El investigador y ambientalista Octavio Klimek Alcaraz opinó que debe haber conciliación entre el gobierno y los prestadores de servicios turísticos de Puerto Vicente Guerrero, Tecpan –que han denunciado que se pretende desalojados por un proyecto de una marina, sector o base naval–, además de alternativas económicas para subsistir y transparencia, aunque destacó que es un asunto de seguridad nacional por los importantes decomisos de droga ocurridos en el mar en los últimos años y la pesca “probablemente muy irregular” que efectúan embarcaciones de otros países.
En declaraciones telefónicas, recordó que originalmente el lugar se pensó para el desarrollo pesquero y no para el turismo, para que pudiera existir un sitio de atraque para una flota de mediana altura en las costas y salir a mar abierto, de la cual carece el estado porque casi todas las pesquerías son ribereñas a pesar de la importante riqueza de especies, pero que el Estado mexicano no siguió impulsándolo y la comunidad empezó a desarrollar el atractivo turístico y gastronómico.
Agregó que el puerto incluso estuvo operando para la carga “no para mucho bien” a finales del siglo pasado, porque se sacaba madera rumbo a Estados Unidos de los patios de la antigua Forestal Vicente Guerrero, por medio de una empresa, y ante el abuso al aprovechamiento surgió el movimiento ambientalista de la sierra de Petatlán, que llevó al encarcelamiento de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Consideró que probablemente ahora la Semar por razón de logística requiere tener un atraque e instalaciones ahí, porque en toda la zona frente a la región de la Costa Grande y Acapulco se han hecho importantes decomisos de droga, y que “no hay que pasarnos de inocentes y suponer que esto es nomás por fastidiar a la gente de la comunidad: aquí hay un asunto de seguridad nacional, tenemos que empezar a tener claridad de que se necesita mayor vigilancia en nuestros mares”.
“Esto tiene que salir adelante por vía de la cooperación, tú no puedes desplazar una comunidad que vive de eso, eso genera un conflicto socioambiental”, expresó y añadió que la federación, la Secretaría de Marina (Semar), los gobiernos estatal y municipal deben buscar de forma conciliatoria alternativas para que las personas que viven de la actividad turística puedan subsistir, con el menor impacto económico en la vida de la comunidad y transparencia para que no escale el conflicto.
El rector de la UAG, Javier Saldaña, publicó esta foto en sus redes sociales, donde informó sobre su reunión con la ex secretaria general de la institución, Berenice Illades, con quien dijo que acordó dar prioridad al trabajo académico Foto: Tomada de Facebook
Karina Contreras / Redacción
Acapulco / Chilpancingo
Tras una reunión del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, con la ex secretaria general, Berenice Illades Aguiar; el titular del Tribunal Universitario, Isaías Sánchez Nájera, anunció que a instancias del presidente del Consejo Universitario, y luego de que los denunciantes se desistieron, quedó “sin efectos jurídicos” la expulsión de los 13 profesores y un alumno de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas.
Este martes por la noche, Saldaña Almazán difundió en sus redes una fotografía en la que aparece con Berenice Illades, que acompañó con el siguiente texto: “El día de hoy, sostuve una reunión con la doctora Berenice Illades Aguiar, una distinguida universitaria, para tratar temas referentes a la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, y coincidimos en que lo mejor es seguir la ruta de la conciliación interna y priorizar el trabajo académico, para garantizar el bienestar de la comunidad estudiantil, así como de los profesores e investigadores”.
Isela Parra Rojas originaria de la ciudad de Chilpancingo, es la primera Investigadora de Guerrero en obtener el reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores SNI III. A la derecha, Roberto Dircio Maldonado originario de Atoyac de Álvarez SNI Nivel 1 Fotos: El Sur
Añadió: “Coincidimos en que es importante promover la armonía y compañerismo, bajo los principios de libertad de opinión, respetando los derechos humanos de la comunidad universitaria para favorecer la estabilidad de la institución”.
Minutos después, también en redes sociales, el presidente del Tribunal Univesitario, Isaías Sánchez, difundió un comunicado en el que se dice que a petición de Javier Saldaña, así como resultado del desistimiento de los denunciantes, “informamos que la sanción impuesta a los 13 profesores y a 1 alumno de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas, se declara que queda sin efectos jurídicos”.
