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Solicitan ONG a la CIDH que admita el caso del indígena nahua asesinado por militares en Huamuxtitlán en 2009

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Centro Regional José María Morelos y Pavón, acompañados del Centro Robert F. Kennedy para la justicia y los derechos humanos solicitaron la admisión del caso del náhuatl Bonfilio Rubio Villegas asesinado por soldados en un retén en Huamuxtitlán en junio de 2009, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La petición se da ahora que se discute la Ley de seguridad interior en el Congreso de la Unión que busca darle un marco jurídico a los militares para estar fuera de sus cuarteles, y en la militarización de Guerrero.
En conferencia de prensa transmitida en línea desde la Ciudad de México, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández mencionó que el único militar acusado de homicidio culposo en este caso fue exonerado “porque los jueces le tienen miedo a los militares”, así como ahora los diputados “se doblegan ante la línea dura del poder” y preparan una ley para regular la impunidad que gozan las fuerzas castrenses.
Aseguró que el Ejército se erige por encima de la autoridad civil, toma el control del territorio y no hay quién le ponga un alto, como ocurrió en la agresión a balazos contra el autobús del servicio público donde viajaba Bonfilio, y el agente del Ministerio Público se supeditó a las decisiones de los militares.
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre acusó a los jueces de actuar de forma tendenciosa cuando los inculpados son militares y no civiles, ya que los asesinatos de civiles por soldados son juzgados sólo como homicidio doloso y no culposo.
dijo que debe considerarse como agravante que funcionarios públicos capacitados para el uso de armas de fuego y de la fuerza letal atenten contra la vida, “si un militar disparó indiscriminadamente contra un autobús lleno de pasajeros debió saber que puede privar de la vida a alguien, así como ocurre en otros países”.
En la conferencia en el Centro Prodh también estuvo el hermano de Bonfilio, José Rubio Villegas para informar que su familia decidió llevar el caso a la CIDH porque no es el único homicidio que han cometido los militares en Guerrero.
También náhua de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa de Comonfort, relató que durante siete años han exigido castigo para el soldado que disparó a Bonfilio, y a quien dio la orden de que disparara.
“Un soldado no hace nada solo, recibe órdenes para la acción, el Ejército ha hecho cosas que no debe hacer, hace investigaciones pero todo a su favor, cuando a nosotros como víctimas no nos dan esa facultad de presentar pruebas de cómo fue el caso, sino que ellos hacen, plantan enervantes en el autobús donde iba mi hermano, lo que no encontraron antes en una revisión lo encuentran cuando mi hermano ya está muerto”.

Soldados del 93 Batallón de Infantería dispararon al camión, mataron a Bonfilio y después sembraron droga

En una reseña del caso Santiago Aguirre relató que en junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala abordó el autobús de la línea Sur lleno de pasajeros de Tlapa, y cerca de Huamuxtitlán el camión fue detenido por soldados del 93 Batallón de Infantería que tenían ahí un retén.
Luego de un escrutinio ilegal a los pasajeros y que el chofer reinició la marcha sin que lo autorizaran los soldados, éstos dispararon de manera indiscriminada y desproporcionada contra el camión. Dos balazos pegaron al medallón del vehículo, en el cuello y el cráneo de Bonfilio.
En ese momento el Ejército tomó control de la escena del crimen, manipuló la evidencia al extremo de sembrar enervantes para acusar de los sucesos al chofer del autobús.
Santiago Aguirre dijo que las primeras diligencias recayeron en el Ministerio Público (MP) militar, y tras una larga lucha jurídica el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una sentencia histórica en agosto de 2012, declaró inconstitucional el fuero militar y ordenó sacar la causa penal por homicidio del juzgado militar y que de ella tomara conocimiento un juzgado de distrito.
Hasta entonces la familia y sus abogados constataron las deficiencias de la actuación militar, no fue posible remontar esas “enormes deficiencias por actuación parcial y tendenciosa”, y el juzgado de Distrito exoneró al único militar acusado de los hechos.

El juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar

De las irregularidades, Abel Barrera indicó que el Ejército tomó el control de la escena y sembró droga, ·estaba armando la investigación para proteger a los perpetradores”.
El MP militar hizo la reconstrucción de los hechos, pidió a los cuatro soldados que dieron positivo en el uso de arma de fuego que se colocaran en la posición en que dispararon, y así determinaron que Valentín Alejo Hilario fue el que mató a Bonfilio.
En lo civil el juez séptimo de Distrito avaló todas las actuaciones del MP militar, pero consideró que las pruebas de balística basadas en declaraciones no eran suficientes para establecer la responsabilidad penal, y exoneró al inculpado.
En ese sentido José Rubio dijo que la injusticia “nos duele como familia y nos da esa fuerza para buscar justicia, la verdadera justicia, se agotaron las instancias con lo militar, ganamos que el caso de mi hermano fuera a un juez civil, desgraciadamente no se pudo lograr nada, la persona que estaba detenida ahora está absuelta, vemos tristemente que no tenemos otra opción más que dar un paso a otra instancia. Tenemos derecho que el gobierno reconozca el delito del Ejército en contra de la sociedad. Espero que este testimonio sirva para que otros levanten la voz. Rechazamos la militarización del país”.

No se garantizó el derecho a la vida, a la integridad personal ni a las garantías judiciales

Vía telefónica desde Washington, Angelita Baeyens del Centro Robert F. Kennedy explicó que en la solicitud de admisión de caso en la CIDH se exponen las violaciones cometidas por el Estado mexicano al no garantizar el derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas y a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares pactados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dijo que la militarización de la entidad en el marco de la guerra contra el narcotráfico lejos de redundar en un mejoramiento a la situación de inseguridad y violencia, genera un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos.
Consideró que la revisión del proceso por la CIDH va a dejar un precedente que ayude a que no vuelvan a ocurrir casos como el de Bonfilio, y a evitar que la impunidad siga reinando en estas situaciones.
Del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares habló de los riesgos de que el Ejército patrulle las calles, como hace en Guerrero desde la época de la guerra sucia, que dejó a más de 500 ciudadanos desaparecidos. Aunque en muchos casos estuvo involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo el caso del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco fue documentado y concluyó con una sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Desde entonces los militares están en las calles y no han significado mayor seguridad, por el contrario, la violencia se ha incrementado”, expuso, y mencionó que en Chilapa en marzo de 2015 la cabecera municipal estuvo resguardada por militares y aún así 30 vecinos fueron privados de su libertad, y siguen desaparecidos.
Además se ha documentado que el Ejército participó en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Asesinan a balazos a un policía de Jilotepec, Huamuxtitlán

En Jilotepec, municipio de Huamuxtitlán, asesinaron a balazos a un policía de la comunidad que también era pastor.
El cuerpo del policía José Martín Germán Rivera de 37 años, fue encontrado en la carretera de terracería que va de Jilotepec a Comitlipa el martes. Esta comunidad tiene sus límites con el estado de Puebla.
El cuerpo presentaba tres impactos de bala de escopeta en la espalda y en el cuello; se desconoce el móvil de homicidio.

 

 

Por negligencia, una joven de 16 años abortó en el Hospital Comunitario de Huamuxtitlán, denuncian

El Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular de Huamuxtitlán denunció que el Hospital Básico Comunitario de ese municipio negó en dos ocasiones la atención médica a la joven Evelyn Flores Zamudio de 16 años quien estaba embarazada, como consecuencia de la negligencia la adolescente perdió a su bebé. Se informó que los administradores del hospital han negado el expediente médico y el nombre del médico que la atendió, y por eso los familiares no pueden interponer la denuncia ante el Ministerio Público (MP).
El Consejo señaló que hace un año Agustina Ramos acudió a atenderse y le dijeron que aún le faltaba para tener a su bebé y que se regresara a su casa, y en la entrada del hospital tuvo a su bebé.
En una llamada telefónica a El Sur el integrante del Consejo, Florencio Garnelo Juárez denunció la negligencia médica del hospital.
Señaló que el 8 de agosto Evelyn acompañada de su tía Yanele Garnelo acudieron a la clínica porque tenía un dolor en el vientre, ahí les dijeron que no había camillas para atenderla en urgencias, que ya no había fichas y que regresaran a las 2 de la tarde.
Dos horas después a la menor de edad se le agudizó el dolor y comenzó a sangrar, la regresaron al hospital a la una de la tarde, y la atendieron, pero “ya era demasiado tarde” porque había muerto su bebé.
La familia pidió que interviniera el Consejo de la Policía Ciudadana y Popular de Huamuxtitlán para esclarecer el suceso.
Señaló que la familia informó que la paciente tenía que ser trasladada a otro hospital, al de Tlapa o al de Xochihuehuetlán, a este último fue llevada. Representantes del Consejo acudieron al hospital y hablaron con el administrador Jan Carlos Basilio Morales a quien le pidieron explicaciones.
En un video proporcionado por el Consejo se observa cuando Evelyn es trasladada al otro hospital, y médicos piden que no graben.
En otro video se mira que ante el reclamo de familiares y del Consejo, el administrador dice que se informará a los familiares sobre el estado de la paciente. “Dentro de ese margen si ustedes consideran que no hubo buen trato o algo bien del hospital hay lineamientos que se siguen, como meter una queja aquí, o una demanda en el Ministerio”.
En seguida interviene Agustina Ramos y señala que hace un año y tres meses no la quisieron atender cuando estaba a punto de tener a su hija y terminó pariendo en la entrada de la clínica, y que ella interpuso la queja que se supone fue trasladada a trabajadores del programa federal de Seguro Popular en Chilpancingo para ser revisada, y le dijeron que posteriormente acudirían inspectores a la clínica para hacer una revisión y que eso no ha sucedido.

