Ejidatarios de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) que desde agosto exigen la indemnización de sus tierras dañadas en 1990 durante la construcción de la Autopista del Sol, se quejaron de que pese a que se tuvieron reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no se resolvió su demanda durante el año que terminó, cuando la dependencia federal sólo les hizo promesas de solución y después se deslindó de la responsabilidad.
Los afectados advirtieron que este mes harán acciones para seguir exigiendo que les paguen las afectaciones de sus terrenos, cuando terminen las vacaciones y comiencen las labores en las dependencias gubernamentales.
El 10 de agosto en conferencia de prensa, por primera vez los ejidatarios exigieron a la SCT la indemnización que hace cuatro años acordaron con 19 propietarios de unas 14 hectáreas y media de tierras afectadas por la construcción de la Autopista.
Desde 2013, los afectados solicitaron a la dependencia federal el pago de los daños de sus parcelas y la mediación de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno del estado.
Incluso, se firmó una minuta en 2013 con la SCT, con el acuerdo de que se les pagarían 120 pesos por metro cuadrado de terreno dañado, pero no ha sucedido, pese a la presión de los pobladores.
En consulta telefónica, el representante del comisariado ejidal, Pedro Carrera Robles abundó que se tienen que ver acciones legales para que puedan conseguir la indemnización, “porque ya llegó al extremo”, y los afectados sólo han recibido promesas y ya están cansados.
“La Secretaría dice que no tiene responsabilidad alguna, que son los subcontratistas que ella misma incluyó en la obra. Yo le dije que entonces cuando uno va a una fiesta, si usted lleva invitados y sus invitados hacen destrozos, el responsable es usted… estamos en espera y en pie de lucha todavía”, ejemplificó.
Dijo que hay organizaciones que les han pedido que se unan en acciones conjuntas, y que lo están considerando porque no pueden vivir de promesas.
La autopista ha ocasionado daños en sus parcelas y hay desagües en los barrancos y rellenos en otros, lo que ha secado árboles. (Beatriz García / Chilpancingo).
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Incumple la SCT con una audiencia a ejidatarios de Tierra Colorada que piden indemnización
Ejidatarios del municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) denunciaron que la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) no cumplió el acuerdo de una audiencia con el titular, Rigoberto Villegas Montoya, para hablar sobre la indemnización de sus tierras que les adeudan desde hace 27 años, de 172 pesos por metro cuadrado.
El pasado miércoles, cuando los inconformes tenían tomada la caseta de cobro de Palo Blanco para exigir a las autoridades el pago de la indemnización de sus tierras afectadas cuando se construyó la Autopista del Sol, representantes de la SCT les ofrecieron una audiencia con el secretario a cambio de que liberaran la caseta.
En consulta telefónica, el representante del comité de ejidatarios, Pedro Carrera Robles manifestó que, el día de la protesta los funcionarios que les prometieron una audiencia con el delegado sólo los engañaron, porque no se hizo la reunión.
El día de la protesta, los ejidatarios advirtieron que darían esa semana para que les resolvieran su demanda, y que de no ser así, este lunes nuevamente bloquearían de manera permanente la Autopista del Sol en la orilla donde tienen sus parcelas.
Carrera Robles indicó que en esta semana se reunirán los afectados, pues tienen que determinar sus acciones para ejercer presión para que los indemnicen.
El 29 de noviembre de 2013, los ejidatarios firmaron una minuta de acuerdos con la SCT, sobre el pago 120 pesos por metro cuadrado afectado, y más de cuatro años después no se ha cumplido.
La construcción de la Autopista del Sol y su funcionamiento han producido daños en las parcelas donde se depositaron escombros y piedras, se construyeron caminos de acceso, muros y bases de concreto que no les permiten a los ejidatarios sembrar, además hay desagües de barrancos en algunas parcelas y rellenos en otras, que les han secado árboles frutales.
Impiden vigilantes la entrada al Palacio de Gobierno a comisarios indígenas que exigen una carretera
Personal de seguridad de Palacio de Gobierno impidió el paso a comisarios indígenas de Tlacoapa y Tlacoachistlahuaca que demandan la reparación de una carretera que resultó dañada por las lluvias del huracán Max.
