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Marchan activistas en el centro de Chilpancingo para exigir la libertad de los presos de la CRAC

Haga clic aquí para ver el video: https://youtu.be/YQGk7e1Q91A

Familiares de presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Ayutla y de organizaciones sociales de la capital marcharon en el centro de la ciudad para informar de la sentencia de amparo a favor del consejero regional de la institución comunitaria de seguridad y justicia, Arturo Campos Herrera, encarcelado desde hace tres años y dos meses.
Denunciaron que con la sentencia federal quedó evidenciado el manejo “faccioso” de las instituciones de justicia del estado, para perseguir a los pueblos que se organizan para ejercer su derecho a tener su propia seguridad y justicia.
Encabezaron la protesta de unos 300 manifestantes Agustina García, esposa del consejero Arturo que está preso en Ayutla, Beatriz Gálvez, mamá del policía Comunitario de Zitlaltepec Samuel García Gálvez, y una hija del promotor de la CRAC Gonzalo Molina González, los últimos tres integrantes de la CRAC detenidos en 2013 y que siguen presos por actos enmarcados en las funciones de seguridad pública comunitaria.
Las acompañaron organizaciones que conforman el MPG en Ayutla de los Libres, municipio donde Arturo Campos tiene liderazgo y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, además de una representación de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, y de la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán.
Las actividades comenzaron a las 11 de la mañana con un acto de denuncia en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, donde formalmente se informó de la sentencia en favor de Arturo, que la Cuarta Sala Penal debe acatar en un plazo de tres días a partir de hoy, 3 de marzo.
Es decir, que “deje insubsistente la resolución que confirmó el auto de formal prisión en su contra por el delito de secuestro y en su lugar dicte una nueva donde determine que en la causa penal no se acredite el delito de secuestro”, y mandate su libertad inmediata e incondicional.
Campos fue detenido el 2 de diciembre de 2014 en Chilpancingo por policías ministeriales después de un mitin político, y ayer su esposa Agustina García invitó en su idioma tu’un savi (mixteco) y en español a la reflexión de la lucha.
Denunció que para ella y sus hijos el tiempo que lleva en prisión el jefe de familia ha sido una tortura, “ni se imaginan ustedes cómo es vivir dentro de ese lugar, nadie puede imaginar vivir sin un centavo en la bolsa y nadie puede decir cómo están los compañeros o cómo están las compañeras, sin ir a ver como están los niños (los hijos de los presos), cómo está la familia, principalmente a Arturo”.
Añadió que siente coraje de la injusticia contra su esposo y su familia, “de antemano todas las personas que están presentes saben que si no trabajamos un día no comemos, lo poquito que vamos ganando al día con eso mantenemos a las criaturas pero bueno… todos los compañeros hagan conciencia, porque Arturo está preso por organizar y defender a su pueblo, no por cometer delitos”.
Cuestionó que le han dicho que al menos Arturo no sufre por alimento en prisión, y aclaró que en la cárcel de Ayutla la comida es de mala calidad, “que nunca comemos en la casa, una cosa es que seamos pobres y otra cosa comer cosas que ya no sirven. Aunque sea tortilla con sal recientes, no como lo tratan allá”.
Señaló que tuvo seis hijos con Arturo y desde que está en prisión se convirtió en otro hijo, porque depende de los que están afuera, pues en prisión les piden que lleven despensa de lo que come su familia, “mitad para la casa, la mitad para el preso. Es el motivo de que estemos acá, hagamos conciencia de cómo es la lucha”.
El integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada, señaló que el desgaste de las esposas y madres de los presos políticos debe ser reconocido como una forma de tortura, porque también sufren de criminalización quienes luchan por su cultura.
Advirtió que si en México se aprueba la Ley de Seguridad Interior y dé mayores facultades al Ejército en acciones de seguridad pública, además de la posible derogación de la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura Indígena, “estaremos en situaciones como las que ocurrieron en Ayutla a finales de los años 90, de hostigamiento, encarcelamiento y asesinato de luchadores sociales”.
Por separado el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández explicó que el reconocimiento explícito de la Ley 701 por los jueces de Distrito ha permitido obtener amparos en favor de los detenidos de la CRAC, para alcanzar su libertad.
Sin embargo, añadió que el gobierno, sobre todo el Congreso no quiere apoyar la Ley 701 “porque existen ahí negociaciones de otra índole, que ponen en otro plano los derechos indígenas, y esta ley ya expresa de manera muy concreta cómo se pueden proteger sus derechos, pero los diputados, entendemos que no quieren apostarle a seguir fortaleciendo el sistema de justicia comunitario”.
Aclaró que se han hecho propuestas para mejorarla, dado las lagunas legales entre los sistemas normativos de los pueblos con el sistema judicial del Estado, pero los integrantes de la CRAC piden que al menos se mantenga como está, que no desaparezca del marco legal de Guerrero.
Subrayó, que la 701 “ya es el piso básico de la protección de sus derechos y del reconocimiento, y si se ha avanzado en estos amparos es porque hay una ley concreta en Guerrero que reconoce los derechos de los pueblos, y permite que los juzgadores tengan herramientas jurídicas de cómo poder fundamentar el sistema de la CRAC”.
Luego del mitin, a la 1 de la tarde, los asistentes marcharon en filas de tres por la avenida Álvarez, cantando consignas de protesta por la libertad de los presos políticos en Guerrero, rodearon el Zócalo y regresaron a la alameda junto al monumento de los caídos por la avenida Insurgentes.
Ahí representantes de las organizaciones sociales que acudieron se pronunciaron por el derecho de los pueblos indígenas a su libre determinación, y a hacer tareas de seguridad en sus territorios.

