sigan abriendo el camino en tierras que les pertenece.
Los casi 100 indígenas llegaron a la zona ayer al mediodía e inmovilizaron tres retroexcavadoras y dos camiones de volteo que se utilizaban para abrir el camino por donde van tumbando árboles de encino y ocote, mientras que la tierra y piedras que remueven y ruedan, provocan daños a la maleza.
“Aquí el problema son los límites que no respetaron. Están trabajando en terrenos que no les corresponde. Estas tierras son de Rancho Ocoapa y nosotros estamos en nuestro derecho de defenderlo como sea, como sea”, advirtió el comisario Sixto Nereido, con la ayuda de un traductor.
Denunció que la empresa maderera que está abriendo la carretera y ocasionando daños al medio ambiente no pidió permiso a la comunidad, “a mí no me tomaron en cuenta, ni tuve conocimiento de nada”, dijo.
Después de caminar los casi 3 kilómetros donde la empresa abrió una nueva carretera y en otras partes amplió la que ya estaba, el comisario dijo que los habitantes de su comunidad solamente están defendiendo el bosque, porque quienes entraron sin su consentimiento “están derribando árboles, dañando la tierra y el medio ambiente y eso ocasiona que se acabe el agua, se vayan los animales silvestres, y provoca graves daños al medio ambiente”, insistió.
El comisario, dijo que el bosque “es la vida” parta los habitantes, no solamente de la zona, sino para los de las comunidades y pueblos de más abajo. “Nosotros estamos defendiendo el futuro de la niñez, estamos defendiendo los bosques, el agua, el medio ambiente”.
Cuando los indígenas recorrían sus tierras en donde se abre la carretera, llegaron las autoridades agrarias de La Concordia, que es la comunidad que tiene el permiso para la explotación de la madera, a quienes les impidieron el paso y les reclamaron que hayan dado permiso a la empresa maderera de abrir el camino en tierras que no son suyas.
Uno de los representantes de La Concordia, que no fue identificado, dijo que el permiso también lo autorizó el comisariado del ejido de Coapinola, Camerino Castro García, pero el comisario de Rancho Ocoapa insistió en que a él no lo tomaron en cuenta, y que por ello los habitantes de su pueblo decidieron impedir el paso de los camiones con madera en sus tierras.
Los campesinos de Rancho Ocoapa denunciaron que el convenio solamente lo conocen y fue autorizado los comisariados de La Concordia y Coapinola, pero no el resto de los ejidatarios.
“Están enterados todos los ciudadanos”, aseguró el representante de La Concordia, quien al ver que le impedían el paso, a bordo de una camioneta Nissan doble cabina se regresó junto con dos de sus acompañantes, y dijo que volvería con el comisariado de Coapinola para que se aclararan las cosas, lo que después de las 2 de la tarde aún no ocurría. La discusión inició a las 11 y media de la mañana, aproximadamente.
Los indígenas de Rancho Ocoapa explicaron que sus vecinos de La Concordia pretenden sacar la madera por tierras de Rancho Ocoapa para que los camiones troceros no pasen por las comunidades de La Concordia y Coapinola, porque temen que los habitantes de estos pueblos se enteren del saqueo de la madera de su ejido, porque insistieron que el convenio sólo lo conocen los comisariados.
El comisario municipal aseguró que los comisariados de los dos núcleos agrarios que autorizaron el convenio no cuentan con los requisitos que establece la normatividad y que, a pesar de ello, el empresario ya comenzó a extraer la madera.
Ayer, durante el bloqueo de los trabajos de la empresa maderera, los indígenas de Rancho Ocoapa contaron con el respaldo de una comisión de habitantes de La Fátima.
“Aquí todos estamos unidos para defender el bosque” dijo, y demandó a los comisariados de La Concordia y Coapinola que diriman las diferencia mediante el diálogo y no con la violencia, y los responsabilizó del conflicto porque no lo tomaron en cuenta.
Ante la posibilidad de que los indígenas de las comunidades de La Concordia y Coapinola acudan a retirar el bloqueo, el comisario Sixto Nereido los convocó a que resuelvan el diferendo mediante el diálogo, “de manera pacífica, no con violencia”.
Después de que los indígenas inmovilizaron la maquinaria de la empresa maderera, se instalaron en plantón en el acceso hacia la zona donde desde hace tres semanas se comenzaron a talar los árboles de ocote y encino.
Los indígenas colocaron lonas para protegerse del sol y la lluvia, y advirtieron que van a permanecer allí el tiempo que sea necesario para proteger sus tierras.
Unos 40 o 50 policías ciudadanos armados de la UPOEG que resguardan el plantón, pertenecen a las comunidades de Rancho Ocoapa y La Fátima.
A pesar de las diferencias que existen entre la dirigencia de la UPOEG y las autoridades comunitarias de la CRAC en otras zonas, en estas comunidades hay coordinación entre la Policía Ciudadana y la Policía Comunitaria, aseguró el comisario de Rancho Ocoapa.
Sin embargo, los vecinos advirtieron del riesgo de que la policía de la CRAC intervenga para apoyar a las comunidades de La Concordia y Coapinola en este diferendo por la explotación de la madera.
Incluso, durante la discusión entre las autoridades agrarias de La Concordia y los de Rancho Ocoapa, el mediodía de ayer, los primeros reprocharon que estuviera la policía ciudadana en una zona que es territorio de la CRAC, pero los habitantes de Rancho Ocoapa le aclararon que en esa comunidad está la Policía Ciudadana de la UPOEG.