Entrega la CRAC-PC de Huamuxtitlán a sus familiares a cinco retenidos acusados de abigeato

 

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Huamuxtitlán entregaron a sus familiares a cinco hombres que estaban retenidos desde el mediodía del pasado sábado por estar acusados de abigeato.
El integrante del Comité de Enlace de la CRAC-PC de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez,  dijo que la decisión fue porque no se ratificaron las acusaciones contra los detenidos y no se aportaron las pruebas del delito, además de que por ahora no pueden enviarlos a las casas de justicia de Espino Blanco en Malinaltepec y la de San Luis Acatlán porque “allá están en un proceso de organización interno ante el cambio de coordinadores”.
Agregó que espera que los retenidos asuman su responsabilidad y cambien “su actuar” pues los hombres reconocieron que llevaban ganado robado y se echaron la culpa de que fueron inducidos por uno de ellos al estar alcoholizados.
Con la firma de un documento de por medio, uno a uno de los retenidos fueron liberados y entregados a sus familiares. Fueron advertidos para que no cometan más faltas y que por su bien les recomendaban no pisar las comunidades cercanas, “es por su seguridad, hay gente que se siente ofendida por los robos y puede actuar por su cuenta”, le dijo a cada uno de los hombres, mientras éstos hacían movimientos de cabeza asintiendo la recomendación y terminaron dando las gracias y saludando de mano a los comunitario para después irse, la mayoría con sus padres.
Los retenidos y después liberados son Fidencio Santos Linares de 48 años, de la comunidad de San Miguel Axoxuca, del municipio de Tlapa; Miguel Santos Morales de 18 años vecino de la misma comunidad e hijo de Fidencio; José Vázquez Flores de 24 años, de la cabecera municipal de Tlapa, Víctor Loyola de 20 años y Hugo César Huerta de 18 años originario de Malinaltepec.
Los hombres fueron acusados de robo de dos reses, una pertenecía a Elfego Ortega Rodríguez y la otra a  Dante Ortega Coronel, del municipio de Cualac.

