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Piden defensores de presos políticos la libertad de 40, en reunión con subsecretario

Integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero se reunieron con autoridades estatales para solicitar la liberación de 40 presos por la vía “jurídica con voluntad política”.
Este martes los miembros del comité salieron del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado y en la entrada principal del inmueble colocaron una lona en la que se leía: “Presos Políticos libertad”.
Se presentaron cuatro miembros del Comité, una mujer y tres hombres, vestidos de uniforme, con pantalón camuflado verde olivo, botas, camiseta negra con su emblema y gorras verde olivo.
La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero, Enriqueta Chávez López, dijo que este martes se reunieron con autoridades estatales entre ellos el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Carlos Alberto Villalpando, para organizar mesas de trabajo “para ver la ruta jurídica con voluntad política de los presos políticos”.
La también defensora de derechos humanos del grupo del padre Alejandro Solalinde recordó que en total son 40 presos políticos en todo el estado y 12 más que han pedido ayuda “humanitaria”.
Consideró que fue una reunión fructífera, la cual no estaba planeada, “salimos de una manera optimista, presentamos casos particulares de compañeros que definitivamente están etiquetados como presos políticos y que sus casos han estado tratados como tales y no como del fuero común”.
Enriqueta Chávez López detalló que hay casos emblemáticos como el de Coyuca de Catalán que pertenecen a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y que también hay casos en Ayutla y Acapulco, “esperemos que pronto se resuelvan”.
Por la ley de amnistía, dijo que no se ha liberado ningún preso político, “a los presos políticos se les fabrica delitos del fuero federal, por lo que no son beneficiados, hemos sacado a nueve por otras circunstancias”.
La defensora destacó que: “son varios casos que las autoridades nos dijeron que iban a observar y ver qué ruta jurídica o voluntad política para liberarlos”.
Por último los integrantes del comité enfatizaron que dejaron los casos expuestos a las autoridades estatales y les agendaron otra reunión para darles seguimiento. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Libera la CRAC a Gonzalo Molina, a una defensora y a cinco activistas en Ayutla

Emiliano Tizapa Lucena

Ayutla

El promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina González, fue liberado luego de casi 24 horas detenido por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del El Paraíso, municipio de Ayutla, y a su salida informó que quedó en buenos términos con la organización comunitaria que tiene su casa matriz en San Luis Acatlán.
Dio a conocer que la operación para detenerlo junto a la defensora de derechos humanos Enriqueta Chávez, del equipo del padre Alejandro Solalinde y otros cinco activistas, fue de 500 policías comunitarios, lo que consideró que habla bien de la organización del sistema de seguridad y justicia comunitaria.
Además, dijo que es beneficiario del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que va a revisar si en realidad funciona, porque durante su retención no hubo ninguna acción.
Contó que entre los acuerdos para su liberación, programada a las 11 de la mañana pero que ocurrió alrededor de las 10 de la noche, tendrá que pedir permiso para entrar a territorio comunitario.
Celebró que a pesar de las circunstancias pudo dirimir sus diferencias con los coordinadores, consejeros y policías comunitarios de las cinco casas de justicia de la CRAC, “ellos pensaban una cosa, pero revisaron nuestras mochilas y observaron que sólo llevábamos material para hacer huaraches, hilos para hamacas, despensas para los desplazados, y que no buscamos lucrar con nuestros trabajo”.
En la mañana, en entrevista con El Sur, el coordinador de la CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, Celestino Peláez Chávez, contó que este lunes a las 3 de la tarde recibió un reporte de integrantes de la CRAC de la comunidad San José la Hacienda acerca de que había un grupo de personas uniformadas identificándose como Policía Comunitaria y a quienes se les facilitó el tránsito.
Detalló que más tarde pidió que las personas se identificaran porque los uniformes eran parecidos pero no eran los que normalmente utiliza la CRAC.
Afirmó que más tarde los policías comunitarios de San José la Hacienda hicieron un operativo en la carretera para buscar quienes no cumplieran las reglas de la CRAC, motivados por la denuncia mencionada.
Dijo que el grupo de Molina González se detuvo a comer en San José la Hacienda, pero venían armados y en el territorio “no puede entrar ni una persona armada”.
Explicó que a Gonzalo Molina tampoco lo quisieron recibir en la comunidad de La Fátima, a donde llevaban víveres para entregar a la población, destacó que “hacer labor voluntaria o labor social no es delito, pero al revisar a los compañeros se les encontró un arma de fuego calibre 38 y un poquito de marihuana”, según lo que se observó era aproximadamente un gramo en una bolsa de plástico.
Celestino Peláez comentó que el arma fue decomisada al servicio de la comunidad, sostuvo que Gonzalo Molina no pudo mostrar pertenecer a una Casa de Justicia, y portar una playera que en la espalda tiene bordada la leyenda de Policía Comunitaria y en el hombro el logo de Mi Patria Es Primero.
Manifestó que ya había un acuerdo de las cinco casas de justicia para la liberación de Gonzalo Molina y seis activistas más, detalló que 25 comunidades de 31 resolvieron que ya no permitirán la entrada a personas desconocidas, y que se les prohibirá a Molina González y su grupo entrar en territorio comunitario de las casas de Caxitepec, municipio de Acatepec; Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; Zitlaltepec, municipio de Cochoapa el Grande; San Luis Acatlán y El Paraíso, municipio de Ayutla.
Argumentó que la presencia de Gonzalo Molina “puede causar confusiones en el territorio y puede haber divisiones” y provocar daños colaterales.
Antes, el presidente del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda, informó a las 11 de la mañana que ya había un acuerdo para la liberación del promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina.
En declaraciones la mañana de ayer, afuera de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en El Paraíso, Ayutla, indicó que el motivo de la detención es que portaban uniformes de la CRAC, cuando Molina González fue desconocido por esta organización de seguridad y justicia indígena.
Morales Miranda agregó que se reunió con la defensora de derechos humanos Enriqueta Chávez, que se encuentra en buen estado de salud, y le preocupaba porque es diabética, y necesita medicamentos y dietas especiales.
Dijo que la charla con las autoridades comunitarias se dio en buenos términos y se esperaba que en minutos después de las 12 fueran liberados.