Citará la CRAC a diputados de PRD, Morena y MC para conocer qué proponen sobre la Ley 701

En asamblea general la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordó citar a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y PRD para que presenten sus propuestas de reforma de la Ley 701 y la contrarreforma al artículo 14 presentada por el gobernador Héctor Astudillo Flores a las comunidades en los próximos 15 días.
A la asamblea asistieron 400 integrantes de las Casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y El Paraíso; de los Comités de Enlaces de Cacahuatepec, y los conformados ayer, de Chilixtlahuaca y Huamuxtitlán-Olinalá; así como representantes de los pueblos amuzgos y del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, quienes votaron a favor de no permitir retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas.
Además de convocar a los diputados para que expliquen sus propuestas de reforma a la Ley 701, las autoridades comunitarias se movilizarán en Chilpancingo y los municipios donde tiene presencia la CRAC, también exigirán a los alcaldes y diputados locales de las regiones apoyar la lucha y la propuesta en la que se garantice sus derechos y no se limite a la Policía Comunitaria.
La reunión inició a las 11 de la mañana en la colonia Renacimiento de San Luis Acatlán, fue vigilada por policías comunitarios armados con escopetas, también asistió el alcalde del municipio, Javier Vázquez García, y la síndica municipal de Acatepec, Fabiola Rafael Dircio, quienes manifestaron su respaldo total a la organización ante los resultados de seguridad que han dado en las comunidades, donde coincidieron se transita con tranquilidad.
En su intervención el consejero Valentín Hernández recriminó que en tres ocasiones los diputados locales han pospuesto el análisis, la discusión y la reforma a la Ley 701, y reprochó que no se les ha consultado a los pueblos de esos cambios.
Comentó que la propia Constitución señala que a los pueblos originarios se les debe de consultar cualquier cambio que les afecte a sus derechos.
La integrante de la CRAC en Cochoapa, Kenia Hernández afirmó que la propuesta de reforma del gobernador al artículo 14 enviada al Congreso es una violación a la Constitución del país porque quita autonomía a los pueblos, señalada en los artículos 39 y 2.
“De por sí es poco el derecho de los pueblos indígenas, y los que hay nos los quieren quitar. No nos podemos quedar con las manos cruzadas. Si no nos defendemos nadie nos va a defender, por eso es necesario que debe de haber una movilización de las Casas de Justicia, para que no se dé la reforma al artículo 14”, argumentó.
Dijo que en el nuevo sistema penal acusatorio tiene más derecho el victimario que la víctima, y fomenta la impunidad, “es un insulto a la justicia mexicana y a la de Guerrero”, que a diferencia de la justicia de los pueblos si hay una reeducación de quien infringe las normas.
El consejero, Pablo Guzmán manifestó en la asamblea que cualquier cambio administrativo o legislativo que afecte a los pueblos se les debe de consultar, “tenemos derechos a que nuestras autoridades comunitarias decidan cómo vamos a autogobernarnos”.