Después, en conferencia de prensa denunciaron que fueron citados este martes para dar seguimiento a una minuta de acuerdos que firmaron funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Denunciaron que las autoridades estatales y federales no han cumplido losacuerdos, y que los trabajos de la reconstrucción de su carretera sólo comenzaron, pero que la obra fue abandonada. También denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han apoyado a las familias afectadas por las lluvias del huracán Max en varias comunidades de esos dos municipios.
La comisión de autoridades indígenas estuvo integrada por el comisario municipal de Terrero Venado, municipio de Cochoapa, José Cirilo Gallardo; el comisariado de la misma localidad, José Vázquez Pérez; el comisario municipal de Jiquimilla, municipio de Tlacoachixtlahuaca, Jaime López Gallardo; el comisariado de la misma localidad, Ignacio Martínez; el representante de la comunidad de El Ciruelo, municipio de Cochochoapa, Maurilio Librado Martínez; el delegado de Joya de Oro, municipio de Cochoapa, Palemón Primo Liborio; el representante de Guadalupe la Joya, municipio de Cochoapa, Ignacio Martínez Tiburcio; y el representante de Dos Arroyos, municipio de Cochoapa, Juan González Ruíz.
Las autoridades municipales y agrarias fueron acompañadas por la vocera de la “instancia de gestoría”, Petra Martínez Vásquez, vecina de la comunidad de Joya Real, y por el presidente de la Federación Nacional de Núcleos Agrarios (Fenagro), Jesús Basilio Goitia.
Las autoridades comunitarias llegaron a las 9 de la mañana a la entrada del Palacio de Gobierno, donde, sin ninguna explicación, el personal de seguridad les impidió la entrada. Dos horas después llegó Basilio Goitia, a quien sí le permitieron pasar, “seguramente porque me vieron vestido distinto”, dijo, porque a la comisión de indígenas no la dejaron pasar debido a su aspecto, y denunció que evidentemente no los dejaron pasar por discriminación.
Basilio Goitia informó que esta misma comisión de indígenas se reunió el 20 de octubre en la secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado con Gustavo Mendoza Justo, auxiliar del secretario Rafael Navarrete Quezada. También estuvieron representantes de la CICAEG, la SCT, y los presidentes municipales de Cochoapa el Grande, la perredista Rosa Lorenzo de la Cruz; el de Tlachoachistlahuaca, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio; y de Ometepec, el perredista Omar Estrada Bustos.
Martínez Vásquez, informó que, en esta reunión acordaron que Obras Públicas del gobierno del estado, la CICAEG y la SCT aportarían la maquinaria pesada, y los tres ayuntamientos el combustible para que se rastreara el camino que pasa por las comunidades de Tierra Blanca, Terrero Venado, San Pedro el Viejo, Dos Ríos y Joya Real, y que comunica a Cochoapa el Grande y Tlacoachistlahuaca.
Explicó que con este tramo carretero se beneficiarían cuando menos otras 45 comunidades que se encuentran en la parte baja del municipio de Cochoapa el Grande.
Dijo que la gestión se viene realizando desde los primeros días de septiembre, cuando la carretera se dañó por las lluvias del huracán Max.
Denunció que desde un principio les dijeron que no hay recursos para Cochoapa el Grande, porque no fue considerado entre los municipios dañados, “nos parece imposible que no se hayan destinado recursos para un municipio que es el más pobre y marginado de Guerrero. Yo creo que hemos sido discriminados por ser indígenas”, se quejó.
Reprochó que las autoridades, “no escogen a los indígenas, mestizos y colores cuando quieren los votos, nosotros como militantes también les damos nuestro voto igual para que ellos ocupen el poder y el gobierno”, reclamó la indígena.
Basilio Goitia denunció que el 20 de octubre, en la primera reunión, los representantes de las autoridades declararon un receso y les pidieron que regresaran a las 4 de la tarde de ese día, pero a esa hora ya no les permitieron entrar al Palacio de Gobierno, solamente salió el auxiliar del secretario de Obras, Rafael Navarrete, quien les firmó una improvisada minuta de acuerdos, en la que se estableció que la reunión continuaría este 7 de noviembre.
Pero ayer, cuando llegaron al Palacio de Gobierno no les permitieron la entrada, “cuando llegué yo, me dijeron ‘usted si puede pasar’”, recordó Basilio Goitia. Agregó que en la secretaría de Obras le dijeron que el secretario estaba en una reunión y que era difícil que los pudiera atender, que regresaran después, “lo que demuestra que no solamente no tienen la voluntad de cumplir la minuta, sino que ni siquiera de atenderlos y platicar con ellos”.