Homenajea el MPG al fallecido líder Benigno Guzmán en Acapulco; pide seguir su ejemplo

En la conmemoración del primer aniversario luctuoso del fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) pidieron recordarlo siguiendo su ejemplo de lucha.
En declaraciones Oscar Guzmán Rivera de la OCSS, dijo que la organización sigue armando los expedientes de las personas desaparecidas en Coyuca de Benítez, de las que tiene 15 casos registrados.
Unos 50 activistas de diferentes organizaciones que están integradas al MPG se reunieron en la explanada del Palacio Municipal para homenajear con una actividad político-cultural al luchador social y ex preso político, de quien hoy es su aniversario luctuoso.
El primo de Benigno, Oscar Guzmán enfatizó que la violencia e inseguridad es la forma en la que las autoridades tienen controlada a la sociedad para que no se manifieste.
Convocó a los asistentes a sumarse a la lucha social porque “la memoria de los luchadores sociales se les honra haciendo el trabajo que ellos nos heredaron, cumpliendo la responsabilidad por la que ellos entregaron su vida”.
De Organización Social Democrática de Guerrero, Víctor Barrios Zarabia expuso que lo único que buscan los luchadores sociales es que la gente viva mejor, convocó a manifestarse para detener el aumento de los precios de productos y servicios porque, “si no paramos esto se va a sufrir de hambruna”.
Mario Martínez, hijo del fallecido líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez, recalcó que la lucha siempre es en defensa de los pobres.
Elías Bernal Chapín, también del FODEG, recalcó que si no se organizan contra el sistema capitalista la situación económica será “peor”, que “todos nos convertiremos en esclavos modernos”.
Enfatizó que no se debe de ser apático para detener al imperialismo. Expuso que en Guerrero los proyectos que se proponen e impulsan es pensando en el neoliberalismo.
Recalcó que la violencia no es casual, sino que es la forma del gobierno para infundir miedo al pueblo para que proteste ni se manifieste.
Llamó a pensar en qué nación se quiere dejar a las próximas generaciones y crear conciencia partiendo de que los luchadores sociales como Benigno Guzmán que “dieron todo por todos”.
Dos estudiantes de la preparatoria Digna Ochoa de Tixtlancingo recitaron dos poesías, Papá granadero y A dónde van los soldados.

