Ejidatarios de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) que desde agosto exigen la indemnización de sus tierras dañadas en 1990 durante la construcción de la Autopista del Sol, se quejaron de que pese a que se tuvieron reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no se resolvió su demanda durante el año que terminó, cuando la dependencia federal sólo les hizo promesas de solución y después se deslindó de la responsabilidad.
Los afectados advirtieron que este mes harán acciones para seguir exigiendo que les paguen las afectaciones de sus terrenos, cuando terminen las vacaciones y comiencen las labores en las dependencias gubernamentales.
El 10 de agosto en conferencia de prensa, por primera vez los ejidatarios exigieron a la SCT la indemnización que hace cuatro años acordaron con 19 propietarios de unas 14 hectáreas y media de tierras afectadas por la construcción de la Autopista.
Desde 2013, los afectados solicitaron a la dependencia federal el pago de los daños de sus parcelas y la mediación de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno del estado.
Incluso, se firmó una minuta en 2013 con la SCT, con el acuerdo de que se les pagarían 120 pesos por metro cuadrado de terreno dañado, pero no ha sucedido, pese a la presión de los pobladores.
En consulta telefónica, el representante del comisariado ejidal, Pedro Carrera Robles abundó que se tienen que ver acciones legales para que puedan conseguir la indemnización, “porque ya llegó al extremo”, y los afectados sólo han recibido promesas y ya están cansados.
“La Secretaría dice que no tiene responsabilidad alguna, que son los subcontratistas que ella misma incluyó en la obra. Yo le dije que entonces cuando uno va a una fiesta, si usted lleva invitados y sus invitados hacen destrozos, el responsable es usted… estamos en espera y en pie de lucha todavía”, ejemplificó.
Dijo que hay organizaciones que les han pedido que se unan en acciones conjuntas, y que lo están considerando porque no pueden vivir de promesas.
La autopista ha ocasionado daños en sus parcelas y hay desagües en los barrancos y rellenos en otros, lo que ha secado árboles. (Beatriz García / Chilpancingo).
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Incumple la SCT con una audiencia a ejidatarios de Tierra Colorada que piden indemnización
Ejidatarios del municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) denunciaron que la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) no cumplió el acuerdo de una audiencia con el titular, Rigoberto Villegas Montoya, para hablar sobre la indemnización de sus tierras que les adeudan desde hace 27 años, de 172 pesos por metro cuadrado.
El pasado miércoles, cuando los inconformes tenían tomada la caseta de cobro de Palo Blanco para exigir a las autoridades el pago de la indemnización de sus tierras afectadas cuando se construyó la Autopista del Sol, representantes de la SCT les ofrecieron una audiencia con el secretario a cambio de que liberaran la caseta.
En consulta telefónica, el representante del comité de ejidatarios, Pedro Carrera Robles manifestó que, el día de la protesta los funcionarios que les prometieron una audiencia con el delegado sólo los engañaron, porque no se hizo la reunión.
El día de la protesta, los ejidatarios advirtieron que darían esa semana para que les resolvieran su demanda, y que de no ser así, este lunes nuevamente bloquearían de manera permanente la Autopista del Sol en la orilla donde tienen sus parcelas.
Carrera Robles indicó que en esta semana se reunirán los afectados, pues tienen que determinar sus acciones para ejercer presión para que los indemnicen.
El 29 de noviembre de 2013, los ejidatarios firmaron una minuta de acuerdos con la SCT, sobre el pago 120 pesos por metro cuadrado afectado, y más de cuatro años después no se ha cumplido.
La construcción de la Autopista del Sol y su funcionamiento han producido daños en las parcelas donde se depositaron escombros y piedras, se construyeron caminos de acceso, muros y bases de concreto que no les permiten a los ejidatarios sembrar, además hay desagües de barrancos en algunas parcelas y rellenos en otras, que les han secado árboles frutales.
Impiden vigilantes la entrada al Palacio de Gobierno a comisarios indígenas que exigen una carretera

Personal de seguridad de Palacio de Gobierno impidió el paso a comisarios indígenas de Tlacoapa y Tlacoachistlahuaca que demandan la reparación de una carretera que resultó dañada por las lluvias del huracán Max.
