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Analizó la Sedena en 2015 a la CRAC, la UPOEG y el FUSDEG, según correo hackeado por Guacamaya

Policías comunitarios de Tlacotepec en la entrada a Apaxtla, en donde ayer incursionaron en contra del grupo que impone una cuota a los productos de la canasta básica, según dijeron Foto: El Sur

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

El perfil de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC); de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), fueron analizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el año crítico de 2015, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando hubo un levantamiento social que obligó a la salida del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
En los recientes correos hackeados por el grupo Guacamaya aparece un texto confidencial donde la Sedena hace un cuadro comparativo de la estructura de los tres grupos, sus diferencias internas, el número de sus integrantes y el tipo de armamento que ocupan en los diferentes municipios de la Montaña, Costa Chica y la Región Centro donde tienen su mayor presencia.
La Policía Comunitaria de la CRAC nació en 1995 en Santa Cruz del Rincón municipio de San Luis Acatlán, donde los indígenas de la Montaña Alta tomaron las armas para defenderse de los asaltos, violaciones y homicidios que se daban en sus caminos.
Desde el inicio, la organización indígena fue acosada por el Ejército y las autoridades, que la señalaron como brazo armado del apenas saliente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el informe de la Sedena fechado en 2015, señalan que uno de los objetivos de la CRAC es “preservar la seguridad de sus comunidades, proteger su territorio y oponerse al despojo y desplazamiento de la población que se vea afectada por la privatización del ejido”.
El texto en Power Point describe a la CRAC como una policía comunitaria que realiza recorridos a inmediaciones “de las comunidades donde mantienen presencia, establecen puestos de revisión en diferentes puntos y cometen detenciones arbitrarias en contra de la población en general, los cuales son
recluidos en las Casas de Justicia para que sean reeducados conforme a usos
y costumbres; asimismo, realizan reuniones para la resolución de problemas internos, impartición de justicia y para la planeación y ejecución de operativos
especiales de seguridad”.
Inteligencia militar menciona que la Policía Comunitaria tiene presencia en Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Cochoapa, Iliatenco, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Tecoanapa, Copala, Tixtla, Olinalá, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Cualac, Huamuxtitlán, Chilapa y
Juchitán.
Los datos del informe revelan que en el 2015 la CRAC controlaba 120 comunidades, con mil 400 hombres armados y que recibían del gobierno del estado mensualmente un millón 100 mil pesos.
Según el texto la vulnerabilidad del grupo era una pelea interna entre los seguidores de Abad García García, excoordinador y promotor de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán contra los seguidores de Eliseo Villar Castillo (preso en el Cereso de Chilpancingo), coordinador de la “Casa de Justicia Horcasitas, por el control de los recursos económicos que otorga el Gobierno del Estado para sus actividades”.

UPOEG

En el mismo texto se trata la división dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por cuestiones económicas y la creación de la UPOEG el 28 de enero del 2011.
“Se presentó un conflicto al interior de la CRAC-PC, lo cual originó que Bruno Plácido Valerio se separara y creara la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con el objeto de ganar adeptos, esta organización tomó como bandera de lucha las altas tarifas de luz que pagaban las comunidades indígenas, abogando por una tarifa preferencial por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
La Sedena señala que la UPOEG en el 2013 con “Bruno Plácido Valerio crea el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), con estructura similar a la de la Policía Comunitaria (PC)”.
En esos años la agrupación salió a combatir al grupo de la delincuencia organizada de Los Rojos que controlaba parte de la Costa Chica y zona Centro del estado, donde en sus primeros operativos detuvieron al menos 54 integrantes del crimen organizado que fueron entregados a las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Según el cuadro comparativo de la Sedena la UPOEG tenía como objetivo “brindar seguridad a sus comunidades, la liberación de presos políticos, presentación de los 43 normalistas desaparecidos, exigiendo la apertura de los cuarteles para su búsqueda”.
En el 2014 la agrupación fue obligada por pobladores de Ayutla y Tecoanapa para entrar a la ciudad de Iguala y buscar al menos a 13 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro de Ayotzinapa, que eran originarios de esos municipios y que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre.
Los operativos eran encabezados por el promotor de la UPOEG, Miguel Ángel Blanco, que fue el primero en encontrar decenas de fosas clandestinas y quien ubicó el punto conocido como Barranca La Carnicería –a un costado del basurero de Cocula– donde se encontró un resto óseo del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Miguel Ángel Blanco fue asesinado en el poblado de Xaltianguis en agosto del 2015 y hasta la fecha su asesinato nunca fue esclarecido.
El informe señala que la UPOEG tiene 2 mil 200 elementos, 750 armas largas y 150 cortas, con presencia en los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Copala, Cuautepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, Igualapa, Ometepec, Cuajinicuilapa y Tlapa de Comonfort.
Según la Sedena la vulnerabilidad del grupo era que su líder “Bruno Plácido Valerio ha adoptado una postura mesurada buscando el acercamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno con la posible intención de postularse como diputado local”.