Dijo que es injusto, “porque los integrantes de la comisión de indígenas tuvieron que destinar más de 12 horas para llegar a la capital desde sus comunidades, gastando un dinero que no tienen, sin almorzar y sin comer, sólo para que, al llegar a Palacio de Gobierno, les dieran un portazo y no los dejaran entrar”.
Petra Martínez dijo por su parte que le dio mucha tristeza lo que les hicieron, porque fue ella la que invitó a los comisarios para que vinieran a esta segunda reunión en la que esperaban que se resolviera la reconstrucción de su carretera.
Dijo que en la primera reunión, el 20 de octubre, mejor les hubieran dicho que no los iban a ayudar para que no vinieran, “pero no nos dijeron eso, nos dijeron que sí que Obras Públicas, la CICAEG y la SCT pondrían la maquinaria, y los ayuntamientos el combustible, pero nos engañaron”.
Contó que en la minuta improvisada que firmó el auxiliar del secretario de Obras Públicas, se estableció que el 23 de octubre llegaría la maquinaria, y que los habitantes de las comunidades se reunieron en el tramo en donde iban a comenzar los trabajos, pero que no llegó nadie, continuaron esperando el 24, y llegaron hasta la 1 de la tarde del 25, comenzaron a trabajar a las 2 de la tarde y a las 5 detuvieron los trabajos, al día siguiente se descompuso la máquina y se suspendió la obra. Dijo que el 30 de octubre se llevaron las máquinas y ya no regresaron.
Informó que trabajaron en el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, en donde solamente rehabilitaron unos 10 de kilómetros de ese tramo. Además dijo que hace falta que rehabiliten de todo el tramo de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa.
Informó que los trabajadores que fueron a trabajar los dos días les dijeron que ellos llevaban la instrucción de que rehabilitaran sólo el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, que es del municipio de Tlacoachistlahuaca, pero no de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa, “lo cual nos parece injusto porque no fue lo que quedamos en la reunión”, se quejó.
Denunció que también fueron discriminados en ese municipio con los paquetes de apoyo para los damnificados del huracán Max. Denunció que muchas familias perdieron sus casas y cosechas, pero ninguno ha sido apoyado.
“Sabemos que en otros lugares les están dando apoyos, pero a nosotros no nos han apoyado”, denunció y aseguró que entregaron el reporte de los daños al Ayuntamiento y al gobierno del estado.
Pide el promotor de una autopista de Acapulco ayuda del gobierno; invertiría Banobras, dice
El director general honorario del proyecto de la Autopista Panorámica Acapulco-Huatulco-Lázaro Cárdenas, Inocencio López Morales solicitó al gobierno del estado que ayude a cumplir los requisitos que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para invertir, dijo que son similares a los que solicita Banobras.
Aseguró que de Banobras tiene un escrito en el cual le asegura que aportará el dinero para el proyecto que promueve cuando se lo solicite el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón.
En una visita a El Sur, Inocencio López entregó las respuestas que le dieron de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) al proyecto que entregó.
En la dependencia federal le indicaron que la construcción de la carretera Isobárica-Cerro del Tigre-Pie de la Cuesta no era posible, porque el gobierno federal tiene prioridad con las obras del Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018. Éstas son la modernización del corredor costero Feliciano-Acapulco-San Marcos hasta los límites con el estado de Oaxaca, así como terminar el libramiento poniente de Acapulco que enlazará a la autopista México-Acapulco con la carretera federal.
De la CICAEG le indicaron que el proyecto no está en el Plan Estatal de Desarrollo ni en el Programa Sectorial y le dieron un listado de requisitos que solicita la SHCP para ejecutar el proyecto.
Inocencio López solicitó que el gobierno del estado ayude a elaborar el estudio y problemática a resolver de la propuesta, el proyecto ejecutivo, entre otras cosas.
La deuda de 200 millones con la CMIC es por retraso del Fonden, dice el delegado de la SCT
Alfonso Marín Amezcua
Chilpancingo
El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en Guerrero, Eduardo Rodríguez Abreu, informó que la dependencia federal no ha liquidado el adeudo 200 millones de pesos con las constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC), debido a que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sigue sin autorizar formalmente los recursos económicos por el programa de la tormenta Trudy, en 2014.