Después, en conferencia de prensa denunciaron que fueron citados este martes para dar seguimiento a una minuta de acuerdos que firmaron funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Denunciaron que las autoridades estatales y federales no han cumplido losacuerdos, y que los trabajos de la reconstrucción de su carretera sólo comenzaron, pero que la obra fue abandonada. También denunciaron que los gobiernos estatal y federal no han apoyado a las familias afectadas por las lluvias del huracán Max en varias comunidades de esos dos municipios.
La comisión de autoridades indígenas estuvo integrada por el comisario municipal de Terrero Venado, municipio de Cochoapa, José Cirilo Gallardo; el comisariado de la misma localidad, José Vázquez Pérez; el comisario municipal de Jiquimilla, municipio de Tlacoachixtlahuaca, Jaime López Gallardo; el comisariado de la misma localidad, Ignacio Martínez; el representante de la comunidad de El Ciruelo, municipio de Cochochoapa, Maurilio Librado Martínez; el delegado de Joya de Oro, municipio de Cochoapa, Palemón Primo Liborio; el representante de Guadalupe la Joya, municipio de Cochoapa, Ignacio Martínez Tiburcio; y el representante de Dos Arroyos, municipio de Cochoapa, Juan González Ruíz.
Las autoridades municipales y agrarias fueron acompañadas por la vocera de la “instancia de gestoría”, Petra Martínez Vásquez, vecina de la comunidad de Joya Real, y por el presidente de la Federación Nacional de Núcleos Agrarios (Fenagro), Jesús Basilio Goitia.
Las autoridades comunitarias llegaron a las 9 de la mañana a la entrada del Palacio de Gobierno, donde, sin ninguna explicación, el personal de seguridad les impidió la entrada. Dos horas después llegó Basilio Goitia, a quien sí le permitieron pasar, “seguramente porque me vieron vestido distinto”, dijo, porque a la comisión de indígenas no la dejaron pasar debido a su aspecto, y denunció que evidentemente no los dejaron pasar por discriminación.
Basilio Goitia informó que esta misma comisión de indígenas se reunió el 20 de octubre en la secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado con Gustavo Mendoza Justo, auxiliar del secretario Rafael Navarrete Quezada. También estuvieron representantes de la CICAEG, la SCT, y los presidentes municipales de Cochoapa el Grande, la perredista Rosa Lorenzo de la Cruz; el de Tlachoachistlahuaca, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio; y de Ometepec, el perredista Omar Estrada Bustos.
Martínez Vásquez, informó que, en esta reunión acordaron que Obras Públicas del gobierno del estado, la CICAEG y la SCT aportarían la maquinaria pesada, y los tres ayuntamientos el combustible para que se rastreara el camino que pasa por las comunidades de Tierra Blanca, Terrero Venado, San Pedro el Viejo, Dos Ríos y Joya Real, y que comunica a Cochoapa el Grande y Tlacoachistlahuaca.
Explicó que con este tramo carretero se beneficiarían cuando menos otras 45 comunidades que se encuentran en la parte baja del municipio de Cochoapa el Grande.
Dijo que la gestión se viene realizando desde los primeros días de septiembre, cuando la carretera se dañó por las lluvias del huracán Max.
Denunció que desde un principio les dijeron que no hay recursos para Cochoapa el Grande, porque no fue considerado entre los municipios dañados, “nos parece imposible que no se hayan destinado recursos para un municipio que es el más pobre y marginado de Guerrero. Yo creo que hemos sido discriminados por ser indígenas”, se quejó.
Reprochó que las autoridades, “no escogen a los indígenas, mestizos y colores cuando quieren los votos, nosotros como militantes también les damos nuestro voto igual para que ellos ocupen el poder y el gobierno”, reclamó la indígena.
