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Usa tácticas dilatorias el gobierno de Cuautepec para que no suspendan obra del deportivo, reprochan comuneros

Después de la audiencia en el Tribunal Unitario Agrario 41 (TUA 41), el asesor de comuneros de Cuautepec, Ramón Gracida González reprochó que el Ayuntamiento utilice una “táctica dilatoria” para que no haya una resolución a la demanda de nulidad de la asamblea “amañada” del 30 de octubre de 2016, que aprobó la construcción de la unidad deportiva en la comunidad de Palo de Arco.
Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Obed Lauriano Marquecho, estuvo presente en la audiencia en el Tribunal Unitario Agrario 41, con sede en Acapulco, y declaró a reporteros que el problema ha “rebasado la situación y se convirtió en una cuestión política”, ya que considera que a los comuneros no les interese el cuidado del ambiente.
La audiencia programada al mediodía, duró una hora, y en ella estuvieron el secretario general del Ayuntamiento de Cuautepec, Obed Lauriano; la síndica, Roselia Figueroa; y la secretaria del comisariado de los bienes comunales, Gisela Armenta, con otros comuneros.
Ahí, el magistrado del TUA solicitó a las partes sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo, e informó que no procedió la suspensión de la obra porque no se ha demostrado que hay perjuicio a la comunidad.
Además, pidió a ambas partes presentar documentación para defender lo que cada uno señala; en el caso de los comuneros, que existe daño ecológico; y por parte de la autoridad, que es un beneficio para la comunidad y que no afecta el ambiente.
Al salir, el asesor de los comuneros, Gracida González declaró que es “una táctica dilatoria por parte del Ayuntamiento, para que ellos sigan trabajando y después puedan chantajear a la gente de que ya está construida la obra”.
Reprochó a las autoridades municipales de Cuautepec “que quieren ganar tiempo para que se siga construyendo, a pesar de que el magistrado dijo que si al final hay una sentencia a favor de la nulidad, todo será demolido, y quedará en manos de los comuneros”.
Aunque citó que el magistrado del Tribunal “también dijo que una deficiencia nuestra es que no hemos demostrado el daño ecológico, que si lo demostramos él iba a ordenar una suspensión; pero se supone que eso lo demostró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque sancionó e interpuso una multa (al alcalde)”.
Por ello acudirán el próximo martes a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para hablar con las autoridades, porque se “ampara”, dice que sí hay daño ecológico, pero la Profepa dice que no, porque no hay una resolución del magistrado, “entre ellos se echan la pelota”.
“Claramente, la Semarnat, la Profepa y el Ayuntamiento están en clara confabulación, pero nosotros acusamos al delegado de estar tomando una determinación que es un contrasentido, porque la Semarnat para cuidar el medio ambiente, y que el magistrado dijo que si ya se hubiese demostrado el daño ecológico iba a suspender la continuación de la obra”, dijo.

 

Vuelven pescadores de Petacalco a tomar la caseta para que los indemnicen y desistan de denuncias

Por segundo día consecutivo, pescadores de Petacalco, municipio de la Unión, tomaron la caseta de cobro Feliciano en la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, como parte de la protesta que iniciaron hace 18 meses para que los gobiernos estatal y federal intervengan para que la empresa Flensa los indemnice por un derrame de combustóleo que contaminó su área de pesca en el río Balsas en febrero de 2016.
Asimismo, continúan pidiendo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) desista de la demanda que interpuso ante la Procuraduría Federal de la Republica (PGR) contra cinco pescadores que participaron en la toma de caseta en julio pasado durante 14 días consecutivos.
Desde las 8 de la mañana de ayer, unos 150 pescadores tomaron la caseta durante 11 horas, dejando libre un carril de entrada hacia los municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la Unión, y otro de salida hacia Morelia, también Michoacán, donde pidieron una cooperación voluntaria a los usuarios de la autopista Siglo XXI.
El dirigente de los Pescadores, Gilberto Barrera Reyes consideró que no les han dado respuesta porque la compañía Flensa ha pagado a todas las instituciones federales para que no reconozcan el daño ecológico que hizo a la zona.
“A la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, federal), a la Semaren (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, estatal), a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), ya otras dependencias, la compañía que derramó el combustóleo les dio una buena lana para que se callaran la boca”, señaló, “ahora vienen a tomar muestreo, y ¿usted cree que en este tiempo va a haber una mancha de combustóleo en el río?, ahorita sólo hay daños en algunas partes, no donde va la corriente”, dijo el líder.
Barrera Reyes llamó a las autoridades federales y estatales a que arreglen este asunto, porque se puede agravar, “nos quedaremos los días que sean necesarios”, advirtió.
Recordó que antes de las vacaciones de verano, “ellos nos dijeron que se iba a resolver el asunto, nosotros nos retiramos, nos disciplinamos con el gobernador (Héctor Astudillo Flores), con el licenciado René Juárez (subsecretario de Gobernación)”, quienes les pidieron que se retiraran durante el periodo vacacional para no interrumpir el turismo, “dijeron que, pasando el periodo vacacional íbamos a tener alguna respuesta de las autoridades, y no hay nada todavía”, recriminó. (Redacción).