Registran 15 desaparecidos en Coyuca

Oscar Guzmán Rivera denunció que siguen las desapariciones en todo el estado y el país, “la famosa guerra sucia no fue un periodo que haya tenido un fin, anteriormente eran los militares o paramilitares los que desaparecían (a activistas), hoy se utiliza lo que llaman el crimen organizado para realizar el trabajo sucio del Estado”.
Indicó que tienen el reporte de 15 desaparecidos, que a algunos “los disfrazan de secuestro y el Estado no quiere reconocer que es la desaparición forzada por ser delito de lesa humanidad, que es lo que ha ocurrido con quienes se atrevieron a denunciar alguna injusticia”.
Agregó los hechos son “aparentemente aislados”, que están recabando datos y si no los han dado a conocer es para proteger a las familias, mientras que las autoridades no dan ningún avance de las denuncias, además de que se promueven “nuevas leyes de poder legal al Ejército, para hacer lo que ya viene haciendo ilegalmente”.

Cuelgan taxistas lonas en Tlapa; rechazan la destitución del delegado de Transportes

Miembros de Organizaciones de Transportes Unidas de la Montaña colocaron lonas en diversos puntos de la ciudad para pedir que el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arriaga no politice el trabajo del gremio al alentar a un grupo de taxistas para que pidan la destitución del delegado regional de Transportes, Diego Méndez.
Sobre el río Jale, a la altura del puente vehicular estaba una lona que decía: “Apoyo total al delegado de Transportes, Gilberto Solano saca las manos del transporte y dedícate a la encomienda del gobernador, ¡el transporte no se politiza!”, firmada por Organizaciones de Transportes Unidas de la Montaña de 18 municipios de la región, todos excepto Huamuxtitlán.
Los transportistas dijeron que colocaron otras lonas para pedirle al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que atienda los problemas y designe a gente que le ayude, no que los aliente, como el secretario de Asuntos Indígenas, que pretende tomar las riendas del grupo político Montaña, del extinto Javier Morales, colocando gente afín a él.
Comentaron que una muestra de ello es la designación de Eugenio González Rodríguez, hermano del diputado local Eusebio González, del municipio de Olinalá, y ahora aliente a organizaciones de taxistas a que pidan la destitución de Diego Méndez para colocar a otro titular que le sea afín.
Desde el viernes 8 de enero, los taxis de los sitios Señor del Nicho y Benito Juárez tenían leyendas pidiendo la salida de Diego Méndez de Transportes.
Se menciona que el dirigente del sitio Juárez, Eustaquio Alcaide es quien pretende asumir la delegación regional de Transporte, y en las giras del gobernador a la región siempre se ha movilizado con taxistas para ir a saludarlo.
El dirigente del sitio del Señor del Nicho, Rolando Morales Prieto es director de Tránsito del alcalde priista Jesús Noé Abundiz.
Ambos sitios participaron y alentaron al grupo de choque contra los del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), antes y durante el proceso electoral del 7 de junio de 2015, ya que se oponían a las elecciones como protesta ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en contra de las reformas estructurales del gobierno federal, sobre todo la educativa.
El delegado de Transportes, Diego Méndez comentó que desconoce los motivos por los que taxistas piden su salida, “porque apenas hace unos días me dieron la titularidad, luego se vinieron las fiestas decembrinas y no se laboró, por lo que no conocen ni mi plan de trabajo”, dijo.
Agregó que ninguno le ha comentado sobre su salida y que se dio cuenta por las pintas en los taxis que circulan, por lo que espera que se acerquen a dialogar con él y les muestre su plan de trabajo para el sector.

Llaman padres de los 43 en Tlapa a formar un solo frente para exigir su presentación con vida

 