Integrantes de la CMIC en Guerrero denunciaron hace una semana que los gobiernos federal, estatal y de Acapulco adeudan 727 millones 975 mil 658 pesos a más de 200 constructoras guerrerenses, a los cuales la SCT debe 200 millones de pesos correspondientes al programa Trudy.
En entrevista telefónica al respecto, Rodríguez Abreu explicó que Fonden está informado del adeudo que mantiene la dependencia federal, ya que continuamente han reportado la falta de pagos a las constructoras guerrerenses de la CMIC.
Mientras que el presidente de la CMIC en Guerrero, Sergio Reyes Carbajal, se ha comunicado con la SCT para agilizar la liberación del presupuesto, “por lo que considero que pronto va a resolverse el tema de Trudy”, dijo, sin especificar la fecha en la que podrían hacerse los pagos.
Detalló que el adeudo no rebasa los 200 millones de pesos, y aclaró que el adeudo de la SCT es solamente por la tormenta Trudy, ya que de las contingencias por Manuel, en 2013, fueron liquidados los adeudos, “y si se debe algo es porque están en finiquitos de algunos números y un proceso de cierre presupuestal donde los finiquitos serán revisados a detalle”.
Consultado sobre la razón por la que sigue atrasado el pago por la reparación de los caminos rurales dañados por la tormenta tropical Trudy, donde incluso se emitió una declaratoria de emergencia para 36 municipios de Guerrero, Rodríguez Abreu indicó que la SCT depende únicamente del presupuesto con el que cuente el Fonden.
“En este caso la SCT no tiene un programa especial sino que depende de los recursos que sean autorizados y aprobados en el Fonden, así se hacen los pagos”, dijo.
A pregunta expresa acerca de si hay algún motivo específico sobre el atraso de los recursos, el funcionario federal respondió que desconocía las razones del Fonden, “desconozco la causa, pero lo más seguro es que le da prioridad a las cosas más urgentes en el país, pues no solamente es Guerrero, hablamos de muchos eventos que se han generado y todos de la misma bolsa”.
Aunque agregó que la CMIC ha sido informada de todo el proceso, ya que luego de un acuerdo a nivel nacional entre el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el presidente nacional de la CMIC, Gustavo Arballo Luján, que firmaron un convenio, se acordaron reuniones mensuales para evaluar temas de adeudos, adjudicaciones y programas a ejecutar, “por eso no hay nada que no se sepa sobre los eventos y obras programadas, manejamos todos los temas de infraestructura y hay una buena relación y conocimiento de los hechos”.
Rodríguez Abreu indicó que desconoce el motivo de la denuncia de Reyes Carbajal, “posiblemente se deba a que a más de un año del adeudo de Trudy no se han hecho los pagos y justamente también se deba a que no hay mucho trabajo”.
En el caso de la SCT, mencionó que fueron ejecutadas 75 obras en caminos provisionales, mencionadas como obras emergentes o “inmediatas”, en zonas afectadas de la Costa Chica y La Montaña.
Mientras que por Manuel se trabajaron mil 35 caminos rurales, 128 puentes rurales, 5 carreteras federales y 11 puentes federales.
En el caso de Trudy, remarcó que todo lo federal fue autorizado y ejercido, mientras que de lo rural siguen sin ejercerse los 200 millones de pesos del Fonden, donde para temas rurales el gobierno estatal designa el 50 por ciento del presupuesto y la federación el otro 50 por ciento.
De la denuncia del presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de Guerrero (AECG), José Luis Cuevas Pano, quien aseguró que las grandes obras de la SCT y de la Conagua vienen etiquetadas por contratos millonarios para consorcios foráneos que buscan beneficiar a constructoras de familiares de funcionarios federales, Rodríguez Abreu lo negó y dijo que la información en materia de licitación y obras es manejada de manera “transparente y disponible para cualquier autoridad en los sistemas”.
Ante los adeudos que han denunciado los integrantes de la CMIC, hoy realizarán una protesta en Acapulco, afuera de las oficinas del Inifed, debido al adeudo por 100 millones, 436 mil pesos que mantiene la dependencia por el Plan Nuevo Guerrero a 100 constructoras guerrerenses, y por el millón 627 mil pesos por la reconstrucción de seis empresas por el programa Escuelas Dignas.