Van a salir en unas horas les dicen autoridades

Manuel Alejandro Gutiérrez detalló que el  pasado viernes, los cinco hombres que mantuvieron retenidos desde el sábado hasta ayer en la cárcel de la Comisaría de la comunidad de Conhuaxo, habían sido detenidos antes del mediodía por elementos de la Policía Municipal del municipio de Cualac, al recibir la denuncia de que andaban robando “vacas”, los detuvieron cuando iban a bordo de una camioneta roja propiedad de Fidencio Santos Linares, padre de uno los cuatro jóvenes.
Dijo que  los policías municipales les pidieron que acreditaran la propiedad de los animales y les entregaron documentos falsos por lo que se los llevaron y más tarde con la anuencia de la presidenta del PRI,  Evelia González Ortega, y el síndico procurador, los trasladaron a Huamuxtitlán a la  agencia del Ministerio Público del fuero común del distrito de Zaragoza, hasta donde llegaron ciudadanos y ganaderos locales exigiendo que los encarcelaran.
Sin embargo, denunció que el agente del Ministerio Público no quiso tomar las declaraciones para iniciar con la averiguación previa, “porque nada más iba a invertir tiempo y se iba a cansar  de hacerlo y ellos saldrían en unas horas”, reveló Alejandro Gutiérrez.
Agregó que por eso las personas que estaban en el lugar se molestaron y exigieron castigo e intentaron sacar a los hombres para hacer justicia con mano propia, pero como los policías comunitarios andaban por el lugar les dijeron que mejor ellos se los llevaran, aunque no todos aceptaron la propuesta pues insistían en “lincharlos”.
“Los tuvimos que rescatar y sacarlos de ahí, pero eso ya fue el sábado  y a las 2:30 de la tarde llegamos aquí (Huamuxtitlán), donde nos prestaron la Comisaría para resguardarlos  mientras se definía su situación porque de Cualac sólo los trajeron a ellos, las pruebas, las evidencias no”, dijo
Agregó que se solicitó a la presidenta de Cualac y a su síndico que entregaran las pruebas y las evidencias y respondieron que sí pero no lo hicieron, todavía el domingo las autoridades municipales indicaron que entregarían las pruebas o irían por los cinco retenidos “no fue ni una ni otra cosa, no llegaron y no sabemos los motivos” dijo Alejandro Gutiérrez.
“Por eso se decidió que se entregarían a sus familiares, además de que ya estaban transcurriendo las 72 horas y no se tenían más evidencias que lo que aceptaron los retenidos, el señor decía que era inocente y su  joven hijo y amigos lo habían engañado, otro que andaba borracho y no supo cómo llegó ahí y los otros desconocían si lo que hicieron fue ilícito, y aceptaban su responsabilidad” expresó.
Mencionó que la liberación fue porque no hubo compromiso del Ayuntamiento de Cualac para culparlos “nosotros los tuvimos porque los querían linchar y nos lo pidió la gente mientras se investigaba, pero Cualac no cooperó y no podemos hacer más”, se quejó.
Los pobladores que estaban en el lugar y policías comunitarios desdeñaron el argumento del único adulto del grupo que dijo que él no sabía y que fue convencido por los cuatro jóvenes, “como va a hacer eso, si hasta prestó su camioneta, ya se sabe que le gusta dedicarse a esas cosas”, expresaron.
Lamentaron que padre e hijo se valieran de familiares que están en activo en el Ejército para intimidarlos de que los liberaran, aunque después cambiaron su actitud.
El padre del joven José Vázquez  llamó a Fidencio Santos antes de que se retirara de la Comisaría  y le pidió que no  involucrara a su hijo en cosas indebidas y que no lo tomara como amenaza porque él era una persona adulta y debía saber que cuando se actúa mal hay consecuencias y no se debe responsabilizar a los demás sino cada quien debe asumir su culpa.

Ofrecen abogados de Nestora pruebas de descargo en Huamuxtitlán; podrían liberarla el jueves

Los abogados de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, ofrecieron pruebas de descargo adicionales ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaragoza, con sede en Huamuxtitlán, donde dan cuenta que la luchadora social se encontraba a unos 170 kilómetros de distancia del lugar, el día y hora en que ocurrieron dos homicidios y la tentativa de homicidio que se le imputan en la causa penal 67/2014.
En consulta telefónica, el abogado Sandino Rivero Espinosa informó que ayer, dentro del plazo constitucional de 72 horas para que el juez resuelva su situación legal, hubo una inspección digital de cuatro diarios de Guerrero, donde se da cuenta de que el 13 de agosto de 2013, alrededor de las 2 de la tarde, Nestora Salgado se encontraba en el barrio de El Fortín, municipio de Tixtla, en una conferencia de prensa con otros integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Detalló que, antes de la conferencia Salgado García estuvo en Casa Guerrero con otros representantes de la Casa de Justicia de El Paraíso ?donde esperaban tener una reunión con el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero?, y fueron atendidos por un funcionario estatal.
Uno de los argumentos de la defensa es que es imposible que haya cometido el homicidio, si no se encontraba en el lugar de los hechos. Como evidencia mostraron las páginas oficiales de El Sur, El Sol de Chilpancingo y La Jornada del 14 de agosto, y el periódico vespertino La Crónica, con las fotografías y las notas informativas. Uno de estas da cuenta de la hora.
Destacó que fue un acto público, con otros integrantes de la Policía Comunitaria de Olinalá que no fueron llamados como testigos porque también están acusados de homicidio en la misma causa penal, y había el riesgo de que fueran detenidos durante la diligencia.
Asimismo, dijo que estuvo en la conferencia de prensa el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González, imposibilitado para atestiguar porque está preso en la cárcel de Chilpancingo, acusado, entre otros delitos, de los presuntos secuestros de los que fue absuelta Salgado García la semana pasada.
El abogado explicó que, otro argumento de defensa es que sólo hay un testigo que señala directamente a Salgado García, que dijo que escuchó su voz en el lugar dando instrucciones a los agresores, describe su vestimenta y asegura que disparó contra las víctimas
Se trata del hijo del fallecido Nemesio Guevara, que con otro de sus hijos fue ultimado en las inmediaciones de Olinalá y Huamuxtitlán. Sin embargo, no hay nadie más que lo corrobore. Confió que con estos elementos, quedará descartada la autoría material que se le adjudicó.
Aclaró que el Ministerio Público tiene la oportunidad “de hacer manifestaciones” en relación con las pruebas que se ofrecieron, pero ayer no lo hizo.
Estimó que este jueves, Nestora Salgado será notificada de los autos de las tres últimas causas penales que se le siguen en Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla de los Libres. En Tlapa y Ayutla, las pruebas se presentaron durante la declaración preparatoria.
Según declaraciones en el expediente, a las 9 de la noche del 13 de agosto, hace dos años, se reportaron dos personas muertas a balazos en la carretera vieja de Olinalá, en Santa Rosa, municipio de Cualac: Nemesio Guevara García 68 años, y su hijo Carmen Guevara Rodríguez de 38 años.
Ésta es la única averiguación de seis denuncias penales en contra de Salgado García, en la que aparece el entonces síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, señalándola del doble homicidio. No se encuentra en las demandas de secuestro, no obstante que también fue detenido por la Policía Comunitaria por estos asesinatos, cuando reclamaba en Huamuxtitlán una vaca robada que las víctimas llevaban en su camioneta.
Una semana después, fue liberado en una operación de rescate policiaco-militar, de la casa de Justicia de El paraíso, mientras que integrantes de la CRAC fueron llevados a prisión.