FUSDEG

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) es una escisión de la UPOEG y la inteligencia militar señala que “su conformación contó con la asesoría y respaldo de Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), vinculado al ERPI” (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
El grupo nació el 23 enero de 2015, en la comunidad de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, bajo el liderazgo de Salvador Alanís Trujillo que posteriormente fue desplazado de la zona y fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
Durante el levantamiento armado del Valle del Ocotito y posteriormente la creación del FUSDEG, la organización participó en el apoyo de las organizaciones sociales que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 6 de febrero de 2015 los integrantes del FUSDEG y pobladores del Valle retuvieron al comandante de la Policía Federal, José Luis Solís López, más conocido como Espartaco.
La retención se dio luego de que un grupo de al menos 300 policías federales se dirigía a los pueblos de Mazatlán y Petaquillas para desalojar a los pobladores que tenían retenidos a militares y exigían su salida.
En el informe de la Sedena mencionan que en el 2015 el FUSDEG tenía al menos mil hombres armados que controlaban Chilpancingo (Palo Blanco, Dos Caminos, Mazatlán, Acahuizotla, El Ocotito, Petaquillas, Mohoneras y Los Cajeles); Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Acapulco (Xaltianguis, Cacahuatepec, Limoncito, Huamuchito, Xolapa, Barrio Nuevo de los Muertos, Huajintepec, Amatepec, El Playón, Pablo Galeana, Las Tortolitas, San José, Las Marías y La Calera.
La vulnerabilidad del grupo era que carecían “de una estructura solida debido a su conformación y presenta dificultad para definir su dirección en las localidades y
municipios donde tiene presencia, principalmente en Chilpancingo”.
El texto de Power Point de 14 diapositivas al que tuvo acceso El Sur y que era de carácter confidencial, considera que los tres grupos enfrentan una crisis estructural derivada de los “protagonismo de sus dirigentes, por mantener sus privilegios e intermediación con las autoridades; pugnas por el control de los recursos económicos; recurrentes abusos y transgresión de los derechos de la población; control de territorios y rutas que les facilite el desarrollo de sus actividades”.
“La pérdida de legitimidad y de liderazgo en las organizaciones CRAC-PC, UPOEG y FUSDEG, mantendrá limitada su pretensión por expandir sus áreas de influencia, lo que contribuye al divisionismo y el consecuente debilitamiento de
sus estructuras internas, lo que debidamente encauzado, permitirá a las autoridades estatales mantener su control”.
El análisis finaliza que “el activismo de estas organizaciones estará orientado a dar continuidad a proyectos de autonomía donde ejerzan el control de los municipios donde tienen presencia, limitando la presencia gubernamental, seguir obteniendo recursos argumentando su contribución a la seguridad local y ampliar sus áreas de influencia”.
Actualmente de los tres grupos, la CRAC-PC es la única que se ha mantenido por la forma de organización que tienen de elegir su sistema comunitario por asambleas de los pueblos.
La UPOEG en el sexenio de Evelyn Salgado Pineda ha sido prácticamente desmantelada de su zona de control de la Costa Chica, donde han detenido o asesinado a sus principales comandantes que fundaron la organización y han sido señalados constantemente por las autoridades federales de operar para el grupo delictivo Los Rusos.
El Fusdeg sólo controla algunas comunidades de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y actualmente se encuentra dividido y peleando el control de su zona con los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos.