Una comisión de padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de 14 meses en Iguala, llamaron a los ciudadanos a que los apoyen, y a las organizaciones sociales a que hagan un solo frente para exigir la presentación con vida de sus hijos y que se haga justicia para todos.
Los padres, encabezados por Melitón Ortega, estuvieron en la delegación municipal de la colonia El Tepeyac, donde fue asesinado por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral, el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) Antonio Vivar Díaz.
Melitón Ortega llamó a la unidad a las organizaciones sociales para que se detengan las reformas estructurales, se respete el territorio de los pueblos y se avance en la construcción de los concejos municipales.
También invitó a una marcha el próximo 12 de diciembre en Chilpancingo, a cuatro años de los asesinatos de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Destacó que, como familiares de los 43 estudiantes, se mantienen unidos pese a que el Estado los ha intentado dividir, confrontar, comprar y confundir al pueblo para destruir el movimiento que lo único que persigue es encontrar a los estudiantes y castigar a los responsables, “queremos saber qué pasó ese día, esa es la razón de estar juntos y trabajar juntos, aunque nos hayan querido comprar con dinero, la vida de nuestros hijos no está en venta, somos pobres y no recibimos ningún dinero como quieren hacer creer a la gente”
Detalló que están en una segunda etapa de revisión del expediente del caso Ayotzinapa con la subprocuraduría de Derechos Humanos, que se reunirán cada 15 días para evaluar los avances con la procuradora y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el miércoles tienen una reunión en Acapulco con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Dijo que no le creen al gobierno ni a sus instituciones porque, aseguró, sus hijos ya no existían para ellos, y que aceptarán el dolor sólo porque así lo dijeron tres personas, pese a las deficiencias de la investigación que “son mentiras”.
Lamentó que por la exigencia de no permitir las elecciones el 7 de junio hayan asesinado a Antonio Vivar Díaz, quien se había sumado a la exigencia de la presentación con vida de los normalistas: “el gobierno utiliza las fuerzas represivas para callarnos, nos mandan retenes, nos cercan para que nos quedemos encerrados y no salgamos a exigir justicia”, lamentó.
Pidió a los asistentes que no crean en lo que se publica en medios de comunicación, sobre todo Televisa y Milenio, que califican a los jóvenes de provocadores y delincuentes.
El padre del normalista desaparecido José Cantor dijo que viven con dolor y tratan se seguir, “con esta cosa de malas que nos tocó, por eso no dejamos de buscarlos y pensamos que quienes se los llevaron no tienen corazón”.
Denunció que el gobierno los sigue lastimando al no permitir su libre paso y hostigarlos con retenes, tratándolos como delincuentes.
Una de la madres se quejó de que algunas personas los tachen de flojos y les dicen que se vayan a su casa, que dejen de marchar porque sus hijos ya se murieron, y que mejor se vayan a cuidar a los vivos: “creen que nosotros no queremos eso, estar juntos y unidos como antes, pero no podemos porque los desaparecieron a fuerza”, y responsabilizó al gobierno y a los militares que lo permitieron.
“Seguimos aquí porque no queremos que sigan desapareciendo más personas, y el gobierno luego diga que no sabe nada”, refutó.
Dijeron que recorrieron Olinalá, Tototepec y Acatepec, donde se reunieron con más de 20 representantes de comunidades que pertenecen al Consejo de Damnificados de la Montaña, y que este lunes buscarían un espacio en la XEZV La Voz de la Montaña para difundir el objetivo de su visita.

Marchan en Tlapa organizaciones, estudiantes y maestros a 6 meses del asesinato de Antonio Vivar

Finalizan con una misa en la Iglesia de la virgen de Guadalupe. Participan integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, estudiantes de la Normal Regional de la Montaña y de la Universidad Pedagógica Nacional, y familiares del activista

Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, organizaciones sociales, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), estudiantes de la Normal Regional de la Montaña y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y familiares de Antonio Vivar Díaz participaron en una marcha peregrinación para exigir justicia a seis meses de su asesinato.
El contingente partió del mercado Un Nuevo Horizonte para Guerrero a la iglesia de la colonia El Tepeyac, recorrió la avenida Colegio Militar y la calle Guerrero hasta la iglesia de la Virgen de Guadalupe donde se celebró una misa.
Al frente del contingente marchaban los hermanos y las sobrinas de Antonio Vivar; llevaban retratos del joven asesinado y gritaban, “¡justicia!”; les seguían los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del MPG y más de cien manifestantes.
Los padres de los 43 se veían cansados, después de 14 meses de buscar a sus hijos; Margarita Zacarías Rodríguez, madre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, no terminó el recorrido a pie, sino en un carro que la llevó hasta la iglesia en el Tepeyac, que se encuentra en un lugar empinado.
El padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, Margarito Guerrero resbaló y tuvo que ser auxiliado tras caer al suelo, pero siguió caminando.
En el trayecto, las voces de los inconformes coreaban, “¡Toño no murió!, ¡el gobierno lo mató! ¡7 de junio no se olvida!”.
Entre las organizaciones que marcharon estuvo la Organización de Pueblos Independientes de Guerrero (OPIG) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Al llegar a la iglesia fueron recibidos por el sacerdote, quien dijo que la misa era por Antonio Vivar.
Los de la UPN colocaron una manta con el retrato del joven en la colonia El Tepeyac, en el lugar donde cayó abatido por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral.
El recorrido de más de 2 kilómetros fue acompañado por una banda de música de viento.