En el comunicado, firmado por Sánchez Nájera, se señala que esta resolución será sometida para su “ratificación” al pleno en el próximo Consejo Universitario, el 6 de junio, día en que se tomará protesta a los consejeros alumnos y maestros, dejando a “salvo los derechos de las partes”.
El lunes, en una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, una amplísima mayoría de sus integrantes votaron a favor del dictamen del tribunal, que concluía que debían ser expulsados de la institución 13 docenes y un estudiante de posgrado de la facultad de Ciencias Químico Biológicas, a quienes se acusaba de incurrir en “actos de corrupción, omisiones, contrarios a la moral, a la ética profesional, así como incitar en actos violentos y hostigamiento por razones políticas ideológicas y personales, en la vertiente de retención ilegal de la libertad personal en agravio de estudiantes y miembros de la Comisión Electoral”.
El dictamen tomó como base la denuncia que presentaron los profesores de la Facultad, Jorge Bello Martínez y Blanca Esthela Álvarez Fernández, quienes declararon que durante el conteo de votos, los involucrados al ver que los resultados obtenidos no eran favorables a su grupo político, les impidieron la salida del lugar.
En la sesión del Consejo también se informó que la mamá de una alumna y los mismos maestros de la Comisión Electoral acudirían a presentar una denuncia ante el Ministerio Pùblico por privación ilegal de la libertad.
El STAUAG, con los docentes expulsados
Antes de que se conociera la nueva situación, al mediodía el secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, había dicho que intervendría para defender los derechos laborales de los expulsados.
Añadió que la comunicación es fundamental en todos los ámbitos de la sociedad y en la UAG con más razón, y que llamaríana que se analizara y reconsiderara la medida que propuso el Tribunal Universitario.
Al dirigente sindical se le preguntó si se podía revertir la decisión y respondió: “El Consejo es la máxima autoridad, pero no puede deliberar en situaciones laborales. Están las leyes y estamos en la comunicación. Entablar la comunicación, yo creo que va a haber reflexiones y yo espero que en esta comunicación podamos llegar a algunos acuerdos, para beneficio de la propia universidad y los compañeros”.
Se le comentó que a los expulsados se les acusó de haber retenido a alumnos y profesores integrantes de la Comisión Electoral, responsables de las elecciones en Ciencias Químico Biológicas, y que incluso se dijo que eso constituye el delito de privación ilegal de la libertad y respondió el dirigente que tiene que escuchar la otra parte, que ya escuchó lo que se dijo en el consejo, porque no estuvo presente el día de los hechos. “Pero en principio, el sindicato sí defiende a sus agremiados y en este caso a los compañeros que el día lunes el Consejo Universitario determinó expulsarlos”, agregó.
Sobre las protestas que han realizado los inconformes, bloqueando calles, con lo que se afecta a terceros, y cuál sería su llamado, Ofelio Martínez manifestó que son adultos, tienen formación y respetaba las decisiones que tomen, pero “lo que sí estamos platicando con ellos es la cuestión laboral, la cuestión que tiene que ver con la relación que hay. Ya lo otro, el ámbito como universitario, puedo tener una opinión, pero como secretario es eso el respeto. En esta universidad la historia ha sido siempre de lucha, de desencuentro, controversias, pero llamó a lo máximo, que entre la sociedad y entre los humanos, es la comunicación, el hablar y buscar acuerdos”.
Condenan egresados la expulsión de maestros
Mientras egresados de la escuela habían convocado a una marcha el viernes en protesta por la decisión del Consejo Universitario.
En un comunicado indicaron que el lunes se llevó a cabo la sesión del Consejo Universitario en Acapulco, para calificar y avalar el proceso electoral de la UAG, en donde expulsaron “de manera arbitraria e injusta a estos profesores investigadores. Todo esto, en acato sumiso al decreto del rector Javier Saldaña Almazán”.