Entregan abogados de Nestora exhortos al TSJ en la capital para que se resuelva su situación jurídica

 

Los abogados de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Sandino y Amanda Rivero Espinosa entregaron los exhortos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de las declaraciones preparatorias que presentó este viernes en la Ciudad de México, para agilizar el proceso; y a partir del lunes inicie el plazo de 72 horas para que los jueces de Guerrero resuelvan su situación jurídica.
Este viernes, Salgado García presentó su declaración preparatoria de tres nuevos procesos penales, sin asistencia consular, y vía telefónica el abogado Sandino Rivero Espinosa informó que se esperaba que los jueces resolvieran su situación jurídica, de formal prisión o libertad, el jueves o viernes.
A la 1 de la tarde de ayer, los abogados Sandino y Amanda Rivero Espinosa acudieron con el secretario General de Acuerdos de la sede del TSJ, en el Zócalo de la capital, para entregar la documentación.
Posteriormente, en declaraciones los abogados informaron que, a partir del lunes el TSJ será el responsable de enviar los expedientes a los jueces de Tlapa, Ayutla y Huamuxtitlán e iniciará el plazo de 72 horas para resolver la situación jurídica de su defendida; esperan que el miércoles o jueves se notifique a la coordinadora de la Policía Comunitaria su situación jurídica.
Amanda Rivero explicó que los tres nuevos procesos contra Nestora Salgado son secuestro, robo, y privación de la libertad y de tentativa de homicidio, por lo que los jueces enviaron una notificación para que en un juzgado de la Ciudad de México la luchadora social hiciera sus declaraciones preparatorias.
Después de las declaraciones de Nestora Salgado, acudieron al TSJ para entregar los exhortos porque el Tribunal es el encargado de distribuirlos a los juzgados de Guerrero, y esperan que se entreguen a más tardar este lunes, cuando comenzará a correr un lapso de 72 horas para que los jueces determinen la situación jurídica de la fundadora de la Policía Comunitaria en Olinalá.
Sandino Rivero manifestó que, durante las administraciones de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez sólo hubo “mala fe en el caso de Nestora Salgado”, porque durante estas dos administraciones sólo dispusieron del conflicto políticamente.

Acuerda el Ifetel que no habrá apagón analógico en 15 municipios de Guerrero en 2016