Recriminó que los diputados locales y el gobernador “de nueva cuenta se están pasando por debajo, el derecho de la consulta”, porque piensan que los habitantes de las comunidades indígenas no razonan y no saben qué hacer, “es cierto que falta nivel educativo pero es responsabilidad de ellos”.
Propuso que los diputados de Movimiento Ciudadano, PRD y Morena que han presentado propuestas ante el Legislativo para modificar la Ley 701, y una contrarreforma a la iniciativa enviada por el gobernador al artículo 14, tienen que exponerla ante las comunidades en una reunión con las autoridades comunitarias, “¿o qué, tienen miedo?”, comentó.
“Si no consultan, no tenemos porque reconocer la reforma que hacen en el Congreso, porque en la ley dice que se debe de tener una consulta, y previa información de lo que se modificará”, afirmó, y aseguró que la CRAC tiene la capacidad para paralizar medio estado.
Pablo Guzmán llamó a los políticos a no confundir a la Policía Comunitaria con las autodefensas que operan en el estado, “la policía autentica de policías comunitarios no andan enfrentándose con otros policías comunitarios, aquellos son autodefensas. Que no confundan a las policías comunitarias, nosotros buscamos el diálogo, que se solucionen los problemas en las asambleas”.
En tanto, el consejero, Abad García García se unió a la propuesta de movilizaciones porque sólo así se conseguirá preservar los derechos ganados de las comunidades.
Expresó que el gobierno no dejará de perseguir a los policías comunitarios porque es un modelo diferente de justicia y de gobierno, que aterriza en las comunidades.
El representante de la CRAC en Tlacoachistlahuaca, Guillermo Rosendo Martínez afirmó que el gobierno no reconocerá a las autoridades comunitarias porque no se corrompen, “no pueden aceptar que existe este proyecto alternativo de justicia. Nosotros perjudicamos a los intereses del Estado”.
El representante del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Saúl Morán dijo que luego de una asamblea municipal en la región de La Montaña, cinco comunidades de Malinaltepec acordaron apoyar cualquier resolución de la asamblea general y las acciones de la CRAC.
“Nosotros también presentamos nuestra propuesta, no vamos a permitir que la policía comunitaria que nació en los municipios de la Costa Chica y en la Montaña sea borrada de un plomazo. Vamos a defender nuestros derechos, nuestra autonomía, nuestro autogobierno”, manifestó.
El representante del Comité de Enlace de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez pidió a la asamblea dar una propuesta de modificación a la Ley 701, en tanto, el coordinador de El Paraíso, Juan Antonio García solicitó romper el diálogo con el gobierno del estado.
El integrante de la CRAC, Fabián Carrasco propuso que ante los diputados se exponga un plan integral que no sólo sea de seguridad, sino de educación, salud y del campo para las comunidades indígenas.
“Tenemos que replantear una nueva relación con el Estado mexicano y los partidos políticos, que lo que se busque no sea sólo el reconocimiento sino que se respete”.
La consejera de Pascala del Oro, San Luis Acatlán, Rubí Martínez llamó a las 175 comunidades integradas a la CRAC a presionar a los alcaldes y a los diputados de los distritos indígenas para que apoyen la lucha y las propuesta de la organización.