Manifestaron que la Rectoría violaba los principios de libertad de expresión estipulados en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los egresados destacaban que el único delito de los catedráticos fue protestar y hacer públicas las irregularidades ocurridas en el proceso para elegir al director, el pasado 21 de mayo, dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas.
“Sin embargo, como castigo fueron directamente expulsados de su centro de trabajo, como una señal de represión por parte de Rectoría”, enfatizaron en el comunicado. Por lo anterior, dijeron que se ven en la necesidad de reunirse y organizarse para hacer una marcha “pacífica”, el viernes, en solidaridad con sus maestros, misma que seguramente será suspendida lue-go de que el rector dio marcha atrás en la draconiana medida.
Reconocidos investigadores, la mayoría de los señalados
Los expulados son reconocidos docentes e investigadores del Sis-tema Nacional de Investigadores, 8 en el nivel 1 y una en nivel 3; mientras que el alumno que había sido expulsado es estudiante del posgrado que se imparte en la facultad.
Una de ellas es Isela Parra Rojas quien tiene un doctorado en Biología Molecular en Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara.
Parra Rojas es la primera investigadora de Guerrero en obtener el reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III.
Ana Elvira Zacapala Gómez es doctora en Ciencias Biomédicas y es nivel 1 en el SIN; Hilda Jiménez Wences tambien es nivel 1 y tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas, el cual estudió en la facultad de la UAG y ha sido autora y colaboradora de más de 20 artículos científicos en revistas.
Mientras que Roberto Dircio Maldonado es nivel 1 en el Sistena Nacional de Investigadores y tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la facultad de Medicina de la UNAM.
Dircio Maldonado es fundador del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (Labdis) de la facultad de Ciencias Químico-Biológicas, para la detección molecular del SARS-CoV-2 que se destacó por su labor durante la pandemia y es miembro de la Sociedad Internacional de Hematología Experimental.
Julio Ortiz Ortiz tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la facultad de Ciencas Químico Biológicas de la UAG y es nivel 1 en el SNI y es fundador del Laboratorio de Investigación en Biomoléculas de la misma facultad.
Dinorah Nasley Martínez Carrillo también es nivel 1 en el SNI y tiene doctorado en Ciencias Biomédicas, por la misma facultad en la que labora y ha sido reconocida por el Premio Mérito Juvenil 2009, en la categoría de actividades académicas y fundadora del Laboratorio de Investigación en Biomoléculas, apoyado por el Conacyt en la facultad.
Adolfo Román Román, María Isabel Zúñiga Guerrero y Francisco Israel Torres Rojas también tienen nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Eruviel Toledo Hernández es candidato.
Otros docentes que habían sido expulsados, Verónica Antonio Becker y Lorenzo Salgado Goytia, no están dentro del SNI, pero la primera tiene maestría y el segundo un doctorado. Del docente Marcos Torres Armenta no se tiene mayores datos, y el estudiante Luis Ángel Urieta Benítez es estudiante de la maestría en Ciencias Biomé-dicas en la Facultad.
La alcaldesa, Abelina López Rodríguez, y el director de Ecología, Jesús Castillo Aguirre, coincidieron en que se está conciliando con los dueños de las embarcaciones encalladas en playa Manzanillo para que las retiren y volver a recuperar esa área.
Consultados sobre la solicitud que hacen los vecinos del área de playa Manzanillo para que las lanchas y embarcaciones que resultaron dañadas con el huracán Otis sean retiradas de esa zona, para que no se vuelva a convertir un astillero, López Rodríguez aseguró que su gobierno está dando seguimiento a ese planteamiento.
Los vecinos de playa Manzanillo pidieron a las autoridades el retiro de las embarcaciones que a más de cinco meses del huracán Otis siguen encalladas en la playa.
La alcaldesa agregó que funcionarios del municipio han tenido reuniones con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con Zofemat municipal y con la Dirección de Ecología, “para actuar, como tal yo no puedo llegar y levantarlos porque reclaman los dueños”.
“Estamos buscando cómo conciliar para poder retirarlos de ese lugar, porque no gusta, debo decir que no gusta, pero es ahí donde yo hablo del amor por esta ciudad, y del amor por esta ciudad necesitamos todos poner algo de nosotros para enseñar lo mejor al mundo. Creo hay un antes del Otis y hay una renovación del ser humano, nos dejó una gran enseñanza el Otis y tenemos que renovarnos espiritualmente”, declaró la alcaldesa.