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) acordó que en 15 municipios del estado seguirán las transmisiones analógicas de los canales de Televisa y Televisión Azteca. Asimismo, Radio y Televisión de Guerrero seguirá sus transmisiones analógicas en Acapulco.
Las estaciones de televisión que transmiten en estos municipios son de “baja potencia”, explicaron, y por eso entran en el Programa de Continuidad del Ifetel, “para el caso de las Estaciones de Baja Potencia que al 31 de diciembre de 2015 no realicen transmisiones digitales de televisión para que la población continúe recibiendo este servicio en las áreas respectivas en tanto inicien transmisiones digitales”.
Los municipios en los que seguirán las transmisiones de televisión analógica son Tecoanapa, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Tlapa, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Alpoyeca, Chilapa, Huamuxtitlan, Arcelia, Cuetzala, Ixcateopan, Tlapehuala, Ajuchitlan, Apaxtla, Pungarabato y Ayutla.
El acuerdo del pleno del Ifetel, publicado en el Diario Oficial de la Federación, son 477 estaciones de televisión en el país las que seguirán transmitiendo en señal analógica, de las cuales 25 están en esos 15 municipios del estado.
Las estaciones de Televisa y Televisión Azteca, y la concesión del gobierno del estado tendrán hasta el 31 de diciembre de 2016 para adecuarse al sistema de transmisión digital.
De acuerdo con el informe de la SCT publicado en su página de internet no hay registro de que haya entregado televisiones digitales a beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en los municipios de Alpoyeca, Huamuxtitlan y Tlapehuala.
En los municipios de Tecoanapa, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Tlapa, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Chilapa, Arcelia, Cuetzala, Ixcateopan, Ajuchitlan, Apaxtla, Pungarabato y Ayutla sí hubo reparto de televisiones digitales, pero los beneficiarios no tendrán acceso a las ventajas del nuevo sistema como “mejor calidad de imagen, mejor sonido y mayor oferta de canales”, según la propaganda del gobierno federal.
El miércoles 31 de diciembre, las señales de televisión analógica dejaron de transmitirse para dar paso a la televisión digital terrestre. El gobierno federal, mediante la Sedesol, distribuyó televisiones a las familias de escasos recursos, para cumplir con el artículo 6 de la Constitución que establece que, “…el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.

Separan a la jueza de Tlapa de los casos de Nestora Salgado y Gonzalo Molina ante irregularidades

 

La jueza de Primera Instancia de lo Penal en Tlapa, Leonor Mojica Arroyo fue cambiada al Distrito judicial de Galeana, en Tecpan, después de que la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García denunció irregularidades en su actuación, y familiares del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, exigieron que la separaran de los casos.
El abogado de Salgado García, Sandino Rivero informó que la jueza fue separada de los procesos con su secretario de acuerdos hace dos semanas. A través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se conoció la nueva adscripción.
En la Ciudad Judicial, Sandino Rivero recordó que la jueza puso una serie trabas en el proceso penal contra Salgado García que, más allá de formalidad obedecía a “un interés perverso” o, mínimo, a falta de diligencia.
Entre las irregularidades más evidentes, señaló un recurso de apelación para exigir la reposición de todos los procedimientos desde su detención, porque la luchadora social nunca recibió asistencia consular por su doble nacionalidad mexicana-estadunidense. Recordó que mediante un escrito de las autoridades estadunidenses, se confirmó la doble nacionalidad de su defendida y, por ley se solicitó la reposición de todas actuaciones, pero la jueza no lo vio así.
A través de un recurso de inconformidad, la apelación llegó a los magistrados de la Cuarta Sala Penal que devolvieron el expediente a la jueza con un llamado de atención porque omitió notificar a Nestora Salgado que tiene derecho a nombrar a un abogado en segunda instancia, y la respuesta se retrasó varios meses, porque ni siquiera se ha admitido.
Por otro lado, recordó que existe otro recurso legal pendiente de solución, un incidente de libertad de la causa 05/2014, por el delito de secuestro.
El magistrado ponente, Vicente Rodríguez le informó ayer que el caso será resuelto en unos 14 días, porque la sala penal no está completa, uno de sus integrantes se encuentra haciendo labor bajo el nuevo sistema de justicia penal, dijeron.
Sin embargo, opinó que, por la naturaleza del caso, los magistrados están retrasando la resolución que será referente para los procesos de los demás detenidos de la CRAC, “hay un nuevo gobernador, y cómo resuelva el Poder Judicial será el termómetro de la política jurídica del gobierno”, explicó.
A más de dos años y dos meses de la detención de Salgado García, reiteró que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá no ha sido notificada de tres nuevas órdenes de aprehensión por homicidio, en Huamuxtitlán, secuestro en el Distrito de Tabares, y otra por privación de la libertad y robo, pero están litigando mediante el juicio de amparo.
Sobre la jueza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno consideró una buena señal del poder Judicial que cambiara a la funcionaria, y confió que uno de los casos contra Molina, que también se dirime en el juzgado de Tlapa,  se resolverá ahora pronto.
La causa 05/2014 es la más emblemática de los procesos contra los dirigentes y policías comunitarios de la CRAC en prisión en Chilpacingo y Ayutla de Los Libres -sólo Salgado García está en el penal de Tepepan de la Ciudad de México-, le han dado cobertura organizaciones de derecha contra la delincuencia y el secuestro y han exigido castigo para los dirigentes comunitarios señalados.

