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La Comisión Intersecretarial invita a reuniones a los gobiernos estatal y municipal pero no votan

Ramón Gracida Gómez

Las reglas de operación de la Comisión Intersecretarial para la reconstrucción de Acapulco facultan al subsecretario de Turismo federal, Sebastián Ramírez, como presidente suplente, de coordinar, dirigir y supervisar los trabajos, y reiteran que los gobiernos estatal y municipal son sólo invitados a las sesiones de la comisión con voz, pero sin voto en los acuerdos que se tomen.
La Comisión Intersecretarial para la Atención, Reconstrucción y Recuperación Económica de los Municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero, fue creada mediante un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero pasado, como lo informó el periódico El Sur en su edición del 17 de febrero.
Las reglas de operación de la Comisión Intersecretarial, emitidas en su primera sesión celebrada el 25 de febrero, pero publicadas el 20 de mayo, “tienen por objeto regular la operación, organización y funcionamiento” de la Comisión Intersecretarial.
Reiteran que, en términos del artículo 4 del decreto de creación de la Comisión Intersecretarial, son “invitados permanentes” los titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero (Evelyn Salgado Pineda), así como de las presidencias municipales de Acapulco (Abelina López Rodríguez) y Coyuca de Benítez (Víctor Hugo Catalán Díaz).
En cambio, los miembros de la Comisión Intersecretarial son los titulares de las siguientes dependencias, que son sólo federales: Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora; la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Hamid García Harfuch; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra.
Asimismo, la Secretaría de Economía (Marcelo Luis Ebrard Casaubón); la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel; la Secretaría de Cultura (Claudia Stella Curiel de Icaza); la Secretaría de las Mujeres (Citlalli Hernández Mora); y la directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Lyndia Quiroz Zavala.
Los miembros de la Comisión Intersecretarial tendrán voz y voto, y los invitados permanentes sólo voz; los asuntos se analizarán en forma colegiada y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, “teniendo la Presidencia, o su suplente, voto de calidad en caso de empate”.
La Comisión Intersecretarial sesionará de manera ordinaria tres veces al año “y de manera extraordinaria las veces que resulte necesario”, los temas tratados estarán acompañados de documentación, que podrá ser clasificada por los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “sin perjuicio” de que los miembros, invitados y la Secretaría Técnica “deberán guardar estricta confidencialidad de los temas y desarrollo de las sesiones en las que participen o de las que tengan conocimiento”.
La presidencia de la Comisión Intersecretarial, que recae en el Ejecutivo federal (Claudia Sheinbaum Pardo) y su suplencia en la Subsecretaría de Turismo (Sebastián Ramírez), tiene las funciones de “coordinar, dirigir y supervisar los trabajos”, y de fungir como enlace con dependencias federales, solicitarles información y articular acciones con estas dependencias.
También de “suscribir convenios, memorandos de entendimiento y demás documentos”, para mejorar el desempeño; “supervisar y dar seguimiento a proyectos, acciones y acuerdos celebrados” para la reconstrucción y el mejoramiento económico de Acapulco y Coyuca de Benítez; y acordar la convocatoria y el orden del día de las sesiones y presidirlas.
La Comisión Intersecretarial opera en el polígono costero de 2 mil 725.53 hectáreas de Acapulco y de 784.70 hectáreas de Coyuca de Benítez, como lo establece el decreto de delimitación del “Polígono de Intervención” para el desarrollo de un Centro Integralmente Planeado (CIP) a cargo de Fonatur, que fue publicado el 15 de enero de 2025 en el Periódico Oficial de Guerrero.
La cifra de Acapulco fue determinada a su vez en el Acuerdo Económico aprobado por el Cabildo el 27 de diciembre de 2024, en el que solicita a la gobernadora Salgado Pineda intervenir ante la federación para solucionar “la problemática existente causada por los efectos de los huracanes Otis y John” y recuperar la actividad económica fomentando el turismo.

 

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.