Toman protesta dos nuevos comités de enlace de Chilixtlahuaca y Huamuxtitlán-Olinalá

También en la asamblea general se tomó protesta a las nuevas autoridades de los Comités de Enlace de Huamuxtitlán-Olinalá y de Chilixtlahuaca, Metlatónoc.
Además, se propuso la creación de un nuevo Comité de Enlace en el municipio de Acatepec que tiene 22 comunidades integradas a la CRAC, y otras cinco más se integrarán.
Sin embargo, los consejeros de la Casa de Justicia de Espino Blanco informaron que en una asamblea regional se autorizó la creación de una nueva Casa de Justicia, pero la asamblea general manifestó que no era el procedimiento, por lo que se citó a una reunión de coordinadores de las cuatro Casas de Justicia y de los Comités de Enlaces para que el 5 de agosto se vote la creación, porque en caso de aprobarse algunas comunidades cambiarían de Casa de Justicia.

Pide Gonzalo Molina a los diputados detener la reforma de Astudillo para las comunitarias

 

El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González demandó a los diputados del Congreso local detener la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores, donde no está incluida la figura de policía comunitaria ni de policía rural.
El gobernador envió al Congreso esta iniciativa que si se aprueba, las policías comunitarias estarían en las leyes secundarias de la reforma al artículo 14, con el argumento de que los órganos de los pueblos indígenas no son parte de los poderes del estado.
En una visita al penal de la capital, donde se encuentra recluido desde hace tres años y medio, el promotor de la Policía Comunitaria con base en El Fortín en Tixtla, manifestó su desacuerdo.
Vestido con una playera gris y gorra roja, el preso político se acercó a los locutorios que dividen una maya por donde puede dialogar con sus visitantes.
De inmediato dijo que no es correcto reformar la ley como lo propone Astudillo Flores, al igual que la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que lo importante es armonizarla entre los pueblos y las comunidades.
Dijo que la reforma al artículo 14 es una falta de respeto y violación a los derechos de los pueblos, que al querer hacer estos cambios no se toma en cuenta a los pueblos, principalmente a la CRAC, sin importar la Casa de Justicia a la que pertenezcan.
Pidió a las autoridades “llamar a los pueblos originarios que están haciendo seguridad y justicia, principalmente a la CRAC”.
Llamó a los diputados del Congreso a detener esa iniciativa, pues dijo que se tiene que legislar algo que sirva.
Subrayó que se debe de consultar a los pueblos originarios para hacer esos cambios, discutirlos en foros con la participación de los conocedores de la seguridad y justicia, la CRAC y organismos de derechos humanos.
Dijo que el sábado en la actividad del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, supo que a nombre de la CRAC de Tixtla estaba su hermana Esther Molina, pero dijo que eso no fue cierto, que este proyecto de seguridad y justicia no está con los partidos políticos.
Agregó que como está próxima la contienda electoral hay políticos que quieren abanderar la lucha de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y de los presos políticos, cuando en su caso va para cuatro años que está encarcelado y no ha recibido apoyo.
Pidió a la CRAC que se movilice y defienda la Ley 701, pida su respeto y que si se respeta él saldría libre de inmediato.
Dijo que después de la operación a la que se sometió por una hernia que tenía, aún no es dado de alta pero ya trabaja dentro del penal, pintando cuadros al óleo, haciendo loncheras, cuadernos, bolsas tejidas y huaraches que pueden ser adquiridos por compradores directamente en la cárcel, y con el dinero que recauda apoya el proceso jurídico al que está sometido.