Agilizará el gobierno estatal la demanda contra empresas que adeudan obras, dice líder sindical
El secretario general del Sindicato de Transporte y de Construcción de Coyuca de Benítez, que depende de la CTM, Rufo Ávila Varela, informó que el gobierno del estado se comprometió a agilizar la demanda por fraude contra dos empresas constructoras que abandonaron las obras de rehabilitación de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en 2014, y no pagaron a ese sindicato y al de Atoyac.
En declaraciones por teléfono, el líder sindical reclamó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no consideró la fianza que depositan las empresas que ganan la licitación de una obra, “nos dijeron que no aplica porque nosotros somos sindicatos, que el rubro se considera en caso de trabajos mal hechos”.
Comentó que las autoridades se comprometieron a agilizar la demanda por el delito de fraude, interpuesta desde hace un año, contra las constructoras Unión de Contratistas, de la Ciudad de México, y Duos Comercializadora, de Puebla, “estas empresas ya están boletinadas”.
Contó que las autoridades amenazaron a los trabajadores para que desistieran de la suspensión de los trabajos en ambos municipios, pues incurrirían en un delito.
Ávila Varela criticó que la SCT no apoyara económicamente a ambos sindicatos por el adeudo que dejaron las dos empresas, “se justifican porque nosotros somos sindicatos y no empresas”.
Los constructores fueron atendidos por el delegado de la SCT, Eduardo Abreu Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Rafael Navarrete Quezada.
El pasado 9 de febrero, trabajadores del Sindicato de Transporte y de Construcción del Municipio de Coyuca de Benítez bloquearon de manera intermitente y por seis horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, frente a la comunidad Cayaco-Camalote, para exigir el pago de 2 millones 900 mil pesos a la SCT por los trabajos de rehabilitación de la vía federal en 2014.
Impulsar un sistema ferroviario para hacer más competitivo al país, pide Ruiz Esparza
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, José Zozaya Délano, solicitaron que se impulse a las asociaciones público-privadas en el desarrollo de vías de comunicación terrestre.
Las asociaciones público-privadas son acuerdos entre el gobierno y empresas para el desarrollo de proyectos, en los que las segundas buscan obtener una ganancia y el gobierno solventar alguna deficiencia para beneficio social.
Ruiz Esparza encabezó en Acapulco la ceremonia de inauguración de la Exhibición y Reunión Internacional de Negocios de la Industria Ferroviaria 2016, que ayer y hoy se lleva a cabo en el centro de convenciones Mundo Imperial.
Sobre el reclamo de la Coparmex de que se les adeudaban mil millones de pesos a 120 empresas, respondió que lo que se debía ya se liquidó, e insistió en que si hay adeudos los empresarios se acerquen a la SCT para saldarlos.
El secretario dijo que la inversión público-privada “es la solución” a la inversión pública.
Consideró que se debe impulsar el ferrocarril porque así avanza la competitividad del país con el movimiento de las mercancías y las exportaciones, acciones con las que se generan empleo digno y calidad de vida.
Habló de las obras que se realizan para rehabilitar las líneas ferroviarias del país en Chiapas, Colima y Celaya, así como la construcción de la línea férrea Aguascalientes-Guadalajara.
El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, José Zozaya Délano, dijo que es indispensable invertir en infraestructura ferroviaria para que el país sea competitivo internacionalmente “por tal motivo se debe fomentar las inversiones publico-privadas y dotar al país de una infraestructura competitiva que lo haga mas atractivo para la inversión” y contribuir al crecimiento de la economía nacional.
Durante su discurso destacó en dos ocasiones que la reunión se desarrollaba en Acapulco en completa paz y pidió a los reporteros difundir ese mensaje.
En su intervención, el gobernador Héctor Astudillo Flores destacó que Acapulco también será sede del Abierto Mexicano de Tenis a fines de este mes y de la Convención Bancaria a principios de marzo.
Ponderó el clima del puerto durante esta temporada porque es posible dormir por las noches sin aire acondicionado, y les deseó a los presentes que en su estancia se sientan seguros porque hay una operación policiaca en la zona donde ellos se hospedan y les pidió que regresen de visita al puerto.
Agradeció a Ruiz Esparza su visita al estado y la ayuda que dio a la entidad luego de las afectaciones de la tormenta tropical Manuel.
Después de los discursos, Ruiz Esparza, el gobernador y los ferrocarrileros inauguraron la exposición de las empresas dedicadas a la industria ferroviaria.