 

Marcha el FODEG en Ayutla y se queda en plantón por la libertad de seis presos políticos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) marcharon ayer en Ayutla y se instalaron en plantón afuera del penal de esa cabecera municipal, en demanda de la libertad de seis encarcelados a los que consideran presos políticos.
Unos 600 integrantes de esa organización de varias comunidades de Ayutla marcharon en esa cabecera municipal, y al final instalaron un plantón afuera del Ministerio Público, en demanda de la libertad de Máximo Mojica Delgado, su esposa María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.
Asimismo exigen la libertad del promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González y de Samuel Ramírez Gálvez, policía comunitario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
Los tres primeros se encuentran presos en el penal de Tecpan de Galeana acusados de secuestro. Arturo Campos está preso en el penal de Ayutla y Gonzalo y Samuel en la cárcel de Chilpancingo, acusados de portación de arma de fuego. Gonzalo y Arturo También son acusados de secuestro.
El dirigente del FODEG, Hoguer Hernández informó vía telefónica que había un compromiso del gobernador Héctor Astudillo Flores de revisar sus casos, pero incumplió y por eso ayer se movilizaron en demanda de la libertad de los seis encarcelados.
Informó que después de la marcha y la protesta afuera del Ministerio Público, los manifestantes se trasladaron afuera del penal en donde se quedaron en plantón. Ayer en la noche realizaron ahí una actividad político cultural como parte de las acciones.
Advirtió que el movimiento va a permanecer en ese lugar hasta que tenga una respuesta del gobierno estatal.
“Ya había un acuerdo entre el doctor Bertoldo Martínez Cruz (el dirigente del FODEG ya fallecido) y el gobernador para liberar a los compañeros”, dijo el ahora representante de la organización.
Informó que en la protesta participaron unas 600 personas de 10 comunidades de Ayutla y que en el plantón por tiempo indefinido afuera del penal se quedaron unas 200.

Marcha el MPG en Chilpancingo a 41 años del asesinato de Lucio Cabañas y contra la represión

 

Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) marcharon en las principales avenidas de Chilpancingo para conmemorar el 41 aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos, y para exigir a los gobiernos estatal y federal que no repriman a maestros que se oponen a la reforma educativa, luego del anuncio de la llegada de 6 mil policías federales para resguardar la evaluación en el Fórum Mundo Imperial, en la zona diamante de Acapulco.
Otras de las demandas del MPG es la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala y la liberación de los presos políticos.
Por su parte, el Frente de Defensa Popular Francisco Villa, que cumplió 22 años, exigió a los gobiernos federal y estatal atender las demandas de las organizaciones sociales y estudiantiles, y que no repriman a los guerrerense que luchan por mejores condiciones de vida.
A la 1:15 de la tarde, unos 150 manifestantes partieron del Zócalo capitalino, donde mantienen su plantón los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) opositora.
Unos 150 integrantes del MPG caminaron en las avenidas Lázaro Cárdenas y Trébol, cerca del Congreso local, donde gritaron consignas en contra del gobierno por reprimir a organizaciones sociales, estudiantiles y a luchadores sociales.
En el mitin en el Congreso local, integrantes del MPG responsabilizaron al presidente de la Comisión Educativa en el Poder Legislativo, el diputado priista Víctor Manuel Martínez Toledo, y al Secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega, de cualquier posible represión y hostigamiento contra los normalitas y luchadores sociales que se manifestarán contra la evaluación a los maestros en el hotel Mundo Imperial en Acapulco.
“La aplicación del examen que se llevará a cabo en Acapulco afecta a los maestros por violentar sus derechos laborales, y estamos en contra de la reforma educativa”, declaró uno de los integrantes del MPG.
Después los maestros reanudaron su marcha hasta llegar a Palacio de Gobierno.
Por su parte, una integrante de la Comisión Convergencia de la CETEG, que encabeza Antonia Morales, de la región Centro, informó que hoy, en la aplicación del examen de permanencia se movilizarán en el hotel Fórum Mundo Imperial, en la zona diamante en Acapulco.
Agregó que los 6 mil policías que llegaron a Guerrero para blindar la evaluación de maestros en Acapulco deben ser trasladados a las regiones de mayores índices de violencia.
Asimismo, el integrante del Frente de Defensa Popular y Frente Popular Francisco Villa, Efraín Torres Fierro exigió al gobierno estatal y federal la liberación de los presos políticos y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“El gobierno del estado, trae la consigna de reprimir la protesta social, y la reformas estructurales que vienen a despojar los derechos del pueblo, y el gobierno va a imponer a sangre y fuego estas políticas, no es aislado la desaparición de los 43 normalistas; el asesinato de cuatro policías comunitarios es para sembrar el terror para imponer las reformas”, declaró.
En la marcha participaron integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y choferes de la Coordinadora Estatal de Transportistas del Estado de Guerrero (CETIG).