Marcha el MPG en Chilpancingo a 41 años del asesinato de Lucio Cabañas y contra la represión

 

Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) marcharon en las principales avenidas de Chilpancingo para conmemorar el 41 aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos, y para exigir a los gobiernos estatal y federal que no repriman a maestros que se oponen a la reforma educativa, luego del anuncio de la llegada de 6 mil policías federales para resguardar la evaluación en el Fórum Mundo Imperial, en la zona diamante de Acapulco.
Otras de las demandas del MPG es la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala y la liberación de los presos políticos.
Por su parte, el Frente de Defensa Popular Francisco Villa, que cumplió 22 años, exigió a los gobiernos federal y estatal atender las demandas de las organizaciones sociales y estudiantiles, y que no repriman a los guerrerense que luchan por mejores condiciones de vida.
A la 1:15 de la tarde, unos 150 manifestantes partieron del Zócalo capitalino, donde mantienen su plantón los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) opositora.
Unos 150 integrantes del MPG caminaron en las avenidas Lázaro Cárdenas y Trébol, cerca del Congreso local, donde gritaron consignas en contra del gobierno por reprimir a organizaciones sociales, estudiantiles y a luchadores sociales.
En el mitin en el Congreso local, integrantes del MPG responsabilizaron al presidente de la Comisión Educativa en el Poder Legislativo, el diputado priista Víctor Manuel Martínez Toledo, y al Secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega, de cualquier posible represión y hostigamiento contra los normalitas y luchadores sociales que se manifestarán contra la evaluación a los maestros en el hotel Mundo Imperial en Acapulco.
“La aplicación del examen que se llevará a cabo en Acapulco afecta a los maestros por violentar sus derechos laborales, y estamos en contra de la reforma educativa”, declaró uno de los integrantes del MPG.
Después los maestros reanudaron su marcha hasta llegar a Palacio de Gobierno.
Por su parte, una integrante de la Comisión Convergencia de la CETEG, que encabeza Antonia Morales, de la región Centro, informó que hoy, en la aplicación del examen de permanencia se movilizarán en el hotel Fórum Mundo Imperial, en la zona diamante en Acapulco.
Agregó que los 6 mil policías que llegaron a Guerrero para blindar la evaluación de maestros en Acapulco deben ser trasladados a las regiones de mayores índices de violencia.
Asimismo, el integrante del Frente de Defensa Popular y Frente Popular Francisco Villa, Efraín Torres Fierro exigió al gobierno estatal y federal la liberación de los presos políticos y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“El gobierno del estado, trae la consigna de reprimir la protesta social, y la reformas estructurales que vienen a despojar los derechos del pueblo, y el gobierno va a imponer a sangre y fuego estas políticas, no es aislado la desaparición de los 43 normalistas; el asesinato de cuatro policías comunitarios es para sembrar el terror para imponer las reformas”, declaró.
En la marcha participaron integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y choferes de la Coordinadora Estatal de Transportistas del Estado de Guerrero (CETIG).