Por primera vez se reúnen el Cecop, la CRAC y Bruno Plácido para llegar a acuerdos

 

Ayer se llevó a cabo, por primera vez, un encuentro entre los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
El pasado 8 de marzo, integrantes de la Policía Ciudadana, con armas exclusivas del Ejército, irrumpieron en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Ayer los representantes de ambas organizaciones se reunieron en el Seminario de la Arquidiócesis de Acapulco, en el fraccionamiento Costa Azul, fungiendo la Iglesia y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como mediadores.
La reunión fue privada en el auditorio del seminario.
A su salida, Plácido Valerio no quiso dar declaraciones argumentando que tenía otro asunto que atender y que iba a destiempo, mientras que el director de Tlachinollan, Abel Barrera, informó que la reunión era para “preparar un camino para el acuerdo” entre las organizaciones.
Indicó que en la reunión, a la que acudieron unos 10 representantes del Cecop y de la CRAC, le manifestaron al dirigente Plácido Valerio que se sienten invadidos por la UPOEG y reiteraron la petición de que la Policía Ciudadana se repliegue de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que que deberá ser expuesto por el dirigente a las comunidades donde opera.
El defensor de derechos humanos dijo que Plácido Valerio planteó que se trabaja en las comunidades porque la gente lo solicitó, y porque no hay un territorio donde haya veto para que otras organizaciones entren y sean partícipes de la seguridad.
Las autoridades de la CRAC reiteraron que los problemas de secuestros, robos y cobro de extorsiones no ocurren dentro del territorio de los Bienes Comunales, sino en poblados colindantes.
Abel Barrera dijo que se realizará otra reunión la semana próxima, aunque no precisó el día, “porque hay la necesidad de seguir dialogando para clarificar los punto de conflicto y se puede dar la coordinación y apoyo mutuo”.
Agregó que además se hace un mapeo de actores interesados en crear un conflicto en los Bienes Comunales, entre estos los empresarios gravilleros, autoridades federales, y autoridades que han sido manipuladas para que estén a favor de la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
“La UPOEG debe ser muy clara de que no puede ser un actor que le haga el juego a quienes son una amenaza para el territorio comunitario y sobre todo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La UPOEG tiene que deslindarse públicamente de ser un instrumento que sirva a quienes han atentado contra el territorio comunitario para dividir, imponer y cambiar la correlación de fuerzas”, demandó.
Abel Barrera recordó que la Iglesia está facilitando el diálogo entre las partes para poder llegar a acuerdos. “Para que se pueda trazar una ruta que lleve a acuerdos básicos de respeto, de coordinación en el tema de seguridad y de delimitación del territorio para que no haya confrontaciones y, sobre todo, alguna situación de violencia”.

Hay una sentencia a favor del preso de la CRAC Arturo Campos, pero aún no saldrá de prisión

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, informó que debido a problemas administrativos se retrasó la notificación al Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), que establece que hay una sentencia a favor del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policía Comunitaria (CRAC-PC), de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera.
Dijo que si el Ministerio Público no interpone un recurso de revisión, es probable que en la segunda semana de abril se dé el auto de libertad al preso político, pero que aún no saldría de la cárcel de Ayutla.
Consultado vía telefónica, Téliz García dijo que a pesar de que la sentencia se dio el 9 de febrero, no se pudo notificar de inmediato al Ministerio Público, porque se hace mediante Correos de México y por cuestiones administrativas se retrasó, y agregó que pidió que se notificara vía telefónica o por fax, y fue así como se le avisó.
”Ya está confirmado que el 24 de marzo ya le notificaron, entonces el juzgado nada más está esperando que pasen los 10 días, y estamos hablando que empiezan a correr esta semana que viene (…) entiendo que en la segunda (semana de abril) ya el Juzgado de Distrito (Sexto, ubicado en Acapulco) va a pedirle a la Cuarta Sala que ya le dicte auto de libertad a Arturo”, detalló el abogado.
Explicó que esta notificación tuvo que darse porque en el Ministerio Público representó legalmente a los presuntos agraviados, y que si no se interpone un recurso de revisión, es decir, que se inconforme del amparo a favor de Campos Herrera, se dará el auto de libertad, pero en caso de darse la inconformidad el proceso se retrasaría unos cuatro meses, aunque dijo revisó el expediente y no hay nada de eso.
“Queda libre de este expediente, desafortunadamente no va a poder salir de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa (donde es acusado por secuestro agravado en el expediente 196/2013), y en ese proceso de Tlapa estamos desafortunadamente agotando el proceso”, aseguró.
Rogelio Téliz manifestó que se están desahogando pruebas, así como el peritaje antropológico para que pueda ser presentado en unas dos o tres semanas. Además, de que se van a desahogar careos e interrogatorios y se entregará el amparo que se ganó.