Basilio Goitia denunció que el 20 de octubre, en la primera reunión, los representantes de las autoridades declararon un receso y les pidieron que regresaran a las 4 de la tarde de ese día, pero a esa hora ya no les permitieron entrar al Palacio de Gobierno, solamente salió el auxiliar del secretario de Obras, Rafael Navarrete, quien les firmó una improvisada minuta de acuerdos, en la que se estableció que la reunión continuaría este 7 de noviembre.
Pero ayer, cuando llegaron al Palacio de Gobierno no les permitieron la entrada, “cuando llegué yo, me dijeron ‘usted si puede pasar’”, recordó Basilio Goitia. Agregó que en la secretaría de Obras le dijeron que el secretario estaba en una reunión y que era difícil que los pudiera atender, que regresaran después, “lo que demuestra que no solamente no tienen la voluntad de cumplir la minuta, sino que ni siquiera de atenderlos y platicar con ellos”.
Dijo que es injusto, “porque los integrantes de la comisión de indígenas tuvieron que destinar más de 12 horas para llegar a la capital desde sus comunidades, gastando un dinero que no tienen, sin almorzar y sin comer, sólo para que, al llegar a Palacio de Gobierno, les dieran un portazo y no los dejaran entrar”.
Petra Martínez dijo por su parte que le dio mucha tristeza lo que les hicieron, porque fue ella la que invitó a los comisarios para que vinieran a esta segunda reunión en la que esperaban que se resolviera la reconstrucción de su carretera.
Dijo que en la primera reunión, el 20 de octubre, mejor les hubieran dicho que no los iban a ayudar para que no vinieran, “pero no nos dijeron eso, nos dijeron que sí que Obras Públicas, la CICAEG y la SCT pondrían la maquinaria, y los ayuntamientos el combustible, pero nos engañaron”.
Contó que en la minuta improvisada que firmó el auxiliar del secretario de Obras Públicas, se estableció que el 23 de octubre llegaría la maquinaria, y que los habitantes de las comunidades se reunieron en el tramo en donde iban a comenzar los trabajos, pero que no llegó nadie, continuaron esperando el 24, y llegaron hasta la 1 de la tarde del 25, comenzaron a trabajar a las 2 de la tarde y a las 5 detuvieron los trabajos, al día siguiente se descompuso la máquina y se suspendió la obra. Dijo que el 30 de octubre se llevaron las máquinas y ya no regresaron.
Informó que trabajaron en el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, en donde solamente rehabilitaron unos 10 de kilómetros de ese tramo. Además dijo que hace falta que rehabiliten de todo el tramo de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa.
Informó que los trabajadores que fueron a trabajar los dos días les dijeron que ellos llevaban la instrucción de que rehabilitaran sólo el tramo de Tierra Blanca a Terrero Venado, que es del municipio de Tlacoachistlahuaca, pero no de Tlacoachistlahuaca a Cochoapa, “lo cual nos parece injusto porque no fue lo que quedamos en la reunión”, se quejó.
Denunció que también fueron discriminados en ese municipio con los paquetes de apoyo para los damnificados del huracán Max. Denunció que muchas familias perdieron sus casas y cosechas, pero ninguno ha sido apoyado.
“Sabemos que en otros lugares les están dando apoyos, pero a nosotros no nos han apoyado”, denunció y aseguró que entregaron el reporte de los daños al Ayuntamiento y al gobierno del estado.
Pide el promotor de una autopista de Acapulco ayuda del gobierno; invertiría Banobras, dice
El director general honorario del proyecto de la Autopista Panorámica Acapulco-Huatulco-Lázaro Cárdenas, Inocencio López Morales solicitó al gobierno del estado que ayude a cumplir los requisitos que solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para invertir, dijo que son similares a los que solicita Banobras.
Aseguró que de Banobras tiene un escrito en el cual le asegura que aportará el dinero para el proyecto que promueve cuando se lo solicite el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón.
En una visita a El Sur, Inocencio López entregó las respuestas que le dieron de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) al proyecto que entregó.