Protestan organizaciones en la presidencia de Iguala para exigir una audiencia con el alcalde

Representantes de al menos seis organizaciones adheridas al Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala protestaron el mediodía de ayer afuera de la sala de presidencia, en la sede alterna del Ayuntamiento, para exigir una audiencia con el alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza, que les ha negado desde que inició su gobierno hace dos meses, y reclamaron respeto al movimiento por Ayotzinapa.
Cerca de las 12:30 del mediodía, unos 25 representantes de la CETEG, del Bloque Democrático de Organizaciones, del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guerrero (Sutcecyteg), jubilados y pensionados, de la Unión Campesina Emiliano Zapata-Arturo Hernández Cardona y empleados despedidos por el actual gobierno protestaron afuera de la sala de presidencia, gritando consignas en apoyo a Ayotzinapa.
En el lugar, los inconformes fueron recibidos afuera de presidencia por el director de gobernación, Miguel Salgado, y por el secretario particular del alcalde, Francisco Mejía, quien sólo recibió y firmó de recibido la solicitud de audiencia, y los citó para el próximo jueves a la 1 de la tarde.
Los representantes de las organizaciones reclamaron que, a dos meses de haber asumido el gobierno de Iguala y a pesar de que ya le habían hecho la petición antes, Albarrán Mendoza se niega a acercarse a las organizaciones que apoyan el movimiento por Ayotzinapa.
Unos 20 minutos después, se retiraron del lugar sin ser atendidos por el alcalde y ofrecieron una conferencia de prensa en la carpa de la explanada municipal.
El representante de le CETEG, el profesor Rafael Salgado Quezada declaró que ante la desatención de Albarrán Mendoza a las organizaciones sociales, más grupos se están uniendo al Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala y al Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en apoyo a Ayotzinapa.
A dos meses de iniciado el gobierno priista de Esteban Albarrán, dijo que es una administración que está mostrando “pocas tablas, poca disponibilidad al diálogo y al acuerdo, le falta madurez política para tener apertura para sacar adelante diversos problemas en el municipio, y no sólo con el bloque de organizaciones, sino con diferentes grupos que lo han manifestado así, y prueba de ello es la inconformidad que hoy hay hacia él”.
Señaló que hay información que es cooptada por el presidente municipal, “que hace callar las voces de inconformidad que hay hacia él”.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Honorables Ayuntamientos y Paramunicipales del estado de Guerrero, Alberto Ramírez Suárez dijo que, como trabajadores del Ayuntamiento despedidos injustificadamente y que promovieron amparos indirectos en el juzgado quinto federal, están en espera de que la justicia federal defina su situación respecto al amparo y su retención de salarios.
Al referirse al alcalde, Albarrán Mendoza le dijo que, “esto apenas comienza, nosotros no hubiésemos querido llegar a hacer actividad política, pero ante su cerrazón y la negativa que nos ha dado y nos ha cancelado las audiencias que ellos mismos nos han programado, platicamos con dirigentes liderazgos de colonias de Iguala para desarrollar actividad política con el Bloque Democrático y reclamar justicia y que aparezcan los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el año pasado en Iguala y Cocula”.

Narcotráfico y guerrilla detrás del Movimiento Popular, acusa Aguirre

Daniel Velázquez

 

El gobernador Angel Aguirre Rivero dijo que el narcotráfico y la guerrilla podrían estar detrás del Movimiento Popular Guerrerense, porque esos grupos están interesados “en desviar la atención, quienes están interesados en meter en una etapa de desestabilización no a Guerrero, eh, a veces se cree que nada más es Guerrero, esto tiene vasos concatenantes”.

Aguirre Rivero manifestó lo anterior, sin presentar datos o pruebas de sus señalamientos, en una inusual entrevista realizada por la periodista Adela Micha y cuya primera parte fue transmitida sin cortes comerciales durante 45 minutos la noche del jueves pasado por el Canal 2 de Televisa.

La conductora le preguntó al gobernador si detrás del Movimiento Popular Guerrerense estuvo el narcotráfico, y el gobernador respondió: “puede ser”.

El gobernador continuó que también “parte de lo que fue la guerrilla, hay quienes hablan de otros personajes, pero yo no quiero ser irresponsable y decir señalamientos directos de algunos políticos, no me gustaría hacerlo en este momento, porque creo que no le aporto nada a la situación, sobre todo porque es una situación que ya se está afortunadamente pues entrando al terreno de la solución”.

En la entrevista fue abordado el caso de los maestros y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), los normalistas de Ayotzinapa, la Policía Comunitaria, los grupos de autodefensa y la relación del gobernador con el diputado federal Manuel Añorve Baños, ex candidato del PRI a la gubernatura.

