El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena declaró que no puede haber ínsulas de no aplicación de la ley, “de no tránsito de la autoridad, porque eso se convertiría en impunidad”, en referencia a las exigencias de vecinos de Petaquillas para que salga el Ejército de su comunidad.
El alcalde aseguró que se ha mantenido atento al asunto, y ayer se reuniría con el comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, a quien le plantearía la posibilidad de permitir el libre tránsito de las corporaciones policíacas.
Este miércoles vecinos de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, transportistas y policías rurales se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, y con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, con quienes acordaron que la seguridad estaría en manos de la Policía Rural.
Esta reunión se dio tras las seis horas de bloqueo el martes, en la carretera federal México-Acapulco, al sur de Chilpancingo, como medida de presión de los manifestantes para exigir la salida de un campamento militar instalado frente a la entrada de petaquillas tras la irrupción de sicarios a la comunidad de Chacotla.
Consultado al concluir su participación en la entrega de reconocimientos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en Palacio de Gobierno, el priista Leyva Mena señaló que tiene la misma información que el gobernador Héctor Astudillo Flores, “sobre de que de alguna manera esos grupos extraños están interesados en que no entre el Ejército”.
Agregó que la intervención del gobierno del estado en el conflicto es la reacción de una autoridad prudente y sensata, ya que, “si estiras mucho la liga, eso hubiera terminado obviamente en términos de enfrentamientos armados que no le convienen a nadie”.
Dijo que la acción de los gobernantes en este tipo de situaciones debe ser muy cuidadosa y ponderada en beneficio de la vida de sus habitantes.
Sobre la situación de inseguridad, reiteró que no es un problema nuevo y reafirmó que merece toda la atención de los tres órdenes de gobierno. “Por tratarse de estos grupos, le corresponde a la federación, para entrar en una ruta de estabilidad y buen gobierno”, señaló.
A pesar de que el alcalde no ha participado en la mesas de negociaciones con los habitantes de Petaquillas y el gobierno del estado, dijo que se avanza en un ruta de diálogo y razonamiento. “Yo entiendo que hay una población alarmada ante esta situación, y estamos en este momento coordinándonos con las autoridades para que no suceda un enfrentamiento”, comentó.
Aseguró que, a pesar de los hechos registrados en la comunidad, hay un riesgo controlado, ya que mientras haya diálogo, todo estará tranquilo para avanzar en la ruta de una solución a la petición de los pobladores.
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Intenta la UPOEG entrar a Tierra Colorada, se enfrenta al FUSDEG y mata a un comunitario
El policía comunitario del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Jesús Eloíso Contreras de 22 años fue asesinado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en uno de los cuatro enfrentamientos de ayer en Tierra Colorada, la cabecera municipal de Juan R. Escudero.
El FUSDEG y la UPOEG se disputan desde octubre el corredor de Chilpancingo a Acapulco en las comunidades Petaquillas, El Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis, lo que ha provocado movilizaciones y enfrentamiento armados como el ocurrido el 24 de octubre en Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, que dejó siete hombres muertos.
El FUSDEG ya fue desplazado de Petaquillas y El Ocotito pero tiene presencia en Tierra Colorada, a donde ayer intentó irrumpir la UPOEG con armas de grueso calibre.
En Plan de Lima, la primera
balacera
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a las 9:10 de la mañana reportaron un enfrentamiento entre los dos grupos en la comunidad de Plan de Lima, Tierra Colorada, sin embargo policías comunitarios informaron que fueron balazos al aire porque había tensión, ya que la UPOEG pretendía entrar a la cabecera municipal.
Ante la amenaza de irrupción de la Policía Ciudadana a Tierra Colorada, unos 100 policías comunitarios se desplegaron entre los cerros en las entradas y salidas a Acapulco y Chilpancingo para resguardar la cabecera municipal.
Después de las 11:40 de la mañana ocurrió un enfrentamiento armado en la entrada del entronque de Tierra Colorada y la Autopista del Sol, que duró más de una hora y media.
Un grupo de unos 10 policías comunitarios estaban dispersos en la loma de un cerro cerca del restaurante El Mexicano para contener al otro grupo, los comunitarios se refugiaron entre piedras y matorrales.
Mientras que unos 10 policías ciudadanos de la UPOEG a bordo de tres camionetas estaban en la entrada de la carretera federal México-Acapulco con dirección a la comunidad Papagayo.
Durante una hora y media se escucharon detonaciones de armas de fuego y cuatro patrullas de la Policía Federal de Caminos impidieron el paso de los automovilistas, particulares y del transporte público para que las personas no quedaran entre el fuego cruzado. Además había un helicóptero del gobierno estatal sobrevolando el lugar.