 

Bloquean indígenas de Rancho Ocoapa, Ayutla, y la UPOEG a una empresa que tala los bosques

Indígenas de la comunidad na savi de Rancho Ocoapa, municipio de Ayutla, bloquearon este martes los trabajos de una empresa maderera que hace tres semanas comenzó a talar el bosque del núcleo agrario de La Concordia y abrió una carretera en tierras de Rancho Ocoapa sin su permiso, derribando árboles de encino y ocote y ocasionando daños al medio ambiente.
Apoyados por policías ciudadanos armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), más de 50 indígenas de la localidad inmovilizaron tres máquinas trascabo y dos camiones de volteo que abrían una carretera en sus tierras. También retuvieron dos camiones troceros que regresaban para llevarse madera de la zona.
El comisario municipal de Rancho Ocoapa, Sergio Sixto Nereido denunció que la empresa maderera firmó un convenio con el núcleo agrario de La Concordia y con Coapinola, pero dijo que ignoraron a su pueblo en cuyas tierras comenzaron a provocar daños con la apertura de la carretera para que pasen los camiones cargados de madera.

Las demás comunidades de la zona están en territorio de la CRAC; vecinos dicen temer una confrontación

Rancho Ocoapa, se encuentra a poco más de una hora al oriente de Ayutla, la cabecera municipal, y es la única comunidad en la zona que cuenta con policía ciudadana de la UPOEG, el resto de las localidades es territorio de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, por lo que los habitantes temen que el conflicto provoque otra confrontación entre las dos agrupaciones.
Desde las 12 del día de este martes, unos 100 indígenas, la mitad de ellos policías ciudadanos armados de la UPOEG, bloquearon el acceso a la zona en donde la empresa maderera propiedad de Gabriel Bautista, quien tiene su aserradero cerca de Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo, está talando los árboles.
El bloqueo se instaló en el crucero que se encuentra entre las comunidades de Mezoncillo y Tres Cruces, para impedir que sigan saliendo camiones cargados de madera, pero también para prohibir que los trabajadores de la empresa sigan abriendo el camino en tierras que les pertenece.
Los casi 100 indígenas llegaron a la zona ayer al mediodía e inmovilizaron tres retroexcavadoras y dos camiones de volteo que se utilizaban para abrir el camino por donde van tumbando árboles de encino y ocote, mientras que la tierra y piedras que remueven y ruedan, provocan daños a la maleza.
“Aquí el problema son los límites que no respetaron. Están trabajando en terrenos que no les corresponde. Estas tierras son de Rancho Ocoapa y nosotros estamos en nuestro derecho de defenderlo como sea, como sea”, advirtió el comisario Sixto Nereido, con la ayuda de un traductor.
Denunció que la empresa maderera que está abriendo la carretera y ocasionando daños al medio ambiente no pidió permiso a la comunidad, “a mí no me tomaron en cuenta, ni tuve conocimiento de nada”, dijo.
Después de caminar los casi 3 kilómetros donde la empresa abrió una nueva carretera y en otras partes amplió la que ya estaba, el comisario dijo que los habitantes de su comunidad solamente están defendiendo el bosque, porque quienes entraron sin su consentimiento “están derribando árboles, dañando la tierra y el medio ambiente y eso ocasiona que se acabe el agua, se vayan los animales silvestres, y provoca graves daños al medio ambiente”, insistió.
El comisario, dijo que el bosque “es la vida” parta los habitantes, no solamente de la zona, sino para los de las comunidades y pueblos de más abajo. “Nosotros estamos defendiendo el futuro de la niñez, estamos defendiendo los bosques, el agua, el medio ambiente”.