La periodista de Televisa le preguntó por los infiltrados que el gobernador había denunciado anteriormente que había en el Movimiento Popular Guerrerense.

El gobernador contestó que no podía decir que son grupos subversivos, pero insistió en que hubo personas “que no necesariamente pertenecen al magisterio”.

Ante la insistencia de la periodista sobre si podría estar el narcotráfico o la guerrilla detrás del MPG, el gobernador dijo que “puede ser”, y agregó que hay otros de “orden político”, pero no los identificó, sólo argumentó que en “su su momento tendremos que decirlo pero con contundencia”.

“No me gustaría hacer señalamientos que no sean probatorios, lo que sí te puedo decir, yo creo que la opinión pública también lo vio de ese modo, ¿cómo se puede mantener un movimiento por tantos días?, que cuesta comida, que cuesta transporte, que cuesta movilización, ¿quién está atrás de eso? Yo tampoco puedo ser tan ingenuo para no investigar quiénes estuvieron”, dijo.

 

Maestros, asunto agotado

 

El gobernador dijo que “el asunto del magisterio en Guerrero está agotado, no hay nada que hacer y lo he hablado ya con los maestros”, y por eso empezaron las negociaciones con la Secretaría de Gobernación.

El gobernador pidió al gobierno federal resolver el problema de las plazas para egresados normalistas, porque si no, ese será otro problema en Guerrero y la federación sólo ha dicho que no hay plazas federales.

Al gobernador se le preguntó sobre las críticas que se hacen a nivel federal, de que le ha faltado capacidad de gobierno y todas las decisiones de los problemas que se generan el estado las ha tomado el gobierno federal, y Aguirre dijo que está consciente de esas críticas, no quiere ser calificado como un gobierno represor y ha optado por agotar el diálogo.

Pero también ha dado muestras de que se aplica la ley, como fue la aprehensión de cuatro miembros del MPG, la detención de los normalistas por robar combustible y la detención de los seis integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Acapulco, señaló.

Sobre su relación con el presidente Enrique Peña Nieto, Aguirre Rivero dijo que tiene una “muy buena” relación y no tiene empacho en decir que son “amigos”.

“No hay cosa que al menos en Guerrero no se haga sino con el concurso o con el conocimiento del gobernador”, dijo.

 

Una “revisión profunda” a Ayotzinapa, plantea

 

A pregunta expresa sobre las prácticas constitutivas de delitos por parte de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el gobernador dijo que esa escuela necesita una “revisión profunda” en todos sus órdenes.

Aguirre Rivero dijo que en esa escuela están “algunos trasnochados de la guerrilla” que dan “adoctrinamiento” a los estudiantes en “rencor social” y tienen una “tendencia” hacia los movimientos armados como la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, además del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Dijo que la escuela “se ha convertido en una especie de bunker, ni la autoridad federal ni la autoridad estatal tenemos acceso porque es un espacio que se ha usado por algunos grupos para llevar adoctrinamiento a estos jóvenes, para irles a sembrar mucho rencor social”.

“Me parece que ha perdido su esencia de lo que fue la verdadera escuela normal rural, que nació hace muchos años”, insistió.

Indicó que en la Normal Rural de Ayotzinapa ha construido un autogobierno y maneja los recursos, por eso plantea que esa institución necesita una revisión profunda para cambiar su esquema de autogobierno.

Agregó que la Normal Rural de Ayotzinapa es de las que recibe el mayor subsidio a nivel federal, porque el gasto promedio por alumno “asciende a 12 mil pesos, muy superior a lo que se paga por cada estudiante de la UNAM o del Heroico Colegio Militar o de la escuela de Marina”.

 

“Me quiero ir sin mancha”

 

Aguirre Rivero exigió que se revise la actuación de la Policía Federal respecto a su participación en el desalojo violento de los normalistas el 12 de diciembre de 2011, cuando protestaban en la Autopista del Sol.

Dijo que después de que ocurrieron los hechos la Policía Federal se deslindó de haber participado, pero que está plenamente documentado que la Policía Federal fue la primera que estuvo en el lugar y con armas de alto calibre, y llegó de forma abrupta al lugar de la protesta, mientras que la Policía Ministerial del estado llegó al final.