Acuerda la CRAC de Ayutla detener al comandante de Chacalapa y libera a un detenido por la UPOEG

En una asamblea microregional los representantes de las comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron detener al comandante de la policía comunitaria de Chacalapa, por el asesinato de un policía en noviembre, caso por el que ya hay un detenido.
También, se liberó a un joven que fue detenido el mes pasado con 50 plantas de mariguana, y se reabrió la investigación de un detenido que lleva un año y cinco meses en reeducación (que es el castigo de prisión y servicio comunitario que se le da a los presuntos delincuentes en el sistema de justicia comunitario), debido a que cambió su declaración hace unos meses y confesó que fue torturado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para admitir el homicidio del que se le acusó.
A la asamblea acudieron integrantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán quienes informaron de los temas que se hablaron en la reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, así como que se tiene que trabajar en la armonización de la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que no está vigente en la Constitución del estado. Los invitaron a participar en la reunión programada para hoy en San Luis Acatlán en la que se tratará esa ley.
En la asamblea con unos 100 asistentes, en la que se habló en tu’ un savi (mixteco), los coordinadores presentaron el caso del homicidio del policía comunitario Leonardo Feliciano, quien fue herido en una pierna y murió ante la falta de atención médica en noviembre.
Se expuso en la asamblea que el disparo que recibió el policía comunitario fue por un jaloneo que se dio entre el comandante del grupo y quien fue detenido por el homicidio, quien se encuentra en proceso de reeducación. Debido a que no se había tenido dicho antecedente, ayer acordaron en la asamblea detener al comandante, que se ampliará la investigación y se someterá también a reeducación.
Otro de los casos que se expusieron en la asamblea es el de un detenido en la comunidad de Coapinola, Ayutla. Fue detenido el 12 de febrero Israel Basilio con 50 “matitas” de mariguana. En la asamblea acudió la madre del joven a abogar por él y después de escuchar diferentes posturas la asamblea votó a favor de liberarlo, porque había sido suficiente un mes en reeducación.
Después se expuso el caso de Juan Manuel Encarnación de Jesús, quien lleva un año cinco meses detenido. Se explicó que fue entregado por la UPOEG, con una supuesta declaración en la que aceptaba que había cometido un homicidio, sin embargo luego de un año de estar en reeducación Juan Manuel entregó a su familia una carta en la que se retractó de haber cometido el delito.
En la nueva declaración indica que fue torturado no sólo por los policías de la UPOEG sino también por los ministeriales, y al reabrir la investigación los policías comunitarios interrogaron a uno de los supuestos testigos, quien también dijo que fue torturado por los policías ciudadanos para señalar a Juan Manuel como responsable del homicidio.
Los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso pidieron a la asamblea que se interrogara a dos personas más que el detenido menciona en su declaración, y el resultado de la investigación se expondrá en asamblea para que sean todos los integrantes los que decidan si es liberado o reeducado.
La familia del detenido acudió al lugar con la esperanza de que fuera liberado y después de exponer que llevan más de un año dando vueltas buscando una respuesta al caso, aceptaron la decisión del colectivo.
La asamblea fue presidida por los coordinadores Juan Antonio García Fidencio, Francisco Neri Victoriano y Néstor Chávez García.