Cuando ocurrió este enfrentamiento armado, a las 12 del día, vecinos y promotores del FUSDEG bloquearon la carretera federal México-Acapulco frente a su comandancia en la colonia San José para impedir la entrada de la UPOEG, además sonaron las campanas de la Iglesia para que alertar a los vecinos.
En el bloqueo los pobladores impidieron el paso a los automovilistas como forma de presión para que las autoridades de los gobiernos del estado y federal intervinieran en el conflicto de los grupos de civiles armados.
Después de la 1:30 de la tarde terminó el segundo enfrentamiento, no se reportaron heridos ni muertos. Los policías comunitarios del FUSDEG se replegaron y cuidaron los límites de Tierra Colorada pero poco a poco los integrantes de la UPOEG se acercaron a la cabecera municipal.
A las 3:50 de la tarde comenzó otra balacera cerca de donde ocurrió el segundo enfrentamiento, más cerca a Tierra Colorada, donde fue asesinado el policía comunitario del FUSDEG Jesús Eloíso Contreras de 22 años, su cuerpo quedó tendido boca abajo en la carretera federal México-Acapulco cerca del entronque de Tierra Colorada.
Los policías ciudadanos de la UPOEG recogieron el cuerpo de la víctima y hasta las 12 de la noche se desconocía en dónde estaba.
El tercer enfrentamiento duró más de 20 minutos cuando los policías ciudadanos estaban más cerca de la cabecera municipal, en este hecho no había policías federales, estatales, ministeriales ni militares para resguardar la zona.
Reporteros y agentes de gobierno quedan en el fuego cruzado
Un grupo de 15 reporteros y agentes de gobierno infiltrados en el gremio quedaron atrapados en el fuego cruzado durante unos 20 minutos, cuando ocurrió el cuarto enfrentamiento entre los dos grupos, más cerca de la cabecera municipal.
Los comunicadores escucharon un balazo cerca del lugar donde se refugiaban en la orilla de la carretera federal México- Acapulco, se tiraron al suelo pecho a tierra a un lado de una camioneta para protegerse de las balas. Fue a las 4:10 de la tarde cuando comenzó este último enfrentamiento armado entre la UPOEG y el FUSDEG.
Los comunicadores que estaban tendidos en el suelo y junto a una camioneta blanca para refugiarse de las balas gritaban, “amigos nos vamos a mover, somos prensa no disparen, por favor confirmen”, “estamos en un fuego cruzado” y “la prensa se va mover”.
Algunos transmitieron en vivo mediante la red social Facebook. Después de 20 minutos, en un lapso de un minuto no se escucharon disparos y los reporteros corrieron unos 200 metros a refugiarse a sus vehículos para dirigirse a una zona más segura cerca de la cabecera municipal.
Cuando los trabajadores de los diferentes medios de comunicación llegaron a sus vehículos se escucharon otros balazos, parecía una agresión directa pero no se pudo determinar qué grupo era el que les disparaba.
Ahí el vehículo del agente de gobierno, al parecer de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Rodríguez quien se presenta como fotógrafo de Expresión Popular, recibió dos impactos de bala en el medallón y dos en el techo del i10 Dodge Hyundai gris.
El bloqueo y la marcha de vecinos de Tierra Colorada
Unos 150 vecinos de Tierra Colorada bloquearon de manera intermitente la carretera federal México–Acapulco frente a la base comunitaria del FUSDEG en la colonia San José desde el mediodía, cuando se enteraron que había muerto uno de los policías comunitarios y que la UPOEG intentaba entrar a la cabecera municipal.
A las 4:30 de la tarde marcharon vecinos y otro grupo a bordo de un autobús fue a la entrada del crucero de la Autopista del Sol, donde ocurrió una de las balaceras, ahí bloquearon de manera intermitente y rescataron a un policía comunitario que estaba escondido en la loma de un cerro.
Después llegaron a donde estaba el cuerpo del comunitario caído pero el cadáver ya no se encontraba, “los policías de la UPOEG se llevaron el cuerpo del compañero que murió defendiendo su pueblo”, declaró un testigo.
Ante el nulo apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal y de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) los pobladores avanzaron otros 500 metros, y a las 6 de la tarde bloquearon un carril a la Autopista del Sol.
Los manifestantes estaban a unos 200 metros de 50 policías ciudadanos de la UPOEG en la carretera federal que se dirige a Acapulco.
Uno de los inconformes pidió “somos pueblo y si no hay condiciones nos vamos a armar, nosotros queremos paz y tranquilidad, la Policía Ciudadana que se vaya a Chilpancingo y a Acapulco para hacer limpieza”.