Denuncian alcaldes de región de La Montaña irregularidades en el programa de fertilizante




Entrega sin depuración del padrón, licitaciones de puro trámite e inconformidades al aplicar la normatividad, fueron las irregularidades que se encontraron en la municipalización del fertilizante en los ayuntamientos de la región de La Montaña, según expresaron alcaldes.
El presidente municipal de Huamuxtitlán, Juan Carlos García Jiménez comentó que el programa de entrega de fertilizante estaba muy viciado porque hay grupos y personas que sin ser productores compraban el fertilizante a bajo precio y lo revendían y que la depuración del padrón le trajo conflictos.
Entrevistado hace tres semanas, en la sede del Consejo Regional de La Montaña, en Tlapa, cuando se presentó el proyecto del Colegio de Posgraduados de la maestría en Desarrollo Tecnológico en zonas indígenas, agregó que la depuración sólo consiste en aplicar la normatividad la cual no se aplicaba para mantener el voto cautivo, lo que generó los vicios y ahora en la depuración, el descontento de los otrora beneficiados en los gobiernos priístas.
Dijo que la depuración se realizó para comprobar que el paquete de cinco bultos de sulfato y dos de granulado llegara al productor pero que no fue fácil porque “me presionan estas personas y no se pueden cortar de tajo sus privilegios”, manifestó.
Señaló que no es posible que “tuviéramos un número elevado de campesinos superior a la superficie agrícola del municipio”, la cual es de 2 mil 916, hectáreas de las cuales dos mil 043 corresponde a riego y 873 son tierras de temporal según la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Agricultura (Sagarpa).
La licitación para surtir el fertilizante la ganó Fertiquim porque según Jiménez García, les llevó la mejor propuesta y también para separarse del estigma del figueroísmo con Agrogem (la empresa propiedad del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, y que acaparaba los contratos de venta del fertilizante).
El costo del paquete fue de 215, un poco menos que el año pasado que salió en 260, y agregó que los productores no aceptaron el biofertilizante.
Indicó que se entrega un paquete por hectárea y se compraron 700 toneladas para mil 200 microproductores.
En el municipio de Tlapa donde hay una superficie sembrada de 7 mil 113 hectáreas con 682 de riego y 6 mil 430 de temporal según la Sagarpa, la licitación se hizo entre tres empresas: Fertiquim, Fertilizante del Centro y Agrogem pero según el alcalde Martimiano Benítez Flores, ganaría Agrogem por las “facilidades” que les daba para pagar.
El regidor Antonino Rodríguez Romano comentó que la licitación se estaba haciendo por puro trámite porque el fertilizante ya estaba y sólo esperaban los tiempos para trasladarlo de una bodega que se ubica en la afueras de Tlapa “Mantis Religiosa, distribuidora de Agrogem, a la Comisaría Ejidal para iniciar con su repartición”.
Benítez Flores, entrevistado a mediados de mayo en el Zócalo de Tlapa, comentó que no tuvo problemas con el padrón de productores y que todos serían atendidos en tiempo y forma; que se estaban guiando por el padrón de la Seder.
Precisó que el municipio tiene 2 mil productores, para los que se adquirirían dos mil toneladas de abono y se distribuye el paquete tradicional de siete bultos por hectárea: ciatro de sulfato y tres de granulado.
Manuel Cano Ortega, de la organización Emiliano Zapata, en Zalatzala, municipio de Tlapa, dijo que no hubo problemas con la entrega pero que desconocía que ahora se haría directamente con el Ayuntamiento.
Dijo que si después hay problemas se organizarán para hacer valer la fuerza de la razón y hacer protestas para que sean atendidas las demandas de los productores.
Entrevistado hace tres semanas en las instalaciones del Consejo Regional de La Montaña, agregó que es deber de las autoridades brindar el insumo porque llegan pidiendo el voto y luego que lo consiguen no regresan.
Según el presidente municipal de Xalpatláhuac, Leonardo García Santiago, este municipio por sus características geográficas en tierras de labor y de temporal cuenta con mil 424 hectáreas y que serán beneficiados mil 900 productores con 2 mil toneladas de fertilizante.
En entrevista en su casa hace dos semanas, García Santiago, dijo que él apoya el cambio de fertilizante químico por el biofertilizante, pero lo que aplicaría ese programa en su comunidad natal, La Victoria.
Comentó que no tuvo problemas en la inscripción y depuración del padrón ya que “no hay organizaciones sociales” como para atenderlas directamente y se les dio a todos los productores.
Dijo que se vendió el paquete tradicional porque la gente no quiso “experimentar” con el biofertilizante pero que aplicará en tres comunidades experimentales para que el próximo año tenga referencia sobre su efectividad y se agregue a los usos y costumbres de la gente para el beneficio de los suelos.
Aquí la empresa que ganó la licitación fue Fertilizante del Centro por la eficacia en su distribución y aunque Agrogem “tenía buenas propuestas de créditos al final los costos eran muy elevados y se descartó”, dijo.
En tanto el alcalde de Atlixtac Javier Félix Canizal dijo que el fertilizante ya se estaba entregando con la empresa Agro Guerrero y que la depuración no se logró y aumentó un 3 por ciento porque no se rechazó a nadie.
Agregó que la entrega de fertilizante es un problema porque cada año se incrementan las familias lo que aumenta la inversión elevada en el insumo para no dejar a nadie fuera.
Detalló que en este año se invertirán 7 millones del municipio para 3 mil 780 toneladas de fertilizante para los 4 mil 800 productores, pues de las superficies sembradas tiene 3 mil 843 hectáreas en siembra de temporal de un total de 3 mil 919, según la información de Planeación de la Sagarpa del 2001.
El alcalde de Atlixtac fue entrevistado en Alcozauca, el 11 de mayo, en el foro de concertación de proyectos productivos en nueve municipios con menor índice de desarrollo humano.
En Metlatónoc, el alcalde Rutilo Vitervo Aguilar (entrevistado en el mismo acto) dijo que entregarán mil 200 toneladas del paquete tradicional, con un costo de 240 pesos y la empresa que ganó la licitación fue Pronamex, por lo económico de sus precios.
Añadió que en su municipio no hay organizaciones sociales y que no tuvo problemas con la gente ya que se entregará con base en el padrón que tenía la Seder y mientras se realiza el nuevo.
Por su parte el secretario de Desarrollo Rural, Armando Ríos Piter, declaró en una visita que hizo a Tlapa en días recientes que el 50 por ciento de los municipios arrancó con la entrega después del proceso de licitación para determinar qué empresa les entregaría el fertilizante.
Indicó que esa dependencia hace revisiones aleatorias en los municipios para que no se utilice con otros fines.
Informó que existen 240 mil campesinos en el padrón de beneficiados en el estado de los cuales 33 mil 824 productores serán beneficiarios con 164 mil toneladas de biofertilizante en los 13 municipios.