Castillo Aguirre dijo que desde febrero se han tenido reuniones con dependencias federales y ambientales para hacer la limpieza en la playa Manzanillo para que “vuelva a su estatus, como estaba en el 2020, que era una playa inclusiva, porque fue una zona que costó tanto sanearla”.
“No quitamos el dedo del renglón, habrá una mesa de trabajo ambiental de los tres órdenes de gobierno, Semarnat, Semaren, Profepa, Ecología y otras dependencias afines para establecer una ruta crítica de trabajo, para que esa playa que luce con desechos de embarcaciones vuelva a retomarse como playa incluyente”, declaró.
Además, informó que esa zona está declarada como no utilizable para astillero, que las embarcaciones tienen que llevarse a otro lugar para que sean reparadas y no en el área de playa, “porque los solventes y la fibra de vidrio son altamente contaminantes”.
Castillo Aguirre recordó que el Ayuntamiento después del huracán Otis sacó de esa playa “cientos de toneladas de residuos sólidos, palapas de restaurantes que están remodelando, así como del mar, no hemos estado siendo omisos, queremos que los restauranteros, que los hoteleros no nos dejen esa responsabilidad nada más a nosotros, tenemos que generar entre todos las condiciones y lo estamos haciendo, vamos a retomar las sanciones para que no se hagan los puntos negros en las canchas, en la vía pública”.
De si se va a permitir que esa zona vuelva a ser un astillero, Castillo Aguirre respondió de manera tajante que no, que se va a seguir trabajando para recuperar esa zona y que se continúe con el proyecto de playa incluyente.
El integrante de la Comisión Intersindical, Asociaciones Civiles y Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Benjamín Sandoval Melo, dijo que con el anuncio ya oficial de la construcción del hospital de tercer nivel, se cumplió la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador y con ello se cambiará el rostro en salud para Guerrero y Acapulco.
Llamó a los opositores a la construcción del nosocomio en el Centro de Convenciones a la conciliación porque es un beneficio para todos.
Sandoval Melo dijo que ya los funcionarios anunciaron los que significa la construcción y se ha disipado la parte de dónde se realizará, y ahora hay que esperar el proyecto ejecutivo, es decir, el plan de impacto urbano que tendrá.
Recordó que siempre dijeron que el proyecto sería beneficioso y la oportunidad para la reactivación del Centro de Convenciones, y si bien tendría que compartirse el espacio con el hospital, se mantendrá el inmueble en sus elementos fundamentales.
Resaltó que se va contar con uno de los hospitales más modernos del país y eso es la parte importante. “Esta obra, la más importante del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guerrero en su sexenio, se pueda cristalizar y se pueda garantizar el derecho a la salud no solamente de los del ISSSTE, sino de los guerrerenses”.
Sandoval Melo resaltó que al ser un hospital de tercer nivel será una escuela donde se van a formar especialistas de las 36 especialidades, “es un espacio para la formación de doctores especialistas de lo que carece hoy el país y por eso se tuvo que traer especialistas de Cuba. Esas son las características de un hospital de tercer nivel”.
Consideró que en dicho hospital se van a realizar investigaciones sobre el conocimiento de las patologías de lo que padecen los guerrerenses de manera más significativa.
Sandoval Melo se dijo satisfecho por los resultados de la lucha que dieron durante años para lograr un hospital de tercer nivel, que para algunos era imposible, y ahora se hará y “es satisfactorio porque le hemos traído a Guerrero una de las grandes obras del presidente y sobre todo de lo que implica garantizar el derecho humano a la salud de los guerrerenses”.
Este lunes el director general del ISSSTE, Pedro Zanteno Santaella anunció el inicio de la construcción del hospital de tercer nivel en siete hectáreas del Centro de Convenciones, cuya obra iniciará la segunda quincena de agosto y estará concluida el mismo mes del próximo año.