Comentó que están satisfechos con el FUSDEG, “estamos bien con los comunitarios, no queremos a Bruno Plácido Valerio (el dirigente de la UPOEG), para brindar seguridad que se vaya a otros lugares”.
Después de 8 horas de enfrentamientos armados entre la UPOEG y el FUSDEG llegaron unos 70 policías estatales al bloqueo para intervenir en el conflicto y resguardar la zona.
Llegó el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral y se reunió con los vecinos de Tierra Colorada que se manifestaron.
Una vecina que se reservó su nombre informó que los acuerdos fueron que hoy se reunirán integrantes del FUSDEG y la UPOEG en Palacio de Gobierno, además que los policías estatales pedirán a los policías ciudadanos de la UPOEG que se replieguen a Xolapa en Acapulco, y no invadan el territorio de Tierra Colorada donde opera el FUSDEG, para evitar otra confrontación.
A las 7:30 de la noche los inconformes se retiraron del bloqueo en la entrada de la Autopista del Sol en Tierra Colorada y se restableció la circulación vial, sin embargo los comunitarios del FUSDEG se quedaron desplegados en la cabecera municipal para evitar la entrada de la UPOEG.
La Policía Ciudadana de la UPOEG avanza poco a poco al territorio donde opera el FUSDEG, el 7 de noviembre policías ciudadanos y pobladores de El Ocotito tomaron la base de esa organización y ésta se replegó a Tierra Colorada.
Hace seis días policías ciudadanos de la UPOEG instalaron un retén en la salida de Xaltianguis hacia Tierra Colorada.
El lunes pobladores, comisarios municipales y autoridades agrarias de la comunidad de Xaltianguis y poblados cercanos, en una asamblea acordaron dejar las filas del FUSDEG y regresaron a la UPOEG.
No hay reportes de muertos en el enfrentamiento de Tierra Colorada, dice el vocero
El gobierno del estado mediante el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que no se tiene confirmada la muerte de un integrante del FUSDEG en el enfrentamiento.
Álvarez Heredia dijo que la única información sobre los hechos es que hubo un enfrentamiento y que no hay una postura del gobierno al respecto.
Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel
Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.
Toma la OPIG “simbólicamente” la Cdi en Tlapa; se reunirá con autoridades federales, anuncia
Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero, que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (OPIG CNPA-MN), tomaron de “manera simbólica” las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Tlapa, donde acordaron mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales para atender sus peticiones.
La toma de la Cdi duró de las 8 a las 10 de la mañana, y después los inconformes se quedaron en el lugar hasta las 2 de la tarde, cuando se reunieron con funcionarios federales y con el secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno del estado, Gilberto Arriaga Solano. En la reunión acordaron iniciar las mesas de trabajo la próxima semana, pero no especificaron hora ni fecha.
El integrante de la OPIG, Israel Jiménez informó que en su jornada nacional del 9 de noviembre, en la que participaron más de 20 organizaciones del país integrantes de #ElCampoEsDeTodos para apoyar al movimiento campesino-indígena, acordaron tales mesas de trabajo.
El representante comentó que entregaron sus peticiones al titular de la SAI, Gilberto Arriaga Solano para hablar sobre asuntos locales, como apoyo para la infraestructura de la OPIG en la región, proyectos productivos de hongos Z, equipamiento e infraestructura de un laboratorio agrícola que funcione como centro de investigación y práctica, infraestructura carretera y plantas frutales, y para impulsar el cultivo y procesamiento del café.
“Por el momento, aceptamos las pláticas, las mesas y las promesas de apoyo a nuestras peticiones; esperemos que las cumplan y no se quede en el discurso, o regresaremos con otras acciones; y pedimos interlocución con el gobernador”, dijo.
Agregó que las peticiones, en su mayoría eran para las dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la intervención del estado era buena porque también tenían cosas específicas para este nivel de gobierno.
Fueron atendidos por el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona; de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello, y del gobierno estatal, el secretario de la SAI y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado.
Recordó que la OPIG exige que no haya recorte presupuestal para el campo mexicano, solución inmediata a las demandas de las organizaciones aglutinadas en la CNPA-MN, recursos para los programas de vivienda rural y vivienda digna, proyectos productivos, y la liberación inmediata de los recursos retenidos por la SHCP, entre otras peticiones.
Mantienen la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, libertad a los presos políticos y justicia para Antonio Vivar, no a la política de criminalización del movimiento social y no a la militarización.
También se pronunciaron por la defensa del territorio, la cancelación inmediata de las concesiones mineras en La Montaña, y la consulta previa e informada a los pueblos originarios sobre las formas de autogobierno que decidan aplicar.