En la dependencia federal le indicaron que la construcción de la carretera Isobárica-Cerro del Tigre-Pie de la Cuesta no era posible, porque el gobierno federal tiene prioridad con las obras del Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018. Éstas son la modernización del corredor costero Feliciano-Acapulco-San Marcos hasta los límites con el estado de Oaxaca, así como terminar el libramiento poniente de Acapulco que enlazará a la autopista México-Acapulco con la carretera federal.
De la CICAEG le indicaron que el proyecto no está en el Plan Estatal de Desarrollo ni en el Programa Sectorial y le dieron un listado de requisitos que solicita la SHCP para ejecutar el proyecto.
Inocencio López solicitó que el gobierno del estado ayude a elaborar el estudio y problemática a resolver de la propuesta, el proyecto ejecutivo, entre otras cosas.
Ejidatarios afectados por la Autopista del Sol buscan agilizar el juicio contra la SCT
La indemnización podría alcanzar 100 millones de pesos, por terrenos de los cuales indebidamente se apoderó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aseguran los afectados
Karina Contreras
Ejidatarios afectados por la construcción de la Autopista del Sol se reunieron con la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, y el coordinador de Proyectos Agrarios Especiales de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Roberto Campos Chirino, para agilizar el juicio agrario que mantienen contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que indemnice o restituya las tierras que de manera ilegal se tomó, y que en costo económico asciende a cerca de 100 millones de pesos.
En una reunión en las oficinas de la magistrada López Díaz, en donde los ejidatarios iban encabezados por los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) disidente, Nabor Ojeda Delgado y Evencio Romero Sotelo, se acordó que a más tardar en un mes será cerrado el caso, que se ha retrasado porque la SRA no ha elaborado los expedientes necesarios para el acuerdo.
Posteriormente, la magistrada López Díaz explicó que el problema en ese juicio agrario es porque al construirse la Autopista del Sol por la SCT, ésta tomó más hectáreas de lo que dictaba la expropiación, es decir, que tomó lo que se denomina el sobre ancho.
Dijo que esa superficie no fue expropiada, y que la SCT reconoce que tiene en posesión y sobre ello está negociando en el juicio agrario y, precisó, “no es una negociación extramuros ni en lo oscuro”, si no que se lleva dentro de un juicio agrario donde el ejido reclama a la SCT la restitución de esa superficie que tienen en posesión.
Manifestó la magistrada que los casos de los nueve ejidos afectados por la autopista ya están en estado de resolución para dar sentencia; sin embargo, todos los ejidos a través de la CNC estuvieron pugnando por una negociación tanto con SCT y SRA –esto lo permite la ley agraria antes de dictarse sentencia–, por lo que las partes le pidieron que todavía no diera sentencia para ver si llegan a un convenio.
“Puedo dictar sentencia en 24 horas, pero no he dictado, porque de común acuerdo, ejidatarios y la SCT, pidieron que no se hiciera hasta que llegaran a una conciliación, pues la ley lo permite”. La magistrada explicó que la restitución –en caso de que así fuera la sentencia– de las tierras no afecta la carretera del sol, porque la afectación no está en la cinta asfáltica si no en derecho de zona federal.
López Díaz dijo que ese tribunal no responde a presiones ni de índole social, ni política ni económica, pues es un tribunal de plena autonomía y jurisdicción, y a la única presión
que responde es a la ley.
Por su parte, el dirigente de la CNC, Nabor Ojeda Delgado, explicó que esa reunión fue con el propósito de finiquitar un añejo problema que está desde 1992 donde la SCT se apoderó de una superficie que no había sido expropiada para hacer la autopista. Señaló que ya está el acuerdo de que la SCT pagará a 10 pesos metro cuadrado por las hectáreas afectadas, pero la SRA no ha cubierto los trámites para elaborar los expedientes.
Mientras que el dirigente, Evencio Romero Sotelo, dijo que desde el 2002 los ejidos de Sabanillas, Dos Arroyos, Los Huajes, Agua de Perro, Los Órganos, El kilómetros 21, entre otros, iniciaron un juicio agrario para que les restituyan sus tierras que de manera arbitraria e ilegal les quitaron en lo que va del tramo Tierra Colorada–Acapulco o los indemnicen.