Cuando los indígenas recorrían sus tierras en donde se abre la carretera, llegaron las autoridades agrarias de La Concordia, que es la comunidad que tiene el permiso para la explotación de la madera, a quienes les impidieron el paso y les reclamaron que hayan dado permiso a la empresa maderera de abrir el camino en tierras que no son suyas.
Uno de los representantes de La Concordia, que no fue identificado, dijo que el permiso también lo autorizó el comisariado del ejido de Coapinola, Camerino Castro García, pero el comisario de Rancho Ocoapa insistió en que a él no lo tomaron en cuenta, y que por ello los habitantes de su pueblo decidieron impedir el paso de los camiones con madera en sus tierras.
Los campesinos de Rancho Ocoapa denunciaron que el convenio solamente lo conocen y fue autorizado los comisariados de La Concordia y Coapinola, pero no el resto de los ejidatarios.
“Están enterados todos los ciudadanos”, aseguró el representante de La Concordia, quien al ver que le impedían el paso, a bordo de una camioneta Nissan doble cabina se regresó junto con dos de sus acompañantes, y dijo que volvería con el comisariado de Coapinola para que se aclararan las cosas, lo que después de las 2 de la tarde aún no ocurría. La discusión inició a las 11 y media de la mañana, aproximadamente.
Los indígenas de Rancho Ocoapa explicaron que sus vecinos de La Concordia pretenden sacar la madera por tierras de Rancho Ocoapa para que los camiones troceros no pasen por las comunidades de La Concordia y Coapinola, porque temen que los habitantes de estos pueblos se enteren del saqueo de la madera de su ejido, porque insistieron que el convenio sólo lo conocen los comisariados.
El comisario municipal aseguró que los comisariados de los dos núcleos agrarios que autorizaron el convenio no cuentan con los requisitos que establece la normatividad y que, a pesar de ello, el empresario ya comenzó a extraer la madera.
Ayer, durante el bloqueo de los trabajos de la empresa maderera, los indígenas de Rancho Ocoapa contaron con el respaldo de una comisión de habitantes de La Fátima.
“Aquí todos estamos unidos para defender el bosque” dijo, y demandó a los comisariados de La Concordia y Coapinola que diriman las diferencia mediante el diálogo y no con la violencia, y los responsabilizó del conflicto porque no lo tomaron en cuenta.
Ante la posibilidad de que los indígenas de las comunidades de La Concordia y Coapinola acudan a retirar el bloqueo, el comisario Sixto Nereido los convocó a que resuelvan el diferendo mediante el diálogo, “de manera pacífica, no con violencia”.
Después de que los indígenas inmovilizaron la maquinaria de la empresa maderera, se instalaron en plantón en el acceso hacia la zona donde desde hace tres semanas se comenzaron a talar los árboles de ocote y encino.
Los indígenas colocaron lonas para protegerse del sol y la lluvia, y advirtieron que van a permanecer allí el tiempo que sea necesario para proteger sus tierras.
Unos 40 o 50 policías ciudadanos armados de la UPOEG que resguardan el plantón, pertenecen a las comunidades de Rancho Ocoapa y La Fátima.
A pesar de las diferencias que existen entre la dirigencia de la UPOEG y las autoridades comunitarias de la CRAC en otras zonas, en estas comunidades hay coordinación entre la Policía Ciudadana y la Policía Comunitaria, aseguró el comisario de Rancho Ocoapa.
Sin embargo, los vecinos advirtieron del riesgo de que la policía de la CRAC intervenga para apoyar a las comunidades de La Concordia y Coapinola en este diferendo por la explotación de la madera.
Incluso, durante la discusión entre las autoridades agrarias de La Concordia y los de Rancho Ocoapa, el mediodía de ayer, los primeros reprocharon que estuviera la policía ciudadana en una zona que es territorio de la CRAC, pero los habitantes de Rancho Ocoapa le aclararon que en esa comunidad está la Policía Ciudadana de la UPOEG.