La candidata y virtual ganadora de la contienda electoral, de la alianza Por Guerrero al Frente (PRD, PAN y MC), Yanelli Hernández Martínez, invitó a las fuerzas políticas a la reconciliación, ante la difícil situación que reconoce se vive en el Ayuntamiento de Atoyac.
Lo anterior fue externado en conferencia de prensa, donde estuvo acompañada de los presidente locales del PRD, Guadalupe Galeana Marín; MC, Guadalupe Sánchez, y PAN, Nadia Solís, y dijo que los resultados preliminares de la elección han favorecido a la alianza que representa.
La candidata dijo que en Atoyac la democracia se presentó y se eligió a favor de que el camino del municipio debe de conducirse de la forma más honesta y transparente.
Reconoció que los primeros meses de lo que será su gobierno serán difíciles, “sin embargo, vamos a trabajar siempre unidos con la sociedad atoyaquense, por lo que agradezco a las fuerzas políticas que han reconocido el triunfo de nuestra participación y estamos en espera de la constancia de mayoría. Sin embargo, creo que es importante reconocer a los candidatos que se han pronunciado, para que Atoyac pueda reconciliarse”.
Exhortó a los otros candidatos a trabajar juntos, porque el municipio requiere de todas las fuerzas políticas, para lo cual trabajará en conjunto por un destino glorioso para Atoyac.
La presidenta del PRD, Galeana Marín, reiteró que es necesaria la reconciliación de los grupos políticos, porque se requiere del trabajo y fuerza de todos para poder sacar adelante Atoyac, que está en una crisis financiera.
El representante de MC, Guadalupe Sánchez, dijo que ellos no fallarán porque tienen al frente a una mujer muy capaz e inteligente, que sabrá dirigir los destinos del municipio ante los momentos complicados que se avecinan. Atoyac se merecía este triunfo, dijo.
La dirigente del PAN, Nadia Solís, dijo que los partidos agradecen el triunfo de la candidata a la sociedad de Atoyac, que confió en ellos, que aun con los tiempos difíciles que se avecinan, se podrán atender las demandas que presente la ciudadanía y caminarán juntos con este proyecto, indicó.
Ayer, la secretaria técnica del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Anacleta López Vega declaró que con ese sistema se privilegiará la conciliación entre las partes para evitar la sentencia.
La funcionaria entregó constancias a los facilitadores capacitados, en donde estuvieron el subsecretario de Desarrollo Político, Saúl Barrios Zagal, y el director de Educación Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero, Abad Torres Benítez.
Antes, López Vega era enlace entre el gobierno estatal y federal para la operación del Sistema Penal Acusatorio, quien dio una conferencia de prensa para hablar del proceso que sigue en el gobierno estatal para ponerlo en marcha.
Dijo que la mediación y la conciliación en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio serán un medio alternativo para buscar la resolución de conflictos entre las partes.
Agregó que se pretende que menos del 80 por ciento de los juicios lleguen a la sentencia, pues habrá una mediación entre las partes; el imputado y el ofendido.
Mencionó que es importante la capacitación del personal, “porque quien se encargue de la mediación deberá contar con ciertos atributos como sensibilidad, capacidad y conocimientos para garantizar la solución del conflicto y la reparación del daño”.
Agregó que la reparación del daño existe en el actual sistema penal, pero que nunca se hizo efectiva y que siempre fue una ley muerta, pero en el nuevo sistema la reparación del daño es una obligación.
Garantizó que en este nuevo procedimiento la víctima y el imputado “se sentirán realmente como seres humanos y se hará efectivo el principio de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
Añadió que busca restaurar el tejido social y devolver la confianza en las autoridades al garantizar un verdadero acceso a la justicia, por medio de una efectiva democracia, rendición de cuentas y transparencia en la aplicación de la ley.
Dijo que serán importantes los mediadores y facilitadores, quienes deben estar capacitados y preparados para enfrentar los retos del nuevo sistema de justicia penal.
Después de la conferencia de prensa en una sala de la Secretaría de Gobierno, el subsecretario de Desarrollo Político, y la secretaria técnica del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio entregaron constancias a unos 20 mediadores y facilitadores que asistieron al curso, quienes fueron invitados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