Se fugan y son recapturados tres reos del penal de Huamuxtitlán

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

Tres reos que estaban presos por los delitos de violación, homicidio y lesiones graves se fugaron este viernes del Cereso de Huamuxtitlán, aunque 40 minutos más tarde fueron reaprehendidos por policías ministeriales, informó el subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado, Antonio Nogueda Carvajal.

Aunque en la Secretaría de Seguridad Pública sólo se informó del hecho como “un intento de fuga”, Nogueda Carvajal confirmó –vía telefónica– que a las 11 de la mañana tres reos del centro penitenciario de Huamuxtitlán se fugaron.

Nogueda Carvajal dijo desconocer el nombre de los tres internos, pero aseguró que estaban presos por los delitos de violación, homicidio y lesiones graves, cuya pena va de 10, 30 y 8 años respectivamente.

Precisó que al recibir el reporte sobre la fuga unos 10 agentes de la Policía Ministerial “hicieron un rápido dispositivo y 40 minutos más tarde lograron reaprehenderlos”, cuando éstos se encontraban a las orillas de ese municipio.

Tras la reaprehensión –según el subprocurador de Justicia– los tres reos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público “para que declaren y digan quién estuvo detrás o quién los apoyó”.

Nogueda Carvajal resaltó que hasta este viernes por la tarde no se había deslindado ninguna responsabilidad “ni en contra del director del penal ni contra algún custodio”, aunque sí dijo que la fuga de los reos “es extraña porque en las primeras investigaciones no se encontró o ubicó algún lugar por donde hayan podido escapar”.

Insistió que será la declaración de los reos la que dé la pauta para deslindar responsabilidades y saber si en la fuga participó algún funcionario.

Hasta la noche ni el nombre de los reos ni sus antecedentes se pudieron confirmar, incluso la Secretaría de Seguridad Pública, por medio del director de Comunicación y Política Criminal, Simón Wences Martínez, dijo que se sólo trató de “un intento de fuga”, pero no proporcionó mayores datos.

Trascendió también que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, quien se encontraba en la ciudad de México, negó que haya habido alguna fuga de reos en ese centro penitenciario.