Familiares de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios (CRAC) Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez Gálvez exigieron su libertad inmediata durante la presentación de la brigada infantil comunitaria Mi Patria Es Primero de la CRAC, con base en El Fortín en Tixtla.
La reunión se convirtió en un foro de denuncia y asistieron padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa quienes declararon que a casi dos años del ataque a los normalistas sigue la impunidad, y que las investigaciones para localizar a sus hijos se mantienen en cero.
Al encuentro también asistió una comisión de la Policía Comunitaria de Olinalá encabezada por Geovani Torres Salgado, padres de los 43 normalistas encabezados por Emiliano Navarrete, además de Beatriz Gálvez Macario madre de Samuel Ramírez Gálvez quien es policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec y está detenido en el penal de Chilpancingo, y la esposa del promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Hernández, Agustina García de Jesús.
En el encuentro fue presentada la brigada infantil comunitaria que está compuesta por niñas y niños y que tiene el objetivo de “empezar de nuevo el proyecto comunitario, ante el escenario adverso en que se encuentra la organización comunitaria”, explicó el auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández.
El acto comenzó con honores a la bandera los cuales estuvieron a cargo de las 30 niñas y niños de entre 5 y 16 años que integran dichas brigadas, fue en la explanada del barrio de El Fortín, que sirve de base para la CRAC-PC.
Después, Gonzalo Molina González, promotor y fundador de la CRAC-PC en Tixtla y actualmente preso en el penal de Chilpancingo, mandó un mensaje vía telefónica desde la cárcel y celebró la formación de la brigada infantil comunitaria, “debemos estar contentos porque hoy se le da formalidad a la brigada infantil comunitaria”, dijo.
Molina González es el impulsor del proyecto de la brigada infantil.
Explicó que la intención es que “los niños se formen con otra forma de ver las cosas, con valores que les permitan alcanzar el nivel más alto del ser humano, y de esta manera honrar la memoria de nuestros compañeros caídos que murieron por defender a su pueblo”.
Desde el penal, Gonzalo Molina convocó a los asistentes a retomar el proyecto de seguridad y justicia comunitaria, la salud, la educación, la comunicación y la producción, con la idea de trabajar en la construcción del poder popular.
A los ciudadanos les pidió que no dejen solos a los comunitarios, “recuerden que los policías comunitarios defienden al pueblo y el pueblo defiende a su Policía Comunitaria”.
El promotor de la CRAC saludó a los padres de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y a los maestros que luchan por echar abajo la reforma educativa.

Si no luchamos ni hablamos, nadie lo hará por nosotros

La esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García de Jesús acusó que el gobierno quiere cansarlos para que dejen de luchar por la libertad de los presos y por la presentación de los 43 normalitas de Ayotzinapa, “quiere que nos cansemos de luchar, de hablar y de ver lo que está pasando en nuestro estado” manifestó.
Convocó a los asistentes a seguir luchando, “si no lo hacemos ¿quién va a luchar por nosotros? Si no hablamos ¿quién va a hablar por nosotros? Nadie va a venir a hablar de afuera porque no conoce la situación que estamos viviendo”, dijo.
Expresó que el gobierno está equivocado al encarcelar a los luchadores sociales, “que mal están (los del gobierno) cuando se supone que están preparados. Ellos hablan de educación, pero donde está la educación de ese gobierno corrupto, que encarcela a las personas que luchan por su pueblo y por el bienestar de su comunidad”, se quejó.
Planteó que a ella le da coraje que tengan presa a la gente que lucha por la comunidad, “que coraje y que lástima me da ese pinche gobierno corrupto que siga tratando así a la gente de las comunidades indígenas”, expresó.
Preguntó que hasta cuando los indígenas van a tener tranquilidad y paz, “nosotros estamos muy lejos de alcanzar la tranquilidad y la paz, porque nos siguen golpeando y asesinando”, denunció.
En su intervención, la madre de Samuel Ramírez Gálvez, Beatriz Gálvez Macario aclaró que la tarea de la Policía Comunitaria no se acaba cuando el gobierno mete a un comunitario a la cárcel.
Explicó que antes, en la Montaña, los delincuentes podían matar y violar y que por eso ella y su esposo promovieron la creación de la Policía Comunitaria y que a raíz de esa lucha tiene a su hijo preso en el penal de Chilpancingo, de quien reclamó su libertad.
Criticó que en esa lucha hay gente que se vende y mencionó a quienes encabezan la Casa Matriz de San Luís Acatlán. Recordó que ellos, en el anterior gobierno de Rogelio Ortega Martínez, firmaron un convenio que también querían que lo firmaran los comunitarios de la casa de Zitlaltepec.
Detalló que el convenio consistía en recibir apoyo económico, cartuchos y uniformes a cambio de que entregaran a los que detuvieran.
Dijo que ellos se negaron a firmar porque la CRAC es autónoma y tiene su propio Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y los detenidos son sometidos a un proceso de reeducación, “mientras que ellos (los del gobierno) venden la justicia y sus policías le dan seguridad al presidentes municipales y al gobernador nada más, no al pueblo”.
Emiliano Navarrete, representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos dijo que a casi dos años del ataque a los normalistas en Iguala no han encontrado justicia y que las investigaciones para encontraros siguen en cero.
Agradeció el apoyo que ha recibido el movimiento de los 43 por agrupaciones como la CRAC-PC de El Fortín y la de Olinalá.
Expresó que en estos dos años han visto el apoyo de mucha gente, aunque reconoció que en este camino “también hemos visto gente que se ha aprovechado de nuestra situación”, acusó sin precisarlo.
Añadió que ante la falta de resultados en las investigaciones, los padres han sabido dar la cara a un gobierno que “ha resultado ser una pinche porquería”.
Por su parte, el comandante de barrio de la Policía Comunitaria de Olinalá, Geovani Torres Salgado exigió la libertad de los tres miembros de la CRAC que siguen presos; Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez. Exigió que los detenidos obtengan su libertad de manera incondicional.
Aclaró que les dio gusto que salieran libres los seis policías comunitarios que estaban presos en Ayutla, pero que estos fueron liberados bajo fianza y que actualmente siguen sujetos a proceso.

La brigada infantil

El auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández explicó que con la brigada infantil comunitaria se trata de evitar la división que ocurrió con los que formaron la casa de Santa Cruz del Rincón (Malinaltepec, los llamados Pueblos Fundadores), cuando abandonaron la CRAC de la Casa Matriz de San Luis Acatlán.
Detalló que la idea es comenzar el proceso de refundación y reeducación desde abajo, desde los niños.
Manifestó que “ante lo que viene”, se pretende entrar a un proceso para lograr una comunidad más armoniosa y orgánica mediante talleres de reeducación en los que se retroalimenten los niños y los adultos.
Explicó que esta fue una propuesta de Gonzalo Molina.