En la ceremonia también estuvieron la subsecretaria de Transportes, Yuridia Mascot Pérez; el diputado federal presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, Alfredo Rodríguez Dávila; el secretario general del sindicato de trabajadores ferrocarrileros, Víctor Flores Morales; el director general del Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz; el secretario de Finanzas del gobierno del estado, Héctor Apreza Patrón.
Después en declaraciones a reporteros, Ruiz Esparza indicó que está en construcción la ampliación de la carretera Acapulco-Zihuatanejo y las obras que se realizan en la Ciudad de México y el paso express de Cuernavaca, “acciones que benefician a Guerrero porque van a permitir que el turismo de fin de semana crezca en Acapulco”.
Reiteró que la única obra pendiente de las que se anunciaron luego de la tormenta tropical Manuel es el puente vehicular de Lomas de Chapultepec, el cual estará concluido en junio.
Al secretario se le preguntó sobre el reclamo de la Coparmex de que se les adeudaba mil millones de pesos a 120 empresas, a lo que respondió que el monto ha disminuido e instruyó que a quienes estén pendientes de pago “debe pagárseles muy pronto, no debe haber nadie a quien se le deba”.
Después corrigió y dijo que lo que se debía ya se liquidó, e insistió en que si hay adeudos se acerquen a la SCT para saldarlos.
El pasado 13 de enero, el presidente de la Coparmex en Chilpancingo Adrián Alarcón Ríos informó que dependencias como la SCT, Conagua y el Inifed adeudaban mil millones de pesos a empresas guerrerenses.
Bloquean choferes de volteo la cafrretera Acapulco-Zihuatanejo; exigen a la SCT el pago de obras de 2014
Trabajadores del Sindicato de Transporte y de Construcción del Municipio de Coyuca de Benítez, que dependen de la CTM, bloquearon de manera intermitente y por seis horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, frente a la comunidad Cayaco-Camalote, para exigir el pago 2 millones 900 mil pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por los trabajos de rehabilitación de la vía federal en 2014.
A las 9 de la mañana, los transportistas se colocaron en la carretera federal y atravesaron dos camiones de volteo; la protesta duró hasta las 3 de la tarde.
Los manifestantes retiraron el bloqueo tras acordar una reunión el próximo martes con el residente general de la red de carreteras de la SCT Guerrero, Arturo Valadez, y advirtieron que si no hay solución ese día volverán a bloquear la vía federal pero de manera indefinida.
En declaraciones por teléfono, el secretario general del sindicato, Rufo Ávila Varela, se quejó de que las empresas Unión de Contratistas y Duos Comercializadora dejaron inconclusos los 10 kilómetros de rehabilitación en 2014 y no pagaron los servicios al sindicato.
Dio a conocer que la empresas dejaron de pagar un millón 600 mil pesos en Atoyac y un millón 300 en Coyuca de Benítez por los trabajos de acarreo de material, renta de maquinaria, renta de pipas de agua y veladores.
Explicó que las dos empresas constructoras que ganaron la licitación, contratadas por la dependencia federal, iban a rehabilitar cinco kilómetros en Coyuca y cinco en Atoyac.
Añadió que este año otras dos empresas retomaron los trabajos en la carretera federal, “nosotros con la esperanza del pago comenzamos a trabajar de nuevo, pero en cuatro reuniones no hubo respuesta”.
Ávila Varela aseveró que la dependencia federal es la responsable de cubrir el adeudo de 2 millones 900 mil pesos, porque “toda empresa que gana la licitación en la SCT deposita un fianza como garantía para cualquier incumplimiento”.
Reclamó que la SCT excluye a las constructoras locales y “las foráneas hacen contrato con los sindicatos nacionales para evadir responsabilidad”.
Dijo que son 80 dueños de los camiones de Coyuca y 60 propietarios en Atoyac afectados por el incumplimiento de pago.
Acuerda el Ifetel que no habrá apagón analógico en 15 municipios de Guerrero en 2016
El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) acordó que en 15 municipios del estado seguirán las transmisiones analógicas de los canales de Televisa y Televisión Azteca. Asimismo, Radio y Televisión de Guerrero seguirá sus transmisiones analógicas en Acapulco.