“A mí lo que me interesa es que se conozca la verdad de que sucedieron en estos hechos y que se castigue y se sancione a quien resulte responsable. Yo no me quiero ir con ese lunar, esa mancha, porque repito, nunca ha sido mi estilo de gobernar”, subrayó.

Ángel Aguirre recordó que al inicio de su administración tuvo acercamientos con los estudiantes normalistas, pero lo que “vino a dar al traste” con esos acercamientos fue el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús el 12 de diciembre de 2011, y recientemente las protestas de los normalistas se agudizaron porque un juez federal determinó liberar a los agentes ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, quienes eran los únicos policías presos acusados como responsables del asesinato de los dos alumnos.

Aguirre Rivero indicó que ya respondió a Amnistía Internacional respecto al señalamiento de que no se ha hecho justicia en el caso de los dos normalistas asesinados, mediante el director de Serapaz, Miguel Álvarez, y expuso su interés de reunirse con ellos y exponerles que la Procuraduría de Justicia del estado está dispuesta a apelar la decisión del juez que determinó liberar a los dos policías ministeriales.

 

Los “asegunes” de Guerrero

 

Aguirre Rivero dijo que lo que vivió como gobernador interino en el periodo 1996-1999 no tiene nada que ver con lo que ha enfrentado en este segundo periodo, “la verdad es que hemos venido padeciendo un conflicto tras otro”.

Indicó que ha escuchado expresiones de que en Guerrero siempre hay conflictos, lo cual dijo no se debe a que la gente sea problemática, sino a la injusticia que se ha cometido con el estado.

Reiteró que ya tiene el acuerdo con el gobierno federal de que cuando se bloquee una vía federal habrán de intervenir el gobierno del estado y la federación para liberar las carreteras.

Dijo que lo sucedido el 24 de abril, cuando los integrantes del MPG atacaron las oficinas de los partidos Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PRI, fueron “impredecibles” porque el gobierno del estado se preparó para resguardar las oficinas de gobierno pero debido a la insuficiencia de policías antimotines “es difícil hacer frente a una manifestación de cinco mil personas”.

El gobernador dijo que la detención de dos coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y cuatro policías comunitarios el pasado lunes se debió a que salieron de sus comunidades y portaban armas prohibidas de uso exclusivo del Ejército.

Es la primera declaración que da el gobernador sobre el tema desde que sucedió el incidente, porque el gobierno del estado ha mantenido una actitud hermética sobre el caso.

Aguirre Rivero adelantó que el 16 de mayo tendrá una reunión con los integrantes de la CRAC en San Luis Acatlán.

En el tema de los grupos de autodefensa, el gobernador de nuevo hizo una diferencia entre la CRAC y los grupos creados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Dijo que la Policía Comunitaria en el estado tiene una tradición ancestral en las comunidades indígenas.

Indicó que en las comunidades donde opera la Policía Comunitaria “es donde hay la menor cantidad de delitos” y que ese sistema de seguridad en las comunidades indígenas debe existir porque ha sido eficaz.

Con la UPOEG dijo que ya firmó un compromiso en el que acordaron que no intervendrán en actos políticos, que no pueden portar armas de uso exclusivo del Ejército y que su trabajo tiene que ser en el ámbito de sus comunidades. “No soy iluso ni soy romántico, creo mucho en mis paisanos y los conozco”, dijo.

El gobernador dijo que los grupos de autodefensa y las policías comunitarias no le han representado ningún problema, salvo la detención de seis integrantes de la CRAC por traer armas de uso exclusivo del Ejército.

Reiteró que la UPOEG “ya terminó su etapa de grupo de autodefensa” y ahora está en análisis la posibilidad de que se constituya como policía rural del gobierno del estado, que sería un apéndice del gobierno del estado y sus integrantes tendrían un sueldo, o si continúan como sistema de seguridad ciudadano como están integrados actualmente.

“Guerrero tiene sus asegunes, hay que conocerlo, nunca torciendo la ley”, dijo.

Se anunció que la segunda parte de la entrevista con el gobernador Angel Aguirre continuará la próxima semana y que entre los temas que se abordarán están el nepotismo y la corrupción en Acapulco.