Marchan activistas en el centro de Chilpancingo para exigir la libertad de los presos de la CRAC

Haga clic aquí para ver el video: https://youtu.be/YQGk7e1Q91A

Familiares de presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Ayutla y de organizaciones sociales de la capital marcharon en el centro de la ciudad para informar de la sentencia de amparo a favor del consejero regional de la institución comunitaria de seguridad y justicia, Arturo Campos Herrera, encarcelado desde hace tres años y dos meses.
Denunciaron que con la sentencia federal quedó evidenciado el manejo “faccioso” de las instituciones de justicia del estado, para perseguir a los pueblos que se organizan para ejercer su derecho a tener su propia seguridad y justicia.
Encabezaron la protesta de unos 300 manifestantes Agustina García, esposa del consejero Arturo que está preso en Ayutla, Beatriz Gálvez, mamá del policía Comunitario de Zitlaltepec Samuel García Gálvez, y una hija del promotor de la CRAC Gonzalo Molina González, los últimos tres integrantes de la CRAC detenidos en 2013 y que siguen presos por actos enmarcados en las funciones de seguridad pública comunitaria.
Las acompañaron organizaciones que conforman el MPG en Ayutla de los Libres, municipio donde Arturo Campos tiene liderazgo y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, además de una representación de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, y de la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán.
Las actividades comenzaron a las 11 de la mañana con un acto de denuncia en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, donde formalmente se informó de la sentencia en favor de Arturo, que la Cuarta Sala Penal debe acatar en un plazo de tres días a partir de hoy, 3 de marzo.
Es decir, que “deje insubsistente la resolución que confirmó el auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro y en su lugar dicte una nueva donde determine que en la causa penal no se acredite el delito de secuestro”, y mandate su libertad inmediata e incondicional.
Campos fue detenido el 2 de diciembre de 2014 en Chilpancingo por policías ministeriales después de un mitin político, y ayer su esposa Agustina García invitó en su idioma tu’un savi (mixteco) y en español a la reflexión de la lucha.
Denunció que para ella y sus hijos el tiempo que lleva en prisión el jefe de familia ha sido una tortura, “ni se imaginan ustedes cómo es vivir dentro de ese lugar, nadie puede imaginar vivir sin un centavo en la bolsa y nadie puede decir cómo están los compañeros o cómo están las compañeras, sin ir a ver como están los niños (los hijos de los presos), cómo está la familia, principalmente a Arturo”.
Añadió que siente coraje de la injusticia contra su esposo y su familia, “de antemano todas las personas que están presentes saben que si no trabajamos un día no comemos, lo poquito que vamos ganando al día con eso mantenemos a las criaturas pero bueno… todos los compañeros hagan conciencia, porque Arturo está preso por organizar y defender a su pueblo, no por cometer delitos”.
Cuestionó que le han dicho que al menos Arturo no sufre por alimento en prisión, y aclaró que en la cárcel de Ayutla la comida es de mala calidad, “que nunca comemos en la casa, una cosa es que seamos pobres y otra cosa comer cosas que ya no sirven. Aunque sea tortilla con sal recientes, no como lo tratan allá”.
Señaló que tuvo seis hijos con Arturo y desde que está en prisión se convirtió en otro hijo, porque depende de los que están afuera, pues en prisión les piden que lleven despensa de lo que come su familia, “mitad para la casa, la mitad para el preso. Es el motivo de que estemos acá, hagamos conciencia de cómo es la lucha”.
El integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, señaló que el desgaste de las esposas y madres de los presos políticos debe ser reconocido como una forma de tortura, porque también sufren de criminalización quienes luchan por su cultura.
Advirtió que si en México se aprueba la Ley de Seguridad Interior y dé mayores facultades al Ejército en acciones de seguridad pública, además de la posible derogación de la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura Indígena, “estaremos en situaciones como las que ocurrieron en Ayutla a finales de los años 90, de hostigamiento, encarcelamiento y asesinato de luchadores sociales”.
Por separado el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández explicó que el reconocimiento explícito de la Ley 701 por los jueces de Distrito ha permitido obtener amparos en favor de los detenidos de la CRAC, para alcanzar su libertad.
Sin embargo, añadió que el gobierno, sobre todo el Congreso no quiere apoyar la Ley 701 “porque existen ahí negociaciones de otra índole, que ponen en otro plano los derechos indígenas, y esta ley ya expresa de manera muy concreta cómo se pueden proteger sus derechos, pero los diputados, entendemos que no quieren apostarle a seguir fortaleciendo el sistema de justicia comunitario”.
Aclaró que se han hecho propuestas para mejorarla, dado las lagunas legales entre los sistemas normativos de los pueblos con el sistema judicial del Estado, pero los integrantes de la CRAC piden que al menos se mantenga como está, que no desaparezca del marco legal de Guerrero.
Subrayó, que la 701 “ya es el piso básico de la protección de sus derechos y del reconocimiento, y si se ha avanzado en estos amparos es porque hay una ley concreta en Guerrero que reconoce los derechos de los pueblos, y permite que los juzgadores tengan herramientas jurídicas de cómo poder fundamentar el sistema de la CRAC”.
Luego del mitin, a la 1 de la tarde, los asistentes marcharon en filas de tres por la avenida Álvarez, cantando consignas de protesta por la libertad de los presos políticos en Guerrero, rodearon el Zócalo y regresaron a la alameda junto al monumento de los caídos por la avenida Insurgentes.
Ahí representantes de las organizaciones sociales que acudieron se pronunciaron por el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación, y a hacer tareas de seguridad en sus territorios.

