Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no reconoce a ningún grupo de la policía comunitaria en Olinalá, tampoco cuenta con comités de enlace ni con casa de justicia en ese municipio, aclaró vía telefónica el vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera.
Reconoció que coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, acudieron a esa cabecera municipal el sábado, para revisar una solicitud que hizo un grupo de ciudadanos que quiere incorporarse a la CRAC, pero aclaró que para ello tienen que cumplir con el reglamento y los requisitos de la organización.
De Jesús Cabrera explicó que tampoco el otro grupo, del que informó que se formó en 2012, a expensas de la ahora senadora Nestora Salgado, está reconocido por la CRAC.
El Sur informó, en su edición de este lunes, que vecinos y el alcalde morenista de Olinalá, Miguel Reyes Patrón, rechazaron la toma de protesta clandestina de una nueva policía comunitaria, a la que calificaron de grupo armado con actividades ilícitas, que se haría el sábado y que, en cambio, ratificaron a la policía comunitaria que surgió con la ahora senadora Nestora Salgado.
El vocero de la CRAC informó que hay una comunidad de ese municipio que ha querido ingresar al Sistema de Seguridad y Justicia y que planteó la solicitud a la casa de justicia de Espino Blanco.
Explicó que derivado de ello, los coordinadores Zeferino Lorenzo de Jesús y Raciel Marín Sánchez fueron el sábado a verificar la información y a verificar los antecedentes de las personas que están haciendo la solicitud, para ver si cumplen con los requisitos para su integración al sistema.
Insistió en que deben cumplir con los requisitos, que van a revisar la lista y los antecedentes de los policías comunitarios que dicen que ya fueron nombrados, “porque sabemos que en esa zona hay muchas personas que tienen antecedentes (penales), incluso hay personajes que tienen órdenes de aprehensión”.
Adelantó que si este es el caso de quienes están haciendo la solicitud, “no se les va a permitir su ingreso”. Añadió que este es un proceso que debe cumplir todo grupo que solicita su ingreso y que los coordinadores de Espino Blanco fueron precisamente a verificar si cumplen con el reglamento y los requisitos, para darles respuesta, pero no a tomarles la protesta.
Aclaró que ni siquiera hay una casa de enlace, porque apenas plantearon la solicitud y que en dado caso de que llegaran a cumplir con los requisitos, pertenecerían a la casa de Espino Blanco, “pero hasta este momento no han sido aceptados y no se ha confirmado su integración, porque estamos esperando los resultados de los antecedentes de cada uno de ellos, para no caer en el error de estar protegiendo a personajes con antecedentes”.
De Jesús Cabrera precisó que la CRAC tampoco reconoce al otro grupo, que informó surgió en 2012 con el aval de la ahora senadora Nestora Salgado.
Recordó que antes tenían una casa de enlace en Huamuxtitlán, que agrupaba a la policía comunitaria de Olinalá, pero que después se desintegró esa casa de enlace y ya no le dieron seguimiento a la incorporación del grupo de Olinalá, “por lo tanto, no tienen el respaldo. A menos de que se activen y cuenten con sus actas de asamblea y sus nombramientos, pero mientras no exista esto, no pueden decir que son ellos los legítimos. Se tiene que decidir por asamblea”.
Con respecto a que ese grupo de 30 miembros, que vienen funcionando desde 2012 y que cuenta con el respaldo del alcalde Miguel Reyes Patrón, el vocero dijo que para la CRAC el presidente municipal no tiene nada que ver en el reconocimiento de las autoridades comunitarias ni de la CRAC, “eso (el reconocimiento) ya son cuestiones políticas. Él llegó a través de un partido político y representa a la Policía Municipal. A quien corresponde nombrar y reconocer a los policías comunitarios son los comisarios, en asamblea de cada comunidad”.
Insistió que la policía comunitaria y la CRAC no están bajo las órdenes de ningún presidente municipal ni de funcionarios de gobierno, “nos regula la asamblea y es la que decide qué es lo que se tiene que hacer, porque nuestro reglamento está aprobado por la asamblea, no por los ayuntamientos”.
Informó que hay en algunos municipios donde sí hay coordinación con los presidentes municipales, pero es una coordinación sólo para cuestiones de seguridad, “pero no con respecto al reconocimiento de nuestra legitimidad”.