Las estaciones de televisión que transmiten en estos municipios son de “baja potencia”, explicaron, y por eso entran en el Programa de Continuidad del Ifetel, “para el caso de las Estaciones de Baja Potencia que al 31 de diciembre de 2015 no realicen transmisiones digitales de televisión para que la población continúe recibiendo este servicio en las áreas respectivas en tanto inicien transmisiones digitales”.
Los municipios en los que seguirán las transmisiones de televisión analógica son Tecoanapa, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Tlapa, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Alpoyeca, Chilapa, Huamuxtitlan, Arcelia, Cuetzala, Ixcateopan, Tlapehuala, Ajuchitlan, Apaxtla, Pungarabato y Ayutla.
El acuerdo del pleno del Ifetel, publicado en el Diario Oficial de la Federación, son 477 estaciones de televisión en el país las que seguirán transmitiendo en señal analógica, de las cuales 25 están en esos 15 municipios del estado.
Las estaciones de Televisa y Televisión Azteca, y la concesión del gobierno del estado tendrán hasta el 31 de diciembre de 2016 para adecuarse al sistema de transmisión digital.
De acuerdo con el informe de la SCT publicado en su página de internet no hay registro de que haya entregado televisiones digitales a beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en los municipios de Alpoyeca, Huamuxtitlan y Tlapehuala.
En los municipios de Tecoanapa, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Tlapa, Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Chilapa, Arcelia, Cuetzala, Ixcateopan, Ajuchitlan, Apaxtla, Pungarabato y Ayutla sí hubo reparto de televisiones digitales, pero los beneficiarios no tendrán acceso a las ventajas del nuevo sistema como “mejor calidad de imagen, mejor sonido y mayor oferta de canales”, según la propaganda del gobierno federal.
El miércoles 31 de diciembre, las señales de televisión analógica dejaron de transmitirse para dar paso a la televisión digital terrestre. El gobierno federal, mediante la Sedesol, distribuyó televisiones a las familias de escasos recursos, para cumplir con el artículo 6 de la Constitución que establece que, “…el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.
Toma la OPIG “simbólicamente” la Cdi en Tlapa; se reunirá con autoridades federales, anuncia
Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero, que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (OPIG CNPA-MN), tomaron de “manera simbólica” las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Tlapa, donde acordaron mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales para atender sus peticiones.
La toma de la Cdi duró de las 8 a las 10 de la mañana, y después los inconformes se quedaron en el lugar hasta las 2 de la tarde, cuando se reunieron con funcionarios federales y con el secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado, Gilberto Arriaga Solano. En la reunión acordaron iniciar las mesas de trabajo la próxima semana, pero no especificaron hora ni fecha.
El integrante de la OPIG, Israel Jiménez informó que en su jornada nacional del 9 de noviembre, en la que participaron más de 20 organizaciones del país integrantes de #ElCampoEsDeTodos para apoyar al movimiento campesino-indígena, acordaron tales mesas de trabajo.
El representante comentó que entregaron sus peticiones al titular de la SAI, Gilberto Arriaga Solano para hablar sobre asuntos locales, como apoyo para la infraestructura de la OPIG en la región, proyectos productivos de hongos Z, equipamiento e infraestructura de un laboratorio agrícola que funcione como centro de investigación y práctica, infraestructura carretera y plantas frutales, y para impulsar el cultivo y procesamiento del café.
“Por el momento, aceptamos las pláticas, las mesas y las promesas de apoyo a nuestras peticiones; esperemos que las cumplan y no se quede en el discurso, o regresaremos con otras acciones; y pedimos interlocución con el gobernador”, dijo.
Agregó que las peticiones, en su mayoría eran para las dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la intervención del estado era buena porque también tenían cosas específicas para este nivel de gobierno.
Fueron atendidos por el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona; de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello, y del gobierno estatal, el secretario de la SAI y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado.
Recordó que la OPIG exige que no haya recorte presupuestal para el campo mexicano, solución inmediata a las demandas de las organizaciones aglutinadas en la CNPA-MN, recursos para los programas de vivienda rural y vivienda digna, proyectos productivos, y la liberación inmediata de los recursos retenidos por la SHCP, entre otras peticiones.
Mantienen la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, libertad a los presos políticos y justicia para Antonio Vivar, no a la política de criminalización del movimiento social y no a la militarización.
También se pronunciaron por la defensa del territorio, la cancelación inmediata de las concesiones mineras en La Montaña, y la consulta previa e informada a los pueblos originarios sobre las formas de autogobierno que decidan aplicar.