Ordena un juez federal que se deseche un auto de prisión contra Arturo Campos de la CRAC

 

En una sentencia de amparo un juez federal ordenó a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que deseche el auto de formal prisión contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera por secuestro, ya que en la causa penal 031/2013 no está acreditada su responsabilidad.
Aunque sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguraron que el amparo obliga al juez local a dictar un auto de libertad inmediata e incondicional, Campos Herrera no saldrá de prisión porque está señalado en otra denuncia de secuestro radicada en Olinalá, que confían que también será desechada en unos meses.
En la sentencia, el juez sexto de distrito, Benito Zurita Infante consideró “desacertado” que la cuarta sala del TSJE haya establecido que la Ley 701 de Reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas no ampara los actos de la CRAC-PC como si fueran de una autoridad.
El juzgador federal aclaró que el artículo segundo de la Constitución Política reconoce que el país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y en ese sentido “el reconocimiento jurídico se desprende de un decálogo de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas cuya justiciabilidad resulta trascendental en el modelo de Estado pluricultural que perfila la Carta Magna”.
Señaló que el derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de los que el Estado mexicano es parte”, y reconoce a favor de los pueblos el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.
En sintonía con esos instrumentos señaló que en Guerrero se creó la Ley 701 cuyos artículos disponen, entre otras garantías, el ejercicio de los pueblos de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia, y los reconoce como “sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley”.
En el análisis del delito señaló que las privaciones de la libertad por las que Campos Herrera fue acusado de secuestro no pueden ser tipificadas como tal, porque se generaron a partir de conductas de los presuntos agraviados.
El señor Pedro Gil Apreza Salmerón fue acusado en el sistema de justicia comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, y a Karla Espinoza Bolaños de ser cómplice del primero, cuando le entregó el arma de fuego y fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
No obstante la Cuarta Sala confirmó el auto de formal prisión por secuestro agravado contra Campos Herrera, el 17 de julio del año pasado, al resolver un recurso de apelación.
El 9 de febrero el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Acapulco concedió el amparo a Arturo Campos, para que la cuarta Sala penal deje “insubsistente la resolución del 17 de julio del año pasado, y dicte una nueva resolución en la que determine que en la causa penal no se acredita el segundo de los elementos de secuestro agravado”.